El Fondo Monetario proyecta 3,8% de crecimiento para 2026, avala la sostenibilidad de la deuda pero exige una reforma fiscal que el gobierno todavía no ha delineado
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional concluyó esta semana la Consulta del Artículo IV de 2026 y la revisión de mitad de período del acuerdo de la Línea de Crédito Flexible con Costa Rica, con proyecciones positivas pero con una advertencia fiscal clara.
El FMI proyecta que la economía costarricense crecerá un 3,8% en 2026, desacelerándose respecto al 4,6% estimado para 2025, que estuvo impulsado principalmente por las exportaciones de zonas francas. La revisión, publicada a finales de mayo y cubierta esta semana por múltiples medios especializados, ratifica que la deuda del gobierno central cerró 2025 en un 60,4% del PIB y se encuentra en una senda sostenible con bajo riesgo de estrés soberano. Sin embargo, el Fondo fue directo en sus recomendaciones: Costa Rica necesita un paquete tributario que eleve ingresos para financiar más inversión en capital físico, educación, seguridad y salud. El personal técnico del FMI señaló que la estructura actual de ingresos es insuficiente para sostener el gasto social a mediano plazo, particularmente si los regímenes de salud y pensiones no reciben reformas estructurales inmediatas. El detalle sobre qué impuestos o tasas específicas deberían subir no fue precisado por el FMI en el comunicado público. El gobierno de la presidenta Laura Fernández no ha presentado un proyecto de reforma fiscal al Directorio Legislativo. La Asamblea retoma sesiones el 23 de junio con el presupuesto del segundo semestre y la discusión sobre la deuda del Estado con la CCSS en la agenda prioritaria, pero ningún proyecto tributario figura entre los expedientes en trámite activo.
El IPC de mayo de 2026 registró una deflación del -0,97% interanual, según el INEC, acumulando así diez meses consecutivos con inflación por debajo del rango meta del Banco Central (BCCR), que es de 3% ±1 punto. El tipo de cambio de venta del dólar se ubicó este 20 de junio en ₡455,14, con el de compra en ₡450,06, reflejando una estabilidad cambiaria que el FMI atribuye en parte a la fortaleza del sector exportador.
El informe del FMI publicado esta semana incluye una advertencia sobre la Caja Costarricense de Seguro Social que el gobierno y la Asamblea Legislativa no pueden ignorar: los fondos de reserva actuales no resisten la demanda proyectada sin cambios de fondo.
El Fondo Monetario Internacional advirtió en su informe de 2026 que los actuales regímenes de salud y jubilaciones de Costa Rica enfrentan un agotamiento acelerado de sus fondos de reserva si no se aplican reformas estructurales inmediatas. El documento, que tiene casi 100 páginas según El Financiero, no especifica un plazo exacto para el agotamiento, pero señala que la combinación de una población que envejece, el crecimiento del gasto en salud y la rigidez del sistema de contribuciones genera una presión acumulada que superará la capacidad de ajuste incremental. La CCSS opera con un Seguro de Salud y un Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que tienen fondos separados. El IVM ha estado en el centro de alarmas actuariales durante más de una década: las últimas proyecciones de la propia Caja, de 2024, estimaban que el fondo podría agotarse entre 2060 y 2075 sin reformas paramétricas. El FMI, con las cifras de 2025, sugiere que esa ventana podría reducirse si el crecimiento económico se desacelera por debajo del 3%. La discusión sobre reforma de la CCSS es políticamente sensible en Costa Rica. Los intentos de modificar el IVM o el régimen de contribuciones han generado protestas históricas, y ningún partido con representación legislativa ha presentado una propuesta formal en el Directorio Legislativo desde 2022.
La Asamblea Legislativa de Costa Rica retoma las sesiones ordinarias el lunes 23 de junio con dos grandes temas en la agenda: la aprobación del presupuesto del segundo semestre y la discusión sobre la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social, un pasivo que supera los ₡2,3 billones según las cuentas más recientes del Ministerio de Hacienda. El presupuesto del segundo semestre es una pieza legislativa rutinaria pero políticamente cargada, ya que define el margen de gasto del Poder Ejecutivo hasta diciembre. En un año en que el FMI recomienda aumentar ingresos tributarios, la discusión presupuestaria será el primer termómetro de la voluntad política del Directorio Legislativo para acompañar eventuales reformas fiscales. El tema de la deuda con la CCSS tiene implicaciones directas para la operación de la Caja. El Estado es el patrono de decenas de miles de empleados públicos y está obligado a pagar contribuciones patronales al sistema. Los atrasos acumulados representan, en la práctica, un déficit de financiamiento para la institución de salud más importante del país. Ninguna fracción legislativa ha comprometido públicamente una solución integral al pasivo en el plazo de esta legislatura.
El personal técnico del FMI propuso en su informe de 2026 un paquete fiscal que eleve los ingresos del gobierno costarricense para financiar inversión en capital, educación, seguridad y salud, así como transferencias sociales focalizadas. La recomendación no especifica los instrumentos tributarios concretos, pero sí señala que la tasa de tributación sobre el PIB de Costa Rica está por debajo del promedio de economías de ingreso medio-alto comparables.
Costa Rica registra una tasa de desempleo juvenil del 20,4% para el grupo de 15 a 24 años, según datos del mercado laboral publicados en junio de 2026. Esta cifra casi triplica la tasa general de desempleo del país (6,6%) y coloca al país como el segundo con mayor desempleo juvenil en Latinoamérica, según el análisis de CAMACOES basado en estadísticas del INEC y la OIT. La paradoja es que los sectores de mayor crecimiento en Costa Rica —dispositivos médicos en zona franca, servicios empresariales de alto valor, tecnología— generan empleos que requieren formación especializada que muchos jóvenes no tienen. Al mismo tiempo, los empleos tradicionales de entrada al mercado laboral (comercio, manufactura básica, servicios de baja cualificación) se han automatizado o se presionan a la informalidad por la competencia de aplicaciones digitales. El TEC y la UCR han ampliado sus programas de formación técnica en ciberseguridad y programación, pero la brecha entre la demanda del sector privado y la oferta de egresados calificados sigue siendo de varios miles de puestos anuales, según estimaciones del MEIC. La discusión legislativa sobre reforma de la educación técnica no figura en la agenda del 23 de junio.
El cuadro que deja la semana del 20 de junio para Costa Rica es el de una economía que funciona razonablemente bien en sus indicadores macroeconómicos —crecimiento positivo, deflación controlada, tipo de cambio estable, deuda sostenible— pero que acumula un conjunto de reformas estructurales que ninguna administración ha querido empujar seriamente: reforma fiscal, reforma de pensiones y seguro de salud de la CCSS, y una estrategia de inserción laboral para los jóvenes desempleados. El FMI, como prestamista institucional de confianza, puede recomendar con autoridad técnica pero no puede legislar. La Línea de Crédito Flexible que Costa Rica mantiene con el Fondo es precisamente un respaldo preventivo —una línea que no se usa pero cuya existencia tranquiliza a los mercados de deuda soberana. El país no necesita recurrir a ella mientras el acceso a los mercados voluntarios sea viable, y actualmente lo es. La Asamblea que vuelve el 23 de junio tiene la oportunidad de abrir al menos uno de esos expedientes pendientes. La historia sugiere que la probabilidad de que lo haga con urgencia real es baja. El próximo ciclo electoral, que empieza formalmente en 2027, tenderá a congelar cualquier reforma que genere costos políticos de corto plazo. La próxima revisión del FMI será en 2027.