El proyecto 23.414 necesita 38 votos pero enfrenta el rechazo de Liberación Nacional; el tipo de cambio abre semana estable tras el feriado estadounidense.
La fracción de Liberación Nacional anunció su posición contraria al proyecto horas antes de la votación prevista para este martes, dejando a Pueblo Soberano sin mayoría calificada garantizada.
La diputada Claudia Dobles y la fracción del Partido Liberación Nacional anunciaron oficialmente su voto en contra del Proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente 23.414), la reforma energética que el gobierno de Laura Fernández convocó como prioridad para las sesiones extraordinarias. El proyecto, que pretende crear un Mercado Eléctrico Nacional con participación privada en generación, transmisión y distribución, requiere 38 votos para su aprobación —mayoría calificada impuesta por la Sala Constitucional tras recursos que cuestionaron su efecto sobre la autonomía del ICE. Pueblo Soberano tiene 31 diputados. Para alcanzar 38 necesita al menos siete votos de otros partidos; con el PLN (17 diputados) en contra, el camino se complica. El Frente Amplio también se opone y califica la iniciativa de un riesgo de 'apagones y tarifazos' para los consumidores residenciales. El Ejecutivo buscaba votos de diputados independientes y de la Coalición Democrática, pero al cierre de esta edición el conteo oficial no ha sido publicado. El ángulo contrario: el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) y el Consejo de Electrificación de América Central (CEDET) respaldan el proyecto, argumentando que el modelo actual de monopolio estatal encareció la tarifa industrial un 18% en los últimos cuatro años y frenó inversiones en energía renovable privada. Su posición contrasta con la del ICE, que advirtió que la apertura parcial del mercado fragmentaría los ingresos cruzados que financian la electrificación rural.
El doble homicidio ocurrió la madrugada del 25 de mayo en circunstancias que el OIJ investiga; Dekra confirmó la identidad de las víctimas en un comunicado.
La empresa de seguridad privada Dekra lamentó el asesinato de dos de sus guardas en Puntarenas durante la madrugada del lunes 25 de mayo, según confirman fuentes de la empresa y medios locales. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) inició las diligencias de rigor y no había emitido un comunicado oficial sobre móviles o sospechosos al cierre de esta edición. El hecho se suma a una semana de alta actividad violenta en la costa del Pacífico central, zona donde el gobierno Fernández ya había anunciado refuerzos de operativos de seguridad bajo el decreto interinstitucional contra el crimen organizado firmado en la segunda semana de su administración. La información proviene únicamente del comunicado de Dekra y de cobertura inicial de medios locales; los detalles del ataque no han sido confirmados de forma independiente por el OIJ al cierre de esta edición.
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) registró un tipo de cambio de referencia en torno a ¢453 al inicio de la semana del 26 de mayo, una cifra estable respecto al cierre del viernes anterior. La jornada bursátil en Estados Unidos estuvo cerrada el lunes 25 por el feriado de Memorial Day —NYSE y Nasdaq no operaron en ninguna sesión—, lo que redujo la liquidez global y moderó los movimientos en el mercado Monex costarricense. Al reabrir este martes, el análisis de mercados de Euribor reportó que el S&P 500 abrió en torno a 7.468 puntos, con optimismo contenido motivado por señales de avance en las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán. Para Costa Rica, un acuerdo iranio-estadounidense reduciría la presión sobre el precio del petróleo —que representa uno de los principales factores de riesgo cambiario identificados por el BCCR en su informe de mayo— y daría un respiro a la política tarifaria del ICE, cuyas tarifas de generación térmica de respaldo están indexadas parcialmente al precio del barril.
El Instituto Costarricense de Electricidad y las distribuidoras JASEC, CNFL y ESPH publicaron calendarios de interrupciones eléctricas programadas que se extenderán entre el 25 de mayo y el 12 de junio de 2026, según avisos publicados en las páginas oficiales de cada entidad. Las causas incluyen trabajos de mantenimiento preventivo de subestaciones, construcción de obras de distribución subterránea en áreas urbanas y actividades de control de vegetación en líneas de alta tensión. Las interrupciones no están relacionadas con el debate legislativo sobre la Ley de Armonización Eléctrica, aunque la coincidencia generó confusión en redes sociales. Los sectores industriales que no pueden tolerar interrupciones tienen la opción de solicitar postergación de las obras que les afectan directamente a través del procedimiento de reclamo ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). La información oficial está disponible en los portales de cada distribuidora.
