El gobierno de Laura Fernández navega entre la presión comercial de Washington y las recomendaciones del FMI sobre gasto, impuestos y la CCSS, mientras el Tren Rápido consigue financiamiento definitivo.
El Representante de Comercio de EE.UU. abrió un período de comentarios hasta el 6 de julio y una audiencia para el 7 de julio, con Costa Rica entre las 60 economías afectadas.
La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) propuso el miércoles 4 de junio un arancel adicional de entre 10% y 12,5% a importaciones de Costa Rica, dentro de un paquete más amplio que afecta a 60 economías a las que Washington acusa de no haber prohibido o aplicado efectivamente las leyes contra bienes producidos con trabajo forzoso. La propuesta, publicada en el registro federal, abre un período de comentarios públicos hasta el 6 de julio y una audiencia programada para el 7 de julio. El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, compareció ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa el jueves 5 de junio y aseguró que el gobierno brindará «seguimiento cercano» y participará activamente en las instancias de consulta pública «con el propósito de continuar salvaguardando los intereses del sector productivo y exportador costarricense», según informó el propio Comex en comunicado oficial. La propuesta llega días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos emitiera un fallo que limitó el alcance de los aranceles de Trump impuestos en 2025, lo que impulsó al gobierno a buscar nuevas vías legales. Costa Rica exportó $14.500 millones a EE.UU. en 2025 — el 40% de todas sus exportaciones —, con dispositivos médicos, piñas y café entre los rubros más expuestos. El plazo de dos meses para la audiencia da margen al gobierno para articular una respuesta coordinada con el sector privado antes de que la medida, de prosperar, entre en vigor.
El informe de casi 100 páginas señala que Costa Rica mantiene más de 400 gastos tributarios — el doble del promedio regional — y que eso equivale al 4% del PIB en renuncia fiscal anual.
El Fondo Monetario Internacional publicó su más reciente evaluación económica de Costa Rica bajo el Artículo IV, proyectando un crecimiento del PIB del 3,6% para 2026, moderado desde el 4,6% registrado en 2025, debido al impacto de los choques externos globales, incluida la amenaza arancelaria de EE.UU. El documento, de casi 100 páginas, advierte sobre la trayectoria fiscal: las modificaciones recientes a la política tributaria erosionaron la base de recaudación, y el país mantiene más de 400 gastos tributarios —el doble del promedio de América Latina y la OCDE— equivalentes al 4% del PIB en renuncia fiscal. El FMI insiste en la necesidad de reformas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuya proyección actuarial de mediano plazo genera preocupación. Sin embargo, el banco central costarricense informó que la inflación acumuló once meses consecutivos en territorio deflacionario, con -2,1% interanual en marzo, lo que complica el argumento de urgencia fiscal. Analistas del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud señalaron que la deflación persistente puede reflejar tanto la caída del consumo privado como el ajuste de los precios de energía. El informe del FMI también reconoce el «posicionamiento mixto pero favorable» de la economía costarricense — un matiz que el gobierno Fernández usará como escudo ante las propuestas de reforma más agresivas del mismo organismo.
La Asamblea Legislativa ratificó el financiamiento definitivo para el Tren Rápido de Pasajeros (TRP) del Área Metropolitana con 56 votos a favor y ninguno en contra, aprobando dos contratos de crédito firmados en septiembre de 2025: $550 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y $250 millones del Banco Europeo de Inversiones (BEI), con aportes adicionales del Fondo Verde por $178 millones. El proyecto contempla dos líneas eléctricas de 52 kilómetros de vía doble entre Paraíso y Alajuela, con frecuencia de 10 minutos en horas pico y una demanda proyectada de 100.000 pasajeros diarios. El proyecto enfrenta ahora la fase más difícil: la construcción misma, que implica adquisición de terrenos en zonas de alta densidad, coordinación entre el INCOFER y el Ministerio de Obras Públicas, y la licitación internacional de los trenes eléctricos. El Gobierno optó por descartar el tren eléctrico original para proponer la Línea 1 como conexión San José-Paraíso, con un modelo más pequeño que reduce costos pero también la cobertura inicial.
Al menos tres partidos de oposición —el Frente Amplio, el Partido Liberación Nacional y Agenda Ciudadana— rechazaron esta semana la posibilidad de aumentar impuestos en respuesta a las recomendaciones del FMI, que en su informe del Artículo IV sugirió ampliar la base del IVA y gravar la canasta básica como medidas de consolidación fiscal. El gobierno de la presidenta Laura Fernández anunció que apostará en su lugar por una reforma al Estado: recorte de duplicidades institucionales, reducción de planillas y venta de activos no estratégicos. La posición del oficialismo tiene un argumento político sólido: con la coalición Pueblo Soberano controlando el directorio legislativo desde mayo, impulsar nuevos impuestos requeriría acuerdos amplios que hoy no existen en la Asamblea. El Ministerio de Hacienda no publicó aún una hoja de ruta concreta para la reforma del Estado, lo que deja la propuesta del gobierno en el terreno de la intención declarada sin calendario. El FMI, que proyecta que la deuda pública costarricense se estabilizará en torno al 50% del PIB en 2027, acepta que el ajuste puede lograrse por la vía del gasto, siempre que el ritmo sea suficiente.
— El gobierno Fernández optó por la ruta de la reforma del Estado en lugar de nuevas cargas tributarias, en la primera prueba real de la nueva composición legislativa elegida en febrero.
El tipo de cambio del colón frente al dólar cerró el 5 de junio en ¢463,58 para la venta y ¢458,41 para la compra, según los datos publicados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). La cifra refleja una relativa estabilidad del colón en el contexto de turbulencia financiera internacional, donde el Nasdaq perdió 4,2% el viernes y el dólar se fortaleció globalmente ante el dato de empleo de EE.UU. Costa Rica acumula once meses consecutivos de deflación, con una variación interanual de -2,1% en marzo 2026, la más prolongada en más de una década. El BCCR mantiene la Tasa de Política Monetaria (TPM) en niveles históricamente bajos para estimular el crédito, pero los datos de empleo y consumo sugieren que el crédito no está llegando a los sectores más afectados. El Fondo Monetario Internacional reconoció en su informe del Artículo IV que la deflación costarricense es en parte reflejo de la caída en precios de energía y alimentos importados —no necesariamente una señal de estancamiento estructural— aunque advirtió sobre el riesgo de efectos de segunda ronda si persiste.
La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que restringe la capacidad del Ejecutivo para imponer aranceles unilaterales bajo el marco de la Sección 232, lo que en teoría devuelve ventaja competitiva a Costa Rica frente a competidores de terceros países que sí pagaban los aranceles anteriores. El Ministerio de Comercio Exterior analiza el impacto específico sobre los sectores exportadores costarricenses más sensibles: dispositivos médicos, piña y café de especialidad.
La economía costarricense cerró la semana del 1 al 6 de junio bajo presión simultánea: una propuesta arancelaria de EE.UU. del 12,5% por el lado externo, y las recomendaciones de reforma fiscal del FMI por el lado interno. El gobierno Fernández respondió a ambas sin concesiones inmediatas, apostando por negociación comercial y reforma del Estado sobre nuevos impuestos. El Tren Rápido obtuvo su financiamiento definitivo —la nota positiva de la semana— mientras el BCCR vigila una deflación de once meses y el tipo de cambio se mantiene estable pese a la tormenta global.