La contrapropuesta de Teherán —soberanía sobre Ormuz, compensaciones de guerra y descongelamiento de activos— fue descartada en Truth Social en cuestión de horas. Irán respondió con drones sobre Qatar, EAU y Kuwait.
La contrapropuesta de Teherán —que exigía reconocimiento de soberanía sobre el estrecho de Ormuz, compensaciones de guerra y descongelamiento de activos— fue descartada por el presidente estadounidense en un mensaje publicado en la noche del sábado.
El presidente Donald Trump publicó la noche del 10 de mayo en Truth Social que la respuesta de Irán a la última propuesta de EE.UU. era 'TOTALLY UNACCEPTABLE', cerrando de golpe las expectativas de un acuerdo que los mercados habían cotizado durante toda la semana. La propuesta iraní, enviada a través de mediadores omanís, incluía tres condiciones que Washington consideró no negociables: el reconocimiento formal de la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz, el pago de compensaciones de guerra por daños en infraestructura civil, y el descongelamiento inmediato de los $100.000 millones en activos iraníes bloqueados en bancos occidentales, según Al Jazeera. El rechazo frustra el proceso de las Conversaciones de Islamabad, cuya fractura Trump anunció el 13 de abril al declarar el bloqueo naval de Irán. El conflicto lleva 72 días desde el inicio de las operaciones militares el 1 de marzo —cuando EE.UU. e Israel lanzaron la primera oleada de ataques sobre instalaciones nucleares iraníes en Natanz y Arak. Desde entonces, el ritmo de las operaciones se redujo pero el estado de guerra técnico persiste: el alto al fuego firmado el 8 de abril cubre operaciones militares directas pero no impide las represalias con drones ni los ataques israelíes sobre Hezbolá en el Líbano. Para Costa Rica, el impacto es principalmente económico: el estrecho de Ormuz bloquea el 20% del comercio petrolero mundial, y cada semana de tensión adicional mantiene el precio del barril en niveles que presionan la factura de importación de combustibles. Costa Rica no tiene relaciones diplomáticas activas con Irán ni con Israel más allá de las embajadas estándar. La Cancillería costarricense no ha emitido una declaración sobre el estado del conflicto desde mediados de abril.
Los ataques iraníes del 10 de mayo sobre tres países del Golfo marcaron la respuesta más amplia geográficamente desde el inicio del conflicto y pusieron en riesgo el frágil equilibrio regional.
Las Fuerzas Armadas iraníes lanzaron el 10 de mayo ataques con drones sobre instalaciones militares en Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, en lo que el Estado Mayor del Ejército de la República Islámica de Irán describió como una respuesta a las 'violaciones flagrantes del alto al fuego' por parte de EE.UU. e Israel. Los ataques causaron daños materiales en dos bases militares compartidas con fuerzas estadounidenses en Qatar y en los EAU, aunque el Pentágono afirmó que no hubo bajas entre el personal de EE.UU., según Al Jazeera. Los tres países atacados son aliados de EE.UU. en el Golfo Pérsico y albergan bases militares que han sido clave en la logística del conflicto. Qatar también es el mediador principal de las negociaciones. El ataque a su territorio representa un riesgo de fractura: si Qatar retira su rol de mediador, el conflicto pierde su único canal diplomático neutral activo. Al cierre de esta edición, el gobierno de Qatar no había emitido una respuesta pública, lo que varios analistas interpretaron como una señal de que el emirato no quiere escalar. Dentro de la narrativa de este conflicto, el ángulo contrario que señalan varios expertos en derecho internacional —entre ellos el ex relator de la ONU Alain Pellet— es que los ataques iraníes sobre instalaciones militares de terceros países son técnicamente actos de guerra contra Estados soberanos, lo que podría obligar a Qatar, EAU y Kuwait a activar mecanismos de defensa colectiva del Consejo de Cooperación del Golfo, complejizando aún más el mapa geopolítico.
Un tribunal israelí extendió el 10 de mayo la detención de Saif Abukeshek, activista español, y Thiago Ávila, activista brasileño, capturados cuando la flotilla 'Global Sumud' fue interceptada en el Mediterráneo mientras intentaba romper el bloqueo naval de Gaza. El juez argumentó que los activistas podrían ser portadores de información relevante para la investigación sobre las redes de financiamiento de la flotilla, según los registros judiciales publicados por Al Jazeera. La detención de ciudadanos españoles y brasileños pone en tensión diplomática a Israel con dos países de la Unión Europea y América Latina. España elevó una protesta formal ante el embajador israelí en Madrid, mientras Brasil convocó al encargado de negocios de Israel en Brasilia. Costa Rica no tiene nacionales entre los detenidos; la Cancillería no ha emitido una declaración.
