Diputados oficialistas y de oposición chocan en el Congreso por la querella contra la Sala IV, la Universidad de Costa Rica se suma al plantón del jueves, la magistrada Patricia Solano advierte que un solo suplente destrabaría el desafuero de Rodrigo Chaves, el INEC estrena una canasta de 293 artículos para medir la inflación, y el tipo de cambio de referencia del BCCR sube hasta ¢462,70.
La diputada de Pueblo Soberano Kattia Calvo calificó este martes 4 de agosto de "dictadura judicial" la decisión de la Sala Constitucional de prorrogar el nombramiento de los magistrados suplentes, durante una sesión del plenario legislativo dedicada a discutir la querella por prevaricato contra los magistrados Fernando Cruz, Paul Rueda, Ingrid Hess y Jorge Araya, según reportó Acontecer Matutino. El diputado José Miguel Villalobos, también de la bancada oficialista, argumentó que la Corte Suprema de Justicia usurpó funciones del Poder Legislativo al nombrar suplentes sin intervención de los diputados. La diputada Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana, respondió en la misma sesión que tanto el Gobierno como Pueblo Soberano tienen responsabilidad en el choque de poderes, y advirtió sobre el riesgo de que el enfrentamiento dañe la reputación internacional de Costa Rica, con consecuencias para la calificación de riesgo país y la inversión extranjera, de acuerdo con el mismo medio. El intercambio ocurre un día después de que el Ejecutivo y la bancada oficialista presentaran formalmente la querella ante la Corte Plena, como reportó esta edición. Ni Calvo ni Villalobos han precisado si la fracción oficialista impulsará alguna reforma legal adicional contra la Sala Constitucional, y no está claro si la Asamblea retomará en las próximas sesiones la elección pendiente de los nueve magistrados suplentes que originó el conflicto. La información sobre el intercambio en el plenario proviene únicamente de Acontecer Matutino, sin cobertura cruzada de otros medios al cierre de esta edición.
La Universidad de Costa Rica se suma a la convocatoria de ocho sindicatos judiciales y organizaciones sociales para el plantón del 6 de agosto, mientras la lista de agrupaciones convocantes crece a nivel nacional.
La rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) autorizó este martes 4 de agosto la participación de la comunidad universitaria en el plantón nacional convocado para el jueves 6 de agosto en defensa de la independencia del Poder Judicial, según reportó Diario Extra. La convocatoria, liderada por ocho sindicatos judiciales, se amplió también a organizaciones como ANIC, ANEJUD, ASPROTCOFI, ANPROJUD y ACOJUD, además de los sindicatos SINDEPU, SITRAJUD y SINDIJUD, de acuerdo con Infobae. La movilización responde a la querella por prevaricato que el Ejecutivo y la bancada de Pueblo Soberano presentaron el lunes contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional, y a la caracterización de "golpe de Estado" con la que el Gobierno describió el fallo de ese tribunal sobre los magistrados suplentes, como reportó esta edición. La autorización de la UCR se suma al respaldo institucional que la Sala Constitucional, el Poder Judicial y cuatro expresidentes de la República ya habían expresado en días previos. Ni la rectoría de la UCR ni las organizaciones convocantes han precisado cuántas personas del sector universitario se movilizarán el jueves, y el Gobierno no se ha pronunciado todavía sobre la ampliación de la convocatoria.
La querella por prevaricato que el Ejecutivo y la bancada de Pueblo Soberano presentaron el lunes 3 de agosto contra los magistrados Fernando Cruz, Paul Rueda, Ingrid Hess y Jorge Araya deberá ser conocida primero por la Corte Plena, integrada por los 22 magistrados titulares, según reportó El Observador. Los cuatro magistrados denunciados podrán abstenerse de participar en esa discusión o ser sustituidos, de acuerdo con el mismo medio. Una vez que la Corte Plena delibere, el tribunal decidirá si traslada el caso a la Sala de Casación Penal para un informe técnico o si lo remite directamente al Ministerio Público para que la Fiscalía determine si abre investigación, según El Observador. La ruta se complica porque la Sala Constitucional -el tribunal cuyos integrantes están siendo denunciados- funciona sin los nueve magistrados suplentes que la Asamblea Legislativa no ha logrado nombrar desde diciembre de 2025, como ha reportado esta edición. El Poder Judicial no ha fijado un plazo para que la Corte Plena conozca la querella, y no está claro si alguno de los cuatro magistrados denunciados se abstendrá de participar en su propia defensa institucional. La información sobre la ruta procesal proviene únicamente de El Observador, sin confirmación independiente de otros medios al cierre de esta edición.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) actualizó este miércoles 5 de agosto el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a partir de julio de 2026, ampliando la canasta de bienes y servicios de 289 a 293 artículos, según reportó Delfino.cr. De los artículos anteriores, 243 se mantienen, 43 son nuevos -entre ellos whisky, pasaporte y olla de carne- y siete fueron modificados, de acuerdo con La Nación. El cambio de base, de diciembre de 2020 a junio de 2026, incorpora información del gasto de los hogares recogida en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2024, según el INEC. La actualización llega en momentos en que la inflación interanual costarricense se mantiene en terreno negativo -cerró junio en -0,32%, según La Nación- lo que ya había llevado al Banco Central a recortar su tasa de política monetaria y a revisar su plan de financiamiento del Estado, como ha reportado esta edición. El INEC anunció que los primeros datos de inflación calculados con la nueva metodología se publicarán el viernes 7 de agosto, y no ha precisado si la nueva canasta modificará de forma significativa la cifra interanual respecto a la serie anterior.
