El Ministerio Público y el Poder Judicial rechazan las críticas del Gobierno por el caso del narcotraficante alias "Diablo", el OIJ advierte sobre un posible rebrote de violencia y desmiente un rumor de enfrentamientos, la Asamblea Legislativa aprueba en primer debate la reforma a la Ley de Radio, la Sala Constitucional admite un amparo contra Laura Fernández por la mora del Tribunal Ambiental, las exportaciones de bienes crecen 7% en el primer semestre, la OIT determina que el país viola el derecho a huelga y una auditoría revela 1,4 millones de casos en listas de espera de la CCSS.
La Fiscalía califica de infundadas las versiones que, según su comunicado, buscan debilitar la lucha contra el crimen organizado y responde así al discurso oficial sobre el manejo judicial del caso.
El Ministerio Público rechazó el martes 28 de julio las críticas que el Gobierno de Laura Fernández ha dirigido contra el manejo judicial del caso de Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", y calificó de infundadas las versiones que, según su comunicado, buscan debilitar la lucha contra el crimen organizado y dañar la confianza pública en las instituciones encargadas de administrar justicia, según reportaron Infobae y Diario Extra. La Fiscalía sostuvo que las actuaciones del caso se ejecutaron conforme a la Constitución, el Código Procesal Penal y los protocolos de seguridad vigentes, de acuerdo con los mismos medios. El pronunciamiento llega después de que la presidenta Fernández calificara como una "chambonada" del Poder Judicial la fuga de una década de Arias Monge y de que un tribunal fijara solo tres meses y 22 días de prisión preventiva para el capo, una decisión que el Gobierno cuestionó abiertamente, como ya reportó esta edición. El Poder Judicial defendió además, por separado, la necesidad de mantener audiencias penales presenciales pese a los cuestionamientos que generó el traslado de "Diablo" a los tribunales, de acuerdo con Infobae. El Ministerio Público advirtió que quienes enfrentan causas de crimen organizado son los principales beneficiados cuando se desacredita el trabajo del Poder Judicial. Ni el Ministerio de la Presidencia ni Casa Presidencial han respondido públicamente al comunicado de la Fiscalía, y no está claro si el choque entre ambos poderes afectará la negociación del presupuesto judicial para 2027 que el Gobierno ya recortó este año.
La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate, el martes 28 de julio, una reforma integral a la Ley de Radio de 1954 que actualiza el régimen de concesiones de radio y televisión, modifica el cobro por el uso del espectro radioeléctrico y crea un nuevo régimen de sanciones para quienes operan estos servicios, según reportaron Infobae y Semanario Universidad. La aprobación fue posible tras un acuerdo político entre el Partido Liberación Nacional (PLN) y el oficialismo del Partido Pueblo Soberano que permitió retirar 110 mociones de fondo y destrabar el proyecto en el plenario, con el respaldo adicional del Frente Amplio, de acuerdo con los mismos medios. Como parte del acuerdo, los legisladores se comprometieron a impulsar más adelante dos reformas adicionales: una para ajustar el canon a la realidad económica de las radioemisoras y otra para que la cancelación de una concesión dependa exclusivamente de criterios técnicos, según Semanario Universidad. La actualización llega más de siete décadas después de la ley original y busca poner al día un cobro por frecuencias que, según análisis previos del proyecto citados por Semanario Universidad, había quedado desactualizado y permitía la concentración de frecuencias. Los propios diputados reconocieron que quedan pendientes ajustes para equilibrar el impacto económico sobre los concesionarios y garantizar reglas claras que favorezcan la competencia y el pluralismo mediático, según Delfino.cr, y el proyecto todavía requiere un segundo debate para convertirse en ley.
— Un acuerdo entre el PLN y el oficialismo permite retirar 110 mociones y destrabar la actualización de las concesiones, el canon y las sanciones de la Ley de Radio de 1954.
Las exportaciones de bienes de Costa Rica sumaron USD 11.722 millones durante el primer semestre de 2026, un avance de 7% frente al mismo período del año anterior, según datos de la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER) citados por La Nación, El Financiero y Delfino.cr. El sector eléctrico y electrónico creció 25%, el pecuario y de pesca 13%, la industria alimentaria 10% y el sector agrícola 6%, de acuerdo con los mismos medios. Las exportaciones bajo régimen de zona franca alcanzaron USD 7.855 millones, con un crecimiento de 6%, mientras que las del régimen definitivo -fuera de zona franca- llegaron a USD 3.746 millones, con un aumento de 8%, según PROCOMER. El resultado consolida al comercio exterior como uno de los motores de la economía costarricense en 2026, en un semestre marcado además por cifras récord de turismo, según ha reportado Infobae. PROCOMER no ha publicado todavía el desglose completo por destino de exportación para el semestre, y el Ministerio de Comercio Exterior no ha precisado si el ritmo de crecimiento se sostendrá en la segunda mitad del año ante la incertidumbre arancelaria internacional.
