El INEC publica datos de empleo que muestran la brecha de género; el gobierno Fernández navega simultáneamente amenazas a su seguridad y presiones comerciales de Washington.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó el 4 de junio los resultados de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del período febrero-abril 2026: la tasa de desempleo se ubicó en 6,9% —6,3% para hombres y 8,0% para mujeres— sin variación estadística significativa respecto al año anterior. Sin embargo, el detalle revela un problema estructural más agudo: el número de personas ocupadas bajó de 2,2 millones a 2,1 millones, con una reducción de 51.000 mujeres ocupadas (de 883.000 a 832.000). La tasa de ocupación cayó 2,2 puntos porcentuales para situarse en 50,3%, lo que significa que solo la mitad de la población en edad de trabajar tiene empleo. El empleo informal abarca 795.000 personas. El FMI, en su informe del Artículo IV publicado el 29 de mayo, reconoció que el crecimiento de Costa Rica para 2026 se moderará de 4,6% a 3,6%, en parte porque el mercado laboral no está absorbiendo plenamente la demanda interna. Economistas del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE-UCR) señalaron que la caída en la participación femenina responde a dos factores: la desaparición de empleos en sectores feminizados (sector informal de comercio y servicios) y barreras de cuido que no cedieron tras la pandemia. El gobierno no anunció nuevas medidas de empleo en la semana del 6 de junio.
La presidenta Laura Fernández denunció públicamente el 3 de junio que ha sido objeto de atentados directos vinculados a su ofensiva contra el crimen organizado. En un tono inusualmente personal para un jefe de Estado costarricense, afirmó: «No les tengo miedo» y anunció que continuará en funciones. Su gobierno creó el 25 de mayo la «Fuerza Élite», un esquema de articulación policial que reúne a la Policía Judicial, la Dirección de Inteligencia y el Organismo de Investigación Judicial bajo un mando unificado para operaciones de alto impacto. La presidenta reconoció ante los medios que Costa Rica tiene 260 estructuras criminales identificadas, 61 de ellas en confrontación activa con 4.300 miembros, y que el Gobierno, el Poder Judicial y la Asamblea «han fallado» en desarticular el crimen organizado. Los delitos contra la vida bajaron 13,3% en 2026 frente al mismo período de 2025, según datos del Ministerio de Seguridad — pero la presidenta admitió que eso «no es suficiente». Fernández anunció que en junio presentará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que sancione explícitamente la pertenencia a estructura criminal, en línea con modelos de El Salvador y Honduras pero con salvaguardas constitucionales. También propuso grabar en video y audio todas las visitas a reclusos de alta peligrosidad, una medida resistida por organizaciones de derechos humanos que advierten sobre riesgos para el derecho de defensa.
— La presidenta reconoció que Costa Rica tiene 260 estructuras criminales activas y que su gobierno ha fallado en desarticularnos — pero dice que no les tiene miedo.
COMEX confirma participación en la consulta pública; el sector exportador tiene menos de un mes para presentar argumentos ante el USTR.
El período de comentarios públicos ante la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) sobre la propuesta de arancel adicional del 12,5% a exportaciones costarricenses cierra el 6 de julio, con audiencias programadas desde el 7 de julio en Washington. El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) confirmó que participará en el proceso para defender al sector exportador, que envió $14.500 millones a EE.UU. en 2025 —40% del total exportado. La propuesta, publicada en el Registro Federal de EE.UU. el 4 de junio, eleva el arancel total sobre importaciones costarricenses a 22,5% (había un 10% desde febrero). El USTR justifica la medida citando la ausencia de normas que prohíban importar bienes fabricados con trabajo forzoso. Café, piña, banano y jugo de naranja estarían exentos según el texto preliminar, pero los dispositivos médicos —el mayor rubro exportador— sí están incluidos. Desde el sector privado, la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) advirtió que el margen de dos meses es insuficiente para construir un caso técnico sólido y pidió al gobierno contratar representación legal especializada en Washington. Un fallo reciente de la Corte Suprema de EE.UU. que limitó el alcance de los aranceles bajo la Sección 232 no aplica a este proceso, que se tramita bajo la Sección 307 de la Ley de Comercio de 1930 —una herramienta distinta y menos litigada.
