La presidenta Laura Fernández destituye a su ministra de Comercio Exterior y descarta el ingreso al CPTPP el mismo día en que la Corte Plena pide congelar el presupuesto judicial 2027, la Asamblea completa la comisión que investiga nexos del narco con el financiamiento político y la Fiscalía avanza en el caso de Santa Cruz.
La destitución de Indiana Trejos y el rechazo al CPTPP llegan tras meses de presión agropecuaria y abren una disputa pública sobre qué tan transparente fue la negociación.
La presidenta Laura Fernández destituyó el miércoles a la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, y anunció que Costa Rica no se incorporará al Acuerdo Transpacífico (CPTPP), según confirmaron Teletica y La República. Fernández justificó la decisión diciendo que instruyó a Trejos compartir el texto del acuerdo con los sectores productivos y que, a la fecha, ninguno lo había recibido. Trejos contradijo esa versión horas después: afirmó que no se puede obligar a los sectores a acudir al ministerio ni a pronunciarse, y que la negociación, cerrada en mayo tras casi dos años de trámite, fue transparente, según recogió CRHoy. La salida divide al sector productivo: la Cámara Nacional de Productores de Leche y la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria celebraron el freno, mientras la Cámara de Comercio lo cuestionó por limitar la competitividad exportadora, de acuerdo con La Nación. La Cámara de Exportadores (Crecex) matizó ambas posiciones: dijo respetar la decisión del Gobierno, pero insistió en que el país debe resolver sus problemas estructurales de competitividad, sin importar lo que pase con el CPTPP. COMEX tenía hasta el 27 de noviembre para definir si firmaba la adhesión; no está confirmado al cierre de esta edición quién sucederá a Trejos ni si el Ejecutivo notificará formalmente el retiro a los demás miembros del bloque. La salida de Trejos se suma a la del excanciller Manuel Tovar, destituido en setiembre tras reunirse con Donald Trump sin avisarle a la presidenta.
La Corte Plena suma su propia consulta a la del PLN y pide congelar el trámite mientras la Sala Constitucional decide si las normas que bloquean ₡29.843 millones son inconstitucionales.
La Corte Plena acudió esta semana a la Sala Constitucional para pedir que suspenda el trámite del proyecto de presupuesto 2027 mientras resuelve si las normas que condicionan ₡29.843 millones del Poder Judicial son inconstitucionales, según reportó Delfino.cr. El monto bloqueado equivale al 5,6% del presupuesto judicial para el próximo año y abarca 313 de los 543 renglones presupuestarios del Poder Judicial, de acuerdo con el mismo medio. La solicitud llega después de que el PLN presentara su propia consulta de constitucionalidad contra el trámite -confirmada por esta edición el martes pasado- y profundiza el pulso entre dos poderes de la República que ya incluye la reelección del magistrado Jorge Araya y el reclamo de la presidenta Fernández por el alquiler del edificio de la Sala IV. La Dirección Jurídica de la Asamblea había advertido, antes del dictamen de Hacendarios del 20 de octubre, sobre la posible inconstitucionalidad de esas normas, según Delfino.cr, una señal de que el choque no es solo político sino también técnico dentro del propio Legislativo. La Sala Constitucional no ha fijado, al cierre de esta edición, una fecha para resolver ni la consulta del PLN ni la de la Corte Plena; el Plenario retoma la discusión completa del presupuesto 2027 el 2 de noviembre, con las dos consultas todavía pendientes.
La Asamblea Legislativa completó la lista de los nueve diputados que integrarán la comisión especial que investigará presuntos vínculos del narcotráfico y el crimen organizado con el financiamiento de los partidos en las campañas de 2022 y 2026, según confirmó CRHoy. La distribución quedó en cinco puestos para Pueblo Soberano, dos para Liberación Nacional, uno para el Frente Amplio y uno para las fracciones unipersonales, de acuerdo con el reparto aprobado por el Plenario. La definición llega más de una semana después de que la presidenta de la Asamblea, Yara Jiménez Fallas, fijara el martes 27 de octubre como fecha de instalación -un plazo que esta edición ya reportó incumplido por la disputa en torno al noveno puesto, reclamado por dos fracciones unipersonales-. La comisión nace de una recomendación de la misión de observación electoral de la OEA, que advirtió sobre un "riesgo evidente" de infiltración de dinero del narcotráfico en las estructuras partidarias de la elección de 2026, según declaró el organismo ante el Tribunal Supremo de Elecciones. No está confirmado al cierre de esta edición si la comisión ya sesionó con los nueve integrantes definidos ni cuál será su primer tema de agenda; el antecedente no es alentador: una comisión similar sobre la zona sur cerró este mes sin conclusiones, con acusaciones cruzadas entre diputados, según El Observador.
La Municipalidad de Santa Cruz, en Guanacaste, dijo que colaborará con la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción tras los cuatro allanamientos que esa oficina ejecutó el 20 de octubre en el edificio municipal, una empresa constructora y dos viviendas, según CRHoy. La institución pidió respetar el debido proceso y la presunción de inocencia del alcalde Jorge Arturo Alfaro Orias y de las otras ocho personas investigadas, entre ellas un hijo del jerarca. El caso, que esta edición cubrió el miércoles con el hallazgo de ₡261 millones en vehículos y ₡80 millones en un restaurante vinculados al hijo del alcalde, se amplía ahora con nuevos reportes de CRHoy sobre movimientos en una cuenta bancaria del alcalde que la policía judicial califica de inusitados frente a sus ingresos declarados. La Fiscalía investiga si existió una red de tráfico de influencias y cohecho alrededor de permisos de construcción y concesiones en la zona marítimo-terrestre del cantón, uno de los más visitados de la costa pacífica. Ninguna de las nueve personas investigadas fue detenida durante los allanamientos, según el mismo medio, y no hay, al cierre de esta edición, fecha para una posible imputación formal.
La jornada de este viernes deja a Costa Rica fuera del proceso de adhesión al Acuerdo Transpacífico, después de que la presidenta Laura Fernández destituyera a su ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, y dividiera al sector productivo entre cámaras que celebran el freno y otras que lo cuestionan. En paralelo, la Corte Plena pidió a la Sala Constitucional congelar el trámite del presupuesto 2027 mientras resuelve si las normas que bloquean ₡29.843 millones del Poder Judicial son constitucionales, la Asamblea completó -más de una semana tarde- la lista de los nueve diputados que investigarán nexos del narco con el financiamiento político, y la Municipalidad de Santa Cruz prometió colaborar con la Fiscalía tras los allanamientos del 20 de octubre.