La Sala Constitucional admitió un recurso de amparo contra la presidenta Laura Fernández por la presunta violación de los derechos de petición, pronta respuesta y justicia pronta, presentado el 20 de julio por la Asociación Confraternidad Guanacasteca, según reportaron La Nación y Semanario Universidad. El recurso también se dirige contra el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Tribunal Ambiental Administrativo, de acuerdo con los mismos medios. La asociación alega que el 16 de mayo solicitó a la Presidencia medidas concretas para atender la mora que enfrenta el Tribunal Ambiental Administrativo, entre ellas la asignación de más recursos, el establecimiento de plazos y métricas de resolución, y acciones para garantizar el nombramiento oportuno de jueces, sin que ni el Minae ni el propio tribunal dieran una respuesta concreta, según Semanario Universidad. El caso reabre el debate sobre la capacidad del Estado para resolver a tiempo las denuncias ambientales, en un momento en que el Poder Ejecutivo ya enfrenta un choque abierto con el Poder Judicial por el recorte al presupuesto judicial de 2027. Ni Casa Presidencial ni el Minae han respondido públicamente a la admisión del amparo, y la Sala Constitucional todavía no ha fijado un plazo para resolver el fondo del recurso.
El director del OIJ advierte que el vacío de poder que deja el capo puede generar violencia en las zonas donde controlaba droga, contrabando y lotería ilegal, mientras la policía desmiente un rumor viral distinto sobre enfrentamientos.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, advirtió que existe la posibilidad de un rebrote de violencia en las zonas donde Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", controlaba la venta de droga, el contrabando de cigarrillos y licor, y la lotería ilegal, tras la captura del capo el 24 de julio en Sarapiquí, según reportó El Observador CR. Soto explicó que aplica la teoría de la "rebelión de las redes", según la cual ningún espacio del narcotráfico queda vacío, sino que mandos de menor rango compiten por ocupar el liderazgo que deja un capo detenido. El OIJ, sin embargo, desmintió por separado un mensaje que circuló en redes sociales alertando sobre posibles enfrentamientos en distintas comunidades del país a raíz de la captura, y aclaró que ese comunicado no fue emitido por la Policía Judicial, según La Nación. La distinción -entre una advertencia técnica del propio director del OIJ y un rumor no oficial que la institución rechazó- ilustra la dificultad de separar el riesgo real de seguridad del pánico generado en redes tras un golpe policial de alto perfil. El Ministerio de Seguridad Pública no ha anunciado medidas adicionales de vigilancia en las zonas que Soto identificó como de mayor riesgo, y el OIJ no ha precisado un plazo para evaluar si el vacío de poder de "Diablo" ya provocó movimientos violentos entre bandas rivales.
El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo concluye que la Ley de Empleo Público y la legislación antihuelga costarricense riñen con los convenios 87 y 98.
El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) determinó que Costa Rica vulnera la negociación colectiva y el derecho a huelga en la aplicación de la Ley Marco de Empleo Público y de la legislación que restringe las huelgas en servicios públicos, al considerarlas contrarias a los convenios 87 y 98 de la organización, según reportó Semanario Universidad. El informe, conocido esta semana, se suma a una serie de señalamientos previos de organismos internacionales sobre el marco laboral costarricense aprobado durante la administración de Rodrigo Chaves como presidente. La información proviene únicamente de Semanario Universidad, sin confirmación independiente al cierre de esta edición. La determinación del Comité no tiene efecto vinculante inmediato sobre la legislación costarricense, pero sí presiona al país ante la Conferencia Internacional del Trabajo, que revisa periódicamente el cumplimiento de los convenios fundamentales de la OIT. Sindicatos del sector público han citado hallazgos similares en años anteriores para respaldar acciones legales contra la Ley de Empleo Público ante la Sala Constitucional, sin que la Corte haya declarado la ley inconstitucional en su conjunto. Ni el Ministerio de Trabajo ni la Presidencia de la República han respondido públicamente al informe del Comité de Libertad Sindical, y no está claro si el Gobierno de Laura Fernández impulsará algún ajuste normativo en respuesta a la observación de la OIT.
El rezago documentado por una auditoría interna es el telón de fondo del choque entre la diputada Janice Sandí y el ministro Rodrigo Chaves por la CCSS esta semana.
Una auditoría interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), conocida a mediados de julio, encontró que la institución acumulaba 1.440.550 casos en listas de espera de cirugías, procedimientos y consultas con especialistas al cierre de marzo de 2026, según reportó Teletica. El número de personas aseguradas en espera de cirugía subió de 190.076 a 204.622 en un año, de acuerdo con el mismo medio. La CCSS aprobó un nuevo plan institucional para reducir las listas de espera entre 2026 y 2030, con un componente intensivo para este año enfocado en acelerar la atención en especialidades y procedimientos críticos, según El Observador CR, y ya extendió jornadas de producción y activó un asistente virtual, llamado CLEO, para depurar los listados de pacientes pendientes, de acuerdo con Infobae. La magnitud de ese rezago es el contexto que explica por qué la diputada del PLN Janice Sandí abandonó esta semana una reunión con la presidenta Fernández después de que el ministro Rodrigo Chaves se refiriera, según ella, en un tono inadecuado a la CCSS y a sus médicos, como ya reportó esta edición. La CCSS no ha publicado todavía una actualización de la cifra total de listas de espera posterior a marzo de 2026, y no está claro si el plan institucional 2026-2030 logrará revertir el aumento de pacientes en espera de cirugía documentado por la auditoría.