Del 9 al 12 de junio se celebra en Brisbane, Australia, la segunda reunión del Grupo de Trabajo de Acceso al CPTPP (AWG), donde Costa Rica evaluará su capacidad de cumplir los compromisos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. En esa sesión se discuten ofertas de acceso a mercados en bienes, servicios, inversión y compras públicas. COMEX concluyó negociaciones sustanciales en mayo y publicó una Declaración Ministerial Conjunta el 5 de ese mes. El Protocolo de Incorporación deberá ser firmado, enviado a la Asamblea Legislativa y superar revisión de constitucionalidad antes de entrar en vigor. La Cámara de Agricultura calificó al CPTPP como la «mayor amenaza» para el sector agropecuario por la apertura a países con costos de producción radicalmente menores, lo que constituye el principal ángulo de resistencia interna.
El partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO) integró el Directorio Legislativo 2026-2027 exclusivamente con sus propios diputados —una concentración de poder que no se registraba en más de cuatro décadas de historia democrática costarricense. Yara Jiménez (PPSO, Cartago) asumió la presidencia del Directorio; Nogui Acosta, exministro de Hacienda bajo Rodrigo Chaves y ahora jefe de fracción del PPSO, dirige los 31 diputados oficialistas de los 57 totales. La exclusión de la oposición —PLN (17 escaños), Frente Amplio (7), Agenda Ciudadana (1) y PUSC (1)— del Directorio permite al PPSO controlar la agenda legislativa, las comisiones clave (Hacienda, Jurídicos, Económicos) y los plazos para dictaminar proyectos de ley. En la práctica, esto facilita aprobar la reforma del Estado que prometió la presidenta Fernández sin negociar con una oposición dispersa. El Frente Amplio denunció ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la exclusión, argumentando que el reglamento interno de la Asamblea requiere representación proporcional. El dato llamativo de la nueva composición: por primera vez en la historia, la Asamblea tiene mayoría de mujeres —30 diputadas versus 27 diputados— un hito que el discurso oficial celebró mientras la oposición alertó que la concentración de poder opacaba ese logro.
El Viceministro de Hacienda, Víctor Julio Carvajal, descartó el 5 de junio que el gobierno de Laura Fernández vaya a crear o aumentar impuestos, pese al informe Artículo IV del FMI que propuso ampliar la base del IVA y reducir los más de 400 gastos tributarios que equivalen al 4% del PIB. El gobierno apuesta por la reforma del Estado —recorte de duplicidades y combate a la evasión— como vía de consolidación fiscal sin nuevos tributos. El FMI, cuyo Directorio Ejecutivo concluyó la Consulta del Artículo IV el 29 de mayo, mantuvo la Línea de Crédito Flexible (LCF) de $1.500 millones para Costa Rica y proyectó un crecimiento de 3,6% para 2026 —moderado desde el 4,6% de 2025— por choques externos globales. El organismo recomendó expresamente al BCCR reanudar recortes en la Tasa de Política Monetaria (TPM, actualmente en 3,25%), que lleva 36 meses fuera del rango meta de inflación del 3%. Las reservas internacionales alcanzaron un récord de $17.086 millones al cierre de 2025. El punto de fricción con el FMI es la velocidad del ajuste fiscal: el organismo quiere que la deuda pública —proyectada en 62,24% del PIB en 2026— baje más rápido que lo que permite la estrategia de reforma del Estado. El Ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, presentó al Consejo de Gobierno el 3 de junio un plan que no incluye nuevos impuestos, lo que el FMI acepta siempre que el ritmo de ajuste vía gasto sea suficiente.
El 7 de junio cierra una semana densa para la política costarricense: la presidenta Laura Fernández denunció atentados en su contra, el INEC publicó datos que muestran 51.000 mujeres fuera de la ocupación en un año, y el reloj para comentar el arancel del 12,5% de EE.UU. ya corre. En el plano legislativo, el PPSO controla el Congreso sin precedente reciente, lo que facilita la agenda reformista pero también concentra el poder de forma que genera alertas institucionales. El CPTPP avanza con una ronda en Brisbane la próxima semana y el FMI recomienda bajar la tasa de interés, aunque el gobierno no quiere nuevos impuestos ni mover la TPM con prisa. Costa Rica opera en modo de múltiples frentes simultáneos.