Yara Jiménez devuelve por segunda vez la nómina de magistrados suplentes y la Sala Constitucional se acerca a un cierre técnico, el Consejo de Gobierno también rechaza al representante patronal de la CCSS, Laura Fernández reta al fiscal general Carlo Díaz a probar su acusación de dictadura, el oficialismo bloquea una pesquisa sobre 8,3 millones de dólares vinculados al embajador Boris Marchegiani y S&P mantiene la nota BB del país con una advertencia sobre las pensiones.
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, resolvió el miércoles 15 de julio devolver de nuevo a la Corte Suprema de Justicia la nómina de 18 candidaturas para los nueve puestos de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, después de que el plenario realizara 11 rondas de votación en dos períodos constitucionales distintos sin que ninguna persona postulada alcanzara los 38 votos requeridos, según reportó El Observador CR. Un día después, el jueves 16, la fracción de Pueblo Soberano usó sus 30 votos para rechazar las apelaciones que la oposición presentó contra esa decisión, de acuerdo con Monumental. La Sala IV mantiene represados 123 expedientes por la falta de suplentes desde diciembre de 2025, y sin ellos ninguno de los siete magistrados titulares puede tomar vacaciones o una incapacidad médica sin arriesgar el funcionamiento del tribunal, lo que la propia Corte describe como una vía hacia el cierre técnico. Ante la Comisión de Nombramientos, el presidente de la Corte, Orlando Aguirre, defendió el diseño constitucional de los cargos vitalicios y responsabilizó al Congreso del bloqueo: "La letra de la Constitución es clara. Le asigna a la Corte hacer la lista y después dice que la Asamblea nombrará de esa lista", declaró, según Infobae. La falta de suplentes mantiene además varado el eventual desafuero del ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, porque la Sala IV no logra integrar el tribunal pleno necesario para resolverlo, de acuerdo con La República. Ni la Corte Plena ni Pueblo Soberano han explicado qué cambiará en una tercera ronda si el resultado vuelve a ser el mismo.
La Sala Constitucional declaró con lugar, por unanimidad, el recurso de amparo que las diputadas Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, y Abril Gordienko presentaron contra la resolución con la que Yara Jiménez había rechazado, el 2 de junio, una permuta de comisiones entre ambas legisladoras, según reportaron Monumental y Delfino.cr. Jiménez había interpretado entonces que el artículo 70 del Reglamento Legislativo no permitía intercambios entre diputadas de distintos partidos. Cuando Dobles confrontó a Jiménez por el fallo durante la sesión de jefaturas de fracción, la presidenta legislativa levantó la reunión en lugar de responder, de acuerdo con Semanario Universidad. Dobles le respondió directamente: "Si la Asamblea Legislativa y usted como presidenta actúan contrario a la ley y emiten resoluciones inconstitucionales, la respuesta de la Sala Constitucional será decirle que es inconstitucional", y agregó que "las mayorías también deben obedecer y someterse a la ley", según citó El Mundo CR. El episodio complica el relato de un oficialismo sin contrapesos: aunque Pueblo Soberano controla 31 de los 57 escaños de la Asamblea, el choque muestra que ni esa mayoría ni la presidencia del Congreso quedan al margen del control constitucional. Jiménez indicó que estudiará las resoluciones y recordó que cuenta con el respaldo de 30 diputados, pero pospuso la discusión para una sesión del Plenario. Al cierre de esta edición no había fijado fecha para esa discusión ni había aclarado si cambiará el criterio con el que resuelve futuras solicitudes de permuta entre bancadas.
