La presidenta promulga la reforma de Japdeva para la marina turística, presenta un proyecto contra pistas clandestinas y anuncia un segundo paquete de seguridad con reforma al Poder Judicial.
La reforma a la Ley Orgánica de Japdeva proyecta más de $900 millones en inversión y permitirá atracar dos cruceros simultáneamente en el Caribe costarricense.
La presidenta Laura Fernández Delgado promulgó el 2 de julio en Puerto Limón la reforma a la Ley Orgánica de Japdeva (Ley N° 3091), que habilita a la autoridad portuaria para establecer alianzas estratégicas con socios públicos o privados —incluidos extranjeros— en proyectos de infraestructura, turismo y comercio. La Asamblea Legislativa aprobó el texto el 25 de junio de forma unánime. Rodrigo Chaves fue designado como coordinador del proyecto por el Ejecutivo. La inversión proyectada supera los 900 millones de dólares. La principal transformación sería la habilitación de infraestructura para recibir dos cruceros simultáneamente, lo que duplicaría la capacidad actual del muelle Moín. Operadores turísticos del Caribe estiman que el impacto en generación de empleo local podría alcanzar los 4.000 puestos directos e indirectos en los primeros cinco años. La Asociación de Trabajadores Portuarios (Sintrajap) advirtió que la apertura a capital privado extranjero sin un marco claro de estabilidad laboral podría traducirse en desplazamiento de empleados actuales bajo nuevas figuras de concesión. El texto aprobado no establece porcentajes mínimos de participación nacional ni cláusulas de empleo preferente para trabajadores limoneños, puntos que la Defensoría de los Habitantes pidió incluir durante el trámite legislativo.
La iniciativa penaliza con hasta 15 años de cárcel a quienes administren aeropistas ilegales y congela de inmediato los títulos de las fincas implicadas.
El Ejecutivo presentó el 3 de julio ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para sancionar e inhabilitar pistas clandestinas utilizadas por el crimen organizado. La propuesta establece penas de 5 a 10 años de prisión para propietarios o administradores que faciliten o toleren aeropistas no autorizadas, y de 10 a 15 años si la infraestructura se reconstruye tras haber sido demolida por autoridades. El Servicio de Vigilancia Aérea ha identificado alrededor de 200 pistas clandestinas en todo el territorio nacional. El proyecto incluye el congelamiento inmediato de los títulos de las fincas vinculadas a las aeropistas —bloqueando cualquier transacción, herencia o traspaso—, así como la posibilidad de decomisar activos ligados a operaciones ilícitas. Los dueños de las propiedades tendrán 10 días hábiles para responder antes de que se proceda con la demolición. El Ministerio de Seguridad Pública indicó a La Nación que el combate a las pistas clandestinas es el tercer frente del plan de seguridad de Fernández, después de la megacárcel y el paquete de telecomunicaciones. Abogados penalistas consultados por Delfino.cr señalaron que el congelamiento automático de títulos sin resolución judicial podría ser impugnado ante la Sala Constitucional por afectar el derecho a la propiedad y al debido proceso.
Las cuatro iniciativas criminalizan la minería ilegal, amplían causales de extradición y modifican el nombramiento de magistrados — presentación formal en la Asamblea programada para el 27 de octubre.
La presidenta Laura Fernández confirmó el 2 de julio que enviará un segundo paquete de proyectos de ley en materia de seguridad, con fecha de presentación formal en la Asamblea el 27 de octubre. El paquete incluye la criminalización de la minería ilegal, la ampliación de causales de extradición para delitos graves, el cumplimiento total de sentencias sin posibilidad de elusión administrativa, y una transformación estructural del Poder Judicial que contemplaría cambios en el mecanismo de nombramiento de magistrados. El primer paquete —megacárcel de 5.000 plazas y restricciones a telecomunicaciones de reos— sigue en trámite legislativo. Con 31 diputados de Pueblo Soberano sobre 57 escaños, Fernández tiene mayoría para aprobar legislación ordinaria sin negociar con la oposición, una concentración de poder que no se veía desde 1990. El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica ya había señalado riesgos constitucionales en el primer paquete relacionados con la presunción de inocencia e independencia judicial. La Defensoría de los Habitantes insistió en que la velocidad del trámite reduce el espacio para el escrutinio ciudadano. Un editorial de La Nación publicado el mismo día preguntó si el Ejecutivo distingue entre endurecer penas y reformar la institución que las aplica.
