La segunda presidenta mujer de CR jura ante 27.000 personas en el Estadio Nacional; Rodrigo Chaves asume en horas sus dos ministerios; y EE.UU. amplía las revocaciones de visas a magistrados y al Nobel Óscar Arias.
La politóloga de 39 años tomó posesión el 8 de mayo en el Estadio Nacional de San José con una promesa de continuidad económica y mano dura contra el crimen organizado, convirtiéndose en la segunda mujer presidenta tras Laura Chinchilla (2010-2014).
Laura Fernández Delgado asumió la presidencia de Costa Rica a las 11:00 a.m. del 8 de mayo de 2026 en una ceremonia en el Estadio Nacional de San José, con capacidad para 27.000 personas del público general. Asistieron delegaciones de 71 países y representantes de 18 organismos internacionales, incluyendo al Rey Felipe VI de España, los presidentes Bernardo Arévalo (Guatemala), José Antonio Kast (Chile), José Raúl Mulino (Panamá), Nasry Asfura (Honduras) y Luis Abinader (República Dominicana), según Infobae y la Agencia EFE. EE.UU. envió al Vicesecretario de Estado Christopher Landau en lugar del secretario Marco Rubio. Fernández se convierte en la segunda mujer presidenta de Costa Rica después de Laura Chinchilla, y la primera elegida por el partido Progreso Social Democrático con mayoría legislativa propia. Su discurso, de aproximadamente 25 minutos, prometió continuidad al modelo económico que el BCCR proyecta con crecimiento de 3,5% para el bienio 2026-2027, y una agenda de seguridad más agresiva: cárcel de máxima seguridad, reforma judicial y posibilidad de medidas especiales en zonas de alta criminalidad. El asueto nacional decretado por Rodrigo Chaves permitió que costarricenses de todo el país siguieran la ceremonia. A las 2:30 p.m. arrancó el concierto 'Costa Rica Canta' en el mismo estadio, y a las 7:00 p.m. Chaves ofreció una cena de gala en el Teatro Nacional para las delegaciones internacionales.
Rodrigo Chaves Robles asumió el 8 de mayo como ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda del gobierno de Laura Fernández, además de coordinador del gabinete económico —un paquete de poder sin precedentes en Costa Rica, donde nunca antes un expresidente había tomado cargos ministeriales en la administración sucesora, según Infobae y CNN en Español. El gabinete presentado el 5 de mayo en el Teatro Melico Salazar mantiene a seis jerarcas del gobierno de Chaves en sus mismos puestos, incluyendo Educación, Obras Públicas y Ciencia y Tecnología. El primer vicepresidente Francisco Gamboa y el segundo Douglas Soto —designado embajador ante EE.UU.— completan la cúpula. El ángulo que registra la oposición es institucional: al asumir la cartera de Presidencia, Chaves conserva fuero constitucional, lo que limita la posibilidad de que la justicia ordinaria investigue hechos de su administración anterior. Diputados del PLN y el Frente Amplio señalaron en rueda de prensa del 7 de mayo que el nombramiento es un 'mecanismo de blindaje', no de continuidad técnica. La Telemundo calificó la situación como 'la sombra de Rodrigo Chaves siguiendo a la Casa Presidencial'. El gobierno entrante no respondió a esa lectura al cierre de esta edición. La Asamblea Legislativa, con el Directorio 100% en manos de Pueblo Soberano, no tiene mecanismo inmediato para bloquear los nombramientos ministeriales del Ejecutivo.
El 1 de mayo, los nuevos diputados eligieron el Directorio Legislativo 2026-2027 con Yara Jiménez Fallas (Pueblo Soberano) como presidenta del Congreso, con 31 votos frente a 26 de la oposición. Es la primera vez en 24 años que un solo partido controla los seis puestos del directorio sin ceder ninguno a otras bancadas, rompiendo la tradición histórica de negociación. Jiménez es la quinta mujer en presidir la Asamblea Legislativa costarricense, según El Observador y Delfino.cr. La concentración de poder legislativo en manos del oficialismo —sumada a Chaves en dos ministerios del ejecutivo— configura un escenario político que los analistas del Semanario Universidad describen como el mayor grado de concentración de poder en el Estado costarricense en al menos dos décadas. El Directorio 100% oficialista controla la agenda legislativa, los tiempos de debate y el acceso a comisiones especiales. La oposición respondió el 6 de mayo con un pacto entre 26 diputados de PLN, Frente Amplio, PUSC y Coalición Agenda Ciudadana, comprometidos a defender la independencia de poderes, rechazar reformas constitucionales que recorten derechos y oponerse a cualquier propuesta de estado de excepción o reelección presidencial, según Delfino.cr.
