Carlo Díaz alerta que el proyecto político de Rodrigo Chaves pone en riesgo la democracia, Hacienda confirma que buscará vender el Banco de Costa Rica sin los 38 votos que exige la Asamblea y Costa Rica pide a Estados Unidos revertir el arancel del 12,5% a sus exportaciones.
El jefe del Ministerio Público sostiene que el proyecto político del ministro de la Presidencia y de Hacienda busca controlar el Ejecutivo, el Legislativo y, en sus palabras, también el Poder Judicial.
El fiscal general Carlo Díaz advirtió el 8 de julio que el proyecto político liderado por el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, representa un riesgo para la democracia costarricense si logra controlar los tres Poderes de la República, según reportó Acontecer. "Si concentramos estos tres en Rodrigo Chaves, diay, ya aquí no hay democracia. La democracia se acaba. Autoritarismo, así de simple", declaró Díaz. "Es tomar el control del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y lo que les falta —porque así lo dijo también el señor Chaves: 'Vamos por el Poder Judicial'— y cuando usted oye eso, por supuesto que es la democracia la que está en juego", agregó el fiscal general. La declaración de Díaz proviene de una entrevista publicada por Acontecer, sin cobertura cruzada de otros medios sobre esa cita puntual al cierre de esta edición. La advertencia surge en una relación marcada por la confrontación entre el Ministerio Público y el actual gobierno: la Fiscalía acusó a Chaves de un presunto delito de concusión en el caso BCIE-Cariñitos, y en setiembre de 2025 la Asamblea Legislativa no reunió los 38 votos necesarios para levantarle la inmunidad al entonces presidente, según El Financiero. El choque se suma a la tensión que el Poder Judicial mantiene con el gobierno de la presidenta Laura Fernández desde junio, cuando la Corte Plena rechazó por unanimidad las acusaciones presidenciales de infiltración narco en la institución. Casa Presidencial y el propio Chaves no habían respondido públicamente a las declaraciones de Díaz al cierre de esta edición. El fiscal general tiene plazo hasta el 30 de setiembre para decidir si buscará la reelección en el cargo, un proceso que, según La Nación, transcurre mientras persiste la tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial.
El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, confirmó el 7 de julio que el Gobierno prepara un nuevo proyecto de ley para vender el Banco de Costa Rica (BCR) sin depender de los 38 votos que exige una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, según reportó Teletica. "Estamos trabajando en eso, sí señor, con un concepto legal muy innovador para ver si lo evitamos", declaró Chaves, en el tercer intento de su gobierno por privatizar el banco estatal, según El Financiero. El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa concluyó, pese a los cálculos del presidente, que la venta del BCR sí requiere el respaldo de 38 diputados, de acuerdo con un informe técnico citado por La Nación. La discrepancia entre ese criterio técnico y la fórmula que busca Hacienda deja al proyecto —con el que Chaves estima ahorrar ¢600.000 millones en intereses para 2030— sin ruta clara en un Congreso donde Pueblo Soberano controla apenas 31 de los 57 escaños. El jefe de la fracción oficialista, Nogui Acosta, defendió la iniciativa al argumentar que "vendría un nuevo jugador al mercado a generar competencia", según El Observador CR, aunque el Partido Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y el Frente Amplio ya anticiparon que no respaldarán la venta. El Poder Ejecutivo no ha presentado formalmente el proyecto ante el plenario ni ha detallado qué figura legal usaría para sortear la mayoría calificada, y el resultado final dependerá de si el Gobierno logra sumar votos de al menos una fracción opositora antes de que termine el actual período de sesiones extraordinarias, el 31 de julio.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) emitió la circular DM-CIR-0047-2026, firmada por el ministro Leonardo Sánchez y las viceministras María Alexandra Ulate y Sofía Ramírez, con lineamientos de neutralidad político-electoral para el personal docente y administrativo de los centros educativos públicos, según reportaron La Nación y Semanario Universidad. La directriz prohíbe usar lecciones, tareas, exámenes, actos cívicos, murales, afiches o plataformas digitales institucionales para favorecer o desacreditar partidos, candidaturas o figuras políticas. La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) calificó la medida de "una coacción a la libertad de expresión", según Semanario Universidad, y advirtió que el lenguaje de la circular es lo bastante ambiguo como para silenciar críticas de docentes sobre temas cotidianos de los centros educativos, como infraestructura o seguridad. El MEP respondió que la circular no busca restringir la libertad de pensamiento ni de expresión de los funcionarios fuera del ejercicio de sus funciones, y aclaró que sí pueden abordarse temas políticos, sociales y económicos cuando forman parte de los programas oficiales de estudio, según Monumental. Las Direcciones Regionales de Educación, las supervisiones y las direcciones de cada centro educativo quedaron encargadas de divulgar los lineamientos y remitir a las autoridades competentes los casos de presunto incumplimiento. El MEP no ha precisado qué sanciones enfrentarían los docentes que infrinjan la circular ni ha fijado un mecanismo de apelación para los casos que se abran.
