El Plenario reeligió al magistrado con 29 votos en contra y 24 a favor, lejos de los 38 necesarios para bloquearlo; la Corte Plena lleva ahora su propio presupuesto 2027 ante la Sala Constitucional, y la Fiscalía detecta nuevo patrimonio irregular en la familia del alcalde de Santa Cruz.
El Plenario legislativo reeligió el miércoles 28 de octubre al magistrado Jorge Araya García en la Sala Constitucional, luego de que la votación del expediente 25.801 registrara 29 votos en contra de su continuidad, 24 a favor y cuatro ausencias, según reportaron La Nación y CRHoy. El artículo 158 de la Constitución Política exige al menos 38 votos en contra para impedir la reelección automática de un magistrado propietario, umbral que el oficialismo no alcanzó pese a sumar los 29 votos en contra. El nuevo período de Araya se extiende hasta octubre de 2034. Los 29 votos en contra vinieron en su totalidad de Pueblo Soberano, mientras los 24 a favor de la reelección los aportaron diputados del PLN, el Frente Amplio, la Coalición Agenda Ciudadana y el PUSC, según el recuento de Observador.cr. El oficialismo había basado su rechazo en la participación de Araya en un gobierno del PLN hace tres décadas, el mismo argumento que sus diputados expusieron en la Comisión de Nombramientos y que recogió Semanario Universidad; esa comisión ya había recomendado no reelegirlo por 4 votos a 3 el 9 de octubre. El resultado repite el patrón de la magistrada Julia Varela, reelegida el 9 de setiembre porque la oposición tampoco logró los 38 votos para bloquearla. La derrota legislativa del oficialismo llega mientras la presidenta Laura Fernández mantiene abierto otro frente con el Poder Judicial por el presupuesto 2027, el mismo pulso institucional que esta edición documenta en la consulta que la Corte Plena lleva hoy ante la Sala Constitucional.
El Poder Judicial pide frenar las normas que bloquean ₡29.843,8 millones y advierte que dejarían sin llenar 2.463 plazas, 810 de ellas del OIJ.
La Corte Plena autorizó a su presidencia presentar ante la Sala Constitucional una consulta propia sobre el proyecto de presupuesto 2027, registrada en el expediente 26-039736-0007-CO, según confirmaron CRHoy y Teletica. La gestión judicial se suma a la que el Partido Liberación Nacional presentó el 22 de octubre contra las normas de ejecución 9, 10, 11 y 12, la misma consulta que la Sala Constitucional ya admitió a trámite y que esta edición ha seguido desde el 27 de octubre. Según el planteamiento de la propia Corte, el bloqueo de ₡29.843,8 millones impediría llenar unas 2.463 plazas vacantes a partir de enero de 2027, de las cuales 810 corresponden al Organismo de Investigación Judicial, de acuerdo con el detalle que recoge CRHoy. El contralor interino ya había advertido, según la Dirección Jurídica de la Contraloría citada por Delfino.cr, que ese tipo de condicionamiento presupuestario sería inconstitucional a la luz de la jurisprudencia de la propia Sala Constitucional. Los magistrados de la Sala IV se apartaron de la votación de la Corte Plena, precisamente porque serán ellos quienes resuelvan ambas consultas. El Plenario legislativo debe discutir y votar el presupuesto 2027 entre el 2 y el 30 de noviembre, el plazo que fija el artículo 178 de la Constitución. No hay, al cierre de esta edición, fecha confirmada para que la Sala Constitucional resuelva ninguna de las dos consultas.
El Organismo de Investigación Judicial documentó que el hijo del alcalde de Santa Cruz, Jorge Arturo Alfaro Orias, compró cuatro vehículos nuevos por un valor conjunto de ₡261 millones y abrió un restaurante con una inversión de ₡80 millones, un patrimonio que la policía judicial califica de "inusitado" frente a sus ingresos declarados, según CRHoy. El mismo medio reporta que ese hijo recibió ₡107 millones que nunca reportó ante la Caja Costarricense de Seguro Social, mientras que el propio alcalde recibió ₡4 millones ajenos a su salario municipal. La información proviene de reportes de CRHoy; esta edición no encontró una segunda fuente que confirme estos montos específicos al cierre de esta edición. Los hallazgos forman parte de la causa que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió tras allanar, el 20 de octubre, la Municipalidad de Santa Cruz, una constructora y dos viviendas, dentro del expediente por presunto tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito que esta edición ya documentó el 28 de octubre, cuando la Fiscalía analizaba 3.629 llamadas cruzadas entre los nueve investigados. La Municipalidad de Santa Cruz reiteró que está "a disposición de las autoridades" y pidió respetar el debido proceso y la presunción de inocencia de los investigados, según su comunicado citado por Diario Extra. Ninguno de los nueve investigados ha sido detenido ni acusado formalmente al cierre de esta edición.
El Directorio Legislativo, presidido por la diputada oficialista Yara Jiménez, llega al jueves 29 de octubre sin que ningún medio costarricense haya confirmado la designación del noveno integrante de la comisión especial que investiga vínculos del narcotráfico con el financiamiento de las campañas de 2022 y 2026, dos días después de que venciera el plazo del 27 de octubre que esta misma edición reportó. La comisión reserva cinco puestos para Pueblo Soberano, dos para el PLN, uno para el Frente Amplio y uno para las fracciones unipersonales, disputado entre Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana) y Abril Gordienko (PUSC), según el recuento que hicieron Infobae y AmeliaRueda.com cuando se aprobó la comisión el 8 de octubre. El estancamiento retrasa el inicio de comparecencias justo cuando el caso que motivó la comisión -el del empresario detenido Guobin Tam Zhang, con proceso de extradición a Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero- sigue bajo investigación de oficio por sus posibles vínculos políticos, pesquisa que el fiscal general Carlo Díaz abrió después de que circularan fotografías de Tam en la celebración electoral de Pueblo Soberano, según reportó La Nación en ediciones anteriores de esta cobertura. No hay, al cierre de esta edición, pronunciamiento público del Directorio Legislativo ni de Dobles o Gordienko sobre el estado del trámite.
El Plenario legislativo reeligió el miércoles al magistrado Jorge Araya en la Sala Constitucional, con 29 votos en contra del oficialismo y 24 a favor de la oposición, lejos de los 38 necesarios para bloquearlo. La Corte Plena respondió al mismo tiempo con su propia consulta ante la Sala IV sobre el presupuesto judicial 2027, advirtiendo que el bloqueo de ₡29.843,8 millones dejaría sin llenar 2.463 plazas, 810 de ellas del OIJ. En Guanacaste, el OIJ amplió el expediente contra el alcalde de Santa Cruz con nuevos hallazgos de patrimonio irregular en su hijo, mientras en la Asamblea el Directorio Legislativo sigue sin resolver, dos días después de su propio plazo, quién ocupa el noveno puesto de la comisión que investiga nexos del narco con la política. Todos estos frentes convergen en la misma ventana institucional: el Plenario discute el presupuesto 2027 entre el 2 y el 30 de noviembre, el plazo que fija el artículo 178 de la Constitución, mientras la Sala Constitucional acumula ya dos consultas sobre ese mismo proyecto.