La Comisión de Nombramientos recomienda no reelegir al magistrado Jorge Araya, el PLN lleva a la Sala IV el bloqueo de ₡29.843,8 millones al Poder Judicial, y el plazo para integrar la comisión narco-política vence sin noveno miembro.
La Comisión de Nombramientos votó 4 a 3 contra la continuidad de Araya en la Sala Constitucional, una recomendación no vinculante que ahora pasa al Plenario.
La Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa recomendó, con cuatro votos a favor y tres en contra, no reelegir al magistrado Jorge Araya en la Sala Constitucional, según confirmó Delfino.cr. La recomendación no es vinculante: la decisión final queda en manos del Plenario, que necesita el voto de dos terceras partes de los 57 diputados -38 votos- para impedir que Araya continúe en el cargo por un nuevo período de ocho años, conforme al artículo 158 de la Constitución Política. El oficialismo de Pueblo Soberano cuenta con 31 diputados en el Plenario, por lo que necesitaría al menos siete votos adicionales de otras bancadas para bloquear la reelección, de acuerdo con el recuento de Semanario Universidad. El caso llega apenas semanas después de que la misma comisión devolviera sin recomendación el expediente de reelección del presidente de la propia Sala Constitucional, Fernando Castillo, por no haber podido entrevistarlo debido a una incapacidad médica -un antecedente que anticipa cuánto puede tensarse la relación entre el Plenario y la Corte en las próximas semanas. No hay, al cierre de esta edición, fecha confirmada para que el Plenario vote la reelección de Araya. Semanario Universidad describió el caso como una situación que "empuja a los diputados a una prueba de poderes" frente al Poder Judicial, el mismo frente institucional que la presidenta Laura Fernández mantiene abierto por el presupuesto judicial 2027.
Diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) presentaron ante la Sala Constitucional una consulta facultativa sobre cuatro normas de ejecución presupuestaria -la 9, la 10, la 11 y la 12- incluidas en el proyecto de Presupuesto Ordinario 2027, según reportaron La Nación y La República. La norma 9 es la más señalada: bloquea ₡29.843,8 millones del presupuesto del Poder Judicial hasta que la institución cumpla requisitos de auditoría, infraestructura y ejecución fijados por el Ejecutivo. La consulta llega después de que el oficialismo de Pueblo Soberano rechazara en comisión las mociones del PLN para eliminar esas normas, de acuerdo con La Nación. El proyecto fue dictaminado el 20 de octubre en la Comisión de Hacendarios con seis votos a favor y cinco en contra -tres del PLN y dos del Frente Amplio-, e incluye además un recorte directo de ₡10.000 millones al Poder Judicial y una reducción de ₡8.048 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), según el recuento de CRHoy. El Poder Ejecutivo defiende las normas como garantía de que el dinero público se audite antes de girarse; el Frente Amplio, por su parte, ya advirtió que las impugnará por separado ante la Sala IV si se mantienen en el texto final, según Semanario Universidad. El Plenario legislativo debe discutir y votar el presupuesto 2027 entre el 2 y el 30 de noviembre, plazo que fija el artículo 178 de la Constitución. No hay, al cierre de esta edición, resolución de la Sala Constitucional sobre la consulta del PLN.
El Directorio Legislativo llega al 27 de octubre sin resolver cuál diputada ocupa la novena curul, mientras el fiscal general investiga de oficio los vínculos políticos del empresario detenido Guobin Tam Zhang.