— El Instituto Nacional de Estadística y Censos actualizó el Índice de Precios al Consumidor a partir de julio de 2026, con una base ampliada que incorpora whisky, pasaportes y ollas de carne entre 43 productos.
El tipo de cambio de referencia del Banco Central se ubicó entre ¢438,70 y ¢462,70 este martes, un rango más amplio que el reportado a inicios de mes, mientras Hacienda revisa el plan para financiar ¢4,2 billones del Estado.
El tipo de cambio de referencia que publica el Banco Central de Costa Rica (BCCR) se ubicó este martes 4 de agosto entre ¢438,70 de compra y ¢462,70 de venta, según los datos de la entidad. Banco General, por su parte, reportó ese mismo día un rango de ¢448,10 a ¢454,10, de acuerdo con su histórico de referencia. La cotización se compara con el rango de ¢444,00 a ¢458,00 que el BCCR había reportado el domingo, como consignó esta edición, y refleja la volatilidad habitual del mercado cambiario costarricense en los días posteriores al recorte de la tasa de política monetaria a 3,00% del 18 de julio. El movimiento ocurre en la misma semana en que el Ministerio de Hacienda revisa el plan para financiar ¢4,2 billones en necesidades del Estado durante 2026, después de que el BCCR detectara una desaceleración económica "más profunda de lo previsto", como reportó esta edición. El BCCR no ha señalado si espera que el tipo de cambio se estabilice en las próximas semanas, y Hacienda tampoco ha anunciado todavía los instrumentos de deuda que priorizará en su revisión de agosto.
La presidenta aseguró no tener relación con el bloqueo a los suplentes, mientras la magistrada Patricia Solano advierte que un solo nombramiento bastaría para destrabar el desafuero de Rodrigo Chaves.
La presidenta Laura Fernández afirmó que "no tiene nada que ver" con el bloqueo legislativo al nombramiento de los nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional, según reportó Teletica. La magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera, ha señalado en comparecencias recientes ante comisiones legislativas que bastaría con nombrar un solo magistrado suplente para que la Corte Plena pueda analizar la solicitud de la Fiscalía de levantar la inmunidad de Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia y Hacienda, por el caso conocido como "Financiamiento Jaguar". El Ministerio Público acusó a Chaves, a la diputada Pilar Cisneros y a otros jerarcas de delitos electorales por el presunto uso de una estructura paralela de financiamiento en la campaña de 2022, según reportó CR Hoy. El trámite permanece congelado porque el magistrado Paul Rueda se inhibió de conocer los asuntos relacionados con Chaves y no existe un suplente que lo sustituya, lo que mantiene detenidos nueve expedientes vinculados al presidente y un total de 123 casos en la Sala Constitucional por la misma falta de suplentes, de acuerdo con Semanario Universidad y La Nación. La bancada de Pueblo Soberano, el mismo partido de Fernández y Chaves, ha bloqueado en al menos 11 rondas de votación la elección de esos suplentes, según La Nación. Ni Fernández ni la bancada oficialista han explicado por qué la Asamblea Legislativa no ha completado el nombramiento de los suplentes pese a que su ausencia beneficia directamente al ministro Chaves en el proceso de desafuero, y no está claro si la querella por prevaricato que el propio Gobierno presentó esta semana contra los magistrados de la Sala IV acelerará o retrasará aún más esa elección pendiente.