La USTR abre un proceso formal que podría impactar exportaciones costarricenses; Hacienda descarta nuevos tributos y presenta un plan fiscal alternativo a Laura Fernández; el Directorio Legislativo 2026-2027 queda en manos exclusivas de Pueblo Soberano.
La Oficina del Representante Comercial abrió un proceso formal que incluye audiencias públicas y puede derivar en aranceles sobre decenas de exportaciones costarricenses, en una semana en que la relación CAFTA-DR entra en zona de tensión.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso el 4 de junio aranceles adicionales de entre el 10% y el 12,5% a 60 economías, incluida Costa Rica, bajo la alegación de que el país no combate suficientemente la importación de bienes producidos con trabajo forzado. El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) confirmó que Costa Rica participará en el período de consulta pública abierto hasta el 6 de julio, con audiencia el 7 de julio, según La Nación y El Financiero. Productos como café, piña, banano y jugo de naranja estarían exentos de la propuesta arancelaria, pero decenas de otros productos costarricenses exportados a EE.UU. podrían quedar afectados. EE.UU. es el principal socio comercial de Costa Rica: en 2025, las exportaciones costarricenses al mercado estadounidense sumaron $14.200 millones, representando el 44% del total de exportaciones del país, según datos del Banco Central. El ángulo contrario: analistas del IICE de la UCR señalaron el 4 de junio que el mecanismo USTR usado es un proceso de revisión y no una aplicación automática de aranceles —Costa Rica tiene hasta el 6 de julio para presentar evidencia y argumentos ante la audiencia del 7 de julio. El CAFTA-DR, el tratado de libre comercio vigente, establece mecanismos de disputa que Costa Rica puede activar si los aranceles se confirman.
El diagnóstico del Fondo Monetario Internacional para Costa Rica es «mixto pero favorable» — crecimiento del 3,6% proyectado para 2026 — pero sus propuestas de recaudación generan rechazo inmediato en el Ejecutivo y en la Asamblea.
En su Consulta del Artículo IV 2026, el FMI recomendó para Costa Rica eliminar la tarifa reducida del IVA y aplicar el 13% a la canasta básica alimentaria (lo que generaría ingresos equivalentes al 1% del PIB), gravar el aguinaldo (bono del décimo cuarto mes) con impuesto sobre la renta (0,3% del PIB), y reducir los umbrales de exención del ISR. El paquete completo aportaría ingresos adicionales del 1,8% del PIB para 2027, según Monumental y El Financiero. El FMI proyecta un crecimiento del PIB costarricense del 3,6% en 2026, desacelerando desde el 4,6% de 2025, con un déficit primario que sigue en zona de presión. El 5 de junio, el viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal, declaró taxativamente: «en este momento no pensamos, bajo ninguna circunstancia, en subir impuestos ni tener nuevos impuestos», según Noticiassin e Infobae Costa Rica. Diputados de varios partidos —incluido Pueblo Soberano— también rechazaron las propuestas. El Ejecutivo indicó que su plan fiscal buscará eficiencia recaudatoria y no creación de nuevas cargas, según El Financiero. El ángulo contrario: economistas del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR han señalado que posponer la consolidación fiscal en un contexto de deuda pública del 63% del PIB aumenta la vulnerabilidad del país ante choques externos —como la propuesta arancelaria de EE.UU.— y puede encarecer el acceso a financiamiento internacional si los mercados perciben debilidad fiscal.
El 3 de junio, el Ministerio de Hacienda anunció que presentará a la presidenta Laura Fernández un plan fiscal orientado a fortalecer las finanzas públicas sin crear nuevas cargas tributarias. La estimación oficial prevé una disminución de ₡300.000 millones en ingresos para 2026 respecto a lo proyectado, según Infobae Costa Rica. El plan tomaría «algunas» recomendaciones del FMI, pero el Ejecutivo aclara que las decisiones finales son del gobierno, no del organismo multilateral. Hacienda también recordó el calendario tributario de junio: declaración 270 con vencimiento el 25 de junio, y primer pago parcial del impuesto sobre la renta con vencimiento el 30 de junio. Las cargas sociales patronales a la CCSS aumentaron al 26,83% desde el 1 de enero de 2026 por el ajuste en la cuota del IVM (Invalidez, Vejez y Muerte), según GLC Legal.