— La circular DM-CIR-0047-2026 restringe el uso de lecciones, exámenes y actos cívicos para proselitismo, mientras el sindicato APSE la califica de coacción a la libertad de expresión.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ordenó recuperar ¢29.561.062,08 pagados de forma irregular en anualidades a una exfuncionaria identificada como Gómez Vargas, quien se pensionó hace dos años sin que la institución evaluara su desempeño como exige la ley, según reportó AmeliaRueda.com. La resolución DVA-DGIRH-RL-RESOL-2026-180, del Órgano Director del Procedimiento Administrativo, se publicó el lunes 6 de julio en el diario oficial La Gaceta. El entonces ministro Efraín Zeledón firmó en junio de 2025 la orden para avanzar con el cobro, en un caso que expone fallas de control interno en el reconocimiento de anualidades del sector público, un rubro que, según estimaciones de Hacienda citadas por AmeliaRueda.com, le cuesta al Estado costarricense más de ¢25.000 millones anuales solo en descongelamientos salariales. El MOPT no detalló cuántos otros funcionarios podrían estar en una situación similar ni si existen procesos de cobro adicionales en marcha. La información sobre este caso proviene únicamente de AmeliaRueda.com, sin confirmación cruzada de otros medios al cierre de esta edición. El MOPT no ha indicado un plazo para que la exfuncionaria devuelva el monto ni si el caso derivará en una denuncia penal.
La ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, remitió a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) los comentarios oficiales de Costa Rica en los que pide revertir la propuesta de arancel adicional del 12,5% y volver a las condiciones negociadas bajo el CAFTA-DR, según reportaron El Financiero y La Nación. "Costa Rica no busca sustituir la producción de Estados Unidos, sino fortalecerla mediante cadenas de suministro regionales más seguras, diversificadas y competitivas", afirmó Trejos, citada por Infobae. Los comentarios se enviaron el 6 de julio, último día del plazo fijado por la administración de Donald Trump, un día antes de que el USTR abriera audiencias públicas en Washington, el 7 de julio, sobre la investigación que incluye a Costa Rica entre 54 de las 60 economías señaladas por no prohibir de forma efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso. Costa Rica argumentó que el CAFTA-DR ya cuenta con mecanismos institucionales de cooperación laboral y reiteró su disposición a trabajar con Washington para erradicar el trabajo forzoso del comercio internacional, según detalló El Financiero. El USTR no ha anunciado fecha para su dictamen final; según Infobae, las conclusiones se conocerían en las próximas semanas. El arancel del 12,5% sustituiría, y no se sumaría, al 10% general que Estados Unidos aplica a Costa Rica desde febrero bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio, vigente hasta el 24 de julio.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica expresó "profunda preocupación" por los llamados a obstaculizar la transición presidencial en Colombia, programada para el 7 de agosto, según un comunicado citado por Teletica y El Mundo CR. La Cancillería rechazó "acusaciones infundadas contra terceros países" utilizadas, según el texto, "para socavar la voluntad expresada por la mayoría del pueblo colombiano en las urnas" y ratificó su "fiel compromiso con la democracia y el Estado de derecho". El pronunciamiento costarricense surge en plena crisis institucional en Bogotá: el presidente saliente, Gustavo Petro, no ha reconocido la victoria del presidente electo, Abelardo de la Espriella, en los comicios del 21 de junio, mientras De la Espriella suspendió el proceso de empalme con el gobierno saliente y acusó a Petro de intentar un "golpe de Estado", según Infobae. Costa Rica se sumó así a otros gobiernos de la región que han pedido respetar los resultados electorales colombianos, de acuerdo con Monumental. El comunicado no representa impacto económico directo para Costa Rica —el intercambio comercial bilateral con Colombia es marginal frente a los socios prioritarios del país—, pero confirma la línea de política exterior que la presidenta Laura Fernández ha mantenido desde mayo: respaldo activo a los procesos electorales y de transición democrática en la región. Ni el gobierno saliente de Petro ni el equipo entrante de De la Espriella se habían pronunciado sobre la posición costarricense al cierre de esta edición.
Costa Rica rechaza acusaciones infundadas contra terceros países utilizadas para socavar la voluntad expresada por la mayoría del pueblo colombiano en las urnas.
El Ministerio de Seguridad Pública desplegó 3.000 oficiales de la Fuerza Pública, junto con más de 100 socorristas de la Cruz Roja, para reforzar la vigilancia durante el receso escolar de Medio Año, que se extiende del 6 al 17 de julio, según reportaron Infobae y Monumental. El operativo prioriza playas, carreteras y sitios turísticos donde se espera mayor afluencia de personas, con participación activa de la Policía de Tránsito y la Policía Profesional de Migración en zonas costeras y fronterizas. La estrategia coordina al Servicio Nacional de Guardacostas, el Servicio de Vigilancia Aérea y la Policía de Fronteras, que trabajarán de forma conjunta por tierra, mar y aire, de acuerdo con Monumental. El despliegue se suma a la directriz de vacaciones colectivas para el sector público del 6 al 10 de julio y a la suspensión de la restricción vehicular en San José durante todo el período, medidas con las que el Gobierno busca impulsar el turismo interno durante el receso escolar. El Ministerio de Seguridad Pública indicó que evaluará periódicamente los resultados del operativo para ajustar las acciones según las necesidades de cada región, pero no había publicado, al cierre de esta edición, cifras de incidentes atendidos ni de detenciones realizadas durante los primeros días del despliegue.