La Corte Plena espera el dictamen del presupuesto 2027 para ir a la Sala IV, la comisión narco-política cita a 13 jerarcas de seguridad, la exministra Indiana Trejos contradice a la presidenta Fernández sobre el Transpacífico, y la CCSS no confirma si saldó los 101 casos de salarios atrasados que prometió para octubre.
La comisión especial que investiga presuntos nexos entre el narcotráfico y la política convocó a trece jerarcas y exjerarcas de seguridad, mientras crece la presión para apartar a diputados ligados al caso.
La Comisión Especial que investiga presuntos vínculos entre el narcotráfico, el crimen organizado y el financiamiento de campañas políticas citó a comparecer a 13 jerarcas y exjerarcas de seguridad, según reportó Observador.cr. El Plenario legislativo aprobó la creación de este órgano por unanimidad, con 52 diputados presentes, para revisar posibles nexos entre el crimen organizado y el financiamiento de los partidos durante el ciclo electoral 2025-2026, de acuerdo con Delfino.cr. La comisión se instaló el martes 27 de octubre, después de que la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, pidiera a las fracciones nombrar a sus representantes antes del 15 de octubre. El encargo revive un patrón de comisiones similares: la Asamblea ya investigó en 2020 al entonces diputado liberacionista Gustavo Viales por reunirse con un sospechoso de narcotráfico, y en 2021 abrió otra pesquisa sobre la infiltración del crimen organizado en partidos y municipalidades tras una desarticulación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según Delfino.cr. La diferencia esta vez es el alcance: la comisión no se limita a un solo partido y puede convocar a funcionarios del actual gobierno, en momentos en que la oposición exige explicaciones sobre reuniones de algunos diputados con personas detenidas por el caso que involucra a alias Chino. El diputado Johnny Vega instó a que los legisladores que recibieron a personas investigadas o detenidas por el caso narco se aparten de la comisión investigadora, una postura que no todos los integrantes comparten: voceros de Pueblo Soberano calificaron de 'ofensiva' cualquier intento de vincular al Gobierno con el crimen organizado, según Observador.cr. La comisión no ha fijado fecha para las primeras comparecencias.
La exministra de Comercio Exterior (Comex), Indiana Trejos, afirmó que la negociación del Acuerdo Transpacífico (CPTPP) fue transparente y que se consultó a todos los sectores productivos, en respuesta directa a la justificación que dio la presidenta Laura Fernández para destituirla el miércoles 28 de octubre. Consultada por CRHoy.com sobre si la mandataria mentía, Trejos respondió: 'No, es la apreciación de ella. Es una apreciación de la señora presidenta'. Fernández había dicho, al anunciar el archivo definitivo del acuerdo, que ningún sector había recibido el texto íntegro pese a que ella misma instruyó a la ministra a compartirlo. El choque divide también al sector productivo: la Cámara de Comercio Exterior (Crecex) pidió preservar la continuidad técnica de la política comercial y defendió que el país siga explorando el ingreso a bloques como el CPTPP, mientras la Cámara Nacional de Productores de Leche celebró el rechazo por temor a la competencia de lácteos importados, según recogieron La Nación y Tico Times. El acuerdo, que da acceso a un mercado de unos 600 millones de consumidores en el Pacífico, llevaba más de 100 reuniones de consulta desde 2022 y las negociaciones estaban sustantivamente concluidas desde mayo, de acuerdo con CRHoy.com. Comex permanece sin jerarca titular confirmado al cierre de esta edición; no hay información pública sobre quién encabeza el despacho de forma interina tras la salida de Trejos. La Asamblea Legislativa no ha anunciado si convocará a la exministra o a la presidenta Fernández para que expliquen sus versiones contrapuestas sobre la negociación.