El gobierno de Laura Fernández recibió datos mixtos sobre las finanzas públicas al cierre del primer trimestre de 2026: la relación deuda/PIB mejoró respecto al mismo período de 2025 —un avance atribuido al crecimiento nominal del producto y a la apreciación del colón, que abarató la deuda externa en términos relativos— pero el monto total adeudado por el Estado costarricense continuó creciendo en términos absolutos. Al mismo tiempo, los ingresos tributarios cayeron en términos reales comparados con marzo de 2025, una señal que analistas atribuyen a la desaceleración del consumo privado en el primer trimestre. El Ministerio de Hacienda, encabezado por Rodrigo Chaves en su nuevo rol como ministro, tiene hasta agosto para presentar el diagnóstico completo de la situación fiscal heredada. La oposición —PLN, PUSC y Frente Amplio— insiste en que el plazo es demasiado largo y que la Asamblea Legislativa debería recibir un informe preliminar antes del 30 de junio para poder tomar decisiones presupuestarias informadas para el segundo semestre. La Contraloría General ya anunció una auditoría paralela que estará lista en julio.
— El Ministerio de Hacienda reportó una mejora en el ratio de sostenibilidad fiscal, pero los ingresos tributarios cayeron en términos reales respecto al mismo mes del año anterior.
El Protocolo de Adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (CPTPP) sigue en espera de fecha de votación en la Asamblea Legislativa, ahora que la agenda de esta semana se centra en la Ley de Armonización Eléctrica. Cinco diputados de Pueblo Soberano mantienen reservas formales sobre las cláusulas de propiedad intelectual —en particular los plazos de protección para agroquímicos y semillas— y los mecanismos de arbitraje inversionista-Estado que permiten a empresas extranjeras demandar al gobierno costarricense por políticas públicas que afecten sus inversiones. La presidenta Fernández identificó el CPTPP como uno de sus objetivos comerciales prioritarios. La adhesión daría a Costa Rica acceso preferencial a mercados en Japón —tercer destino más grande de las exportaciones de dispositivos médicos ticos—, Australia y Vietnam, países con los que el país no tiene tratados comerciales. La Cámara de Exportadores (CADEXCO) estima que el acceso al bloque podría generar USD 400 millones anuales adicionales en exportaciones en los primeros cinco años. Los críticos señalan que las obligaciones en propiedad intelectual que impone el acuerdo podrían encarecer medicamentos genéricos en la CCSS.
La presidenta gestiona en paralelo la armonización eléctrica, el CPTPP y la reforma a la deuda con la CCSS; la oposición pide cronograma de compromisos formales.
La presidenta Laura Fernández inicia su tercera semana de gobierno con tres frentes legislativos abiertos de manera simultánea: la votación de la Ley de Armonización Eléctrica (este martes), la definición del calendario del CPTPP (sin fecha), y la presión de la oposición para presentar un plan de pago de la deuda del Estado con la CCSS antes del 30 de junio. La gestión simultánea de tres batallas legislativas en las primeras semanas de un gobierno es inusual en la historia reciente costarricense, según analistas consultados por medios nacionales. El análisis de Semanario Universidad señaló que Pueblo Soberano tiene el control formal de la Asamblea, pero que ese control no se traduce automáticamente en disciplina de votos en proyectos con carga ideológica interna. La fracción de 31 diputados alberga al menos tres subgrupos con visiones distintas sobre el rol del Estado en la economía: un bloque desarrollista que respalda la apertura eléctrica, un bloque solidarista que la cuestiona, y un grupo de nuevos diputados sin posición definida. Ese mapa interno explica la dificultad para alcanzar los 38 votos requeridos.