Un abogado denuncia al fiscal general y a una magistrada por beligerancia política, la Sala IV le da tres días a la Asamblea para explicar el bloqueo a los magistrados suplentes, y Nogui Acosta defiende la venta del BCR pese al rechazo del PLN.
Esteban Aguilar pide a la Inspección Judicial investigar si el fiscal general y la presidenta de la Sala Tercera violaron el deber de imparcialidad con declaraciones sobre política y economía nacional.
El abogado Esteban Aguilar presentó una denuncia administrativa ante la Inspección Judicial contra el fiscal general, Carlo Díaz, y la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, por presunta beligerancia política y eventuales conflictos de interés, según reportaron Monumental y El Guardián CR. La denuncia cuestiona declaraciones públicas de ambos funcionarios sobre la situación política y económica del país: en el caso de Díaz, menciones al ministro Rodrigo Chaves y al partido de gobierno, además de sus expresiones sobre la democracia; en el de Solano, comparaciones críticas sobre el desempeño económico, de acuerdo con Monumental. Díaz había advertido el 8 de julio, en una entrevista con Acontecer, que el proyecto político liderado por Chaves —hoy ministro de la Presidencia y de Hacienda— arriesga la democracia si logra controlar los tres Poderes de la República: "Si concentramos estos tres en Rodrigo Chaves, diay, ya aquí no hay democracia. La democracia se acaba. Autoritarismo, así de simple", dijo el fiscal general. Solano, por su parte, fue señalada por afirmaciones como que antes de las elecciones se hablaba de una "economía jaguar" que, en sus palabras, "no llega ni a gatito", según recogió Monumental. La denuncia de Aguilar invoca el artículo 33 de la Circular 72-2019 de la Corte Plena, que prohíbe a los funcionarios judiciales expresar opiniones que se interpreten como adhesión o rechazo a una tendencia política. Corresponde a la Inspección Judicial determinar si las expresiones de Díaz y Solano están amparadas por la libertad de expresión o si exceden los límites del régimen disciplinario del Poder Judicial. Ni Díaz ni Solano se habían pronunciado públicamente sobre la denuncia al cierre de esta edición, y la Inspección Judicial no ha fijado plazo para resolverla.
El jefe de fracción de Pueblo Soberano defiende que la venta generaría competencia en el sistema financiero, mientras el Partido Liberación Nacional sostiene que el banco está sano y no debería desaparecer.
El diputado y jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, defendió la venta del Banco de Costa Rica (BCR) al argumentar que permitiría la entrada de "un nuevo jugador al mercado" financiero costarricense, según recogieron Acontecer y El Observador CR. Acosta, quien fue ministro de Hacienda durante los dos intentos previos de venta del banco, explicó que si los cerca de $1.800 millones en activos del BCR rinden un 3% frente a un costo de la deuda del Gobierno cercano al 6%, sería más conveniente vender el banco y usar los recursos para amortizar deuda, según ese razonamiento. El planteamiento choca con la posición del Partido Liberación Nacional (PLN), cuyo presidente, Ricardo Sancho, ha reiterado que su partido se opondrá a la venta porque el banco "es sano y podría ser un dinamizador del sector productivo" y porque no existe, a su juicio, un marco regulatorio previo que respalde la operación. El PLN se sumó además, el 29 de junio, a un pacto con el Frente Amplio, Agenda Ciudadana y organizaciones sociales agrupadas en la Red Nacional de Sectores Sociales (Renases) para resistir eventuales privatizaciones o recortes a instituciones como la CCSS, el ICE, el INS, el BCR y las universidades públicas, según reportaron La Nación y El Mundo CR. Los Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa ya habían concluido que la venta requiere 38 votos, una mayoría calificada que Pueblo Soberano no alcanza por sí solo con sus 31 escaños. El Poder Ejecutivo no ha presentado formalmente el nuevo proyecto de ley ante el plenario ni ha detallado cómo buscará sumar los votos de al menos una fracción opositora antes de que termine el período de sesiones extraordinarias, el 31 de julio. Acosta tampoco ha explicado qué pasaría con la planilla del banco ni con los fideicomisos que administra el BCR en caso de concretarse la venta.
La Sala Constitucional admitió para su estudio, el 9 de julio, un recurso de amparo presentado por tres mujeres costarricenses, respaldado por más de 1.800 firmas, contra la Asamblea Legislativa por no designar a los nueve magistrados suplentes que la Corte Suprema de Justicia propuso para esa misma Sala, según reportaron Semanario Universidad y Teletica. El expediente, identificado como 26-022114-0007-CO, obliga a la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, a remitir un informe con explicaciones en un plazo de tres días hábiles. Las recurrentes argumentan que la omisión legislativa vulnera el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, al afectar el funcionamiento regular de la jurisdicción constitucional, de acuerdo con Semanario Universidad. La fracción oficialista de Pueblo Soberano no ha logrado consenso interno para respaldar a ninguno de los 18 aspirantes que la Corte Plena le envió, pese a que ya rechazó la misma nómina en una ocasión anterior; el bloqueo mantiene represados 87 expedientes en la Sala IV. La Asamblea Legislativa tiene hasta el martes 14 de julio para remitir su informe a la Sala Constitucional. No hay fecha fijada para que el Congreso retome la votación de los magistrados suplentes ni indicios de que la fracción oficialista haya destrabado su posición interna.
