La inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado coincide con la antesala del voto por la reelección del fiscal general, la carrera por la presidencia de la Corte Suprema, una advertencia de la Contraloría sobre el Presupuesto 2027 y un nuevo recurso legal contra el proceso de adhesión al CPTPP.
Costa Rica inauguró este miércoles 14 de octubre el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), la primera megacárcel del país, construida junto al complejo de La Reforma en San Rafael de Alajuela. La presidenta Laura Fernández presidió el acto, en el que anunció que el primer recluso trasladado al nuevo centro sería el autor del homicidio del policía Gerson Rosales, según informó La Nación. El proyecto, con un costo cercano a los USD 35 millones según Bloomberg Línea, contempla cinco módulos -de los que arrancaron a operar los primeros dos- y una capacidad proyectada de 5.100 personas privadas de libertad al completarse por entero, aunque los medios consultados por esta edición no coinciden en cuántos cupos están habilitados en esta primera fase. En el mismo acto, Fernández amplió a nueve el número de organizaciones declaradas narcoterroristas por el país -seis carteles mexicanos y tres grupos colombianos-, según confirmó La Nación. La inauguración estuvo marcada además por la ausencia de representantes del Poder Judicial: el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, cuestionó públicamente esa ausencia, mientras la mandataria aseguró que las invitaciones se enviaron por los canales de protocolo sin que hubiera confirmación de asistencia, de acuerdo con El Mundo CR. Chaves, quien colocó la primera piedra del proyecto en enero junto al presidente salvadoreño Nayib Bukele, defendió la obra frente a los cuestionamientos que la acompañaron desde su construcción, según Infobae. No está claro cuántos de los 5.100 cupos estarán disponibles en esta primera fase ni cuándo entrarán en operación los tres módulos restantes; el Ministerio de Justicia no ha publicado un calendario de traslados al cierre de esta edición.
La Corte Plena tiene fijado para el lunes 19 de octubre el voto sobre la reelección del fiscal general, Carlo Díaz, que requiere una mayoría absoluta de 12 de los 22 magistrados, según confirmó Telediario Costa Rica. Antes de esa sesión, los magistrados Jorge Araya, Patricia Solano y Patricia Vargas ya anunciaron públicamente su respaldo a la continuidad de Díaz, mientras que otros dos integrantes del tribunal dijeron que decidirán después de revisar el informe final de gestión que el fiscal debe presentar, de acuerdo con Teletica y CRHoy. La Corte Plena votó además, 21 a 1, mantener el formato de reelección en esa misma sesión y rechazar la apertura de un concurso público para el cargo, una solicitud que habían presentado el empresario Juan Carlos Bolaños y el abogado Randall Sequeira, según Diario Extra. El nombramiento de Díaz vence el 31 de octubre, y la Corte adelantó la votación al 19 para que no coincida con el proceso de postulaciones a la presidencia de la propia Corte Suprema, que arranca el 26 de octubre tras la salida de Orlando Aguirre. Díaz debe presentar su informe de gestión a los magistrados antes del 19 de octubre. No está claro si los integrantes de la Corte que aún no se han pronunciado inclinarán la balanza, ni si el fiscal alcanzará los 12 votos que necesita para un segundo periodo de cuatro años.
La diputada del Frente Amplio Joselyn Sáenz Núñez presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, por considerar incompleta la información que el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) le entregó sobre el proceso de adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico (CPTPP), según confirmó Delfino.cr. Comex reportó 156 actividades de negociación con distintos sectores, pero omitió las fechas exactas y la identificación de las organizaciones participantes, de acuerdo con CRHoy. Sáenz pide además que el ministerio identifique qué bienes y servicios podrían ver afectadas sus exportaciones o importaciones y que justifique jurídicamente cualquier reserva de información, al considerar que esas omisiones violan sus derechos de petición, pronta respuesta y acceso a la información pública. El recurso llega después de que la presidenta Laura Fernández reconociera, el 9 de octubre, que al proceso le "faltó cercanía, diálogo e incluso hubo opacidad", como reportó esta edición, y mientras el oficialista Partido Pueblo Soberano ya cuenta con los 31 votos para ratificar el tratado sin el aval del PLN. La Sala Constitucional no se ha pronunciado al cierre de esta edición sobre el amparo, y Comex no ha respondido públicamente a la diputada. Tampoco hay fecha confirmada para la firma del protocolo de adhesión, que el Gobierno había previsto cerrar en noviembre.
