El presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, rechaza la cumbre convocada por Laura Fernández, el Ejecutivo presenta una reforma a la Contraloría que retoma artículos declarados inconstitucionales en 2024, las jornadas 4x3 acumulan 1.683 mociones pendientes y Costa Rica supera los dos millones de turistas en siete meses.
El presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, declinó asistir al encuentro convocado por la presidenta Laura Fernández para este viernes, y advirtió que el formato propuesto compromete la independencia judicial.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, comunicó el jueves 20 de agosto, mediante una carta dirigida a la presidenta Laura Fernández, que no participará en la reunión de jerarcas de los Supremos Poderes convocada para este viernes 21 de agosto en Casa Presidencial, según reportaron Infobae Costa Rica y Teletica. Aguirre argumentó que "no es la coordinación lo que resulta inconveniente, sino el mecanismo propuesto y sus implicaciones para el ejercicio independiente de las funciones del Poder Judicial", y advirtió que un foro político no puede imponer metas, plazos ni evaluaciones periódicas a ese Poder, cuyas políticas corresponden únicamente a la Corte Plena. Ante la negativa, la Presidencia anunció formalmente la suspensión del encuentro, según confirmaron El Observador CR y El Mundo CR. La cumbre había sido propuesta por Fernández el 11 de agosto para fijar metas y plazos conjuntos en materia de seguridad entre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, con transmisión en vivo, y estaba prevista para las 10 a. m. de este viernes, como reportó esta edición el lunes. El rechazo de Aguirre se suma a la disputa institucional que domina la agenda política desde julio: la Asamblea Legislativa mantiene abierta desde el 31 de julio una querella penal por prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional, y la propia Sala Constitucional estudia cinco gestiones legales contra el decreto de secreto de Estado que Fernández firmó para reservar información de seguridad, como ha reportado esta edición. La negativa del presidente de la Corte Suprema es, hasta ahora, la voz más clara dentro del propio Poder Judicial contra el estilo de coordinación que propone el Ejecutivo. La Presidencia informó que continuará las conversaciones con la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y Aguirre dejó abierta la posibilidad de participar en futuros encuentros "siempre que exista buena fe, respeto mutuo, reglas claras y reconocimiento de las competencias e independencia de cada Poder", según recogió Infobae Costa Rica. No hay fecha para una nueva convocatoria, y no está claro si el Ejecutivo modificará el formato de la reunión para lograr la participación del Poder Judicial.
El Poder Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 25.722, que reforma 15 artículos y deroga uno de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, además de modificar nueve artículos de la Ley General de Control Interno, según reportaron Acontecer y Delfino.cr. El artículo 22 de la propuesta establece que una investigación de la Contraloría ya no podrá suspender por sí misma la ejecución de estudios, análisis, actos y contratos del Estado, y que esa suspensión solo procederá por orden judicial. El Gobierno presentó la iniciativa como parte del paquete de ocho proyectos de ley que la presidenta Fernández anunció el 19 de agosto a sus cien días de gobierno, como reportó esta edición el jueves. La reforma retoma, casi en los mismos términos, las disposiciones de los artículos 11, 17 y 22 de la primera Ley Jaguar que impulsó el gobierno de Rodrigo Chaves y que la Sala Constitucional declaró inconstitucionales en julio de 2024, por considerar que invadían las competencias que la Constitución Política le otorga al órgano contralor en sus artículos 183 y 184, según documentó Delfino.cr. La coincidencia no pasó inadvertida: la propia Fernández defendió en su tesis de la Universidad de Costa Rica el contrapeso que ejerce la Contraloría sobre el gasto público, aunque ese mismo documento advertía sobre los mecanismos con los que ese control puede desactivarse, de acuerdo con el repaso que hizo La Nación de la tesis. "No vamos a debilitar los controles, sino que vamos a modernizar y actualizar la Ley Orgánica de la Contraloría y la Ley de Control Interno", dijo la presidenta Fernández, según Acontecer. El paquete de ocho proyectos incluye además una segunda iniciativa que eliminaría la reelección consecutiva de quien ocupa la Contraloría General, según CRHoy. La Asamblea Legislativa no ha fijado fecha para conocer el expediente 25.722, y no está claro si la Sala Constitucional recibirá una consulta previa de constitucionalidad antes de que el proyecto avance en la corriente legislativa, dado el antecedente de 2024 con la Ley Jaguar.
El Plenario legislativo votó 110 mociones de fondo adicionales del proyecto de jornadas 4x3 durante la sesión extraordinaria del jueves 20 de agosto, con lo que la semana acumuló 817 mociones votadas, según el conteo de El Observador CR. Pese al ritmo, el número de mociones pendientes subió a 1.683, de las 2.564 presentadas en total al expediente 24.290, porque diputados de oposición siguen incorporando nuevos textos al trámite de vía rápida que impulsa el jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, desde el 10 de agosto. El aumento en el número de mociones pendientes -de 1.043 el lunes a 1.683 el jueves- contradice la expectativa del propio oficialismo de agotar la discusión en pocas semanas, y respalda el señalamiento que hizo la oposición legislativa a La Nación de que el Gobierno usa el proyecto para bloquear a propósito la agenda ordinaria del Congreso, como ha reportado esta edición. El sector empresarial, representado por Uccaep, respalda la reactivación del proyecto pero pidió corregir su texto, mientras diputadas del Frente Amplio insisten en que la iniciativa "impone esclavitud moderna", según recogió La República. No hay fecha estimada para que el Plenario agote las 1.683 mociones pendientes ni para que el proyecto llegue a primer debate, y el oficialismo no ha confirmado si extenderá las sesiones maratónicas que anunció la fracción de Pueblo Soberano, según El Mundo CR.
