La Corte Plena acuerda impugnar la reforma que dejó sin fuente de financiamiento al OIJ, más de 50 imputados por narcotráfico en el puerto de Moín enfrentan audiencia con nueve policías señalados, un diputado oficialista propone ampliar la extradición mientras la oposición marca vacíos en el plan de Laura Fernández, conductores de plataformas marchan hacia Casa Presidencial y las autoridades advierten sobre el riesgo de grabar contenido en la casa donde cayó alias "Diablo".
La Corte Plena de Costa Rica acordó, en sesión extraordinaria conocida el miércoles 29 de julio, iniciar acciones legales o constitucionales contra la reforma presupuestaria aprobada por la bancada oficialista de Pueblo Soberano que eliminó el mecanismo de financiamiento previsto para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según reportaron Infobae y La Nación. La disposición eliminada obligaba a repartir en partes iguales entre el Ministerio de Seguridad Pública y el programa del OIJ los recursos de plazas vacantes creadas antes del 1 de enero de 2026, mediante un presupuesto extraordinario que debía tramitarse antes de finalizar agosto; ese mecanismo desapareció con la aprobación de la Ley 10.966, de acuerdo con los mismos medios. La decisión se suma a una serie de choques entre el Poder Judicial y el Gobierno: la Corte Plena ya había rechazado por mayoría un recorte adicional de ¢26.549 millones que el Ministerio de Hacienda pidió para el presupuesto judicial de 2027, el Colegio de Abogados se ofreció como mediador y el presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, había comunicado a la presidenta Laura Fernández que ningún funcionario judicial asistiría a la reunión de seguridad convocada para el 20 de julio, según La Nación. "El proceso de cierre del Poder Judicial ya comenzó", advirtió un magistrado durante la sesión, según consignó Semanario Universidad. La Presidencia de la Corte Suprema, con apoyo de la Dirección Jurídica, debe definir todavía el mecanismo de impugnación, y los magistrados de la Sala Constitucional se abstuvieron de votar el acuerdo porque ese tribunal podría conocer una eventual acción relacionada con el caso. Ni el Ministerio de Hacienda ni la fracción de Pueblo Soberano han respondido públicamente al anuncio de la Corte Plena.
El proceso de cierre del Poder Judicial ya comenzó.
Más de 50 personas imputadas en la Operación Leviatán -entre ellas nueve policías bajo investigación- enfrentan este jueves 30 de julio una audiencia de medidas cautelares ante el Ministerio Público, según reportó Semanario Universidad. La Policía de Control de Drogas, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada ejecutaron 65 allanamientos en seis provincias el martes 28 de julio contra una organización que, con cifras que oscilan entre 53 y 63 personas vinculadas según el medio consultado, habría exportado más de 14 toneladas de cocaína hacia Europa y Estados Unidos entre marzo de 2023 y octubre de 2025, de acuerdo con CRHoy e Infobae. La organización usaba la Terminal de Contenedores de Moín para sus envíos y habría cobrado unos USD 250.000 por cada cargamento de droga, según Semanario Universidad. El caso complica el relato oficial de éxito en seguridad que el Gobierno promovió esta semana junto con la captura de alias "Diablo": Delfino.cr señaló que la Operación Leviatán "golpea el relato oficial de seguridad en Moín" al revelar la presunta colaboración de policías de frontera y de personal del propio Ministerio de Seguridad Pública con la red investigada. El ministro de Seguridad, Gerald Campos, detalló la estrategia usada para detener a los policías señalados, según Monumental, sin que el Ministerio haya precisado cuántos agentes permanecen activos mientras avanza la causa. La Fiscalía no ha informado si pedirá prisión preventiva para el total de los imputados en la audiencia de este jueves, y el Ministerio de Seguridad Pública no ha aclarado si suspenderá de sus funciones a los nueve policías investigados mientras se resuelve su situación judicial.
