El Plenario vota hoy la reelección del magistrado Jorge Araya, la Sala Constitucional admite la consulta del PLN sobre el presupuesto judicial, la Fiscalía amplía su pesquisa sobre el extraditable Tam Zhang y un reporte confirma que el ingreso de los hogares cayó 3,8% durante 2026.
La Comisión de Nombramientos recomendó no reelegirlo por 4 votos a 3, pero la oposición necesita sumar 38 votos en el Plenario para bloquear su continuidad en la Sala Constitucional.
El Plenario legislativo tiene agendada para este miércoles 28 de octubre la votación sobre la reelección del magistrado Jorge Araya en la Sala Constitucional, según Monumental. La Comisión Permanente Especial de Nombramientos ya había recomendado no reelegirlo, con los cuatro diputados de Pueblo Soberano a favor de esa posición y los tres de oposición -Antonio Trejos, del Frente Amplio, y Janice Sandí y Salvador Padilla, del PLN- en contra, de acuerdo con Semanario Universidad, que atribuye el rechazo oficialista a la participación de Araya en un gobierno del PLN hace tres décadas. El propio Araya defendió su continuidad al solicitar la reelección: “Hoy he tomado la decisión por continuar con la defensa de la institucionalidad”, dijo a La Nación. El artículo 158 de la Constitución Política exige al menos 38 votos en contra para impedir la reelección automática de un magistrado propietario. Pueblo Soberano controla 31 de los 57 escaños, por lo que necesita al menos siete votos adicionales de la oposición -integrada por el PLN, el Frente Amplio, el PUSC y la Coalición Agenda Ciudadana, que suman 26 curules- para alcanzar ese umbral. El precedente más reciente juega en contra del oficialismo: la magistrada Julia Varela fue reelegida el 9 de setiembre para un cuarto período porque la oposición no logró reunir los 38 votos necesarios para bloquearla, según Nación. El período de Araya vence el 31 de octubre, fecha límite para que el Directorio fije la votación; si no se vota antes, la reelección se da de forma automática. El resultado de hoy se suma al pulso que la presidenta Laura Fernández mantiene abierto con el Poder Judicial por el presupuesto 2027 y el alquiler de la sede de la Sala IV, el mismo frente institucional que esta edición ha documentado en días anteriores.
La Sala Constitucional admitió la consulta facultativa que el PLN presentó sobre las normas 9, 10, 11 y 12 del proyecto de presupuesto 2027 y solicitó el expediente completo a la Presidencia Legislativa, según Observador.cr. El PLN describe esas disposiciones como un mecanismo “selectivo, atípico, obstructivo y encadenado” de control sobre la ejecución del presupuesto del Poder Judicial y de la Defensoría de los Habitantes. La norma 9 es la más señalada: mantiene bloqueados ₡29.843 millones hasta que se presenten estados financieros auditados del fideicomiso inmobiliario de 2015, la Contraloría certifique esas auditorías y la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, junto con el Plenario, autoricen la liberación de los fondos. La Contraloría General ya había advertido que la Sala Constitucional declaró inconstitucionales disposiciones presupuestarias similares en el pasado, citando la resolución 1729-2024, de acuerdo con Diario Extra. La Corte Plena, por su parte, acordó autorizar a su presidenta en ejercicio a presentar una consulta legislativa propia sobre el proyecto de presupuesto, según Teletica -una señal de que el Poder Judicial no se limita a esperar la resolución de la consulta del PLN, sino que también busca pronunciarse directamente ante el tribunal. El Plenario debe discutir el presupuesto 2027 entre el 2 y el 30 de noviembre, el plazo que fija el artículo 178 de la Constitución. No hay, al cierre de esta edición, fecha confirmada para que la Sala Constitucional resuelva ninguna de las dos consultas.
— El tribunal pidió el expediente legislativo completo para resolver la impugnación de cuatro normas que bloquean ₡29.843 millones del Poder Judicial, mientras la Corte Plena prepara su propia consulta.
La comisión especial que la Asamblea Legislativa aprobó el 8 de octubre, con 52 votos a favor, para investigar posibles vínculos del narcotráfico con el financiamiento de las campañas electorales de 2022 y 2026 sigue sin su noveno integrante, según el seguimiento que esta edición ya había reportado. La comisión reserva cinco puestos para Pueblo Soberano, dos para el PLN, uno para el Frente Amplio y uno para las fracciones unipersonales, de acuerdo con Infobae -ese último puesto es el que se disputan Abril Gordienko (PUSC) y Claudia Dobles (CAC) sin que el Directorio haya anunciado una resolución. La comisión investigará de forma específica si personas ligadas al narcotráfico, el crimen organizado o el lavado de dinero aportaron fondos a los partidos políticos en esos dos ciclos electorales, según el acuerdo recogido por AmeliaRueda.com. El tema gana urgencia por el caso paralelo del empresario detenido Guobin Tam Zhang, cuyos vínculos políticos investiga de oficio la Fiscalía General. No está confirmado, al cierre de esta edición, cuándo el Directorio resolverá el noveno puesto ni cuándo la comisión podría empezar a citar a comparecientes mientras ese escaño permanezca vacante.
