La Corte Plena se prepara para votar la reelección del fiscal general y la nueva presidencia del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia admite que le faltan 600 agentes para operar la nueva megacárcel, la Asamblea avanza un proyecto con penas de hasta 20 años contra el crimen organizado y un cruce entre Pueblo Soberano y el Frente Amplio reabre la discusión sobre narcotráfico y financiamiento político.
El Ministerio de Justicia confirma que el sospechoso del homicidio del oficial Gerson Rosales será el primer trasladado al CACCO, mientras admite que faltan los 600 agentes penitenciarios para operarlo.
El Ministerio de Justicia y Paz confirmó que los primeros traslados de personas privadas de libertad al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) no serán inmediatos: arrancarán a finales de octubre, una vez que la Policía Penitenciaria termine de familiarizarse con las instalaciones y los sistemas de seguridad del nuevo centro, según confirmó Teletica. El primer grupo, de unas 2.500 personas indiciadas o sentenciadas que hoy están en condición de alta contención y que presuntamente pertenecen a estructuras criminales, incluirá como primer trasladado al sospechoso del homicidio del oficial de policía Gerson Rosales, de acuerdo con el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, citado por el mismo medio. El centro, inaugurado el miércoles por la presidenta Laura Fernández junto al complejo de La Reforma en San Rafael de Alajuela, requiere 600 agentes de la Policía Penitenciaria para operar a plena capacidad, pero el Gobierno no tiene presupuestados los recursos para contratarlos este año, según CRHoy. El Ministerio de Justicia trasladará mientras tanto a oficiales de otras cárceles del país para atender los dos primeros módulos del CACCO, una solución temporal que no resuelve el déficit de personal de cara a la ampliación prevista hasta diciembre, cuando el Gobierno espera sumar unos 2.500 cupos adicionales en los módulos dos y cuatro, de acuerdo con Delfino.cr. La Defensoría de los Habitantes advirtió el miércoles que la apertura del centro constituye un riesgo mientras no existan criterios técnicos claros para decidir los traslados, como reportó esta edición. No está claro si el Ministerio de Justicia logrará cubrir la plaza de 600 agentes antes de que el centro alcance su capacidad proyectada de 5.100 cupos, ni si el calendario de traslados de finales de octubre se cumplirá sin contratiempos; el ministerio no ha publicado un cronograma detallado al cierre de esta edición.
La Secretaría del órgano canceló la sesión 9.613 la noche del miércoles, luego de que la Sala Constitucional suspendiera el nombramiento interino de Róger Rivera en espera de resolver el amparo de Rocío Alfaro.
La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no sesionó este jueves después de que su Secretaría comunicara, la noche anterior, la cancelación de la sesión ordinaria 9.613, según confirmaron Teletica y Semanario Universidad. La cancelación llegó horas después de que la Sala Constitucional notificara una resolución, dentro del expediente 26-025194-0007-CO, que suspende el nombramiento temporal de Róger Rivera Mora como representante sindical pro tempore mientras resuelve un recurso de amparo presentado a favor de la exdiputada Rocío Alfaro. El Consejo de Gobierno, encabezado por el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, mantiene desde agosto su negativa a juramentar a Alfaro como representante sindical, pese a que la Sala IV anuló por unanimidad el acuerdo que la rechazó y ordenó su juramentación dentro de un plazo de ocho días que venció sin cumplirse. Alfaro respondió que "una orden de la Sala IV no está sujeta al gusto o disgusto de un ministro", según CRHoy, mientras la Junta Directiva queda sin quórum estructural para sesionar con normalidad en un momento en que la institución también enfrenta el pulso por el Presupuesto 2027, que la Contraloría advirtió esta semana que subestima al menos ¢494.000 millones en obligaciones con la propia CCSS. La Sala Constitucional no ha resuelto al cierre de esta edición la solicitud de desacato que organizaciones sindicales presentaron contra el Consejo de Gobierno, ni el Ejecutivo ha anunciado si juramentará a Alfaro o insistirá en mantener vacante la representación sindical mientras se resuelve el litigio.
