Los sindicatos marchan hoy a Casa Presidencial para exigir la juramentación de Rocío Alfaro en la CCSS, el Congreso abre audiencias con la cúpula judicial durante el bloqueo a la Sala IV, la presidenta Laura Fernández devuelve la Policía de Control de Drogas al aeropuerto Juan Santamaría y Hacienda reporta un superávit fiscal de ₡293.641 millones.
El movimiento sindical exige al Gobierno juramentar a Rocío Alfaro como representante de los trabajadores, después de que el Consejo de Gobierno bloqueara su nombramiento hace tres semanas.
Organizaciones sindicales y sociales convocan para hoy miércoles 15 de julio, a las 10:00 a.m. frente a Casa Presidencial, una manifestación bajo la consigna "¡No más atrasos, ni pretextos!", según reportaron Teletica y Diario Extra. La protesta busca presionar al Poder Ejecutivo para que juramente de inmediato a los representantes electos por los sectores social, laboral y patronal en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre ellos la exdiputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio, electa el 9 de junio como representante del sector trabajador pero rechazada por el Consejo de Gobierno el 24 de junio. El Gobierno justificó el rechazo argumentando que Alfaro "carece de experiencia económica" y mantiene una participación política activa, mientras que la suplente propuesta ya había sido separada previamente del mismo cargo, según el Consejo de Gobierno citado por El Observador CR. Los sindicatos consideran que el Ejecutivo busca generar una crisis institucional en la CCSS: sin cuórum completo, la Junta Directiva no puede sesionar con normalidad, lo que retrasa decisiones sobre pensiones y atención de salud para miles de personas que esperan citas o cirugías, de acuerdo con ese medio. El movimiento sindical presentó un recurso de reposición contra el rechazo, que fue denegado, y acudió después a la Sala Constitucional, según Semanario Universidad y Delfino.cr; la Sala IV dio curso al amparo y otorgó tres días hábiles al Gobierno para responder, aunque al cierre de esta edición no había resuelto el fondo del caso. Ni Casa Presidencial ni el Consejo de Gobierno han anunciado si revertirán la decisión antes de la protesta de hoy.
La Comisión de Nombramientos arranca hoy una ronda de audiencias con la cúpula del Poder Judicial, en momentos en que 123 expedientes de la Sala IV siguen represados por falta de magistrados suplentes.
La Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa inicia hoy miércoles 15 de julio, a las 9:00 a.m., una ronda de audiencias con los jerarcas del Poder Judicial para conocer qué perfiles profesionales, éticos y de desempeño consideran indispensables para ejercer una magistratura, según reportó Infobae. La primera cita es con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre; el jueves 16 comparecerán el presidente de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas, y el presidente de la Sala Segunda, Luis Porfirio Sánchez, de acuerdo con ese medio. La ronda de audiencias llega durante la disputa entre la fracción oficialista de Pueblo Soberano y la Corte Plena por los nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional, vacantes desde diciembre de 2025 porque el oficialismo no ha respaldado a ninguno de los 18 candidatos enviados dos veces por el Poder Judicial. La falta de suplentes mantiene represados 123 expedientes -97 recursos de amparo, 22 acciones de inconstitucionalidad, dos consultas judiciales, una consulta legislativa y un hábeas corpus-, según cifras de la propia Sala IV citadas por Teletica y Semanario Universidad. "Detrás de cada expediente hay una persona que requiere justicia pronta y cumplida", declaró el presidente de la Corte, Fernando Castillo, de acuerdo con Teletica. El fiscal general, Carlo Díaz, cuyo periodo vence el 31 de octubre, tiene plazo hasta el 30 de setiembre para anunciar si buscará la reelección, un proceso que se resolverá bajo el mismo clima de tensión entre el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial, según ha reportado La Nación. La Comisión de Nombramientos no ha precisado si las audiencias con los jerarcas judiciales incluirán preguntas específicas sobre el bloqueo a los magistrados suplentes ni cuándo entregará sus conclusiones.
La presidenta revierte la decisión de Rodrigo Chaves de retirar a la PCD de fronteras y aeropuertos, y asigna 11 agentes fijos y un analista antidrogas a la terminal de Alajuela.