La Fiscalía General anunció que examinará los posibles vínculos de figuras políticas con el empresario detenido Guobin Tam Zhang, después de que circulara una fotografía suya junto a la asesora presidencial Pilar Cisneros durante la celebración de la victoria electoral de Laura Fernández, el 1 de febrero, según CRHoy. El Ministerio Público citó además a Cisneros a una indagatoria sobre el financiamiento de una campaña anterior, en la que indaga si se armó una estructura de financiamiento paralela, de acuerdo con el mismo reporte. Cisneros rechaza cualquier vínculo: “No hay absolutamente nada que lo vincule con el partido”, declaró a Diario Extra, y sostuvo que se ha tomado miles de fotografías con personas distintas. Pueblo Soberano, por su parte, afirma que revisó sus registros y determinó que Tam no aportó fondos ni figuraba en la lista de invitados al evento; su presidenta, Mayuli Ortega, dijo que el partido abrió una investigación interna para esclarecer cómo llegó Tam a la actividad, según Teletica. Tam permanece recluido en el módulo de máxima seguridad de La Reforma mientras se resuelve el trámite de extradición a Estados Unidos, donde lo investigan por narcotráfico y lavado de dinero, de acuerdo con CRHoy. No hay, al cierre de esta edición, fecha confirmada para que la Fiscalía concluya su pesquisa sobre los vínculos políticos del caso.
El alcalde Jorge Arturo Alfaro Orias y uno de sus hijos figuran entre los nueve investigados por presunto tráfico de influencias en una red que multiplicó los trámites de una constructora ligada a la familia.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción allanó el 20 de octubre la Municipalidad de Santa Cruz, la oficina de una constructora y dos viviendas, y analiza ahora más de 3.629 llamadas telefónicas registradas entre 2021 y 2024 entre los nueve investigados, según CRHoy. La causa indaga presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito vinculados a permisos de construcción y concesiones en la zona marítimo-terrestre del cantón guanacasteco. Entre los investigados figuran el alcalde Jorge Arturo Alfaro Orias y uno de sus hijos, que aparece como representante de un proyecto hotelero, además de funcionarios municipales, según Diario Extra. CRHoy reporta que una constructora ligada a la familia del alcalde pasó de un solo trámite municipal en 2020 a 42 en 2022, el patrón de crecimiento que atrajo la atención de los investigadores. La Municipalidad de Santa Cruz respondió que está “a disposición de las autoridades” y pidió respetar el debido proceso y la presunción de inocencia de los señalados, según su comunicado citado por el mismo medio -ninguno de los investigados ha sido condenado ni, hasta el cierre de esta edición, detenido. La Fiscalía continúa cruzando la evidencia digital incautada con el OIJ. No hay, al cierre de esta edición, fecha prevista para una acusación formal ni confirmación de nuevas diligencias.
El ingreso promedio de los hogares costarricenses cayó 3,8% durante 2026, con el ingreso salarial retrocediendo 3,2% a nivel nacional, una caída que afecta a todos los grupos de la población, según un reporte de CRHoy publicado el 27 de octubre. La información proviene únicamente de ese medio, sin confirmación independiente al cierre de esta edición. La cifra se suma a un deterioro que el Banco Central ya había documentado meses atrás en su Informe de Política Monetaria: los ingresos nominales cayeron 2,0% interanual a mayo de 2026 y los reales, descontando la inflación, bajaron 1,1%, mientras la entidad redujo su proyección de crecimiento del consumo privado para el año de 3,5% a 2,9%, de acuerdo con ese informe citado por CRHoy en una nota previa. El Banco Central señaló entonces que el desempleo se mantenía relativamente estable, pese a la contracción de ingresos -un matiz que complica la lectura de una caída generalizada del poder de compra. No hay, al cierre de esta edición, una Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2026 del INEC que confirme el deterioro con metodología oficial. El dato llega en paralelo al debate legislativo sobre el presupuesto 2027 y los recortes a programas sociales que esta edición documenta en la nota sobre la Defensoría de los Habitantes.
La Defensoría de los Habitantes pidió a la Comisión de Asuntos Hacendarios revisar el impacto social del segundo presupuesto extraordinario de 2026 -expediente 25.803- antes de su aprobación, según Delfino.cr. El proyecto reduce el presupuesto neto en ₡167.968 millones, como consecuencia de una caída certificada de ₡373.390 millones en los ingresos tributarios previstos para el año, de acuerdo con La Nación. La institución solicitó esclarecer el origen de ₡14.483 millones reintegrados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y advirtió sobre una rebaja de ₡492,88 millones al Centro Académico de Limón del Tecnológico de Costa Rica. En salud, pidió precisar a cuántas personas cubrirán los ₡10.327 millones destinados a la Caja Costarricense de Seguro Social para el aseguramiento estatal y cómo esas rebajas afectarían el acceso a consultas, medicamentos y tratamientos, según El Mundo CR. La propia Defensoría ya había recortado ₡120 millones de su presupuesto en julio, el máximo que dijo poder aportar sin afectar servicios esenciales, y advirtió que no tiene margen para un recorte adicional en 2027 sin impacto operativo. No hay, al cierre de esta edición, resultado de la votación del expediente 25.803 en la Comisión de Hacendarios.
La jornada del miércoles deja a Costa Rica con el Plenario votando la reelección del magistrado Jorge Araya, mientras la Sala Constitucional admite la consulta del PLN sobre los ₡29.843 millones congelados del presupuesto judicial 2027 y la Corte Plena prepara su propia consulta sobre el mismo proyecto. En paralelo, el Directorio Legislativo sigue sin resolver el noveno puesto de la comisión que investiga nexos del narco con el financiamiento político, justo cuando la Fiscalía amplía su pesquisa sobre los vínculos políticos del extraditable Tam Zhang y analiza 3.600 llamadas del caso de permisos irregulares en la Municipalidad de Santa Cruz. El telón de fondo económico tampoco ayuda: un reporte de CRHoy ubica la caída del ingreso de los hogares en 3,8% durante 2026, mientras la Defensoría de los Habitantes cuestiona los recortes sociales del segundo presupuesto extraordinario. Todos estos frentes convergen en la misma ventana: el Plenario discute el presupuesto 2027 entre el 2 y el 30 de noviembre, el plazo que fija el artículo 178 de la Constitución.