Cartago revierte el cierre de comercios ordenado para la visita de Laura Fernández, vence sin nombres el plazo para la comisión contra Fernando Obaldía, la Sala IV habilita a los suplentes para resolver 142 casos represados y cinco sindicatos piden a la CCSS declarar prioritaria la crisis de pagos.
El Ministerio de Seguridad Pública había ordenado cerrar comercios en 18 cuadras del centro de Cartago para la visita de la presidenta Laura Fernández, hasta que el alcalde dio marcha atrás este lunes.
El Ministerio de Seguridad Pública ordenó, de cara al 14 de setiembre, el cierre de comercios en un radio de 200 metros alrededor del Palacio Municipal de Cartago -18 cuadras del centro- por la llegada de la Antorcha de la Independencia y la participación de la presidenta Laura Fernández en una sesión del Consejo de Gobierno, según reportó Semanario Universidad. El alcalde Mario Redondo pidió reconsiderar la medida, al considerar que el aviso llegó con poco margen para los comerciantes, de acuerdo con La Nación. El Gobierno y la Municipalidad acordaron primero reducir el perímetro a 100 metros y adelantar la hora límite a las 4 p.m., pero horas después Redondo anunció que no habrá cierre obligatorio: la Municipalidad solo recomendará un cierre voluntario a partir de esa hora, según Monumental. El ministro de Seguridad Pública aclaró, por su parte, que el horario de cierres "no es una decisión" de su cartera, sino potestad municipal. La diputada Joselyn Sáenz, del Frente Amplio, cuestionó el operativo: "el temor es tal que no basta con las escoltas millonarias diarias", dijo a El Mundo CR, en referencia al costo de la seguridad presidencial. No está claro cuántos comerciantes acatarán la recomendación de cierre voluntario desde las 4 p.m., ni si un operativo similar se repetirá en los actos del 15 de setiembre en San José.
El plazo reglamentario para que las jefaturas de fracción propusieran los nombres de la comisión especial investigadora contra el diputado oficialista Fernando Obaldía vencía este lunes 14 de setiembre, dos días hábiles después de que el Directorio Legislativo conociera la denuncia el miércoles 9, según el trámite descrito por Monumental. La comisión debe integrarse por entre tres y cinco diputados, con paridad de género, y tendrá dos meses -prorrogables 15 días naturales- para presentar su informe una vez instalada. El caso se sostiene en dos denuncias penales por presunto acoso predatorio y una denuncia administrativa por acoso laboral que atribuye a Obaldía 14 hechos concretos -entre ellos mensajes fuera de horario laboral y el presunto uso de cámaras de seguridad legislativas para rastrear movimientos de funcionarias-, según detalló Semanario Universidad. La Fiscalía confirmó la semana pasada una segunda denuncia penal en su contra, de acuerdo con El Observador CR, mientras la fracción de Pueblo Soberano mantiene, según ha informado esta edición, que no se pronunciará sobre el fondo del caso mientras esté judicializado. No está claro, al cierre de esta edición, qué diputados integrarán la comisión ni si esta ya quedó instalada formalmente este lunes, como exigía el reglamento.
Cinco organizaciones sindicales -la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (Fectsalud), el Sindicato Nacional de Servicios de Salud (Sinass), el Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica (Sifupcr), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE Afines)- pidieron por escrito a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social declarar como prioritaria la crisis de pagos y habilitar mecanismos extraordinarios de planilla, según reportó Semanario Universidad. Los sindicatos documentan falta total de pago, depósitos parciales, omisión de componentes salariales y diferencias acumuladas en varios períodos. El reclamo llega después de que SINAE Afines anunciara una huelga nacional, tras una reunión del jueves 10 con Walter Campos, director de la Dirección de Administración y Gestión de Personal de la CCSS, en la que -según los representantes sindicales Karol Estrella y Gerardo Vargas- la institución no presentó un plan que garantice el pago completo de salarios el 18 de setiembre, de acuerdo con El Mundo CR. La petición conjunta de cinco sindicatos, y no solo del gremio de enfermería, amplía la presión sobre la administración a menos de una semana de la fecha de pago en disputa. No está claro si la Junta Directiva de la CCSS responderá a la petición de los cinco sindicatos antes del 18 de setiembre, ni si esa respuesta bastará para evitar la huelga que SINAE Afines ya tiene convocada.
— Fectsalud, Sinass, Sifupcr, ANEP y SINAE Afines exigieron a la Junta Directiva de la CCSS habilitar planillas extraordinarias para pagar de inmediato los salarios atrasados del personal de salud.
La Sala Constitucional notificó el viernes 11 de setiembre la sentencia íntegra -177 páginas- de la resolución 2026-29344, del expediente 26-013498-0007-CO, votada el 30 de julio: anuló el acuerdo con el que el Congreso devolvió a la Corte la nómina de candidatos a magistrados suplentes y habilitó a los suplentes actuales para resolver 142 asuntos pendientes, según Teletica y Delfino.cr. El voto de mayoría lo firmaron los magistrados Fernando Cruz, Paul Rueda -como redactor-, Jorge Araya e Ingrid Hess; salvaron el voto el presidente Fernando Castillo, Luis Fernando Salazar y Anamari Garro. La mayoría interpretó que el artículo 164 de la Constitución Política fija un mecanismo obligatorio -la Corte confecciona la nómina y el Congreso debe escoger de ella- y que el Congreso no podía simplemente devolverla, como hizo en julio. El Gobierno respondió que denunciará a los magistrados que resolvieron las suplencias, según tituló CRHoy, un nuevo capítulo de la fricción entre el Poder Ejecutivo y el Judicial que esta edición ha documentado junto con las entrevistas a 21 candidatos que la propia Sala IV inició la semana pasada para completar la nómina de tres plazas. No está claro en qué consistirá formalmente la denuncia del Gobierno contra los magistrados, ni si afectará el calendario de entrevistas que continúa el 18 y el 25 de setiembre para completar la nómina de seis candidatos que debe llegar a la Asamblea Legislativa.
Costa Rica cerró este lunes 14 de setiembre con la Municipalidad de Cartago dando marcha atrás al cierre obligatorio de comercios que el Ministerio de Seguridad Pública había ordenado para la visita de la presidenta Laura Fernández, después de que la diputada Joselyn Sáenz cuestionara el operativo, según ha informado esta edición. En la Asamblea Legislativa, el plazo reglamentario para integrar la comisión que investigará al diputado Fernando Obaldía venció sin que se conocieran públicamente los nombres de sus integrantes. En el frente judicial, la Sala Constitucional notificó la sentencia íntegra que habilita a los magistrados suplentes para resolver 142 asuntos pendientes, una decisión que el Gobierno respondió anunciando que denunciará a los magistrados firmantes. En la CCSS, cinco sindicatos -encabezados por SINAE Afines- pidieron a la Junta Directiva declarar prioritaria la crisis de pagos salariales, con la amenaza de huelga para el 18 de setiembre todavía sobre la mesa. Ninguno de los cuatro frentes -el cierre de comercios en Cartago, la comisión contra Obaldía, la denuncia del Gobierno contra la Sala IV o la respuesta de la CCSS a los sindicatos- tiene resolución definida al cierre de esta edición.