El petróleo cede algo de terreno desde los USD 120 del pico, pero analistas de Morgan Stanley y el CEO de ExxonMobil apuntan a que la presión estructural sobre el Estrecho de Ormuz aún no está reflejada en el precio.
Mientras el Brent cede desde su pico, el CEO de la mayor petrolera privada del mundo dice que las negociaciones entre EE.UU. e Irán siguen estancadas y que la disrupción por el Estrecho de Ormuz puede alargarse más de lo que descuenta el mercado.
El CEO de ExxonMobil, Darren Woods, declaró el 1 de mayo en una entrevista con CNBC que el mercado petrolero «no ha visto el impacto completo» de la guerra entre EE.UU. e Irán. Woods señaló que la caída desde los USD 120 por barril de Brent registrada en la peor semana del conflicto hacia los USD 108 actuales no refleja un escenario de resolución: refleja que los mercados están apostando a que la guerra será corta, cuando las señales diplomáticas no apoyan esa expectativa. «Las conversaciones entre Washington y Teherán siguen estancadas», dijo Woods, sin especificar fuentes directas de esa valoración. La Agencia Internacional de Energía (AIE) catalogó el cierre del Estrecho de Ormuz como la mayor disrupción de suministro en la historia del mercado petrolero global. El estrecho canaliza aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo, incluyendo la mayoría de las exportaciones de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak. Al Jazeera documentó el 30 de abril que los precios se dispararon inicialmente ante los temores de una disrupción larga, y que la caída posterior responde a la apertura parcial de rutas alternativas y a la liberación de reservas estratégicas coordinada por EE.UU., Europa y Japón. El ángulo contrario es el que ofrece el análisis de CNN Business del 1 de mayo: el mayor misterio del mercado es que el petróleo no está tan alto como cabría esperar dado el tamaño real de la disrupción. Los analistas de Goldman Sachs y JPMorgan apuntan a que la demanda global ya venía desacelerándose antes del conflicto —especialmente en China— y que esa debilidad de demanda está actuando como amortiguador de precio. Para Costa Rica, el BCCR ya proyecta los primeros efectos del choque inflacionario en mayo.
El banco de inversión publica su análisis del impacto macroeconómico del conflicto en Irán: la presión inflacionaria sobre economías emergentes será más aguda que en los choques petroleros de 2022 y 2023.
Morgan Stanley publicó esta semana su análisis del impacto económico del conflicto de Irán sobre los mercados globales. La proyección central del banco es que el Brent promediará aproximadamente USD 113 por barril durante el segundo trimestre de 2026 antes de caer por debajo de USD 80 para fin de año, asumiendo que el conflicto no escala a un cierre permanente del Estrecho de Ormuz. En el escenario adverso —cierre prolongado del Estrecho— el Banco estima que el Brent podría llegar a USD 150, escenario que el ministro de energía de Qatar, Al-Kaabi, describió como «el punto de quiebre de las exportaciones del Golfo». El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) ya recortó su proyección de crecimiento para Asia de 5,1% a 4,7% para 2026. Canadá también enfrenta presión: el encarecimiento de la energía por el conflicto en Irán se superpone con las tensiones comerciales derivadas de los aranceles estadounidenses, generando un doble choque sobre su economía. Las economías emergentes de América Latina —incluida Costa Rica— son doblemente vulnerables: importan petróleo (lo que encarece el transporte y la electricidad) y exportan commodities agrícolas cuyo costo de producción y transporte también sube. El BCCR ya recortó la proyección de crecimiento económico de Costa Rica para 2026 de 3,8% a 3,5% como consecuencia directa del conflicto. El banco señaló que los primeros efectos del choque inflacionario llegarán en mayo, particularmente en combustibles y fertilizantes. La RECOPE ya tramita ante la ARESEP un aumento de hasta ₡134 por litro de diesel.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inaugura hoy lunes 4 de mayo su 189° Período Ordinario de Sesiones en Ciudad de Panamá, donde celebrará audiencias hasta el viernes 8 de mayo. Las tres audiencias públicas programadas abordan casos relacionados con Venezuela, Argentina y Guatemala. La audiencia sobre Venezuela examina presuntas desapariciones forzadas y torturas durante el período posterior a las elecciones de 2024; la de Argentina revisa el caso de víctimas de la última dictadura militar; y la de Guatemala evalúa restricciones al derecho de reunión durante protestas indígenas. La CIDH opera con jurisdicción sobre los 35 estados miembros de la OEA, incluida Costa Rica. Las resoluciones del tribunal son vinculantes para los estados que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que incluye a todos los países cuyas audiencias se celebran esta semana. El contexto político complica particularmente el caso venezolano: el gobierno de Nicolás Maduro no ha reconocido la competencia del tribunal para los casos posteriores a 2019, cuando Venezuela denunció la Convención Americana. Para Costa Rica, las sesiones de la CIDH en Panamá son relevantes por dos razones: el país es tradicionalmente garante del sistema interamericano de derechos humanos, y San José albergó la sede del tribunal hasta que se trasladó a San José, Costa Rica en 1979. Sin impacto directo sobre la política interna al cierre de esta edición.
