El ministro Rodrigo Chaves presenta una querella penal y una acción civil contra la exministra Patricia Navarro por los audios que originaron el caso de 2022, el Plenario legislativo devuelve a comisión, con 27 votos a favor y 23 en contra, la lista de aspirantes a magistrados suplentes de la Sala Constitucional pese a que esta había ordenado continuar el proceso, el Poder Judicial defiende ante el Congreso los ₡29.843 millones de su presupuesto 2027 que quedarían condicionados a autorizaciones externas, y la presidenta Laura Fernández insiste en que no será "el chivo expiatorio" del Poder Judicial tras reducir de ₡27.000 a ₡11.000 millones el recorte original.
El ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, presentó el martes 30 de setiembre una querella penal y una acción civil resarcitoria contra la exministra de Comunicación Patricia Navarro Molina, por el presunto delito de grabación ilegal de manifestaciones verbales tipificado en el artículo 198 del Código Penal, según reportaron Infobae y La Nación. La acusación se refiere a conversaciones que Navarro grabó entre mayo y agosto de 2022, cuando ejercía como ministra, y que luego entregó al diario La Nación, medio al que la querella también involucra como receptor de las grabaciones, de acuerdo con la representación legal de Chaves citada por Infobae. El caso se originó en diciembre de 2023, cuando La Nación publicó la serie conocida como "Los audios de Presidencia", con fragmentos de reuniones de trabajo grabadas por Navarro. Chaves confirmó ante la Fiscalía que las grabaciones corresponden a encuentros de trabajo reales, según consignó La Nación. La querella llega después de que un fiscal auxiliar solicitara el sobreseimiento definitivo de la causa penal original, lo que habría cerrado el expediente sin sanción; la figura de la querella permite al propio Chaves, como ofendido, continuar el proceso por la vía directa. "Patricia Navarro es una criminal confesa", afirmó Chaves, según consignó El Mundo CR. No está claro cuándo admitirá un tribunal la querella ni si Navarro o La Nación responderán formalmente a la acción civil, que busca además una indemnización por daños y perjuicios.
El Plenario devolvió a comisión, con 27 votos a favor y 23 en contra, la lista de aspirantes a magistrados suplentes, pese a que la Sala Constitucional había ordenado continuar con el procedimiento de elección.
El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó, con 27 votos a favor y 23 en contra, devolver a la Comisión de Nombramientos la lista de aspirantes a magistrados suplentes de la Sala Constitucional, según reportó Infobae el 30 de setiembre. La decisión se tomó pese a que la propia Sala Constitucional había ordenado continuar con el procedimiento de elección, de acuerdo con la misma fuente. La información proviene únicamente de Infobae, sin confirmación independiente de otro medio al cierre de esta edición. El aplazamiento ocurre en una semana marcada por la tensión entre el Poder Judicial y los otros dos poderes de la República: la Corte Plena tiene previsto votar el 19 de octubre si el fiscal general Carlo Díaz continúa en el cargo, como ha informado esta edición, y el propio Poder Judicial disputa ante el Congreso las condiciones que Hacienda impuso a su presupuesto 2027, según se detalla en esta misma edición. La Comisión de Nombramientos es la instancia legislativa encargada de tramitar los nombramientos judiciales que corresponden a la Asamblea, distinta de la Corte Plena, que elige al fiscal general. No está claro cuándo la Comisión de Nombramientos devolverá la lista al Plenario ni si la Sala Constitucional se pronunciará sobre el aplazamiento de un procedimiento que, según Infobae, ya había ordenado continuar.
