El MOU se firma el 18 de junio; la cumbre del G7 en Bürgenstock ratifica el respaldo occidental al acuerdo. El barril Brent cierra en $78.96, su mínimo de 2026
Washington y Teherán alcanzaron el 18 de junio un memorando de entendimiento que suspende el programa de enriquecimiento de uranio iraní a cambio del levantamiento gradual de sanciones.
El memorando de entendimiento firmado el 18 de junio marca el primer acuerdo formal entre Estados Unidos e Irán desde la salida de Washington del JCPOA en 2018. El documento no es un tratado vinculante, sino un marco que define los parámetros de una negociación que continuará en los próximos meses, pero su sola existencia fue suficiente para sacudir los mercados de materias primas. El presidente Trump presentó el acuerdo como una victoria de su doctrina de presión máxima y negociación directa. Irán, por su parte, subrayó que no acepta «ninguna limitación permanente» sobre su capacidad nuclear, lo que ya generó fisuras en la lectura del documento entre ambas partes. El barril de crudo Brent cerró el 18 de junio en $78.96, su primera jornada por debajo de los $80 en todo 2026. Analistas de Goldman Sachs proyectan que si el acuerdo avanza hacia una fase vinculante, el petróleo iraní podría agregar dos millones de barriles diarios al mercado global en el plazo de un año. En Costa Rica, el impacto inmediato es positivo para las cuentas fiscales: el gobierno importa combustible a precio internacional, y cada dólar que baja el barril representa un ahorro estimado de $3.5 millones anuales para RECOPE.
Los líderes del G7 reunidos en Bürgenstock, Suiza, el 19 de junio emitieron una declaración conjunta que califica el MOU EE.UU.-Irán como «un paso necesario» hacia la estabilidad regional. Sin embargo, Francia y Alemania insistieron en que el texto definitivo debe incluir mecanismos de verificación de la OIEA, algo que el borrador actual no contempla. El comunicado también ratifica el paquete de ayuda financiera y militar a Ucrania aprobado en la cumbre anterior, incluidos $50,000 millones en activos rusos congelados canalizados hacia la reconstrucción. Rusia calificó la decisión de «acto de guerra económica». Una nota discordante la dio Japón, que alertó que cualquier flexibilización de sanciones a Irán debe estar condicionada a verificaciones concretas: Tokio importa petróleo de la región y tiene interés directo en la estabilidad del precio, pero también teme que un Irán menos presionado acelere su programa balístico. Para Costa Rica, la cumbre tiene una lectura relevante: el canciller Manuel Tovar viajó a París a principios de junio para reunirse con sus homólogos europeos, y el respaldo del G7 al MOU es coherente con la posición que San José ha sostenido de privilegiar la diplomacia sobre la confrontación en los conflictos del Golfo Pérsico.
En las primeras 24 horas desde la firma del MOU, el crudo Brent cayó más de cinco dólares por barril, el oro bajó desde sus máximos históricos de abril y el dólar se apreció frente al euro. Los mercados anticiparon que la posible reincorporación de Irán al comercio energético global alterará la ecuación de oferta que había mantenido los precios elevados durante el primer semestre de 2026. La OPEP+ convocó una reunión de emergencia para el 22 de junio. Arabia Saudita, que había apostado por mantener los recortes voluntarios, enfrenta ahora la presión de compensar con precio el volumen iraní que podría ingresar al mercado si el MOU avanza. En Costa Rica, el Banco Central revisará en julio su modelo de proyección de inflación dado que la caída del petróleo alivia parte de la presión externa que había mantenido el Índice de Precios al Consumidor en territorio negativo (-0.97% en mayo). El BCCR mantiene su tasa de política monetaria en 3.25%.
