El viernes 8 de mayo marca el inicio de la administración Fernández con el primer Consejo de Gobierno en el Estadio Nacional; mientras, la ARESEP tramita un alza de combustibles de hasta ₡134 por la guerra en Irán.
El traspaso de poderes de Laura Fernández, previsto para el viernes 8 de mayo a partir de las 11:00 en el Estadio Nacional de San José, tendrá presencia de delegaciones de 71 países y 18 organizaciones internacionales, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es la mayor representación diplomática en un acto de inauguración presidencial costarricense en al menos veinte años. El gobierno declaró el 8 de mayo como feriado para el sector público, y habilitó buses, transporte gratuito y el Tren Metropolitano para llevar a la ciudadanía al estadio, que tiene capacidad para unas 27.000 personas. Fernández asumirá como segunda mujer presidenta de Costa Rica, tras Laura Chinchilla (2010-2014), y lo hará con una configuración legislativa inusual: su partido, Pueblo Soberano, obtuvo 31 diputados de 57 en la Asamblea Legislativa —el mayor control de mayoría relativa de un partido gobernante en más de cuarenta años, según el Semanario Universidad. Inmediatamente después de recibir la banda presidencial, celebrará la primera sesión del Consejo de Gobierno en el estadio mismo, donde tomará protesta a su gabinete y firmará los primeros decretos de su administración. El ángulo que genera mayor polémica es la lista de invitados: Infobae reportó el 2 de mayo que exiliados nicaragüenses cuestionaron la invitación al régimen de Daniel Ortega al acto. La Cancillería no ha respondido públicamente al cuestionamiento, pero fuentes diplomáticas citadas por El Mundo CR señalaron que la invitación es protocolaria y se extiende a todos los gobiernos con los que Costa Rica mantiene relaciones formales.
RECOPE presentó la solicitud de aumento ante la ARESEP con base en la volatilidad del mercado petrolero atribuida al conflicto en Medio Oriente y el Estrecho de Ormuz; la resolución puede aplicarse en mayo.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) tramita actualmente una solicitud de aumento en los precios de los combustibles presentada por RECOPE, que contempla alzas de hasta ₡85 por litro de gasolina súper, ₡66 por litro de gasolina regular y ₡134 por litro de diesel. Los nuevos precios llevarían la gasolina súper a ₡717 (aproximadamente USD 1.53 al tipo de cambio actual) y el diesel a ₡699 (USD 1.49). El aumento está directamente vinculado a la guerra entre EE.UU. e Irán y la volatilidad del mercado petrolero internacional que empujó el Brent a casi USD 120 por barril en su pico. El Banco Central de Costa Rica (BCCR) señaló en la Nación que los primeros efectos del choque inflacionario llegarán a la economía costarricense en mayo, con impacto especial en combustibles y fertilizantes. El presidente del BCCR indicó que aunque la magnitud y duración del choque externo son inciertas, el ajuste de precios de la estructura regulada costarricense hace que los efectos se sientan con cierto rezago respecto del mercado internacional —rezago que ahora se está materializando. El aumento del diesel es el más sensible para la economía real: el transporte público, el sector agropecuario y la cadena logística de alimentos y medicamentos usan diesel como energético principal. Una suba de ₡134 por litro representa un incremento del orden del 24% respecto del precio anterior —un ajuste que los transportistas colectivos ya anticiparon como argumento para solicitar un aumento en las tarifas del autobús.
El Banco Central de Costa Rica recortó a inicios de mayo su proyección de crecimiento del PIB para 2026 de 3,8% a 3,5%, según el comunicado publicado en Infobae el 1 de mayo. El ajuste responde principalmente al deterioro de las condiciones externas derivado del conflicto armado en Medio Oriente, que generó volatilidad en los mercados financieros y encarecimiento de insumos clave para la economía costarricense. El FMI, por su parte, ya había proyectado en enero un rango de crecimiento de entre 3,3% y 3,9% para Costa Rica en 2026 —el recorte del BCCR sitúa al país en la parte media de ese rango. El BCCR también proyecta un aumento de la inflación en los próximos meses, específicamente a partir de mayo, cuando el rezago de transmisión de precios internacionales al mercado doméstico hará que los costarricenses sientan el choque en combustibles, fertilizantes y bienes importados. La inflación de Costa Rica cerró el primer mes de 2026 en -2,53% anual —deflación leve—, un punto de partida favorable que da algo de margen antes del choque, aunque los analistas del BCCR advierten que el ajuste podría ser rápido. El Ministerio de Hacienda logró captar el 73% de su meta de financiamiento interno para 2026 en la primera ronda del año, con una colocación de ₡652.665 millones. Ese colchón de liquidez reduce la vulnerabilidad del gobierno ante potenciales presiones sobre el mercado de deuda, pero no aisla al país del efecto sobre los precios al consumidor final.