Jerarcas del Poder Judicial comparecieron el miércoles 30 de setiembre ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa para defender el presupuesto 2027 de la institución, según reportó Teletica. El Poder Judicial advirtió que ₡29.843 millones de sus recursos para el próximo año quedarían sujetos a auditorías externas, certificaciones de la Contraloría General de la República y trámites ante el Congreso y el Ministerio de Hacienda antes de poder utilizarse, de acuerdo con La Nación. "Representa un cierre técnico", advirtió una magistrada del Poder Judicial ante los diputados, según la misma fuente. El condicionamiento llega después de que la Corte Suprema cuestionara por vía legal un recorte adicional de ₡23.721 millones en setiembre, recurso que el Ministerio de Hacienda rechazó por "improcedente", según Semanario Universidad. El presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, ha sostenido que el presupuesto de la institución no puede quedar condicionado a autorizaciones de otros poderes de la República, por tratarse de recursos ya presupuestados y amparados en la autonomía que le otorga la Constitución Política, de acuerdo con El Observador CR. La Comisión de Asuntos Hacendarios, que preside el diputado Nogui Acosta, tiene plazo hasta el 20 de octubre para dictaminar el proyecto de presupuesto 2027, como ha informado esta edición. No está claro si el Plenario modificará los condicionamientos antes de la votación final del presupuesto, ni si el Poder Judicial recurrirá nuevamente por la vía legal si la Comisión mantiene las restricciones a los ₡29.843 millones.
La presidenta Laura Fernández anunció el 13 de setiembre, en cadena nacional, que el recorte al presupuesto 2027 del Poder Judicial bajaría de los ₡27.000 millones inicialmente planteados a ₡11.000 millones, y que el Gobierno asumiría la diferencia de ₡16.000 millones mediante rebajas en instituciones del Poder Ejecutivo, según reportaron Infobae y La República. "No voy a ser el chivo expiatorio del Poder Judicial. ¿Estos problemas que llevan años son mi culpa? A mí no me utilizarán como excusa de sus errores", afirmó la mandataria, de acuerdo con Infobae. La reducción no cerró el conflicto: la liberación de los recursos quedó condicionada a auditorías, certificaciones de la Contraloría General de la República y trámites ante la Asamblea Legislativa y el propio Ministerio de Hacienda, según El Observador CR. El presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, respondió que el presupuesto de la institución no puede depender de autorizaciones de otros poderes, por tratarse de fondos ya presupuestados y amparados por la autonomía constitucional del Poder Judicial, de acuerdo con la misma fuente. El anuncio se dio mientras el Organismo de Investigación Judicial había advertido que el recorte original impediría abrir delegaciones planeadas en La Cruz, Cabo Vela y Puerto Jiménez, según El Observador CR. No está claro si el Gobierno flexibilizará los condicionamientos antes de que la Comisión de Asuntos Hacendarios dictamine el presupuesto 2027, el 20 de octubre, ni si el Poder Judicial recurrirá por la vía legal contra las nuevas condiciones, como ya hizo en setiembre con el recorte adicional de ₡23.721 millones, según se detalla en esta misma edición.
— La presidenta anunció a mediados de setiembre que el recorte al Poder Judicial bajaría de ₡27.000 millones a ₡11.000 millones, pero condicionó la liberación de esos recursos a controles adicionales del Congreso y la Contraloría.
Costa Rica cerró este jueves 1 de octubre con el ministro Rodrigo Chaves presentando una querella penal y una acción civil contra la exministra de Comunicación Patricia Navarro, a quien acusa de grabarlo sin autorización en 2022, según reportaron Infobae y La Nación. "Patricia Navarro es una criminal confesa", afirmó Chaves, de acuerdo con El Mundo CR. En el Congreso, el Plenario devolvió a comisión, con 27 votos a favor y 23 en contra, la lista de aspirantes a magistrados suplentes de la Sala Constitucional, pese a que esta había ordenado continuar con el procedimiento, según Infobae. La tensión con el Poder Judicial también se extendió al presupuesto 2027: jerarcas judiciales defendieron ante la Comisión de Asuntos Hacendarios los ₡29.843 millones que quedarían condicionados a autorizaciones externas, luego de que la presidenta Laura Fernández redujera de ₡27.000 a ₡11.000 millones el recorte original y advirtiera que no sería "el chivo expiatorio" de la institución. Ninguno de estos tres frentes -la querella contra Navarro, el aplazamiento de los magistrados suplentes o el presupuesto condicionado del Poder Judicial- tiene resolución definitiva al cierre de esta edición.