La presidenta lanza su segundo paquete legislativo de seguridad; el ministro de Trabajo renuncia por conflicto de intereses; y la IED del primer trimestre creció un 204%.
El segundo paquete legislativo de la presidenta criminaliza la minería ilegal, amplía causales de extradición y plantea una reforma estructural al sistema judicial costarricense.
La presidenta Laura Fernández Delgado anunció este 2 de julio que enviará a la Asamblea Legislativa un segundo paquete de cuatro proyectos de ley en materia de seguridad ciudadana. Las iniciativas contemplan: la criminalización de la minería ilegal, la ampliación de causales de extradición para delitos graves, el cumplimiento obligatorio de sentencias sin posibilidad de elusión administrativa, y una transformación estructural del Poder Judicial que incluiría cambios en el nombramiento de magistrados y en los mecanismos de rendición de cuentas. El paquete llega dos meses después de que Fernández, quien asumió el 8 de mayo, presentara un primer bloque de iniciativas centrado en la megacárcel de 5.000 plazas y restricciones a las telecomunicaciones de internos. Con 31 diputados de Pueblo Soberano (PPSO) en la Asamblea —mayoría absoluta que no se veía desde 1990—, la presidenta tiene margen para aprobar legislación ordinaria sin necesidad de negociar con la oposición. Organizaciones como la Asociación de Jueces y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Justicia (CONAMAJ) advirtieron que cualquier reforma al Poder Judicial debe respetar la independencia de los magistrados y no puede supeditarse a la agenda del Ejecutivo. La Defensoría de los Habitantes pidió que los proyectos sean sometidos a consulta amplia antes de su trámite legislativo, señalando que la rapidez con que el oficialismo pretende avanzar reduce el espacio para el escrutinio ciudadano.
El titular de Trabajo es el primer ministro del gabinete Fernández en dimitir, tras revelarse incompatibilidades entre sus actividades empresariales y el cargo público.
Roy Thompson Chacón presentó su renuncia al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 1 de julio, con efecto inmediato, luego de que se hiciera pública la existencia de vínculos societarios entre sus empresas privadas y entidades sujetas a regulación o contratación con el Estado. El gobierno no detalló cuáles son las empresas ni en qué consiste el conflicto específico, aunque fuentes legislativas señalaron que la renuncia fue solicitada directamente por Casa Presidencial para evitar una interpelación en la Asamblea. Thompson Chacón fue el primer ministro del gabinete de Fernández en salir antes de completar seis meses en el cargo. El Ministerio de Trabajo tiene bajo su supervisión la negociación de los convenios de empleo con plataformas digitales como Uber y Didi —un proceso en marcha desde el 30 de junio—, por lo que la renuncia genera incertidumbre sobre la continuidad de ese proceso. La presidenta Fernández no ha nombrado sustituto al cierre de esta edición. Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguraron a La Nación que el viceministro Rodolfo Sánchez asume interinamente hasta que se concrete el nombramiento formal.
Un sismo de magnitud 4,8 en la escala de Richter sacudió la zona de Osa, en la provincia de Puntarenas, a las 7:40 de la mañana del 1 de julio de 2026, según el reporte del Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS) de la Universidad de Costa Rica. El epicentro se ubicó a unos 12 kilómetros al suroeste de Ciudad Cortés, a una profundidad de 17 kilómetros. No se reportaron víctimas ni daños estructurales de consideración en las primeras horas posteriores al temblor. La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) activó sus protocolos de revisión en la zona afectada, confirmando que infraestructura crítica como la represa Boruca y la ruta 34 operaban con normalidad. La región Brunca, que incluye Osa, se ubica sobre el cinturón sísmico del Pacífico costarricense. El LIS registró cuatro réplicas menores —entre 2,1 y 3,0 de magnitud— durante las tres horas siguientes al evento principal.
Costa Rica captó 4.584 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) entre enero y marzo de 2026, un incremento del 204% frente al último trimestre de 2025, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) publicados esta semana. El resultado ubica al país como el segundo receptor de IED per cápita en América Latina durante el período, detrás de Chile. Los sectores de mayor atracción fueron los servicios tecnológicos y empresariales (incluyendo centros de operaciones globales y empresas de software), los dispositivos médicos y las ciencias de la vida. Intel, que opera en Belén con más de 3.500 empleados, anunció en mayo una expansión de capacidades de diseño de chips en su campus costarricense, lo que explica parte del salto trimestral. Sin embargo, datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentados simultáneamente muestran que la tasa de desempleo se mantuvo en 9,8% al cierre de marzo, sin variación respecto al trimestre anterior. Economistas del Centro Internacional de Política Económica (CINPE) de la UNA señalaron que la IED en el sector de servicios de alto valor genera empleo especializado pero no absorbe la mano de obra con menor cualificación, ampliando la brecha del mercado laboral.