La Central Obrera Boliviana declara huelga indefinida por demandas salariales mientras campesinos e indígenas amazónicos llegan a La Paz tras una caminata de semanas contra una ley de tierras.
Bolivia afronta esta semana una confluencia de presiones sociales sin precedentes recientes: la Central Obrera Boliviana (COB) declaró huelga indefinida en demanda de un incremento salarial del 15% y un bono de producción, mientras una columna de campesinos e indígenas amazónicos completó una caminata de más de 400 kilómetros para protestar en La Paz contra la aprobación de una nueva ley de tierras que, según los manifestantes, facilita la expropiación de territorios comunales a favor de agroindustriales. El gobierno del presidente Luis Arce enfrenta ambos movimientos sin margen fiscal claro: Bolivia registró un déficit fiscal del 8,2% del PIB en 2025, según datos del FMI, y las reservas internacionales han caído de USD 15.000 millones en 2014 a menos de USD 2.000 millones en la actualidad. El vicepresidente David Choquehuanca convocó a una mesa de diálogo con la COB para el martes 5, pero los dirigentes campesinos descartaron sentarse antes de la derogación de la ley. Para Costa Rica, la crisis boliviana tiene impacto marginal directo: el comercio bilateral es de baja escala. El efecto indirecto más relevante es que la inestabilidad política en Bolivia suma presión al ya tenso ambiente en el Cono Sur, región donde varias empresas costarricenses del sector agroalimentario operan cadenas de suministro.
El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, se reunió hoy lunes en Yakarta con el ministro de Defensa de Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, durante una visita oficial cuyo objetivo declarado es fortalecer las relaciones en materia de defensa entre los dos países. La visita se enmarca en la política de seguridad regional de Japón, que desde 2022 incrementó sustancialmente su presupuesto de defensa hasta el 2% del PIB —el límite histórico que el país se había autoimuesto por décadas— y busca diversificar sus alianzas fuera del esquema tradicional EE.UU.-Japón-Australia. Indonesia es el país con mayor población del sudeste asiático y uno de los actores más relevantes del Mar del Sur de China, cuya disputa territorial sigue siendo el principal foco de tensión entre China y sus vecinos. La alianza Japón-Indonesia no tiene dimensión de defensa colectiva como la OTAN, pero implica ejercicios conjuntos, transferencia de tecnología militar y posibles acuerdos de compra de equipo japonés. Japan News reportó en enero de 2026 que Tokio ofreció a Yakarta incluir al país en el programa de desarrollo del caza de nueva generación GCAP junto con Reino Unido e Italia. El impacto sobre Costa Rica es indirecto: el fortalecimiento de alianzas de defensa en el Indo-Pacífico es parte del reordenamiento geopolítico post-guerra de Irán que afecta las rutas comerciales globales. Sin impacto local conocido al cierre de esta edición.
— El ministro de Defensa japonés Shinjiro Koizumi se reunió hoy con su homólogo indonesio para profundizar la cooperación militar bilateral, en una visita que refleja la reconfiguración de alianzas en la región Indo-Pacífica.
El Brent acumula una subida de más del 55% desde el comienzo del conflicto entre EE.UU. e Irán, llegando a un pico de casi USD 120 por barril en la peor semana del conflicto —el mayor nivel desde 2022. Al cierre del viernes 1 de mayo cotizaba alrededor de USD 108 según Al Jazeera, con WTI en USD 101,38. La Agencia Internacional de Energía calificó el episodio como la mayor disrupción de suministro en la historia del mercado petrolero global, superando incluso el embargo árabe de 1973 en términos de volumen afectado. El dato que más preocupa a los analistas no es el precio actual sino la incertidumbre: mientras las conversaciones entre Washington y Teherán permanezcan estancadas, el mercado no puede descontar cuándo —ni si— el Estrecho de Ormuz vuelve a plena operación. Para América Latina, el Banco Asiático de Desarrollo recortó su proyección de crecimiento regional de 5,1% a 4,7% para 2026, y el FMI revisará sus propios pronósticos para la región en junio.
El hilo editorial de esta semana en Geopolítica es la guerra de Irán y el Estrecho de Ormuz: un conflicto que ya no es solo una crisis regional sino el elemento más determinante de la macroeconomía global en 2026. Seguiremos la evolución del precio del petróleo, el estado de las negociaciones entre Washington y Teherán, y el impacto sobre las economías latinoamericanas —especialmente en los precios de combustibles en Costa Rica, cuyos primeros efectos el BCCR sitúa en mayo.