El Poder Judicial impugna el recorte presupuestario de Hacienda con un estudio que le resta sustento a la cifra oficial, la Fuerza Élite suma dos capturas y extiende la Operación Cacería a Puntarenas, el Congreso aprueba en primer debate el nuevo canon de radio y televisión y deja 2.071 mociones pendientes en jornadas 4x3, la Corte Plena abre el proceso de sucesión de Orlando Aguirre, y Hacienda y el Banco Central bajan la meta de financiamiento de 2026.
Un estudio técnico de la institución concluye que 56 de las 85 subpartidas que el Ministerio de Hacienda eligió para el recorte de ¢23.722 millones tienen menos recursos disponibles de los que el ministerio calculó, mientras el magistrado Orlando Aguirre disputa la medida por presunta desviación de poder.
El Poder Judicial advirtió esta semana, en un estudio técnico citado por Delfino.cr, que 56 de las 85 subpartidas que el Ministerio de Hacienda seleccionó para aplicar un recorte adicional de ¢23.722 millones (unos USD52,65 millones) a su presupuesto de 2026 tienen menos recursos disponibles que el monto que Hacienda pretende retirar, una diferencia de aproximadamente ¢17.258 millones. La institución atribuye la brecha a que el cálculo del ministerio se basa en información al 30 de junio y en patrones históricos de ejecución presupuestaria. El hallazgo se suma al recurso de revocatoria, nulidad concomitante y solicitud de medida cautelar que el magistrado Orlando Aguirre presentó el 24 de agosto contra el oficio MH-DM-OF-0901-2026, firmado por el ministro Rodrigo Chaves el 18 de agosto, según reportaron La Nación y CR Hoy. El recurso de Aguirre alega que la decisión de Hacienda incurre en desviación de poder y en falta de competencia del ministerio para ese tipo de ajuste técnico, en momentos en que el magistrado ya había advertido que "nosotros solos no vamos a parar esta ola de violencia desde el Gobierno" si el recorte golpea al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como informó esta edición el jueves. Hacienda ya había reconsiderado parcialmente su postura una vez: liberó ¢3.053 millones que había retenido al Poder Judicial tras un recurso anterior de Aguirre, según La Nación, pero el grueso del recorte de ¢23.722 millones sigue en disputa. El ministerio no ha respondido públicamente al estudio de las 56 subpartidas al cierre de esta edición. No está claro si Hacienda revisará el monto del recorte a la luz de la diferencia que reporta el Poder Judicial, ni si la presidenta Laura Fernández -a quien La Nación había señalado como posible árbitro final de la disputa- intervendrá antes de que Aguirre deje la Presidencia de la Corte el 26 de setiembre.
El Ministerio de Seguridad Pública confirmó la captura de dos sospechosos más de la lista de 14 personas buscadas por la Fuerza Élite: Jeremy Quirós Quesada, detenido el viernes 28 de agosto en el cantón de Corredores, en Puntarenas, y Anthony Serrano Chávez, quien se entregó a las autoridades ese mismo día en Orosi de Cartago, según informó el ministro Gerald Campos. Con estas dos detenciones, la Operación Cacería llega a cuatro capturas de los 14 sospechosos con orden de captura vinculados a cinco estructuras criminales, entre ellas Los Maruja, y se suma a las de Jefferson Medrano Chavarría y Carolina Loría Solís, los dos primeros detenidos entre el miércoles y el jueves. La captura de Quirós Quesada en Corredores marca la primera vez que la Operación Cacería se extiende fuera de la provincia de Cartago, donde arrancó el martes 25 de agosto con el despliegue de más de 120 policías de la Fuerza Pública, el OIJ, la Policía de Control de Drogas, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y la Policía Municipal, como informó esta edición el jueves y el viernes. Serrano Chávez arrastra antecedentes por tenencia y tráfico de droga y decomisos de dinero, según registros policiales citados por Teletica. La expansión geográfica confirma la lectura de la presidenta Laura Fernández, quien había ordenado reforzar la seguridad en Cartago tras admitir que "por lo menos dos noches por semana me despierta una balacera", según Infobae Costa Rica. El ministro Campos no ha fijado una fecha límite para localizar a los diez sospechosos restantes, y no está claro si la Fuerza Élite ampliará el operativo a otras provincias más allá de Puntarenas.
El expediente 24.461, aprobado con 48 votos a favor y tres en contra, sustituye una tarifa vigente desde 1954 y establece cobros progresivos de hasta 7,73% de los ingresos para las televisoras que más facturan por el uso del espectro radioeléctrico.
La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate, con 48 votos a favor y tres en contra, el expediente 24.461, que actualiza el canon que las radioemisoras y televisoras deben pagar al Estado por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, según reportaron Infobae Costa Rica y El Observador CR. La reforma sustituye un esquema vigente desde 1954 y fija cobros progresivos según los ingresos de cada concesionario: entre 4,39% y 7,73% para televisión, y entre 1,51% y 3,13% para radio. El proyecto exime del pago a los concesionarios cuyos ingresos brutos anuales asociados al uso de frecuencias no superen 130 salarios base de referencia, unos ¢61,15 millones (USD133.800), según El Observador CR. La votación reunió a diputados del oficialismo, Liberación Nacional y el Frente Amplio, una combinación similar a la que respaldó esta semana excluir al sector público de las jornadas 4x3, como informó esta edición. No todas las voces técnicas coinciden con el fundamento del cobro: un análisis técnico difundido por Teletica cuestionó que el canon propuesto "carece de fundamento técnico". El expediente 24.461 necesita un segundo debate para convertirse en ley, y no está claro cuándo la Asamblea Legislativa lo retomará ni si enfrentará una consulta ante la Sala Constitucional, como ocurrió con una versión anterior del proyecto.
El Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) revisaron el Plan de Financiamiento 2026 y redujeron la necesidad de recursos del Gobierno de ¢4,2 billones a ¢4,04 billones -¢3,87 billones de fuentes internas y ¢170.000 millones externas-, según reportó Semanario Universidad. Al 25 de agosto, Hacienda ya había captado ¢3,4 billones, equivalente al 89% del monto ajustado. El BCCR detalló que entre agosto y diciembre espera una captación neta máxima de ¢180.000 millones, para lo cual mantendrá la colocación semanal de Bonos de Estabilización Monetaria a 3, 6 y 12 meses y ofrecerá bonos a dos años con frecuencia mensual. La revisión llega en el mismo período en que Hacienda y el Banco Central confirmaron que Costa Rica pospone la meta de bajar la deuda del Gobierno central por debajo del 60% del PIB, según El Observador CR; pero directivos del propio Banco Central advirtieron, según La Nación, sobre el panorama fiscal de fondo del país, pese a la mejora en las cifras de financiamiento de corto plazo. Ni Hacienda ni el Banco Central han precisado, al cierre de esta edición, una nueva fecha objetivo para que la deuda del Gobierno central baje del 60% del PIB.
La Corte Plena, integrada por 22 magistrados, arrancó el proceso público para elegir a quien sustituirá a Orlando Aguirre en la Presidencia del Poder Judicial a partir del 26 de setiembre, según reportó La Nación. El procedimiento contempla la inscripción de candidaturas, la presentación pública de los nombres, un espacio de debate entre los aspirantes y, finalmente, la votación en Corte Plena. Aunque ninguna candidatura es oficial, La Nación reportó que el proceso se perfila como una posible contienda que incluye a la exvicepresidenta de la Corte, Patricia Solano Castro. Aguirre, quien había anunciado el miércoles que no buscará la reelección, como informó esta edición el jueves, asumió la Presidencia en setiembre de 2022 tras 19 rondas de votación entre los magistrados, un antecedente que anticipa que la nueva elección tampoco será rápida, en momentos en que la institución libra un pulso presupuestario abierto con el Ministerio de Hacienda, como reporta esta misma edición. La Corte Plena no ha fijado una fecha límite para el cierre de inscripción de candidaturas, y no está claro si el proceso de sucesión se resolverá antes de que Aguirre entregue el cargo el 26 de setiembre.
La Asamblea Legislativa concluyó la votación de las 2.564 mociones de fondo presentadas al expediente 24.290, de jornadas excepcionales de 12 horas (4x3), pero mantiene pendientes 2.071 solicitudes de revisión sobre distintos artículos del proyecto, según reportó El Observador CR. Los diputados aceleraron el ritmo de votación en sesiones extraordinarias, con más de 300 mociones de revisión ya resueltas hasta el cierre del martes, de acuerdo con el mismo medio. El avance llega después de que el Congreso aprobara, con el respaldo de cinco partidos, la exclusión expresa del sector público del nuevo régimen laboral, como informó esta edición el jueves y el viernes. La meta interna de la Asamblea es tener listas todas las mociones para la segunda o tercera semana de setiembre, tras lo cual el texto deberá pasar por una consulta obligatoria a raíz de los cambios introducidos con la moción 2.528 y las revisiones adicionales, según El Observador CR. No está claro si la Asamblea Legislativa cumplirá el calendario interno de setiembre, ni cuántas de las 2.071 mociones de revisión pendientes alterarán el texto que saldrá para consulta.
— Tras cerrar la discusión de fondo del expediente 24.290 y aprobar la exclusión expresa del sector público, los diputados aceleran la votación de las mociones de revisión con la meta de tener el texto listo hacia la segunda o tercera semana de setiembre.
El Poder Judicial disputó con cifras propias el recorte presupuestario de Hacienda, la Operación Cacería sumó dos capturas y llegó por primera vez a Puntarenas, el Congreso avanzó el canon de radio y televisión y la ruta hacia la votación final de jornadas 4x3, y Hacienda y el Banco Central revisaron a la baja sus metas de financiamiento para 2026.
Costa Rica cerró este sábado 29 de agosto con el Poder Judicial denunciando que 56 de las 85 subpartidas que el Ministerio de Hacienda eligió para su recorte de ¢23.722 millones tienen menos recursos disponibles que el monto por retirar, mientras la Fuerza Élite capturó a Jeremy Quirós Quesada en Corredores de Puntarenas y a Anthony Serrano Chávez en Orosi de Cartago, con lo que la Operación Cacería llega a cuatro de los 14 sospechosos buscados, según informó esta edición. En la Asamblea Legislativa, los diputados aprobaron en primer debate el nuevo canon para radioemisoras y televisoras y dejaron 2.071 mociones de revisión pendientes en el expediente de jornadas 4x3, mientras la Corte Plena inició el proceso para elegir a quien sucederá a Orlando Aguirre en la Presidencia del Poder Judicial. Hacienda y el Banco Central, por su parte, bajaron a ¢4,04 billones la meta de financiamiento de 2026, aunque directivos del propio Banco Central advirtieron sobre el panorama fiscal de fondo del país. Ninguno de los frentes -el recorte al Poder Judicial, las diez capturas restantes de la Operación Cacería, la votación final de jornadas 4x3 o la sucesión en la Corte- tiene resolución definida al cierre de esta edición; la atención de los próximos días se concentrará en si Hacienda responde al estudio del Poder Judicial y en si la Fuerza Élite reporta nuevas detenciones.