La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 subestima o omite al menos ¢494.000 millones en obligaciones, entre ellas compromisos con la Caja Costarricense de Seguro Social, según su informe técnico del 30 de setiembre citado por La Nación. El proyecto, de ¢12,4 billones -unos ¢400.000 millones menos que el presupuesto 2026-, proyecta un déficit financiero de ¢2,4 billones, equivalente a 4,4% del PIB, de acuerdo con el mismo informe recogido por CRHoy. Entre los recortes señalados por la Contraloría destaca una caída de 76% en el presupuesto del Conapdis, el órgano rector en discapacidad, mientras diputados de la Comisión de Hacendarios cuestionan reducciones en los presupuestos del Ministerio de Educación Pública (MEP), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y otros programas sociales, según Observador. El Ministerio de Hacienda niega que esos recortes afecten los servicios, de acuerdo con el mismo medio. La comisión tiene hasta el 20 de octubre -con 27 audiencias en agenda- para dictaminar el proyecto antes de que pase al Plenario. No está claro si el Poder Ejecutivo ajustará las partidas señaladas por la Contraloría antes de esa fecha, ni cómo resolverá la comisión las objeciones de los diputados sobre el MEP, el PANI y los programas sociales.
— El órgano contralor advierte que el Presupuesto 2027 omite al menos ¢494.000 millones en obligaciones del Estado, mientras diputados cuestionan recortes a programas sociales y Hacienda niega afectaciones.
La magistrada de la Sala Tercera Patricia Solano confirmó su candidatura a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, en sustitución de Orlando Aguirre, quien no buscará la reelección, según informó CRHoy. La lista de aspirantes quedó reducida a tres magistrados -Solano, Patricia Vargas y Gerardo Rubén Alfaro, los tres de la Sala Tercera- menos de dos horas antes de que cerrara el plazo de inscripción, de acuerdo con el mismo medio. Solano ha sido una de las voces más visibles en la defensa del presupuesto y la independencia del Poder Judicial frente a los recortes impulsados por el Ejecutivo, una postura que le ha valido críticas del ministro Rodrigo Chaves y de la presidenta Laura Fernández. "Hemos pecado en guardar silencio", respondió la magistrada ante esas críticas, según Teletica. Su propia reelección en la Sala Tercera, con el periodo venciendo el 6 de noviembre, está pendiente de votación en la Asamblea Legislativa, donde bloquearla exigiría una mayoría calificada de 38 votos en contra que hoy no parece alcanzable dado el respaldo de la oposición, según Semanario Universidad. La Asamblea debe resolver sobre la reelección de Solano antes del 6 de noviembre, mientras la elección de la presidencia de la Corte sigue su trámite tras el cierre de inscripciones. No está claro todavía cuál de los tres magistrados postulados reunirá los votos necesarios dentro de la propia Corte Plena.
Hemos pecado en guardar silencio
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura concluyó que el nuevo centro de alta contención constituye un riesgo mientras no existan criterios técnicos claros para decidir los traslados.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), adscrito a la Defensoría de los Habitantes, concluyó que la apertura del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) constituye un riesgo y recomendó que el nuevo circuito no entre en funcionamiento mientras no existan criterios técnicos y normativos claros para decidir qué personas trasladar, según reportó Semanario Universidad. La información proviene únicamente de ese medio, sin que esta edición hallara confirmación independiente al cierre. El órgano advirtió específicamente contra criterios arbitrarios, la injerencia política y la estigmatización o discriminación de las personas privadas de libertad al decidir los traslados, justo en el día en que el Gobierno trasladó al primer recluso al nuevo centro durante el acto de inauguración. La advertencia contrasta con el discurso oficial, que presentó al CACCO como una pieza central de su política contra el crimen organizado. El Ministerio de Justicia y Paz no ha respondido públicamente a las recomendaciones del MNPT, y no hay fecha definida para que se establezcan los protocolos técnicos que la Defensoría exige antes de ampliar los traslados a los tres módulos del CACCO que todavía no operan.
La jornada combinó la inauguración de la primera megacárcel del país con varios pulsos institucionales en desarrollo. El Gobierno abrió el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) y declaró narcoterroristas a nueve organizaciones criminales, en un acto marcado por la ausencia de representantes del Poder Judicial, mientras la Defensoría de los Habitantes advirtió que la apertura del centro constituye un riesgo mientras no existan criterios técnicos claros para los traslados, según Semanario Universidad. En paralelo, la Corte Plena se prepara para votar el 19 de octubre si reelige al fiscal general Carlo Díaz, con tres magistrados ya comprometidos con su continuidad, y la magistrada Patricia Solano confirmó que buscará la presidencia de la Corte Suprema en un momento de críticas del Ejecutivo a la independencia judicial. En lo económico, la Contraloría advirtió sobre una subestimación de ¢494.000 millones en el Presupuesto 2027 y una diputada del Frente Amplio llevó a la Sala IV la falta de actas sobre el proceso de adhesión al CPTPP. Sigue corriendo, además, el plazo que la Sala Constitucional dio al ministro Rodrigo Chaves para explicar por qué el Gobierno no ha juramentado a Rocío Alfaro en la Junta Directiva de la CCSS, sin que exista al cierre de esta edición una respuesta pública del Ejecutivo.