Laura Fernández recibe al mundo el 8 de mayo; la ruptura del FEES lleva cinco días de toma en la Rectoría de la UCR y la Asamblea fracasó en sancionar a Fabricio Alvarado.
Laura Fernández asume como la 50ª presidenta de Costa Rica en el Estadio Nacional; el Rey Felipe VI de España y los presidentes de Ecuador y Panamá encabezan la lista de delegaciones confirmadas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el 27 de abril que delegaciones de 71 países y 18 organizaciones internacionales asistirán a la juramentación de Laura Fernández Delgado como la 50ª presidenta de Costa Rica el 8 de mayo en el Estadio Nacional. Entre los mandatarios confirmados figuran el Rey Felipe VI de España, el presidente de Ecuador Daniel Noboa y el de Panamá José Raúl Mulino. El acto se adelantó al mediodía para prevenir lluvias; el primer Consejo de Gobierno será abierto al público inmediatamente después. El nivel de representación internacional es el más alto registrado para una inauguración presidencial costarricense desde la de Óscar Arias en 2006. La presencia del Rey Felipe VI tiene peso simbólico particular: marca la primera visita de un monarca español a Costa Rica desde 1991 y coincide con el 120 aniversario de relaciones diplomáticas formales entre ambos países. Los organizadores reportaron que los preparativos logísticos del Estadio Nacional —incluyendo protocolo de seguridad conjunto con los servicios secretos de las delegaciones visitantes— están en su etapa final. El primer acto de gobierno público a cargo de Fernández estará marcado por su promesa de transparencia: la apertura del Consejo de Gobierno al público es una señal de ese compromiso.
El partido de Laura Fernández obtuvo 31 de 57 diputaciones en las elecciones del 1 de febrero; PLN con 17 y Frente Amplio con 7 completan el cuadro. Nueva República, PPSD y Liberal Progresista quedan fuera.
A partir del 1 de mayo, la Asamblea Legislativa de Costa Rica operará con una configuración inédita desde 1990: Pueblo Soberano del partido de Laura Fernández tiene 31 diputaciones de las 57 disponibles, la primera mayoría absoluta que un partido logra en el Congreso costarricense en 36 años. El PLN obtuvo 17 escaños, el Frente Amplio 7 y dos partidos menores 1 cada uno. Fabricio Alvarado y su partido Nueva República, el PPSD del presidente saliente Rodrigo Chaves y el Liberal Progresista de Otto Feinzaig quedan fuera del parlamento. La mayoría absoluta le da a Fernández la capacidad de aprobar legislación ordinaria sin necesidad de negociar con otras bancadas. Sin embargo, las reformas constitucionales y los cambios a leyes que exigen mayoría calificada (38 votos) o supermayoría seguirán requiriendo negociación. El período de transición entre el gobierno saliente de Chaves —marcado por tensiones institucionales— y el nuevo gobierno presenta una agenda legislativa acumulada que incluye el FEES 2027, la reforma al IVM y la respuesta al embargo panameño.
La ocupación del edificio de Rectoría, que comenzó el 22 de abril en rechazo a la postura del rector sobre el FEES 2027, sigue sin solución; funcionarios piden intervención de la Fuerza Pública.
Estudiantes de la Universidad de Costa Rica mantienen la toma del edificio de Rectoría al 27 de abril, cinco días después del inicio de la ocupación el 22 de abril. La protesta nació del rechazo a la postura del rector Carlos Araya Leandro en las negociaciones del FEES 2027 y a su convocatoria de una marcha a su favor, según La Nación. Al cierre de esta edición, no hay acuerdo entre los ocupantes y las autoridades universitarias; funcionarios pidieron la intervención de la Fuerza Pública ante los cortes de agua y luz dentro del edificio. El contexto es el siguiente: el gobierno de Rodrigo Chaves rompió las negociaciones del FEES el 21 de abril proponiendo un aumento cero, frente a los 32.000 millones de colones pedidos por el CONARE. La decisión dejó el asunto en manos de la nueva Asamblea Legislativa. El ángulo contrario: el rector Araya Leandro, en una declaración del 24 de abril, argumentó que la toma viola la autonomía universitaria que protege las instalaciones de intervención externa y que las demandas estudiantiles mezclan asuntos de política nacional con conflictos internos de gobernanza que corresponden a los órganos colegiados de la UCR.
La Asamblea Legislativa no pudo votar el lunes 27 la sanción por hostigamiento sexual contra el diputado Fabricio Alvarado (Nueva República), denunciado por la exdiputada Marulin Azofeifa. Solo 34 legisladores asistieron a la sesión; se necesitaban 38. Diputados del bloque del gobierno (coalición de Pilar Cisneros), toda la bancada de Nueva República y algunos del PUSC estuvieron ausentes. La jefa del bloque oficialista, Pilar Cisneros, justificó la ausencia de ocho de sus diputados diciéndoles que "se fueron a almorzar a Limoncello y les sirvieron tarde", según El Observador CR. La sesión fue reprogramada para el martes 28. Si tampoco alcanza quórum, la Asamblea del período Chaves terminaría sin sancionar al diputado, cerrando el expediente sin consecuencias formales. La nueva Asamblea de Pueblo Soberano asume el 1 de mayo pero no puede retomar un proceso disciplinario iniciado bajo el período anterior. El episodio es el más reciente de una serie de polémicas que han marcado los últimos meses del gobierno saliente.
