La Asamblea Legislativa reelige a la magistrada Julia Varela en la Sala Segunda pese al informe negativo de la Comisión de Nombramientos, el PLN exige a la Dirección de Inteligencia y a Pueblo Soberano aclarar si mantienen bases de datos de militantes, el déficit fiscal del Gobierno Central sube a ₡653.793 millones en el primer semestre, y solo uno de los 31 diputados oficialistas dejó su trabajo paralelo tras el llamado de la presidenta Laura Fernández.
La Asamblea Legislativa reeligió a Julia Varela como magistrada de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia para un nuevo período de ocho años, pese a que la Comisión de Nombramientos había recomendado no reelegirla con un voto de cuatro contra tres, según reportaron La Nación y Semanario Universidad. La ley exige reunir 38 votos en el Plenario para bloquear la reelección de un magistrado; la moción para no reelegir a Varela sumó apoyo de apenas 30 de los 52 diputados, muy por debajo de ese umbral, de acuerdo con Semanario Universidad, por lo que la magistrada quedó reelecta de forma automática. La decisión extiende hasta 2034 el período de Varela, quien lleva 24 años en el cargo y lo completará a los 83 años, como informó esta edición el viernes. Durante el proceso, el bloque oficialista de Pueblo Soberano le impuso además un requisito inusual: demostrar experiencia en el manejo de al menos ₡100 millones, según reportó Semanario Universidad, una exigencia que la propia magistrada cuestionó al pedirle a los diputados que valoraran "resultados y no solo antigüedad". El desenlace confirma que, pese al control que ejerce Pueblo Soberano sobre la Comisión de Nombramientos, el partido no reúne los votos suficientes en el Plenario para imponer por sí solo la salida de un magistrado. La Asamblea Legislativa no ha fijado fecha para resolver la aspiración a la reelección del magistrado de la Sala Constitucional Jorge Araya, cuyo nombramiento vence el 31 de octubre, y no está claro si el desenlace del caso Varela anticipa el resultado de ese proceso, como ha reportado esta edición.
El secretario general del PLN, Miguel Guillén, pidió a la Dirección de Inteligencia y Seguridad y al partido oficialista aclarar si poseen listas o perfiles de militantes liberacionistas.
El secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, exigió a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y al oficialista Pueblo Soberano aclarar si han creado, tienen o han tenido acceso a listas, perfiles o bases de datos de militantes, dirigentes y otra información política sobre activistas liberacionistas, según reportaron El Mundo CR y Acontecer. El reclamo surgió después de que el secretario general de Pueblo Soberano, Freddy González, dijera que el partido oficialista había identificado a simpatizantes del Frente Amplio que solicitaron entradas para la ceremonia de traspaso de poderes, de acuerdo con El Mundo CR. Guillén advirtió que las preferencias políticas son datos sensibles con protección especial en la legislación costarricense y que, en democracia, el Estado puede investigar amenazas a la seguridad nacional pero nunca convertir a la oposición política en objeto de vigilancia o clasificación estatal, según recogió Acontecer. El reclamo llega poco después de que la presidenta Laura Fernández decretara como secreto de Estado la información de la DIS, el Consejo de Seguridad Nacional y el grupo de trabajo Fuerza Élite, el 10 de agosto, un decreto que la Sociedad Interamericana de Prensa advirtió que podría restringir el acceso a información de interés público, según reportó La Nación. Ni la DIS ni Pueblo Soberano han respondido públicamente al reclamo de Guillén, y no está claro si la Asamblea Legislativa citará a comparecer al director de la DIS, Pablo Martínez Bertozzi, para que aclare el alcance de la información que maneja la entidad.
El Gobierno Central de Costa Rica cerró el primer semestre de 2026 con un déficit financiero de ₡653.793 millones, un aumento de ₡43.097 millones -equivalente a 0,1% del PIB- frente al mismo período de 2025, según cifras del Ministerio de Hacienda recogidas por El Financiero Costa Rica. El deterioro se explica por una caída de ₡16.340 millones (-0,5%) en la recaudación tributaria, que llegó a ₡3.340.147 millones (6,3% del PIB), y por un alza de ₡50.397 millones (4,5% interanual) en el pago de intereses de la deuda, que sumó ₡1.166.925 millones (2,2% del PIB). La deuda del Gobierno Central subió a 61,1% del PIB en junio, frente a 60,4% al cierre de 2025, de acuerdo con Hacienda. El propio ministerio destacó que, si se excluye el pago de intereses, el Gobierno Central registró un superávit primario de ₡513.132 millones (1% del PIB) en el semestre, sostenido mediante contención del gasto ante la caída de los ingresos tributarios, según documentó Delfino.cr. El resultado reabre la discusión sobre una eventual reforma fiscal en momentos en que el Poder Ejecutivo tramita en el Congreso un paquete de ocho proyectos de ley enfocados en seguridad y control del gasto, como ha reportado esta edición. Hacienda no ha publicado todavía una proyección de cierre de año para el déficit financiero, y no está claro si el Gobierno ajustará el gasto público en la segunda mitad de 2026 para contener el deterioro de las cifras fiscales.