La Corte Plena acordó autorizar a la Presidencia del Poder Judicial para presentar ante la Sala Constitucional una consulta legislativa contra las disposiciones del proyecto de Presupuesto Nacional 2027 que, según dos informes jurídicos de la propia Corte, condicionan el uso de los recursos destinados a esa institución, de acuerdo con Delfino.cr. Los magistrados que integran la Sala IV se inhibieron de participar en la votación, porque previsiblemente tendrán que resolver esa misma consulta una vez presentada. La consulta se presentará apenas la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictamine el expediente 25.754, que según el Ministerio de Hacienda recorta ¢10.000 millones y congela otros ¢30.000 millones destinados al Poder Judicial, de acuerdo con Observador.cr. El artículo 167 de la Constitución obliga a la Asamblea a consultar a la Corte Suprema los proyectos que afecten la organización o el funcionamiento judicial, pero un criterio de la Dirección Jurídica del propio Poder Judicial, fechado el 11 de octubre, advirtió que un pronunciamiento enviado por iniciativa de la Corte Plena -y no a solicitud de la Asamblea- no produce automáticamente ese efecto vinculante, lo que deja en duda el peso legal de la consulta. La diputada liberacionista Ángela Aguilar anunció, con respaldo de otras bancadas, que llevará el presupuesto a la Sala Constitucional por una vía independiente a la de la Corte Plena. Hacienda no ha respondido públicamente a ninguna de las dos consultas al cierre de esta edición.
El Tribunal Penal de San José impuso dos meses de detención provisional a Juan Carlos Tam Cheong, también identificado como Guobin Tam Zhang y conocido como 'alias Chino', mientras avanza el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos, según reportó La Nación. La Fiscalía allanó su vivienda en un condominio de Granadilla de Curridabat, donde fue capturado el pasado 2 de octubre con apoyo de la agencia antidrogas estadounidense (DEA). La resolución judicial, citada por CRHoy.com, sostiene que Tam habría liderado desde 2024 una organización que envió cocaína desde Costa Rica hacia Estados Unidos y que ofrecía servicios para legitimar las ganancias de esas ventas; en una operación encubierta entre diciembre de 2025 y enero de 2026, un agente le transfirió USD 240.000 y Tam devolvió USD 231.600 en efectivo, reteniendo USD 8.400 de comisión. En Costa Rica, el Ministerio Público lo investiga además por legitimación de capitales, el mismo delito que ya pesaba sobre él antes de la solicitud de extradición, según CRHoy.com. Desde su detención circulan fotografías que lo muestran junto a figuras del gobierno y la política, lo que alimenta especulación sobre vínculos que ninguna autoridad ha confirmado. El exembajador José Miguel Villalobos pidió 'respeto hacia la comunidad china' tras una ola de comentarios que, dijo, generalizan el caso de un solo acusado a todo un grupo étnico, según La Nación. La Fiscalía no ha presentado cargos formales adicionales al cierre de esta edición.
— El Tribunal Penal de San José ordenó dos meses de detención provisional contra el empresario acusado de liderar una red de narcotráfico y lavado hacia EE. UU., mientras circulan fotos suyas con figuras políticas.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no ha emitido, al cierre de esta edición, un comunicado que confirme si saldó los 101 casos de salarios atrasados que arrastraba desde julio en el Hospital México, pese a que se había comprometido a resolverlos en la segunda quincena de octubre, según el compromiso que recogió Delfino.cr en setiembre. La cifra oficial de 482 funcionarios con atrasos a nivel nacional, que la propia CCSS reconoció tras implementar el sistema de planillas SIPE, sigue sin una actualización posterior a esa fecha. Los sindicatos cuestionan esa cifra oficial: una auditoría interna halló 808 funcionarios afectados solo en el Hospital México, frente a los 482 que reportó la institución para todo el país, según La Nación. La disputa por los atrasos ya provocó una huelga nacional de 24 horas el 17 de setiembre, y el sindicato Undeca advirtió que tomaría 'medidas más drásticas' si la Caja no resolvía los pagos pendientes, de acuerdo con CRHoy.com. La Caja no ha precisado cuántos funcionarios continúan sin cobrar ni si cumplió el plazo de octubre que ella misma fijó. La Defensoría de los Habitantes, que ya intervino en atrasos similares en años anteriores, no se ha pronunciado sobre el caso actual.
El primer día de noviembre deja a Costa Rica sin ministro de Comercio Exterior confirmado, con la Corte Plena a la espera del dictamen legislativo del presupuesto 2027 para presentar su consulta ante la Sala Constitucional, y con la comisión narco-política de la Asamblea a la espera de las primeras comparecencias de los 13 jerarcas de seguridad citados esta semana. La Caja Costarricense de Seguro Social tampoco ha confirmado si saldó los 101 casos de salarios atrasados que prometió resolver en octubre, y el caso de alias Chino sigue sumando controversia política mientras avanza su proceso de extradición. Ninguno de estos cinco hilos tiene fecha de cierre definida.