— El proyecto de jornadas excepcionales de 12 horas acumuló 817 mociones votadas esta semana, pero el total de textos pendientes creció a 1.683, de los 2.564 presentados desde que el oficialismo reactivó el expediente.
El exministro de Seguridad Pública Gustavo Mata y el exfiscal general Francisco Dall'Anese advirtieron que un software espía usado bajo el decreto de secreto de Estado amenazaría libertades civiles, según La Nación.
El exministro de Seguridad Pública Gustavo Mata y el exfiscal general de la República Francisco Dall'Anese advirtieron que autorizar al Poder Ejecutivo a usar un software espía bajo el amparo del decreto de secreto de Estado que firmó la presidenta Laura Fernández abriría la puerta a un régimen de vigilancia comparable al de Cuba o la extinta Unión Soviética, según recogió La Nación. La advertencia surgió después de que el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, anunciara el 24 de junio la llegada de tecnología del Mossad israelí para combatir el contrabando, anuncio que el propio viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal, contradijo esta semana al decir que Hacienda apenas explora alternativas tecnológicas, como reportó esta edición el jueves. La diputada del Frente Amplio Sigrid Segura alertó en el Plenario sobre el riesgo de que el Gobierno adquiera un software del tipo Pegasus -desarrollado por la empresa israelí NSO Group y usado por varios gobiernos para vigilar a periodistas y opositores- al amparo del decreto de secreto de Estado, que reserva la información de compras y contrataciones de seguridad del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), como ha reportado esta edición. El señalamiento llega mientras el perito informático José Sánchez Pérez, que litiga judicialmente contra la tecnología de vigilancia de Hacienda, denunció el 13 de agosto seguimientos de la propia DIS en su contra, según informó esta edición el jueves. La información sobre las declaraciones de Mata y Dall'Anese proviene, al cierre de esta edición, únicamente de La Nación, sin confirmación cruzada de otros medios consultados. Ni Casa Presidencial ni el Ministerio de Seguridad Pública han respondido públicamente a la advertencia de Mata y Dall'Anese, y no hay confirmación oficial de que el Gobierno haya adquirido o negociado la compra de un software de vigilancia como el que mencionaron los exfuncionarios.
Costa Rica recibió 2.001.660 turistas entre enero y julio de 2026, un crecimiento de 6,4% frente al mismo período de 2025, según cifras del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) difundidas el 17 de agosto y recogidas por Teletica y La Nación. Estados Unidos aportó 1.142.234 turistas -el 57% del total-, y Canadá creció 24,4% hasta superar los 220.000 visitantes, de acuerdo con el desglose del ICT. El dato contrasta con la desaceleración que el Banco Central de Costa Rica documentó en agosto en las zonas francas, cuyo principal rubro de exportación -dispositivos médicos- creció apenas 2,4% interanual en junio de 2026, frente al 40% de junio de 2025, como reportó esta edición el miércoles. El turismo, que no depende de los regímenes de exportación, se sostiene como uno de los motores que compensa parcialmente ese freno, y la Presidencia atribuyó parte de la mejora en las cifras de empleo al aumento de las llegadas, según un comunicado publicado en el sitio oficial de Presidencia. El ICT no ha publicado todavía la proyección de cierre de año, y no está claro si el ritmo de crecimiento se sostendrá en la temporada baja que arranca en setiembre.
La suspensión de la cumbre de los tres Poderes, la reforma que revive controles vetados de la Contraloría y el estancamiento de las jornadas 4x3 resumen una jornada marcada por la tensión institucional.
Costa Rica cerró este viernes 21 de agosto con la suspensión de la cumbre de los tres Poderes que la presidenta Laura Fernández había convocado para las 10 a. m. en Casa Presidencial, después de que el presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, rechazara el formato por considerar que compromete la independencia judicial, como reportó esta edición. En paralelo, el Gobierno presentó el proyecto 25.722 para reformar la Ley Orgánica de la Contraloría, que revive disposiciones que la Sala Constitucional declaró inconstitucionales en 2024 dentro de la primera Ley Jaguar. La Asamblea Legislativa, por su parte, acumuló 817 mociones votadas del proyecto de jornadas 4x3 durante la semana, pero el total de textos pendientes subió a 1.683, y un exministro de Seguridad Pública y un exfiscal general advirtieron sobre el riesgo de que el Gobierno use software de vigilancia bajo el decreto de secreto de Estado, según informó esta edición. El turismo, en cambio, ofreció una nota económica positiva: Costa Rica superó los dos millones de visitantes en siete meses, con un crecimiento de 6,4%. Ninguno de los frentes -la suspensión de la cumbre entre Poderes, la reforma a la Contraloría o el estancamiento de las jornadas 4x3- tiene resolución al cierre de esta edición; la atención de los próximos días se concentrará en si la Presidencia reformula el formato de diálogo con el Poder Judicial y en si la Asamblea Legislativa agenda el expediente 25.722.