Las mayorías también deben obedecer y someterse a la ley
La Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos rechazó el jueves 16 de julio, con los cinco votos de Pueblo Soberano, la moción del diputado Salvador Padilla Villanueva, del PLN, para investigar un crédito de $8,3 millones que el Banco Nacional otorgó a la empresa Mercantil Lapis Lazuli Group S.A., donde figura como beneficiario Boris Marchegiani, embajador de Costa Rica ante la ONU, según reportaron El Mundo CR y Delfino.cr. Votaron en contra los oficialistas Antonio Barzuna, Cindy Blanco, Gonzalo Ramírez, María Isabel Camareno y Stephan Brunner; a favor solo Padilla, Víctor Hidalgo (PLN) y Sigrid Segura (Frente Amplio), de acuerdo con CRC891. Marchegiani financió partidos políticos mientras un escudo judicial eximía a su empresa de pagar millones al Banco Nacional, antes de ser nombrado embajador, según recordó La Nación en su columna Corrillos Políticos. El bloqueo se suma a la resistencia de Pueblo Soberano a otras solicitudes de fiscalización esta semana, y refuerza el patrón que también atraviesa el litigio de la Sala IV: instituciones clave frenadas cuando la investigación toca a personas cercanas al oficialismo. Tras el rechazo, Padilla y otros diputados presentaron dos mociones de revisión que la comisión deberá discutir en su próxima sesión; si alguna se aprueba, los diputados podrían revertir la decisión y abrir la investigación sobre el crédito de Marchegiani. Al cierre de esta edición no había fecha confirmada para esa sesión.
La presidenta responde en su conferencia semanal al fiscal general, quien había advertido sobre un supuesto proyecto autoritario heredado de la administración de Rodrigo Chaves, y le exige presentar pruebas concretas.
La presidenta Laura Fernández respondió con dureza al fiscal general, Carlo Díaz, después de que este afirmara ver indicios de un proyecto autoritario en el Gobierno actual, heredado de la administración de Rodrigo Chaves, según reportaron El Mundo CR y Diario Extra. "Presente una evidencia de que quiero una dictadura", le exigió Fernández, y agregó: "No tengo ningún interés de ser dictadora", recordando que ganó la Presidencia con el voto de más de 1.200.000 personas en una elección convocada por el Tribunal Supremo de Elecciones. El Observador CR reportó que la mandataria llegó a calificar a Díaz de "vergüenza nacional". El choque ocurre mientras el periodo de Díaz como fiscal general vence el 31 de octubre y él tiene plazo hasta el 30 de setiembre para anunciar si buscará la reelección, en medio de una tensión creciente entre el Ministerio Público y el bloque oficialista. Díaz ya había cuestionado una propuesta legislativa para que sean los diputados quienes nombren al fiscal general, con el argumento de que "el fiscal no puede ser amigo del presidente", según Semanario Universidad. El episodio se suma al que la mandataria protagonizó dos días antes con la magistrada Patricia Solano, a quien pidió "dejar de hablar paja y ponerse a trabajar". Díaz no ha retirado sus declaraciones ni ha presentado evidencia adicional del proyecto que describe como autoritario, y Casa Presidencial no ha anunciado ninguna acción formal contra el fiscal general al cierre de esta edición.
La fracción del Frente Amplio presentó un paquete de 11 proyectos de ley -seis ya en trámite legislativo y cinco iniciativas nuevas- que denominó "paquete fiscal anti evasión", y envió una carta a la presidenta Laura Fernández para pedirle que los convoque a sesiones extraordinarias, según reportaron La Nación y El Observador CR. "La crisis fiscal no la puede pagar el pueblo", planteó la fracción en el documento, de acuerdo con La Nación. Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2031 elaborado por el Ministerio de Hacienda, los ingresos tributarios como proporción del PIB han caído durante los últimos tres años y, de mantenerse la tendencia, llegarían a representar apenas el 10% del PIB en 2031, cifra que el Frente Amplio cita para argumentar que los recortes al gasto social no son la respuesta a la situación de las finanzas públicas, que ya ha generado advertencias del Fondo Monetario Internacional. La propuesta llega en paralelo al plan que el propio Gobierno prepara contra el contrabando y la evasión, y que presentará formalmente el 22 de julio. El Frente Amplio dijo que buscará "puntos de coincidencia" con la propuesta oficial, según El Observador CR. Casa Presidencial no ha confirmado si convocará los 11 proyectos de la fracción junto con su propio paquete, ni ha fijado una fecha para responder la carta.
— La fracción envía una carta a la presidenta Laura Fernández con seis expedientes en trámite y cinco iniciativas nuevas, y advierte que el ajuste no puede recaer en el gasto social.