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) publicó un análisis sobre la inserción laboral de los graduados de las cuatro universidades públicas —UCR, UNA, TEC e UNED— que revela que entre el 20% y el 41% de los titulados trabaja en áreas distintas a las de su formación. El rango amplio responde a diferencias significativas entre disciplinas: las ingenierías y ciencias de la computación muestran tasas de inserción directa superiores al 85%, mientras que humanidades, ciencias sociales y algunas ramas de las ciencias naturales presentan las brechas más pronunciadas. El informe, solicitado por el Ministerio de Planificación, forma parte de un diagnóstico más amplio sobre la pertinencia de la oferta académica pública en relación con las necesidades del mercado. Conare señala que el fenómeno no responde únicamente a un desajuste de la demanda, sino también a que muchos graduados optan voluntariamente por trabajos distintos al de su carrera por razones salariales o de condiciones laborales. Diputados de Pueblo Soberano plantearon que el dato justifica revisar el financiamiento del FEES (Fondo Especial para la Educación Superior), que representa el 1,5% del PIB, para condicionarlo a tasas de inserción laboral directa. Los rectores de las universidades públicas rechazaron esa lectura y advirtieron que reducir el financiamiento en función del mercado laboral inmediato limita el papel de la educación superior como formadora de ciudadanos críticos.
— El estudio del Consejo Nacional de Rectores muestra que la desconexión entre oferta universitaria y demanda laboral afecta a casi la mitad de los profesionales costarricenses.
A 24 horas de que la presidenta Laura Fernández reiterara su propuesta de evaluar la venta del Banco de Costa Rica (BCR) para capitalizar el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), la institución bancaria distribuyó un segundo comunicado reforzando su posición: los indicadores de capital, liquidez y morosidad se mantienen dentro de los parámetros exigidos por la SUGEF, y la entidad opera con superávit en su cartera de crédito. Economistas del IICE de la UCR señalaron que el valor de mercado estimado del BCR —entre 800 millones y 1.200 millones de dólares, según distintas metodologías de valoración— no alcanzaría a cubrir ni una fracción del hueco actuarial del IVM, estimado en más de dos billones de colones. El Instituto de Investigaciones Económicas advirtió que la propuesta confunde el objetivo de corto plazo (liquidez del IVM) con uno de largo plazo (sostenibilidad actuarial). El proyecto de venta requeriría reforma constitucional y mayoría calificada en la Asamblea, condición que Pueblo Soberano no cumple por sí solo.
El Directorio Legislativo 2026-2027 quedó integrado esta semana exclusivamente por diputados de Pueblo Soberano (PPSO), consolidando la primera mayoría absoluta unilateral en la conducción de la Asamblea costarricense desde que el Partido Liberación Nacional la tuvo en 1990. La presidencia del Directorio, los puestos de vicepresidencia y las secretarías recayeron en legisladores del oficialismo, sin conceder ningún cargo a los ocho partidos de oposición. Politólogos de la UCR advierten que la concentración de poder ejecutivo más control legislativo total reduce los contrapesos democráticos a su nivel más bajo desde el retorno a la democracia en 1953. En la práctica, el PPSO puede aprobar cualquier proyecto de ley ordinario, nombrar magistrados suplentes y modificar el Reglamento Legislativo sin una sola negociación. La Sala Constitucional y la Contraloría General de la República quedan como los únicos frenos institucionales independientes. La oposición —fragmentada en más de ocho fracciones con entre uno y cuatro diputados cada una— no tiene capacidad de bloqueo. Algunos legisladores independientes han buscado articular posiciones conjuntas sin lograrlo hasta ahora, según confirmó la diputada de Frente Amplio Priscila Quirós.
Las tres instituciones que conformaron el frente coordinado ante las plataformas de transporte remunerado —Ministerio de Hacienda, CCSS y Cosevi— fijaron agosto de 2026 como fecha límite para obtener compromisos vinculantes de Uber y Didi en materia fiscal, de seguridad social y de control de licencias y revisión técnica vehicular. La ronda del 30 de junio fue la primera reunión formal conjunta; la segunda está programada para el 16 de julio. Uber Costa Rica confirmó en un comunicado interno, al que tuvo acceso El Financiero, que analizará las propuestas institucionales pero reiteró su posición histórica: los conductores son «socios independientes», no empleados, lo que excluye la obligación automática de asegurarlos a la CCSS. Didi no emitió respuesta pública. Abogados en derecho laboral señalan que sin una reforma legal que defina la naturaleza del vínculo laboral en plataformas digitales, cualquier acuerdo alcanzado sería de adhesión voluntaria y difícil de ejecutar judicialmente. El Ministerio de Trabajo —cuyo titular, Roy Thompson, renunció este 1 de julio— debería liderar esa reforma, por lo que la interinidad del cargo agrega incertidumbre al proceso.