La presidenta Laura Fernández anunció el refuerzo de la seguridad en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría con la asignación permanente de 11 oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD) y, por primera vez, un analista antidrogas fijo en la terminal, según reportaron La Nación, Monumental y Tico Times. La medida se suma a tres agentes de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) que ampliarán el trabajo de investigación e inteligencia sobre estructuras de crimen organizado transnacional que operan en el aeropuerto, de acuerdo con esos medios. La decisión revierte la política del expresidente Rodrigo Chaves, hoy ministro de la Presidencia y de Hacienda, quien había retirado la presencia permanente de la PCD de aeropuertos, puertos y puestos fronterizos, según recordó La Nación. Fernández explicó que el comportamiento del narcotráfico "no es el mismo que hace cuatro años" y que hoy circulan drogas más elaboradas, como pastillas y precursores químicos para fabricar estupefacientes sintéticos, de acuerdo con El Mundo CR. La presidenta adelantó que el modelo no será exclusivo del Juan Santamaría y que el Gobierno evalúa extenderlo al aeropuerto Daniel Oduber en Liberia, al Tobías Bolaños en Pavas y a los puestos fronterizos, según Monumental. El Ministerio de Seguridad Pública no ha fijado una fecha para esa posible ampliación.
El Concejo Municipal de San José votó por unanimidad, con 11 votos a favor, frenar en la sesión ordinaria 115 del martes 14 de julio el reglamento de espectáculos públicos que restringía la música en vivo, el baile y los horarios de cierre de bares y restaurantes después de las 10 p. m., según reportaron La Nación y Delfino.cr. El texto había sido aprobado en primer debate apenas una semana antes, el 7 de julio, con siete votos a favor y cuatro en contra. El alcalde Diego Miranda reconoció que el reglamento tenía un "error" y llamó a "construir en conjunto" una nueva versión con los sectores afectados, de acuerdo con Diario Extra, después de pasar de defender el texto a repartir responsabilidades sobre las restricciones: "hubo una mano de personas" detrás del problema, admitió, según La Nación. El sector de entretenimiento nocturno había rechazado negociar mientras el Concejo no votara formalmente el freno al reglamento, calificando de insuficiente un simple anuncio en redes sociales del alcalde, según recogió ese mismo medio. El Financiero CR describió el episodio como el intento municipal de "apagar la fiesta" en la capital antes de la marcha atrás. La Municipalidad de San José realizará sesiones de trabajo con los sectores involucrados en agosto para construir una versión final del reglamento, según Monumental. No hay, al cierre de esta edición, una fecha exacta para presentar el nuevo texto ante el Concejo.
Hubo una mano de personas
El Ministerio de Hacienda reportó un superávit primario de ₡293.641 millones (unos $647,1 millones) entre enero y mayo de 2026, el sexto año consecutivo en que los ingresos del Gobierno Central superan el gasto primario en ese periodo, según un comunicado de la cartera citado por Infobae. Los ingresos totales alcanzaron ₡3.056.747 millones (5,7% del PIB), mientras el gasto primario sumó ₡2.763.105 millones (5,2% del PIB), de acuerdo con las cifras oficiales. El viceministro de Egresos, Luis Molina, atribuyó el resultado a la disciplina fiscal y a la contención del gasto corriente, y aseguró que la cifra mejora la confianza de los mercados, según Infobae. El resultado positivo convive, sin embargo, con una recaudación acumulada menor a la del mismo periodo de 2025, lo que Hacienda atribuye a la desaceleración de la actividad económica y espera revertir con nuevas medidas de control tributario contra la evasión y el contrabando a partir del segundo semestre. El superávit se conoce mientras el propio Ministerio de Hacienda negocia con diputados un plan de eurobonos por $13.500 millones que la oposición considera excesivo; la contralora Marta Acosta pidió "prudencia" en el análisis del proyecto, según El Observador CR. Hacienda no ha explicado cómo concilia el mensaje de solidez fiscal con la magnitud del endeudamiento externo que busca autorizar la Asamblea Legislativa.
La Defensoría de los Habitantes intensificó su intervención ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) después de recibir múltiples denuncias de personas en condición de vulnerabilidad que, al solicitar el aseguramiento por el Estado o una pensión del Régimen No Contributivo, son remitidas al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para una valoración socioeconómica, según reportaron El Mundo CR, Monumental y Semanario Universidad. La Defensoría sostiene que esa remisión contradice la normativa vigente, que establece una responsabilidad compartida entre ambas instituciones. La Procuraduría General de la República ya había aclarado en abril, mediante el dictamen vinculante C-064-2026, que cuando la CCSS administra programas financiados con recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), su participación en la actualización de los datos de las personas beneficiarias "no es opcional, sino una obligación legal derivada directamente de la ley", según citó Semanario Universidad. Las trabas retrasan el acceso de personas vulnerables a servicios médicos, medicamentos y pensiones, con casos de aseguramiento vencido que dejan a pacientes sin cobertura para tratamientos en curso, de acuerdo con Monumental. La CCSS indicó a la Defensoría que el análisis en curso contempla priorizar a las personas que actualmente están privadas de medicamentos, tratamientos o consultas por vencimiento o afectación de su seguro, pero no reportó un cronograma estimado para resolver el problema de fondo, según El Mundo CR. La Defensoría señaló que el proceso "no ha concluido" al cierre de esta edición.