El diputado José Miguel Villalobos, de la fracción oficialista Pueblo Soberano, es hasta ahora el único de los 31 legisladores del bloque que reportó el cese de sus trabajos paralelos después de que la presidenta Laura Fernández pidiera a los diputados dedicarse 100% a la función legislativa, según documentó Semanario Universidad. Fernández había dicho estar "en contra de que quienes sirven al país tengan trabajos en paralelo", de acuerdo con El Observador CR. Ninguno de los otros 30 integrantes de la bancada oficialista reportó haber suspendido cargos directivos, ejercicio profesional privado o participación remunerada en organizaciones que generan ingresos adicionales a los cerca de ₡4 millones que recibe un diputado, según el conteo de Semanario Universidad. La brecha entre el llamado de la presidenta y la respuesta de su propia bancada contrasta con el respaldo público que Fernández ha dado al proyecto que prohibiría a los diputados el ejercicio remunerado de profesiones liberales, el expediente 24.282, que reformaría la Ley Contra la Corrupción, según reportó El Guardián CR. El Frente Amplio anunció que impulsará una vía rápida para el expediente 24.282, según Delfino.cr, pero la Asamblea Legislativa no ha fijado fecha para discutirlo, y no está claro si el resto de la bancada de Pueblo Soberano seguirá el ejemplo de Villalobos antes de que el proyecto avance.
— El diputado José Miguel Villalobos fue el único de los 31 legisladores de Pueblo Soberano en anunciar el cese de sus trabajos paralelos, después de que la presidenta Laura Fernández pidiera dedicación exclusiva al cargo.
El bloque oficialista de Pueblo Soberano rechazó el jueves 20 de agosto, con 27 votos en contra y 21 a favor, una moción presentada por los diputados Álvaro Ramírez Bogantes, del PLN, y Abril Gordienko López, del PUSC, para que la Asamblea Legislativa reconociera y agradeciera al fiscal general Carlo Díaz por su colaboración con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, según reportó Delfino.cr. Una moción de reconsideración presentada después por los proponentes también fue rechazada, con 27 votos en contra y 20 a favor, de acuerdo con el mismo medio. El rechazo ocurrió horas después de que el director de la DEA, Terrance C. Cole, entregara a Díaz una distinción durante la 40 Conferencia Internacional de Control de Drogas (IDEC) en Buenos Aires, Argentina, "en reconocimiento a nuestros socios costarricenses por su firme colaboración con la DEA en la lucha contra el narcotráfico", según el texto del reconocimiento recogido por Diario Extra. El episodio se suma a la tensión que ha marcado la relación entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General desde junio, cuando el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, calificó a Díaz de "princeso" después de que el fiscal general advirtiera en la Asamblea Legislativa sobre limitaciones presupuestarias para investigar y contratar personal, según reportó El Observador CR. El bloqueo a la moción de reconocimiento llega, además, en la misma semana en que la Comisión de Nombramientos recomendó no reelegir a la magistrada Julia Varela y en que el magistrado Jorge Araya confirmó su aspiración a la reelección, como ha reportado esta edición -otra señal de que el control que ejerce Pueblo Soberano sobre los nombramientos y reconocimientos del Poder Judicial y el Ministerio Público se ha vuelto un patrón recurrente. Ni Casa Presidencial ni la fracción de Pueblo Soberano han explicado públicamente por qué rechazaron reconocer la distinción de la DEA a Díaz, y no está claro si la Asamblea Legislativa reabrirá la discusión sobre el reconocimiento en una futura sesión.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizaba 508 víctimas de homicidio a escala nacional al corte del 21 de agosto de 2026, frente a 566 en el mismo corte de 2025, una reducción de 58 casos, según reportó Semanario Universidad. San José sigue como la provincia con más homicidios del país, con 134 víctimas en lo que va del año, seguida de Limón, con 111, y Puntarenas, con 81, de acuerdo con el desglose que recogió Repretel. Cartago es la excepción a la tendencia nacional a la baja: acumula 48 víctimas por homicidio al 21 de agosto, por encima de las 38 del mismo período de 2025, según el mismo conteo del OIJ. El organismo había proyectado en marzo tres escenarios para el cierre de 2026, con un total de entre 693 y 766 homicidios dolosos -menos de 800 en cualquiera de los casos-, de acuerdo con Infobae Costa Rica, una cifra que de confirmarse marcaría un segundo año consecutivo de baja frente a los máximos de la década anterior. El OIJ no ha actualizado públicamente su proyección de cierre de año con los datos de agosto, y no está claro si el alza registrada en Cartago obedece a un patrón sostenido o a hechos puntuales, según ha explicado la propia institución a Semanario Universidad.
La reelección de Julia Varela pese al rechazo de la comisión, el reclamo del PLN sobre bases de datos de militantes y el deterioro de las cuentas fiscales marcaron la jornada.
Costa Rica cerró este domingo 23 de agosto con la reelección de la magistrada Julia Varela en la Sala Segunda, después de que la moción para bloquearla en el Plenario no alcanzara los 38 votos que exige la ley, según informó esta edición. El secretario general del PLN, Miguel Guillén, exigió el mismo fin de semana a la Dirección de Inteligencia y Seguridad y a Pueblo Soberano aclarar si mantienen bases de datos de militantes liberacionistas, mientras sigue vigente el decreto de secreto de Estado que la presidenta Fernández firmó el 10 de agosto. En el plano económico, el Ministerio de Hacienda confirmó que el déficit financiero del Gobierno Central subió a ₡653.793 millones en el primer semestre, y esta edición documentó que apenas uno de los 31 diputados de Pueblo Soberano, José Miguel Villalobos, dejó su trabajo paralelo tras el llamado de la presidenta Fernández a la dedicación exclusiva. El bloque oficialista, además, bloqueó una moción para reconocer al fiscal general Carlo Díaz por su colaboración con la DEA, y el OIJ reportó 508 homicidios a escala nacional al 21 de agosto, frente a 566 en 2025. Ninguno de los frentes institucionales -la reelección de Varela, el reclamo sobre la DIS, el deterioro fiscal o la disputa entre el Ejecutivo y la Fiscalía- tiene resolución definitiva al cierre de esta edición; la atención de los próximos días se concentrará en si la Asamblea Legislativa resuelve antes de octubre la aspiración a la reelección del magistrado Jorge Araya.