El acuerdo del 17 de junio entre Trump y el parlamento iraní reabre el estrecho de Ormuz, pero deja sin resolver el futuro del programa nuclear, los lazos con Hezbollah y la posición de Israel
Trump y el parlamento iraní sellaron el 17 de junio un acuerdo preliminar que pone fin a los bombardeos activos, abre el tráfico marítimo en el Golfo Pérsico y da dos meses para acordar el futuro nuclear de Irán.
Estados Unidos e Irán anunciaron el 15 de junio y formalizaron el 17 de junio un memorando de entendimiento de 14 puntos que establece un ceasefire de 60 días y la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz al tráfico comercial. El documento fue firmado electrónicamente por el presidente Trump y el vicepresidente JD Vance por el lado estadounidense; por Irán, lo rubricó el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, dado que el presidente iraní tiene poderes ejecutivos limitados en el marco constitucional de la República Islámica. El texto de 14 puntos, publicado íntegramente por CNN en español el 17 de junio, incluye: la reapertura del estrecho de Ormuz al tráfico comercial internacional; la flexibilización de ciertas restricciones financieras a Irán; la liberación potencial de hasta $25 mil millones en activos congelados bajo condiciones de cumplimiento; y el compromiso de Irán de no adquirir un arma nuclear. Los mecanismos de verificación nuclear —incluyendo qué pasa con el uranio enriquecido ya existente— quedan para las negociaciones técnicas de los 60 días. Para Costa Rica, cuya economía depende del precio del petróleo para sus costos productivos y de transporte, la reapertura del estrecho de Ormuz tiene implicaciones directas. RECOPE importa entre el 15% y el 20% de su crudo refinado a través de cadenas de suministro que incluyen producción del Golfo Pérsico. La baja de $8 a $12 dólares por barril que ya se observa en el mercado de futuros podría traducirse en una reducción de precios en las bombas en las próximas semanas.
El texto íntegro del memorando es más específico en lo inmediato y más vago en lo estratégico: abre el mar, pero deja los temas más difíciles para el futuro.
El análisis del texto de 14 puntos publicado por el Departamento de Estado el 17 de junio revela una estructura clásica de acuerdos de alto al fuego: máxima claridad en los compromisos de corto plazo, máxima ambigüedad en los de largo plazo. Los puntos 1 a 4 definen el ceasefire y la reapertura de Hormuz con lenguaje operacional preciso —horarios de verificación, mecanismo de reporte, autoridades de contacto. Los puntos 5 al 14 son declaraciones de principio que requieren negociación técnica posterior. El punto más delicado es el nuclear. Irán se compromete a «no adquirir un arma nuclear» y a «cooperar con el OIEA», pero el mecanismo de eliminación de las reservas existentes de uranio enriquecido al 60% —un nivel que no tiene aplicación civil y está a una sola centrifugadora de potencial uso militar— queda definido como un «mecanismo acordado mutuamente» a negociar. Para analistas como el Arms Control Association, ese vacío es el problema central del acuerdo: la verificación es la diferencia entre un acuerdo real y un acuerdo de papel. Israel no firmó el memorando y no fue consultado en su redacción, según fuentes gubernamentales israelíes citadas por Al Jazeera. El gobierno de Netanyahu ha mantenido silencio oficial, lo que en el lenguaje diplomático israelí es frecuentemente más significativo que una declaración.
El acuerdo de 14 puntos entre EEUU e Irán tiene una omisión estructural que varios analistas señalan como la principal debilidad del texto: Israel y el grupo libanés Hezbollah no son signatarios, y el memorando no establece ningún mecanismo concreto para extender el ceasefire a ese frente. Irán financia y arma a Hezbollah como proxy regional, pero el acuerdo con EEUU no impone una condición explícita sobre la financiación de grupos armados regionales. Israel ha mantenido operaciones militares en el sur del Líbano de forma intermitente durante el conflicto con Irán. El gobierno de Netanyahu no ha emitido una declaración pública sobre el memorando al cierre de esta edición, pero fuentes diplomáticas israelíes citadas por Al Jazeera señalaron que Israel «no está obligado por un acuerdo en el que no participó». Si Israel continúa sus operaciones en el Líbano y Hezbollah responde, el ceasefire entre EEUU e Irán podría colapsar antes de que los 60 días de negociación concluyan. Para los costarricenses, la situación en el Líbano tiene un ángulo humano: la comunidad libanesa en Costa Rica es una de las más grandes de Centroamérica, con varias familias que tienen parientes en el sur del Líbano. La información proviene de reportes de Al Jazeera y de la House of Commons Library de Reino Unido; el impacto directo sobre las familias libanesas en Costa Rica no ha sido cuantificado al cierre de esta edición.