El gobierno presentó el 1 de julio su primer balance de seguridad ciudadana: 64 homicidios menos que en igual período de 2025, una reducción del 15%. Los delitos contra la propiedad cayeron un 10,4% en las siete provincias. Los feminicidios bajaron un 52%. Los decomisos de cocaína aumentaron un 90,63%, equivalente a 11 toneladas adicionales, atribuidos al accionar de la Fuerza Élite creada el 25 de mayo bajo supervisión del ministro de Seguridad Gerald Campos. La Fuerza Élite opera en 18 comunidades identificadas como focos de violencia y coordina acciones entre la Policía Judicial (OIJ), la Fuerza Pública y el Servicio de Vigilancia Costera. El gobierno atribuye parte de la reducción a la operación conjunta en la frontera con Panamá, donde se desarticularon tres rutas de transporte de droga en mayo. Investigadores del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la UNA advirtieron que seis meses de datos no permiten concluir que el descenso es estructural y no estacional — en años anteriores, los primeros semestres suelen registrar menos homicidios que los segundos. El Observatorio del Ministerio de Justicia señaló además que las cifras de reincidencia en excarcelados no han mejorado.
El Fondo Monetario Internacional reclasificó el régimen cambiario de Costa Rica de "flotación administrada" a "tipo de cambio estabilizado", luego de que el colón se mantuviera dentro de una banda del 2% frente al dólar durante todo 2025. Al 2 de julio, el BCCR vendía a ₡455,42 y compraba a ₡451,72 por dólar —mínimos históricos para la moneda nacional bajo el régimen de flotación adoptado en 2015. El BCCR adquirió 3.429 millones de dólares en Monex durante el primer semestre de 2026, equivalentes al 64,5% de todo el volumen operado en esa plataforma, con compras de estabilización por $843,7 millones en el período. El informe del FMI recomienda reducir las intervenciones para permitir que el tipo de cambio refleje mejor las condiciones del mercado y evitar la acumulación de reservas que distorsione la señal de precios. Economistas del Centro Internacional de Política Económica (CINPE) de la UNA señalaron que el colón barato beneficia a importadores y consumidores de bienes transables, pero perjudica a exportadores de manufactura avanzada —incluido el sector médico— que tienen costos en colones y reciben ingresos en dólares. El BCCR no ha respondido públicamente a la recomendación del FMI.
— El colón opera como si fuera una moneda fija: el Banco Central compró el 64,5% de todo el volumen de Monex en el primer semestre y el tipo de cambio no se movió más de un 2% en todo 2025.
Los seis puestos del Directorio de la Asamblea Legislativa para el período 2026-2027 quedaron en manos de diputados de Pueblo Soberano (PPSO), la primera vez en más de cuatro décadas que un solo partido monopoliza la conducción parlamentaria. El presidente legislativo y sus cinco compañeros de directorio son todos del partido gobernante, que cuenta con 31 de 57 curules. La composición actual de la Asamblea: PPSO 31 escaños, Partido Liberación Nacional 17, Frente Amplio 7, PUSC 1 y Coalición Agenda Ciudadana 1. Treinta de los 57 diputados —el 52,6%— son mujeres, un máximo histórico en la historia parlamentaria costarricense. El control total del Directorio permite al oficialismo fijar el orden del día, definir los tiempos de las comisiones y presidir las sesiones plenarias sin depender de la oposición para la conducción del debate. Diputados del PLN y del Frente Amplio advirtieron que esta concentración reduce los mecanismos de fiscalización y podría acelerar la aprobación de los proyectos de seguridad sin enmiendas sustanciales.
Roy Thompson Chacón presentó su renuncia al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con efecto al 30 de junio, completando apenas 53 días en el cargo que asumió el 8 de mayo. La Nación informó que Thompson dijo que "otra cosa mejor le llegó", aunque el oficialismo atribuyó la salida a conflictos entre sus actividades empresariales privadas y las responsabilidades del puesto. Es la primera baja de un ministro en el gabinete de Fernández. El Ministerio de Trabajo tenía bajo su supervisión las negociaciones en curso sobre las condiciones laborales de conductores de plataformas digitales como Uber y Didi, un proceso iniciado el 30 de junio que queda en incertidumbre. El viceministro Rodolfo Sánchez asume de forma interina hasta que se concrete un nombramiento. La Asamblea Legislativa tenía previsto citar a Thompson a una interpelación sobre el tema de los convenios con plataformas, pero la renuncia anticipada bloqueó ese mecanismo de fiscalización. Diputados del Frente Amplio advirtieron que la situación podría repetirse si el gobierno no endurece los requisitos de declaración de conflictos de interés para ministros.
La Marcha del Orgullo LGBTQ+ regresa a San José en formato callejero el 5 de julio, en lo que organizadores describen como uno de los eventos de mayor convocatoria en Centroamérica. La marcha vuelve a las calles del centro capitalino después de un ciclo anterior que utilizó un formato más reducido. La organización central corre a cargo de la Asociación de la Comunidad Orgullo Gay de Costa Rica (ACOGROC) y colectivos afiliados. El recorrido parte desde el Parque de la Merced y concluye en el Parque Morazán. La agenda cultural incluye actuaciones artísticas, mesas informativas de organizaciones de salud y derechos, y un cierre con música en vivo.