El régimen de zonas francas crece a su ritmo más bajo desde la pandemia mientras Laura Fernández profundiza su choque con la Corte Suprema, el PLN impugna el presupuesto 2027 ante la Sala Constitucional y el Frente Amplio exige pruebas a una diputada oficialista por financiamiento irregular.
El régimen de zonas francas creció solo 0,7% interanual en agosto, su ritmo más bajo desde la pandemia, según el Índice Mensual de Actividad Económica recogido por Delfino.cr. Es el duodécimo mes consecutivo de desaceleración: la actividad del régimen pasó de crecer 17% hace un año a estancarse casi por completo, y en julio el sector reportó menos empleos que doce meses atrás, su primera caída interanual en siete años, de acuerdo con el mismo reporte. La desaceleración llega el mismo día en que arranca el VI Congreso de Zonas Francas, organizado por la Asociación de Empresas de Zonas Francas (Azofras) en el Centro de Convenciones de Costa Rica. El presidente de Azofras, Ronald Lachner, insiste en que la cifra no representa una caída sino una desaceleración frente a los crecimientos de dos dígitos a los que el sector se había acostumbrado, según La Nación; el dato del IMAE, sin embargo, confirma que el ritmo actual es el más lento desde 2020. El sector concentra buena parte de las exportaciones de dispositivos médicos del país y empleaba, antes de esta racha, a más de 250.000 personas de forma directa e indirecta, según cifras de Procomer citadas por El Mundo CR. El Banco Central proyecta que la actividad podría repuntar hacia fin de año, en parte porque se diluye la alta base de comparación de 2025, aunque no hay, al cierre de esta edición, una fecha en la que el Congreso de este lunes vaya a resolver la disputa de cifras entre Azofras y el BCCR que esta edición ya documentó en ediciones anteriores.
La presidenta Laura Fernández amplió esta semana su disputa presupuestaria con el Poder Judicial al cuestionar el costo del alquiler del edificio donde funciona la Sala Constitucional, que según sus propios cálculos pasó de USD 102.000 mensuales en 2017 a USD 122.000 desde 2024, según recogió ICN Digital. El reclamo se suma a las tres condiciones que la mandataria ya había fijado para liberar los ₡29.844 millones que permanecen congelados del presupuesto judicial 2027: que la Comisión Legislativa para el Control del Ingreso y el Gasto Público revise una auditoría del fideicomiso de infraestructura judicial en el Banco de Costa Rica, que la Contraloría General certifique el cumplimiento de las disposiciones de esa auditoría, y que la misma comisión junto con el Plenario autoricen después a Hacienda a liberar los recursos, según el detalle que reconstruyeron El Observador y El Guardián CR. El Poder Judicial no ha respondido públicamente, al cierre de esta edición, ni al reclamo sobre el alquiler ni a las tres condiciones. La oposición, mientras tanto, cuestiona el mecanismo por otro motivo: diputados del PLN, el Frente Amplio y el PUSC objetan que las dos comisiones legislativas terminen con potestades que, según ellos, le corresponden constitucionalmente a la Comisión de Hacendarios y no a un trámite paralelo creado por decisión del Ejecutivo, de acuerdo con El Observador. La Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público todavía no fija fecha para revisar la auditoría del fideicomiso, el primer paso que exige el Ejecutivo; el Plenario retoma la discusión completa del presupuesto 2027 el 2 de noviembre.
La fracción liberacionista impugna ante la Sala Constitucional el trámite del proyecto de presupuesto 2027, en la misma semana en que la Asamblea prevé reelegir a un magistrado del tribunal.
La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) presentó una consulta de constitucionalidad ante la Sala Constitucional sobre el trámite del proyecto de presupuesto 2027 y confirmó que votará en contra del texto en el Plenario, según recogió el resumen matutino de Acontecer del domingo. La semana legislativa anterior cerró con 1.008 mociones votadas en las jornadas de jueves y viernes, y las mociones de fondo que aún faltan deberían terminar de votarse este lunes, de acuerdo con la misma fuente. La consulta llega en la misma semana en que la Asamblea tiene previsto votar la reelección de un magistrado de la Sala Constitucional, el tribunal que debe resolver el planteamiento del PLN antes de que el proyecto complete su trámite. La información proviene únicamente de Acontecer Matutino, sin confirmación independiente al cierre de esta edición. El Plenario retoma la discusión completa del presupuesto 2027 el 2 de noviembre; no está confirmado si la Sala Constitucional resolverá la consulta del PLN antes de esa fecha.
La comisión legislativa que revisa el proyecto de Protocolo de las 72 Horas votó 6 a 1 para retirar del texto la referencia a la anticoncepción de emergencia, según el resumen matutino de Acontecer del domingo. La diputada Kattia Calvo, de Pueblo Soberano, describió la exclusión como una medida temporal, sin precisar en qué condiciones el tema podría volver a incorporarse al proyecto. La información proviene únicamente de Acontecer Matutino, sin confirmación independiente al cierre de esta edición sobre el resto de la composición de la comisión o el calendario de los próximos pasos en el trámite legislativo.
— La diputada Kattia Calvo, de Pueblo Soberano, calificó de temporal la exclusión, aprobada por seis votos a favor y uno en contra en la comisión que revisa el proyecto.
El Frente Amplio envió un oficio a la diputada Cindy Murillo Artavia, de Pueblo Soberano, para exigirle que respalde con pruebas las acusaciones de financiamiento irregular que planteó en el Plenario el 14 de octubre, según el resumen matutino de Acontecer del domingo. El oficio no fue acompañado, de acuerdo con la misma fuente, de un detalle público sobre a quién o a qué organización apuntaban las acusaciones de Murillo. El cruce ocurre en la misma semana en que el Directorio Legislativo debe resolver, antes del 27 de octubre, cuál de dos diputadas de fracciones unipersonales ocupa el noveno puesto de la comisión especial que investigará presuntos vínculos del narcotráfico con el financiamiento de campañas políticas -un antecedente incómodo, ya que una comisión similar sobre la zona sur cerró sin conclusiones por falta de pruebas, según El Observador-, lo que coloca el financiamiento político en el centro de la agenda legislativa de esta semana. No está confirmado al cierre de esta edición si Murillo respondió al oficio del Frente Amplio ni si presentará las pruebas que la fracción le exige.
La jornada de este lunes deja a Costa Rica con el régimen de zonas francas creciendo a su ritmo más bajo desde la pandemia -0,7% interanual en agosto-, justo cuando arranca en el Centro de Convenciones el VI Congreso que organiza Azofras. En paralelo, la presidenta Laura Fernández profundiza su disputa con el Poder Judicial al cuestionar ahora el alquiler del edificio de la Sala Constitucional, mientras la Corte sigue sin responder a las tres condiciones que la mandataria fijó para liberar ₡29.844 millones del presupuesto 2027. El mismo lunes, el PLN confirmó que votará contra ese presupuesto y lo impugnó ante la Sala Constitucional, una comisión legislativa retiró la anticoncepción de emergencia de un proyecto de protocolo de atención, y el Frente Amplio exigió pruebas a una diputada oficialista por acusaciones de financiamiento irregular. Todos estos frentes convergen en la misma fecha: el Plenario retoma la discusión completa del presupuesto 2027 el 2 de noviembre, mientras el Directorio Legislativo tiene hasta el 27 de octubre para resolver quién ocupa el noveno puesto de la comisión que investiga el narcotráfico en el financiamiento político.