La decisión de incluir a Nicaragua entre los 71 países invitados al traspaso de poderes del 8 de mayo generó un cuestionamiento directo de organizaciones de exiliados nicaragüenses radicados en Costa Rica.
Organizaciones de exiliados nicaragüenses que residen en Costa Rica cuestionaron públicamente esta semana la decisión del gobierno de la presidenta electa Laura Fernández de invitar al régimen de Daniel Ortega a la ceremonia de traspaso de poderes del 8 de mayo, según reportó Infobae el 2 de mayo. Los grupos exiliados argumentan que la invitación otorga legitimidad diplomática a un régimen que, según la ONU y la CIDH, ha perpetrado crímenes contra sus propios ciudadanos —incluidos los casos que la CIDH analiza esta semana en sus sesiones en Panamá. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica no ha respondido al cuestionamiento de forma directa al cierre de esta edición. Fuentes diplomáticas citadas por El Mundo CR señalaron que la invitación sigue el protocolo estándar de Costa Rica de extenderla a todos los países con los que mantiene relaciones diplomáticas formales, independientemente de las tensiones políticas bilaterales. Costa Rica no ha roto relaciones con Nicaragua, aunque su historial de acoger a cientos de miles de migrantes y exiliados nicaragüenses ha creado fricciones previas. El ángulo contrario es el que plantean analistas de política exterior en la UCR: el pragmatismo diplomático de mantener el canal abierto con el gobierno de Ortega tiene valor instrumental para la gestión migratoria y comercial, aunque el costo simbólico de la invitación sea real. La presencia o ausencia de la delegación de Ortega el viernes será la próxima actualización de este hilo.
El período legislativo 2026-2030 de la Asamblea Legislativa de Costa Rica inició el pasado 1 de mayo con una composición histórica: Pueblo Soberano (PS) de Laura Fernández tiene 31 diputados, seguido por el Partido Liberación Nacional con 17, el Frente Amplio con 7, la Coalición Democrática con 1 y el Partido Social Cristiano con 1. La mayoría simple de PS —31 de 57— le permite aprobar legislación ordinaria sin depender de ninguna otra fracción, algo que no ocurría desde antes de los años noventa, cuando el bipartidismo PLN-PUSC dominaba la política costarricense. Fernández tiene el poder legislativo más sólido de cualquier presidenta o presidente en décadas, pero también la responsabilidad de definir en las primeras semanas qué proyectos convoca a debate urgente. La Constitución le permite a la presidenta convocar sesiones extraordinarias con agenda específica durante el período de sesiones, una herramienta que su administración puede usar para priorizar su agenda sin depender del calendario ordinario de la Asamblea. Los analistas políticos de la Universidad de Costa Rica advierten que la mayoría legislativa amplia de PS lleva consigo el riesgo opuesto: sin la presión de construir coaliciones, los gobiernos con mayorías holgadas tienden a priorizar proyectos ideológicamente más extremos que los que habrían negociado en un contexto de pluralidad. El seguimiento de qué primeras leyes impulsa Fernández en sus 90 primeros días definirá el tono de su administración.
— Con 31 de los 57 escaños de la Asamblea Legislativa, el partido de Fernández puede aprobar legislación ordinaria sin necesidad de alianzas, algo que ningún partido gobernante había logrado desde los años ochenta.
La semana más importante de la política costarricense en años culmina el viernes 8 de mayo con el traspaso de poderes en el Estadio Nacional. Pero el país entra a ese momento con dos preocupaciones económicas concretas: el alza de combustibles tramitada por la ARESEP y las primeras consecuencias del choque inflacionario que el BCCR sitúa precisamente en mayo. El hilo editorial de esta semana en Costa Rica es Laura Fernández —el personaje que define el ciclo noticioso y cuyo primer consejo de gobierno el viernes establecerá el rumbo de su administración.