La presidenta Laura Fernández anunció que el Gobierno presentará formalmente el 22 de julio una ofensiva legal y administrativa contra el contrabando y la evasión fiscal, elaborada junto con el Ministerio de Hacienda, centrada en endurecer controles y sanciones y cerrar portillos legales, sin crear impuestos nuevos, según reportaron Infobae y El Financiero CR. "La prioridad de este Gobierno es aumentar la recaudación persiguiendo la evasión y el comercio ilícito, no creando nuevos impuestos", declaró la mandataria, de acuerdo con Infobae. El Ejecutivo avanza en el cruce de información para identificar a comerciantes que reciben pagos por Sinpe Móvil y tarjeta sin declararlos ante la administración tributaria, según ese mismo medio. La estrategia se presenta días después de que Hacienda reportara un superávit primario de ₡293.641 millones entre enero y mayo -el sexto año consecutivo- y mientras S&P advierte sobre el riesgo de largo plazo que representan las reservas de pensiones y salud de la CCSS: el Gobierno apuesta por la fiscalización antes que por nuevos tributos para cerrar esa brecha, en un momento en que el Frente Amplio empuja en paralelo su propio paquete legislativo. El Poder Ejecutivo enviará los proyectos de ley a la Asamblea Legislativa durante julio como parte de esta ofensiva, con el detalle completo previsto para el 22 de julio, según El Observador CR. Hacienda no ha publicado los textos de los proyectos al cierre de esta edición.
El Consejo de Gobierno descarta también al designado por el sector empresarial para la Junta Directiva de la Caja, y deja sin cuórum completo a la institución mientras los sindicatos advierten con nuevas protestas.
Además de rechazar en junio a la exdiputada Rocío Alfaro como representante del sector trabajador en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Consejo de Gobierno rechazó también al representante designado por el sector empresarial, al considerar que la persona propuesta no cumplía todos los requisitos establecidos, según reportó CRHoy. Unas 35 personas de organizaciones como la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la CCSS (Undeca) y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Estatal a Distancia (Siuned) protestaron el miércoles 15 frente a Casa Presidencial para exigir la juramentación de ambos representantes, de acuerdo con Teletica. Sin la Junta Directiva completa, la CCSS no puede sesionar con normalidad ni resolver decisiones sobre pensiones y atención médica que afectan a miles de personas que esperan citas o cirugías, según han señalado los sindicatos a La Nación. El bloqueo repite, en otra institución clave, el patrón que también atraviesa a la Sala IV esta semana: nombramientos legítimos frenados por el Ejecutivo o el Congreso mientras la institución paga el costo operativo. Los sindicatos no descartan nuevas protestas si el Gobierno no juramenta a los representantes de ambos sectores, y Casa Presidencial no ha anunciado ningún cambio de posición ni una fecha para resolver los dos rechazos al cierre de esta edición.
S&P Global Ratings mantuvo en su revisión de julio la calificación de deuda soberana de largo plazo de Costa Rica en BB, y en B a corto plazo, tanto para moneda local como extranjera, con perspectiva estable, según reportaron Delfino.cr y El Mundo CR. La firma proyecta un crecimiento económico cercano al 3,5% anual durante los próximos cuatro años, apoyado en la estabilidad institucional, el turismo, los servicios y las exportaciones de manufactura de alto valor. S&P estima que la deuda neta del Gobierno general se mantendrá apenas por encima del 60% del PIB en ese mismo período, y advirtió que la situación financiera de la seguridad social representa un riesgo de largo plazo: las reservas de los sistemas de pensiones y de atención médica de la CCSS podrían agotarse en los próximos cinco a diez años, lo que aumentaría la presión sobre las finanzas públicas, según recogió La Nación. La advertencia complica el mensaje de solidez fiscal que Hacienda transmitió esta semana al reportar un superávit primario por sexto año consecutivo: para S&P, el costo estructural de las pensiones sigue ahí, sin resolver. La calificadora dijo que podría bajar la nota en los próximos 12 a 18 meses si el Gobierno adopta una política fiscal expansiva o si una desaceleración económica más severa deteriora las cuentas públicas, pero que podría mejorarla si se acelera la consolidación fiscal y se fortalece la coordinación entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, una condición que esta misma edición documenta como la más escasa del momento.