La Corte Plena tiene fijadas dos votaciones decisivas para los próximos diez días: el lunes 19 de octubre resuelve si el fiscal general, Carlo Díaz, continúa cuatro años más en el cargo, y el lunes 26 arranca el proceso para elegir al sucesor de Orlando Aguirre en la presidencia de la Corte Suprema, según confirmaron CRHoy y Semanario Universidad. Para la presidencia ya oficializaron su candidatura los magistrados Patricia Vargas y Gerardo Rubén Alfaro, que se suman a Patricia Solano, los tres de la Sala Tercera. Vargas centra su candidatura en la independencia judicial y la sostenibilidad presupuestaria del Poder Judicial frente a los recortes que impulsa el Ejecutivo, mientras Alfaro pone el acento en reducir la mora judicial y reformar la legislación penal frente al crimen organizado, según detalló cada uno a CRHoy. Solano, por su parte, ha sido la voz más visible en la defensa del presupuesto judicial frente a las críticas del ministro Rodrigo Chaves, como reportó esta edición el miércoles. En paralelo, Díaz debe presentar antes del 19 de octubre su informe de fin de gestión, el documento que al menos dos magistrados dijeron que esperan revisar antes de decidir su voto, de acuerdo con Teletica. Ninguna de las dos votaciones tiene resultado adelantado: Díaz necesita 12 de los 22 votos de la Corte Plena para la reelección, y quien aspire a la presidencia requiere la misma mayoría absoluta por un periodo de cuatro años. No está claro si alguno de los tres magistrados candidatos reunirá los votos necesarios en primera ronda, ni si el resultado del 19 de octubre -reelección o no de Díaz- influirá en el pulso por la presidencia que arranca una semana después.
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminó este jueves, de forma unánime, el proyecto de ley contra las asociaciones criminales impulsado por la presidenta Laura Fernández, que ahora queda listo para su discusión en el Plenario, según confirmó Telediario Costa Rica. La iniciativa contempla penas de hasta 20 años de prisión para delitos de terrorismo, narcotráfico y dirección de asociaciones criminales. La información proviene únicamente de ese medio, sin que esta edición hallara otra cobertura independiente al cierre. El proyecto llega días después de que el Gobierno declarara narcoterroristas a nueve organizaciones criminales -seis carteles mexicanos y tres grupos colombianos- en el acto de inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), como reportó esta edición el miércoles. La Asamblea Legislativa también investiga, a través de una comisión que creó el 8 de octubre con 52 votos a favor, presuntos vínculos entre el narcotráfico y el financiamiento de partidos políticos en las elecciones de 2022 y 2026, según Infobae. El texto debe fijar fecha de discusión en el Plenario; no está claro al cierre de esta edición cuándo se votará en primer debate ni si alguna fracción de oposición cuestionará judicialmente el alcance de la nueva tipificación penal.
La diputada de Pueblo Soberano Cindy Murillo acusó al Frente Amplio de financiarse con recursos de regímenes comunistas y de mantener vínculos con el narcotráfico, durante una sesión del Plenario esta semana, según confirmó Acontecer.cr. La subjefa de fracción frenteamplista, María Eugenia Román, respondió retando a Murillo a renunciar a su inmunidad parlamentaria y a presentar en público las pruebas de la acusación, de acuerdo con Telediario Costa Rica. Román calificó la acusación de "una mentira sin ningún sustento" y exigió que, si Murillo tiene pruebas, las entregue al Ministerio Público en lugar de usarlas como arma política desde la tribuna, según el mismo medio. El cruce ocurre mientras la Asamblea Legislativa investiga, a través de una comisión creada el 8 de octubre con 52 votos a favor, posibles vínculos entre el narcotráfico y el financiamiento de partidos políticos en las elecciones de 2022 y 2026, de acuerdo con Infobae, una pesquisa que por diseño no señala a ningún partido en particular y que convierte la acusación de Murillo en una disputa política más que en un hallazgo de esa investigación. Murillo no ha presentado hasta el cierre de esta edición ninguna prueba pública de sus señalamientos, y el Frente Amplio no ha anunciado si llevará el cruce verbal a una denuncia formal contra la diputada oficialista.
Una mentira sin ningún sustento
La jornada deja a Costa Rica a las puertas de dos votaciones que definen al Poder Judicial: el 19 de octubre la Corte Plena decide si reelige al fiscal general Carlo Díaz, y el 26 arranca el proceso para elegir la nueva presidencia de la Corte Suprema, con los magistrados Patricia Vargas y Gerardo Rubén Alfaro ya sumados a la candidatura de Patricia Solano. En paralelo, el Ministerio de Justicia confirmó que el CACCO todavía no tiene los 600 agentes que necesita para operar a plena capacidad, mientras la Junta Directiva de la CCSS canceló su sesión de este jueves después de que la Sala Constitucional suspendiera el nombramiento interino de Róger Rivera en el litigio por la juramentación de Rocío Alfaro. En la Asamblea Legislativa, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó por unanimidad un proyecto con penas de hasta 20 años contra las asociaciones criminales, en la misma semana en que un cruce entre la oficialista Cindy Murillo y el Frente Amplio por presuntos nexos narco reabrió la discusión sobre financiamiento político, sin que la diputada haya presentado pruebas de su acusación al cierre de esta edición.