Pueblo Soberano usó sus 31 diputados para controlar por sí solo la elección del Directorio Legislativo para el período 2026-2027, sin necesitar alianzas con otros partidos. Yara Jiménez fue elegida presidenta del Directorio, convirtiéndose en la quinta mujer en presidir el Congreso costarricense, según La Nación y El Observador Costa Rica. El control unilateral de todas las posiciones del Directorio rompe una tradición de más de 20 años: el último precedente fue bajo Miguel Ángel Rodríguez, entre 1998 y 2002. Con 31 de 57 diputados —mayoría absoluta— Pueblo Soberano tiene capacidad de aprobar legislación sin negociar con la oposición en la mayoría de los casos, aunque proyectos que requieren mayorías calificadas (tres quintas partes o dos terceras partes de la Asamblea) exigen adhesiones adicionales. La Sala Constitucional, sin embargo, mantiene su rol de contrapeso independiente. El control legislativo refuerza la posición de la presidenta Laura Fernández, que en sus primeras cuatro semanas de gobierno ha enfrentado la presión del FMI y la amenaza arancelaria de EE.UU. con un capital político interno relativamente alto.
— Yara Jiménez fue elegida presidenta del Congreso, convirtiéndose en la quinta mujer en presidir la Asamblea Legislativa, en una configuración de mayoría absoluta que Costa Rica no veía desde el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez.
El Directorio del FMI concluyó formalmente su consulta del Artículo IV sobre Costa Rica en mayo de 2026. El documento proyecta un crecimiento del PIB del 3,6% para 2026 —desacelerando desde el 4,6% de 2025—, con inflación controlada y un perfil de riesgo de deuda que los técnicos del fondo califican de «manejable» en el contexto regional, según El Financiero. El déficit primario sigue siendo un desafío estructural, pero la deuda pública como porcentaje del PIB muestra una trayectoria de estabilización. El diagnóstico positivo del FMI tiene matices: la recomendación de medidas tributarias —IVA a la canasta básica, gravamen al aguinaldo— indica que los técnicos del fondo ven la posición fiscal como más ajustada de lo que el gobierno presenta públicamente. La distancia entre el diagnóstico favorable del FMI y sus recomendaciones de ajuste es una señal de que la estabilidad actual requiere acciones preventivas que el gobierno ha optado por no tomar en este momento. Para los mercados financieros internacionales, la consulta del Artículo IV del FMI es uno de los insumos clave para las calificadoras de riesgo soberano. El informe de 2026 no anticipa cambios en la calificación crediticia de Costa Rica —actualmente en BB por S&P y Ba2 por Moody's, ambas con perspectiva estable—, pero la amenaza arancelaria de EE.UU. y el contexto de tasas altas globales son factores de monitoreo.
La primera semana del gobierno Fernández en régimen pleno —la presidenta asumió el 8 de mayo— confronta dos presiones externas simultáneas que definen el margen de maniobra fiscal del país: la propuesta arancelaria del 12,5% de EE.UU. y el paquete de reforma tributaria del FMI que el gobierno rechaza pero no puede ignorar completamente. La respuesta del gobierno —rechazar nuevos impuestos, presentar un plan fiscal propio y activar los mecanismos de consulta disponibles en el CAFTA-DR— refleja la lógica política de un partido con mayoría legislativa que no quiere debilitar su capital con medidas impopulares en su primer trimestre. El riesgo de esa estrategia es que los plazos fiscales —el 6 de julio para la consulta de la USTR y los vencimientos tributarios de fin de junio— llegan juntos y dejan poco tiempo para ajustar si las condiciones cambian.