La guerra en Ucrania lleva tres años y cuatro meses sin un acuerdo de paz a la vista. La semana del 21 de junio no trajo avances en las negociaciones: el foco diplomático mundial estuvo en el acuerdo EEUU-Irán, y la presión de Occidente sobre Rusia para una mesa de negociaciones se mantuvo sin cambios sustanciales. Ucrania continúa operaciones defensivas en el frente este, con el apoyo de armamento europeo que se ha sostenido, aunque a ritmos más irregulares que en 2024 y 2025. El presidente Zelensky visitó Bruselas en los últimos días para solicitar una nueva tranche de apoyo financiero de la Unión Europea, antes de la reunión del Consejo Europeo que tiene lugar la semana del 23 de junio. Los países bálticos y Polonia siguen siendo los más firmes en su respaldo a Ucrania; Hungría y Eslovaquia mantienen sus posiciones más cercanas a Rusia. La cohesión europea en torno a Ucrania resiste, pero con mayor desgaste que en los primeros dos años del conflicto. Para Costa Rica, la guerra en Ucrania tiene impacto económico indirecto pero medible: la disrupción en las cadenas de suministro de cereales —trigo, maíz— y de fertilizantes que provienen de la región del Mar Negro eleva los costos de la industria alimentaria local. El Ministerio de Economía reportó en 2025 un aumento del 6% en el costo de la harina de trigo para panaderías y restaurantes, atribuible en parte a la guerra.
El acuerdo de 14 puntos con Irán es la ilustración más completa hasta la fecha de lo que la doctrina Trump en política exterior significa en la práctica: resultados transaccionales medibles (petróleo más barato, estrecho abierto) a cambio de concesiones en los puntos que generan menos fricción política doméstica (verificación nuclear, posición de Israel). Trump anunció en su cuenta de Truth Social que el acuerdo es «el mayor logro diplomático desde el fin de la Guerra Fría», una afirmación que los analistas del Arms Control Association califican como prematura dado que el memorando es una hoja de ruta para negociaciones, no un acuerdo definitivo. La brecha entre la retórica de la Casa Blanca y el texto real del memorando es la que más preocupa a los aliados europeos de EEUU, que temen que la presión para un resultado político rápido lleve a compromisos nucleares que luego sean difíciles de verificar. El contraargumento que los defensores del acuerdo ofrecen es pragmático: cualquier framework que reduzca la tensión activa en el Golfo Pérsico, abra el tráfico de Hormuz y siente a las partes en una mesa de negociaciones es mejor que la alternativa de continuar los bombardeos. Ese argumento es difícil de refutar en abstracto; la dificultad está en que los detalles del acuerdo nuclear importan más que el acuerdo mismo.
El derrocamiento de Nicolás Maduro a principios de 2026 —con participación directa o indirecta de la administración Trump— reconfiguró el mapa político de América del Sur. A mediados de 2026, Venezuela atraviesa un período de transición complejo: la oposición que llegó al gobierno enfrenta las consecuencias de una economía destruida, una emigración masiva —más de siete millones de venezolanos fuera del país— y una infraestructura de servicios básicos en colapso. La información sobre el proceso de transición venezolana proviene de reportes del Crisis Group e Internacional Crisis Group; la situación sigue siendo volátil y los datos sobre elecciones y transferencia de poder son preliminares.
La semana del 21 de junio de 2026 ilustra el estado del orden internacional con dos escenas simultáneas: en el Golfo Pérsico, Trump y el gobierno iraní firman un memorando que nadie hubiera creído posible hace dieciocho meses; en el este de Ucrania, los ataques con drones continúan como si el mundo no estuviera prestando atención. Ambas escenas son verdaderas al mismo tiempo y son más fáciles de entender en términos de intereses nacionales que de principios multilaterales. El orden internacional basado en reglas que las instituciones de Bretton Woods y la ONU construyeron después de 1945 no murió de un golpe. Está muriendo de acumulación: cada vez que un actor grande ignora una norma y sale impune, el sistema pierde un poco más de su capacidad de disuasión. Trump con Irán actúa fuera del marco del JCPOA y de las negociaciones multilaterales que implicarían a Rusia, China y la UE. Netanyahu actúa en el Líbano fuera del marco del ceasefire que firma el aliado estadounidense. Putin actúa en Ucrania fuera del marco de la soberanía territorial consagrado en la Carta de la ONU. Para Costa Rica, un país que históricamente ha apostado por el derecho internacional y el multilateralismo como escudo de su vulnerabilidad —somos un país pequeño sin ejército— el paisaje de 2026 es incómodo. Las instituciones que nos protegen importan menos cuando las grandes potencias deciden que no les conviene respetarlas.