El diputado Ariel Robles Barrantes, del Frente Amplio, criticó la propuesta del Ministerio de Hacienda de aplicar el IVA general a la canasta básica y resumió el giro discursivo del Gobierno con una frase: "Pasamos de la economía jaguar a la de un gatito raquítico en cuestión de meses. Si era jaguar, ¿por qué ahora impuestos a la canasta básica?", según reportó Acontecer. El comentario apunta al ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, quien evalúa junto al Consejo de Gobierno un esquema de "IVA personalizado" que aplicaría la tarifa general a los productos básicos y devolvería el monto correspondiente a los hogares de menores ingresos mediante subsidios directos, de acuerdo con El Observador CR y Monumental. El viceministro de Ingresos descartó que el cambio se aplique en el corto plazo, aunque confirmó que la posibilidad sigue en evaluación dentro de un "plan fiscal" que Hacienda ya llevó al Consejo de Gobierno, según Monumental. Desde la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de 2018, la canasta básica paga una tarifa reducida del 1% de IVA, muy por debajo del 13% general; el Fondo Monetario Internacional había recomendado en junio elevarla al 13% junto con otros ajustes al aguinaldo, al salario escolar y al impuesto sobre la renta, según Semanario Universidad. Robles propone, en cambio, dirigir la carga tributaria hacia las grandes fortunas y las propiedades de lujo: "Que esta crisis la paguen quienes tienen riquezas enormes", planteó. Hacienda no ha fijado una fecha para presentar formalmente la propuesta de IVA personalizado ante la Asamblea Legislativa, y el propio viceministerio de Ingresos ha evitado comprometerse con un cronograma. La discusión se da mientras el país negocia por separado un posible acuerdo con el FMI que incluiría cambios más amplios al régimen tributario.
Pasamos de la economía jaguar a la de un gatito raquítico en cuestión de meses. Si era jaguar, ¿por qué ahora impuestos a la canasta básica?
La Policía Penitenciaria detuvo el miércoles 8 de julio a Irving Malespín, abogado y exdirector de la Policía de Control Fiscal (PCF), cuando intentó ingresar un reloj inteligente sin reportarlo durante el control de acceso al Centro de Atención Institucional San José, conocido como cárcel de San Sebastián, según confirmaron La Nación, Infobae y Teletica. Malespín visitaba a un cliente en ese centro penal cuando el dispositivo fue decomisado en la revisión de rutina. El Ministerio Público lo remitió a la Fiscalía de Flagrancia por el presunto delito de introducción de teléfonos celulares, satelitales u otros dispositivos tecnológicos de comunicación a establecimientos penitenciarios cerrados, y el Ministerio de Justicia y Paz reiteró que los protocolos de seguridad se aplican "sin distinción de la condición o profesión de las personas" que ingresan a los centros penales, según La Nación. Consultado por ese medio, Malespín respondió: "El proceso está en curso y por ahora no voy a hacer declaraciones. Agradezco la comprensión de todo corazón". El caso se suma a los antecedentes judiciales de Malespín, quien ya había sido absuelto junto al exdirector del OIJ Celso Gamboa en una causa por un presunto documento falso, según CRHoy. El Ministerio Público no ha informado si Malespín continúa detenido o si fue puesto en libertad mientras avanza el proceso de flagrancia.
— Irving Malespín, quien dirigió la Policía de Control Fiscal, fue interceptado por la Policía Penitenciaria al ingresar un reloj inteligente sin declarar a la cárcel de San Sebastián.
El tipo de cambio de referencia del Banco Central de Costa Rica (BCCR) cerró en ¢451,4750 por dólar el 9 de julio, su nivel más bajo del año, con una oferta abundante de divisas en el mercado mayorista y compras de estabilización del propio Banco Central, según datos oficiales citados por El Financiero. La entidad había comprado $843,75 millones en operaciones de estabilización cambiaria durante el primer semestre de 2026, una práctica que no se había registrado en igual período de 2024 ni de 2025. El superávit de divisas en el mercado mayorista alcanzó $3.874 millones en lo que va de 2026, por encima de los $3.679 millones de 2025 y los $3.468 millones de 2024, de acuerdo con ese medio. La abundancia de dólares golpea directamente a los sectores exportadores: los ingresos por ventas de banano, café y piña ya habían retrocedido con fuerza en meses previos por el ajuste cambiario, según reportó Infobae, justo cuando el Banco Central proyecta una desaceleración del crecimiento económico para 2026. El Banco Central no ha anunciado si mantendrá el ritmo de compras de estabilización durante el segundo semestre, y el próximo Informe de Política Monetaria trimestral —que normalmente se publica en julio— podría precisar sus proyecciones sobre el tipo de cambio para lo que resta del año.
El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) confirmó que la modernización de Puerto Caldera representa una inversión superior a los $600 millones y que el contrato de concesión con el Consorcio Sunset —integrado por HGT Inversiones, subsidiaria de Hapag-Lloyd, y APM Terminals— se firmaría en diciembre de este año, según declaró el presidente ejecutivo de Incop, Wagner Quesada, a Infobae. El anuncio llega un día después de que la Contraloría General de la República rechazara, el 8 de julio, los dos recursos de apelación que International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) había presentado contra la adjudicación. La Contraloría había concluido que el índice de endeudamiento promedio de ICTSI entre 2021 y 2023 fue de 2,16 veces, por encima del límite de 1,75 veces exigido en el cartel de licitación, lo que dejó fuera de concurso a esa empresa, según Teletica y Delfino.cr. Incop estima que los trabajos de modernización arrancarían en octubre de 2027 y concluirían entre finales de 2029 e inicios de 2030, con un proyecto que busca agilizar el comercio exterior, atraer inversión y generar empleo en la región Pacífico del país, de acuerdo con Infobae. El Incop no ha detallado el cronograma específico de la transición operativa entre el operador actual, SPC, y el nuevo consorcio, ni ha precisado si el plazo de diciembre para la firma del contrato podría adelantarse.