— La Asamblea no alcanzó quórum el lunes 27 para votar la sanción por hostigamiento sexual; ocho diputados del bloque de Cisneros faltaron; la sesión se reprogramó para el martes, con el mismo riesgo.
A pesar de un fallo favorable de la Organización Mundial del Comercio en diciembre de 2024, Panamá mantiene bloqueadas las exportaciones costarricenses de lácteos, carnes, frutas y hortalizas. El ministro de Comex de Costa Rica denunció que Panamá lleva seis meses sin responder a las gestiones diplomáticas, según El Financiero CR. Las pérdidas acumuladas se estiman en más de USD 100 millones; la Cámara de Productores de Leche calcula pérdidas anuales de USD 40 millones solo en ese sector. Panamá apeló el fallo de la OMC para ganar tiempo. El ángulo contrario: funcionarios panameños argumentan, en declaraciones a medios locales, que las restricciones responden a diferencias en estándares sanitarios que Costa Rica aún no ha resuelto a satisfacción de sus autoridades de salud agropecuaria —una interpretación que el SENASA costarricense rechaza.
El OIJ detuvo a siete hombres el 24-25 de abril y confiscó una tonelada y media de cocaína marcada con calcomanías del personaje Tarzán en Pavones de Golfito, Puntarenas, según La Nación. El director interino del OIJ, Michael Soto, declaró públicamente que Costa Rica se ha convertido en un "hub logístico del narcotráfico": punto de recepción, almacenaje y redistribución hacia EE.UU. y Europa. En paralelo se desarticuló otra organización por tráfico y legitimación de capitales. La advertencia del director del OIJ es inusualmente directa en reconocer la vulnerabilidad estructural del país. El gobierno entrante de Laura Fernández tiene el narcotráfico como uno de sus principales desafíos; en su plataforma incluyó el fortalecimiento del OIJ y de la guardia costera como prioridades de seguridad.
Desde el lunes 27 de abril comenzaron los trabajos nocturnos de demolición del peaje ubicado antes del Aeropuerto Juan Santamaría en la autopista General Cañas. Los cierres operan de 9 PM a 5 AM durante cinco días, con desvíos hacia Río Segundo. La obra es parte de los trabajos preliminares para la expansión de la ruta San José–San Ramón, financiada con USD 770 millones del BCIE y el Fondo OPEP, según La Nación y La República. La demolición del peaje es el cambio más visible para los miles de conductores que transitan diariamente la vía más congestionada del país. El proyecto de expansión es también el contrato de infraestructura vial más grande en la historia de Costa Rica; su financiamiento externo y plazos de ejecución serán uno de los primeros grandes expedientes que deberá gestionar el nuevo gobierno.
"La demolición del peaje de la General Cañas marca el inicio de la obra de infraestructura vial más grande en la historia de Costa Rica."
El OIJ proyectó en marzo que Costa Rica podría cerrar 2026 con menos de 800 homicidios, el nivel más bajo desde 2023, según Infobae. En los primeros meses del año el promedio cayó a entre 1,5 y 1,9 muertes diarias, frente a más de 2 en períodos anteriores. La estrategia policial de cuatro pilares y la triplicación del patrullaje en tierra, mar y aire explican la tendencia. El dato es positivo pero requiere contexto: 800 homicidios anuales en un país de 5 millones de habitantes equivalen a una tasa de 16 por cada 100.000 personas, todavía superior al promedio latinoamericano y muy por encima de los países de la OCDE a los que Costa Rica aspira. La seguridad ciudadana seguirá siendo el mayor desafío del gobierno de Laura Fernández, que prometió continuar y reforzar las estrategias policiales del período actual.
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> La Gerencia de Pensiones de la CCSS alista una propuesta formal de reforma al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para presentar a la Junta Directiva antes de que termine 2026. Los cambios propuestos apuntan a rebalancear las tasas de cotización entre trabajadores, patronos y Estado, y revisar las tasas de reemplazo, según El Observador CR.
> El contexto actuarial es urgente: el gasto en pensiones del IVM subió del 26% al 36% del gasto social en la última década, mientras la inversión en salud cayó del 28% al 26%. Si el sistema no se reforma, el fondo del IVM enfrenta problemas de sostenibilidad a partir de 2035, según proyecciones de la CCSS. La reforma llegará a la nueva Asamblea Legislativa que asume el 1 de mayo; la mayoría de Pueblo Soberano facilita la aprobación, pero el tema es políticamente sensible para trabajadores y pensionados.
El gobierno de Rodrigo Chaves enfrenta sus últimos once días en el poder con tres frentes abiertos: la ruptura del FEES 2027 que derivó en la toma estudiantil de la UCR, el fracaso del plenario legislativo en sancionar a Fabricio Alvarado por falta de quórum, y el bloqueo panameño a exportaciones costarricenses que acumula seis meses sin respuesta. El traspaso con Laura Fernández el 8 de mayo cierra un período marcado por la confrontación institucional. La nueva presidenta llega con una mayoría absoluta en la Asamblea pero con una agenda de asuntos pendientes densa: el FEES 2027 debe resolverse en los primeros meses del nuevo Congreso, la reforma del IVM requiere negociación con sectores laborales, y la relación con Panamá necesita una estrategia de presión diplomática que el gobierno saliente no activó.