El canciller Manuel Tovar declaró el 4 de junio en París que Nicaragua mantiene «una presencia significativa de militares rusos» en su territorio, luego de que el gobierno de Ortega renovara su pacto de cooperación militar con Moscú. La advertencia de Tovar —hecha ante la AFP durante su primera gira internacional como canciller— puso sobre la mesa un tema que Costa Rica raramente aborida en foros abiertos. Tovar descartó que Costa Rica permita operaciones terrestres armadas de Estados Unidos en su suelo «por mandato constitucional», pero abrió la puerta a compartir inteligencia con Washington. La frase «esas tropas están muy lejos de donde deberían estar» resume la incomodidad de San José con el nuevo papel de Rusia en la región, justo cuando la guerra en Ucrania entra en su cuarto año. Nicaragua no respondió oficialmente. El régimen Ortega-Murillo cerró la embajada de Costa Rica en Managua en 2018 y las relaciones se mantienen a nivel consular. Esta semana, la presidenta Laura Fernández generó controversia al afirmar que Costa Rica «no mantiene relaciones diplomáticas con Nicaragua», una declaración técnicamente imprecisa que tuvo que corregir el mismo canciller.
Varios analistas advierten que el memorando EE.UU.-Irán del 18 de junio tiene el mismo problema que todos los acuerdos preliminares con Teherán: existe un abismo entre lo que Washington dice haber acordado y lo que Irán acepta públicamente. Richard Nephew, ex negociador de sanciones del Departamento de Estado, señaló que un MOU sin mecanismos de verificación obligatorios no es «un acuerdo, es una foto de prensa». Irán ya incumplió los compromisos del JCPOA 2015 antes de que EE.UU. se retirara, y desde entonces ha enriquecido uranio al 60%, cerca del umbral de arma. La oposición republicana en el Senado advirtió que cualquier alivio de sanciones sin ratificación del Congreso sería inconstitucional. El mercado del petróleo, que celebró la noticia, podría revertir la caída si en las próximas semanas las negociaciones técnicas no producen avances concretos sobre inspecciones de la OIEA.
La embajadora Alejandra Solano Cabalceta asumió el 1 de abril la presidencia rotativa del Consejo Permanente de la OEA, en un período que coincide con la 56.ª Asamblea General prevista para el 22 al 24 de junio en Panamá. La presidenta Laura Fernández descartó asistir a la Asamblea de la OEA por la disputa comercial entre Costa Rica y Panamá, pendiente ante la OMC desde 2021. Panamá impuso en 2019 restricciones sanitarias a productos agrícolas costarricenses; el panel de la OMC falló a favor de Costa Rica en diciembre de 2024, pero Panamá apeló en enero de 2025 —un limbo que se perpetúa porque el órgano de apelación de la OMC lleva sin funcionar desde 2019. La ausencia de Fernández en Panamá es un guiño diplomático a los productores agrícolas del país que han perdido más de $200 millones durante los cinco años de restricciones.
El 10 de junio, los jefes de Estado y gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) eligieron a Lina Eugenia Ajoy Rojas como secretaria general del organismo para el período 2026-2030. Es la primera vez en la historia del SICA —fundado en 1993— que una costarricense encabeza la secretaría. Ajoy tiene 27 años de carrera diplomática. Nicaragua intentó bloquear su candidatura, pero el resto de los miembros del bloque respaldó la postulación de Costa Rica. Asumirá funciones el 9 de agosto, sustituyendo al guatemalteco que terminó su mandato. El SICA agrupa a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Belice, además de República Dominicana como miembro asociado. Su presupuesto anual ronda los $30 millones y su eficacia ha sido cuestionada durante años por los propios estados miembros, lo que hace del nombramiento de Ajoy una prueba para el multilateralismo centroamericano.
El memorando EE.UU.-Irán del 18 de junio no es un punto de llegada, sino el inicio de una negociación técnica que puede tomar meses —o desmoronarse en semanas. Las próximas fechas clave son la reunión de la OIEA en Viena (prevista para julio) y las audiencias del Senado estadounidense sobre las implicaciones del acuerdo. Mientras tanto, Costa Rica aterriza la semana con tres frentes abiertos en política exterior: la candidatura de Rebeca Grynspan a la ONU (primera latinoamericana aspirante a secretaria general), la presidencia del Consejo Permanente de la OEA que concluye el 30 de junio, y la disputa comercial con Panamá. El canciller Tovar tiene una agenda más densa de lo que sugiere el bajo perfil del nuevo gobierno. Un dato para el seguimiento: si el barril Brent se estabiliza por debajo de $80 durante el tercer trimestre, el Ministerio de Hacienda podría revisar al alza sus proyecciones de ingresos por impuestos a los combustibles y reducir la presión sobre el déficit fiscal.