El 10 de mayo de 2026 se cumplió un año exacto desde que los Directores Generales de Operaciones Militares de India y Pakistán acordaron por teléfono el alto al fuego que puso fin a los cuatro días de enfrentamientos que siguieron al ataque terrorista del 22 de abril de 2025 en Pahalgam, Cachemira. El conflicto de 2025 mató a más de 200 personas, destruyó infraestructura en zonas de la Línea de Control y llevó a ambos países al borde de un intercambio nuclear, según el análisis retrospectivo publicado por el Lowy Institute. Un año después, el alto al fuego se mantiene intacto —sin violaciones verificadas por observadores del Grupo de Contacto informal— pero la normalización diplomática no llegó. Los vuelos civiles entre India y Pakistán siguen suspendidos, el comercio bilateral es mínimo y las negociaciones de paz que Trump prometió mediar en la Cumbre de Washington de agosto de 2025 no produjeron un mecanismo formal. India rechazó cualquier rol mediador externo en la cuestión de Cachemira; Pakistán exige que cualquier negociación incluya el estatus político definitivo del territorio. Para Costa Rica, cuya posición de política exterior enfatiza la diplomacia multilateral y el derecho internacional, el caso India-Pakistán sirve de referente en los debates de la Asamblea sobre las reformas al sistema de seguridad colectiva de la ONU. Sin impacto económico directo al cierre de esta edición.
El Ministerio de Salud del Líbano informó el 10 de mayo que el número de muertos en el país desde el 2 de marzo —cuando Israel relanzó su campaña de ataques sobre posiciones de Hezbolá en el sur y el valle de Bekaa— alcanzó las 2.500 personas, incluyendo combatientes de Hezbolá y civiles en zonas de uso dual. La cifra, la más alta registrada en el Líbano desde la guerra de 2006, fue corroborada en su orden de magnitud por OCHA (la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU), que la sitúa entre 2.300 y 2.800 dependiendo de la metodología. Israel justifica los ataques señalando que Hezbolá rompió el alto al fuego de noviembre de 2025 al abrir un frente de apoyo a Irán durante el conflicto que inició en marzo. Hezbolá los niega. Las organizaciones humanitarias señalan que no importa quién tiene razón desde el punto de vista operacional: 2.500 muertos en 70 días en un territorio del tamaño de Galicia es una crisis humanitaria en toda regla, y la respuesta internacional ha sido mínima.
La ministra de Finanzas del Reino Unido, Rachel Reeves, y el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, protagonizaron un intercambio público durante la reunión de primavera del FMI que dejó en evidencia la fisura entre Europa y Washington sobre la gestión del conflicto con Irán. Reeves expresó 'incertidumbre sobre si el conflicto hace el mundo más seguro', una crítica diplomáticamente velada a la estrategia militar de EE.UU. e Israel. Bessent respondió que los aliados europeos deben entender que la acción militar fue la única respuesta posible al programa nuclear iraní. El intercambio tiene consecuencias prácticas: si Europa no respalda las sanciones secundarias que EE.UU. quiere imponer a los compradores de petróleo iraní —principalmente China e India— el efecto económico sobre Irán se diluye. Varios países de la UE ya señalaron que no extenderán las sanciones sin un mandato explícito del Consejo de Seguridad de la ONU, que está bloqueado por el veto de Rusia y China.
El estrecho de Ormuz tiene 33 kilómetros en su punto más estrecho y está flanqueado por Irán al norte y Omán al sur. Por sus aguas pasan entre 18 y 21 millones de barriles de petróleo por día —el 20% del comercio global de crudo— más el 25% del comercio mundial de gas natural licuado. Cualquier cierre sostenido, incluso parcial, desencadena un choque de precios en los mercados energéticos globales. Irán sostiene que tiene derechos soberanos sobre las aguas del estrecho que la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) no reconoce completamente: CONVEMAR garantiza el 'paso en tránsito' como derecho de todos los Estados, pero Irán argumenta que ese derecho no incluye el paso de buques de guerra de potencias no ribereñas. EE.UU. rechaza esa interpretación desde 1979. La negociación sobre Ormuz no es nueva —lleva cuatro décadas— pero el conflicto de 2026 la convirtió en una condición previa para cualquier acuerdo de paz, lo que hace el proceso extraordinariamente difícil. Para Costa Rica, Ormuz es un dato de trasfondo que llega al surtidor: cada semana de bloqueo parcial mantiene el Brent sobre $100 y presiona la factura de combustibles que la ARESEP debe trasladar a los consumidores.
La semana del 11 de mayo consolida un patrón que viene repitiéndose desde marzo: los conflictos activos —Oriente Medio, Ucrania-Rusia, y la tensión China-Taiwán— tienen en común la ausencia de un mecanismo de diplomacia multilateral eficaz. El Consejo de Seguridad de la ONU está paralizado. El G7 muestra fisuras. Y las potencias emergentes (China, India) se niegan a asumir un rol mediador sin contrapartidas que Occidente no está dispuesto a dar. El resultado es un mundo donde los conflictos no terminan sino que se gestionan en niveles de tensión sostenida, con consecuencias económicas que llegan directamente a los consumidores de países que no son parte de ninguno de ellos, incluida Costa Rica.