El Directorio Legislativo llega al martes 27 de octubre -la fecha límite que esta edición ya había anticipado en días anteriores- sin haber resuelto cuál de las dos diputadas de fracciones unipersonales, Abril Gordienko (PUSC) o Claudia Dobles (CAC), ocupará el noveno puesto de la comisión especial que investiga vínculos del narcotráfico con el financiamiento de las campañas de 2022 y 2026. La Asamblea aprobó la creación de esa comisión este mes para investigar presuntos vínculos políticos y electorales de personas ligadas al narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de dinero, según el acuerdo recogido por Delfino.cr. El trasfondo inmediato es el caso de Guobin Tam Zhang, el empresario naturalizado costarricense detenido el 2 de octubre en Curridabat por una investigación conjunta del Ministerio Público, la DEA y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que busca extraditarlo por narcotráfico y lavado de dinero. El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que su despacho abrió de oficio una investigación sobre posibles vínculos políticos o de financiamiento electoral de Tam, quien apareció en fotografías de la celebración de la victoria electoral de la presidenta Laura Fernández y del oficialista Pueblo Soberano el 1 de febrero, según La Nación y La República. El partido de gobierno sostiene que Tam no aportó fondos y no figura ni en la lista de donantes ni en la de invitados; la asesora presidencial Pilar Cisneros, también fotografiada con Tam, pidió que "parejo a todo el mundo" se investigue el caso, según declaró a La República. El Ministerio Público necesita primero un informe del departamento de financiamiento de partidos del Tribunal Supremo de Elecciones para determinar si hubo algún delito electoral. No está confirmado, al cierre de esta edición, si el Directorio Legislativo resolvió hoy el noveno puesto ni si el fiscal ya solicitó ese informe al TSE.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) proyecta entre 840 y 860 homicidios para el cierre de 2026, por encima de los cerca de 800 que había estimado meses atrás, según declaraciones de su director interino, Michael Soto, recogidas por Observador.cr. Hasta el 28 de setiembre el país acumulaba 618 homicidios, 38 menos que en el mismo periodo de 2025, pero agosto cerró con 88 casos frente a los 67 de agosto de 2025 -un aumento de 21-, de acuerdo con CRHoy. El OIJ atribuye el repunte a pugnas por el liderazgo entre grupos criminales tras la detención de los alias "Diablo" y "Tan" y las muertes de "Míster Músculo" y "Coco Guácimo", según el mismo reporte de CRHoy. San José concentraba la mayor cantidad de casos hasta esa fecha, con 166, seguido por Limón, con 153; el organismo anunció que reforzará la atención en Cartago y el sur de San José para el resto del año, de acuerdo con Observador.cr. Costa Rica completaría así su quinto año consecutivo con cifras de homicidios por encima de los niveles previos a la pandemia. No hay, al cierre de esta edición, actualización oficial del OIJ con datos de octubre que confirmen si el repunte de agosto se mantuvo durante el mes.
El ingreso de divisas por turismo llegó a USD 3.356 millones entre enero y junio de 2026, un 8,5% más que en el mismo semestre de 2025, según cifras del Banco Central de Costa Rica (BCCR) citadas por La Nación. La visitación acumulada hasta agosto llegó a 2.191.432 turistas, mientras el Instituto Costarricense de Turismo proyecta cerrar el año con cerca de 2,7 millones de visitantes. Las exportaciones de bienes, por su parte, sumaron USD 3.383 millones entre enero y febrero de 2026, un 6% más que un año antes, con los dispositivos médicos como 44% del total, según datos de Procomer difundidos por la agencia EFE; en 2025 esas exportaciones ya habían cerrado en un récord de USD 22.855 millones. El propio BCCR advirtió, según Observador.cr, que el conflicto en Medio Oriente encarece los pasajes aéreos y podría frenar la llegada de turistas en los próximos meses -una señal de riesgo que contrasta con la desaceleración de las zonas francas, cuyo crecimiento cayó a 0,7% interanual en agosto, su ritmo más lento desde la pandemia. Ni el BCCR ni Procomer han publicado todavía una cifra consolidada de octubre. El país encara el resto del año con el turismo y la industria médica como principales motores de divisas, mientras el otro gran generador de empleo formal, las zonas francas, se desacelera.
Costa Rica cierra la jornada del martes con el Poder Judicial de nuevo en el centro de la agenda: la Comisión de Nombramientos recomendó no reelegir al magistrado Jorge Araya, mientras el PLN espera que la Sala Constitucional resuelva su consulta sobre los ₡29.843,8 millones que el Ejecutivo mantiene congelados del presupuesto judicial 2027. En paralelo, el Directorio Legislativo llega al 27 de octubre -su propio plazo- sin resolver el noveno puesto de la comisión que investiga narcotráfico y financiamiento político, justo cuando el fiscal general investiga de oficio los vínculos políticos del empresario detenido Guobin Tam Zhang. El telón de fondo tampoco despeja: el OIJ proyecta hasta 860 homicidios para 2026 incluso con el turismo y las exportaciones médicas sosteniendo el ingreso de divisas del país. Todos estos frentes convergen en la misma ventana: el Plenario discute el presupuesto 2027 del 2 al 30 de noviembre, el plazo constitucional que el artículo 178 fija como límite para su aprobación definitiva.