El diputado José Miguel Villalobos, del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), propuso que todos los delitos con penas superiores a cuatro años de prisión queden sujetos a extradición para costarricenses, una ampliación mayor a la que planteó la presidenta Laura Fernández en la reforma constitucional presentada el 27 de julio, según reportó Monumental. La Constitución solo permite hoy extraditar nacionales por narcotráfico y terrorismo, tras la reforma de 2025, y el paquete de Fernández propone sumar legitimación de capitales, tráfico de personas, tráfico ilícito de armas, sicariato y delitos informáticos contra el Estado, como ya reportó esta edición. Una legisladora de la Coalición Agenda Ciudadana advirtió que la propuesta de Fernández tiene "ausencias importantes", entre ellas la falta de medidas específicas contra el lavado de dinero y la prisión preventiva, según Monumental. El señalamiento se suma a un antecedente que complica la credibilidad de Villalobos como impulsor de mano dura contra el crimen organizado: el diputado defendió en 2021, como abogado, la absolutoria de un cliente acusado de lavar dinero ligado al narcotraficante colombiano Jair Estupiñán Montaño, alias "Pecueca", según CRHoy, y este mes se ausentó de una sesión legislativa en la que Fernández presentaba su paquete de seguridad para asistir a tribunales como defensor de un presunto narcotraficante en el caso Pana, de acuerdo con La Nación. Villalobos rechazó las críticas por esa ausencia y acusó a la prensa de "amarillismo" por la cobertura de su trabajo como abogado, según Delfino.cr. La Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa no ha fijado fecha para dictaminar la propuesta de Villalobos junto con la reforma constitucional de Fernández, y no está claro si el oficialismo respaldará una ampliación mayor a la que presentó la propia presidenta.
Conductores de plataformas digitales realizaron el miércoles 29 de julio un tortuguismo en carreteras del país y marcharon hacia Casa Presidencial para protestar contra el proyecto de ley 23.736, que regula el transporte remunerado por aplicaciones, según reportaron La Nación y Diario Extra. La protesta fue convocada por la Comunidad de Conductores Independientes CR, la Asociación Aprimotec y la Organización Nacional de Conductores de Plataforma, y reunió a choferes de Uber, DiDi e InDrive, de acuerdo con Monumental. Los conductores reclamaron a la presidenta Laura Fernández que no los tomó en cuenta al elaborar la iniciativa y advirtieron que el texto actual los deja en desventaja frente al sector de taxis, según La Nación. La protesta llega después de una serie de choques recientes entre el Gobierno y distintos gremios -sindicatos médicos, colegios profesionales, el propio Poder Judicial- por decisiones tomadas sin consulta previa, aunque los organizadores aclararon que sí respaldan una regulación para la actividad, solo que no en los términos actuales del proyecto. El ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, convocó a los conductores a una reunión en Casa Presidencial el viernes 7 de agosto a las 2:00 p.m. para escuchar sus objeciones, según Monumental, sin que el Gobierno haya adelantado si el proyecto sufrirá cambios antes de su próximo debate en la Asamblea Legislativa.
— Choferes de Uber, DiDi e InDrive rechazan que el proyecto de ley que regula su actividad los deje en desventaja frente a los taxis, y el Gobierno agenda una reunión para el 7 de agosto.
Las autoridades costarricenses advirtieron que los creadores de contenido que ingresan a la vivienda donde el OIJ capturó a Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", el 24 de julio en Sarapiquí, arriesgan su seguridad y podrían incurrir en responsabilidad legal, según reportó Infobae el 29 de julio. La información proviene únicamente de Infobae, sin confirmación independiente al cierre de esta edición. La advertencia llega mientras crece el interés público por la captura del capo tras una década de fuga, un caso que esta semana derivó además en un choque entre el Ministerio Público y el Gobierno por el manejo judicial del expediente, como ya reportó esta edición. Las autoridades no precisaron si la vivienda permanece bajo alguna medida de resguardo formal ni qué tipo de responsabilidad legal enfrentarían quienes ingresen a grabar. Ni el OIJ ni el Ministerio de Seguridad Pública han informado si tomarán medidas concretas -como acordonar la propiedad o sancionar a quienes ingresen- para impedir el acceso de creadores de contenido al inmueble.