Además de los cinco directivos de La Nación —cuyas visas fueron canceladas el 2 de mayo sin explicación oficial—, el gobierno de Trump revocó en los mismos días los visados de turista a varios magistrados del Poder Judicial y al expresidente y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias, según una lista completa publicada por La Nación. El Departamento de Estado definió la cancelación de visas como una herramienta 'discrecional' para avanzar el 'interes político' de EE.UU., pero se negó a comentar los casos específicos, según Telemundo. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó el retiro de visas a directivos periodísticos como 'sin precedentes' y exigió transparencia. El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) documentó el caso como el único de América Latina donde los afectados son propietarios y ejecutivos de un medio de comunicación —no funcionarios ni políticos. La presidenta Fernández no se ha pronunciado sobre las revocaciones al cierre de esta edición; el nuevo Canciller tampoco ha emitido posición oficial.
El Departamento de Estado confirmó que el Vicesecretario Christopher Landau encabezó la delegación estadounidense en la investidura de Laura Fernández, donde también participó la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, según el sitio oficial del Departamento de Estado y El Observador. Durante su visita, Landau se reunió con Fernández para sentar las bases de la cooperación en seguridad, fortalecer los lazos comerciales y revisar el marco de la inversión bilateral. El envío de Noem —al frente de la agencia que administra la política migratoria y de fronteras de EE.UU.— se interpreta como una señal de que la agenda de seguridad y flujos migratorios será central en la relación bilateral bajo el nuevo gobierno. Costa Rica es un país de tránsito y destino para migrantes de América del Sur y el Caribe, lo que convierte la política de fronteras en un tema de negociación directa con Washington. La presencia de ambos funcionarios contrasta con la ausencia del secretario Marco Rubio y con las revocaciones de visas a figuras prominentes de la sociedad civil costarricense en la misma semana, lo que genera una señal contradictoria sobre la política de EE.UU. hacia Costa Rica al inicio del gobierno Fernández.
Costa Rica registró por segundo año consecutivo más de USD 5.121 millones en inversión extranjera directa (IED), pero el 84% corresponde a utilidades reinvertidas por empresas ya instaladas, no a capital nuevo, según Republica.com y El Financiero. El empleo en empresas multinacionales creció solo 3.259 puestos en 2025, el peor registro en años; las zonas francas cayeron un 10,5% en generación de empleo. La OCDE identificó como obstáculos estructurales la falta de talento calificado y los problemas para incorporar mujeres al mercado laboral. El BCCR ajustó además su proyección de crecimiento del PIB para 2026 de 3,8% a 3,5%, citando el impacto del conflicto en Medio Oriente y el bloqueo parcial del Estrecho de Ormuz sobre el precio del petróleo. Chaves entregó al gobierno entrante un país con datos positivos en reducción de deuda (del 67% al 58,3% del PIB) y desempleo (del 12% al 6,3%), pero la paradoja de una economía que crece sin generar suficiente empleo formal fuera de las zonas francas es el reto central que Fernández hereda.
Laura Fernández asumió con una agenda de seguridad más agresiva que cualquier de sus predecesores inmediatos en Costa Rica, que en 2025 registró su tercer año más violento con una tasa de 16,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Su plan 'Más Oportunidades y un Mismo Rumbo' contempla más de 520 acciones estratégicas en cinco ejes, con tres medidas de seguridad que generaron debate antes de la investidura, según La Prensa de Nicaragua y la revista EYN. La propuesta de mayor impacto es la construcción de una cárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo salvadoreño, orientada a líderes del crimen organizado. La segunda es una reforma judicial acelerada. La tercera —la más controversial— es la posibilidad de levantar garantías individuales en zonas de alta criminalidad. Organizaciones de derechos humanos como el ILANUD han pedido que cualquier medida excepcional esté sujeta a control parlamentario y supervisión del Poder Judicial, pero el gobierno no ha precisado los mecanismos de control al cierre de esta edición.
El 8 de mayo de 2026 marca el inicio de una nueva administración en Costa Rica con tres características que definirán la próxima semana política: Laura Fernández juramentada ante 71 países, Rodrigo Chaves con dos carteras ministeriales en un esquema de poder sin precedentes, y un Directorio Legislativo completamente en manos de Pueblo Soberano por primera vez en 24 años. Frente a ese bloque, 26 diputados de la oposición ya firmaron un pacto para defender la independencia de poderes. La pregunta que queda abierta: si la nueva presidenta puede construir su propia identidad política —o si el 'gobierno Fernández' será recordado como el 'gobierno Chaves II'.