La firma CB Global Data ubicó a la presidenta Laura Fernández en el tercer lugar del Ranking de Presidentes Latinoamericanos de julio de 2026, con una imagen positiva de 55,5%, solo detrás del salvadoreño Nayib Bukele (67,4%) y la mexicana Claudia Sheinbaum (65,1%), según reportaron Infobae y El Mundo CR. La encuesta se realizó entre el 3 y el 8 de julio mediante entrevistas a 4.854 personas, con un margen de error de ±1,4 puntos porcentuales, de acuerdo con esos medios. La imagen de Fernández bajó 0,6 puntos porcentuales frente a la medición de junio, con un 23,9% de costarricenses que califican su gestión como "buena" y un 31,6% como "muy buena", según los datos citados por Infobae. El resultado llega dos meses después de que la mandataria asumiera la Presidencia, el 8 de mayo, durante una crisis de seguridad y una situación fiscal que analistas describieron entonces como de "estabilidad macroeconómica con presión social", de acuerdo con El Observador CR. CB Global Data no ha publicado el desglose completo por temas de la evaluación a Fernández -seguridad, economía o gestión institucional por separado- y Casa Presidencial no se ha pronunciado públicamente sobre el resultado del sondeo.
El Ministerio de Hacienda comenzó el lunes 13 de julio a depositar el aumento salarial aprobado en marzo para empleados públicos inscritos en el Sistema Integra I, que administra la planilla de la mayoría de los ministerios y de instituciones como la Defensoría de los Habitantes y el Tribunal Supremo de Elecciones, según reportaron Infobae y La Nación. Los funcionarios con salarios base de entre ₡287.000 y ₡514.600 mensuales recibieron un incremento adicional de ₡10.000, mientras quienes ganan entre ₡514.601 y ₡534.050 obtuvieron un aumento gradual según la escala del Decreto Ejecutivo N.° 45515-H-PLAN, de acuerdo con esos medios. Hacienda confirmó que un incidente en el Sistema Integra I impidió incorporar el pago de anualidades a un grupo de funcionarios, y que el personal del Ministerio de Educación Pública (MEP) -que opera bajo el Sistema Integra II- deberá esperar hasta el cuarto trimestre de 2026 para recibir el ajuste, cuando se pagará de forma retroactiva, según Semanario Universidad. El MEP concentra la planilla más grande del sector público costarricense, lo que deja fuera del primer giro a decenas de miles de educadores. El Ministerio de Hacienda no ha explicado con precisión técnica cuál es la falla del Sistema Integra II ni ha comprometido una fecha exacta dentro del cuarto trimestre para completar el pago retroactivo a los funcionarios del MEP.
— El Ministerio de Hacienda giró el incremento aprobado en marzo a miles de funcionarios del Sistema Integra I, pero los educadores del Ministerio de Educación Pública recibirán el ajuste hasta el cuarto trimestre, de forma retroactiva.
El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió para hoy miércoles 15 de julio el ingreso de la onda tropical N.° 23, que favorecerá lluvias en el Caribe y la Zona Norte y mantendrá vientos fuertes en buena parte del territorio, según el pronóstico oficial del IMN. Los vientos sostenidos oscilarán entre 15 y 30 km/h, con ráfagas de entre 30 y 60 km/h, mientras en la cordillera y el norte de Guanacaste las ráfagas podrán alcanzar entre 70 y 95 km/h, de acuerdo con el instituto. El fenómeno llega apenas dos días después de que la onda tropical N.° 22 dejara aguaceros y ráfagas de hasta 80 km/h durante el fin de semana, mientras la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) mantiene la alerta verde en todo el país por la saturación de suelos en cuencas como Sarapiquí, Aguas Zarcas y Upala, que según Infobae superaban el 90% de humedad la semana pasada. Los vientos fuertes representan un riesgo adicional de caída de árboles y ramas y de oleaje en el golfo de Nicoya, según ha advertido el IMN en pronósticos previos. El IMN y la CNE piden evitar actividades en zonas altas y costeras expuestas al viento; ninguna de las dos instituciones ha elevado la alerta a naranja o roja en algún cantón al cierre de esta edición.