Cuarto día del gobierno de Laura Fernández: Rodrigo Chaves abre el ciclo de coordinación financiera, el tipo de cambio sube por tensiones en Ormuz y el Ejecutivo activa la agenda del Acuerdo Transpacífico.
La presidenta Laura Fernández inició la semana con dos frentes simultáneos: la coordinación del sistema financiero supervisado y la revisión del borrador del plan de acción de su gabinete.
Laura Fernández presidió la mañana del 11 de mayo la primera reunión conjunta de superintendentes del sistema financiero de su gobierno, convocada por el ministro Rodrigo Chaves. El encuentro reunió a los jerarcas de SUGEF, SUPEN, SUGEVAL y SUGESE para revisar la hoja de ruta de coordinación regulatoria para el primer semestre, según confirmó la oficina de comunicación del Ministerio de la Presidencia. Fernández participó en la apertura de la sesión antes de trasladarse al despacho presidencial, donde revisó los borradores de los Planes de Acción de los Primeros 100 Días de cada ministerio, cuyo plazo de entrega vence el viernes 15 de mayo. El gobierno heredó una economía estable —la deuda pública bajó del 67% al 58,3% del PIB entre 2022 y 2025, según el BCCR— pero enfrenta presiones inmediatas: el tipo de cambio retomó una senda alcista esta semana, impulsado por el salto del precio del petróleo tras el rechazo de Trump a la propuesta iraní de alto al fuego; los compromisos de seguridad pública del programa de gobierno presionan el gasto corriente; y la Asamblea Legislativa todavía no tiene fecha definitiva para la primera sesión de convocatoria extraordinaria. El exministro de Hacienda Nogui Acosta advirtió el 9 de mayo que concentrar las carteras de Hacienda y la Presidencia en el mismo funcionario sin mecanismos de auditoría cruzada genera un punto de falla única en la fiscalización del gasto. El gobierno no ha respondido ese señalamiento con datos propios al cierre de esta edición.
El ministro de Hacienda y la Presidencia abre el ciclo de coordinación regulatoria que buscará alinear la supervisión bancaria, de pensiones, valores y seguros con el programa económico del nuevo gobierno.
Rodrigo Chaves Robles, ministro de Hacienda y la Presidencia, convocó para el 11 de mayo la primera sesión ordinaria de coordinación con los superintendentes de SUGEF (bancos), SUPEN (pensiones), SUGEVAL (valores) y SUGESE (seguros). La reunión, de carácter técnico, tiene como objetivo trazar la agenda del sistema financiero supervisado para el primer semestre del gobierno Fernández, con foco en los planes de solidez de los bancos públicos y la rentabilidad del fondo de pensiones más grande del país, el Fondo de Capitalización Laboral (FCL). Chaves llega al cargo con una agenda de doble filo: debe mantener la disciplina fiscal que redujo la deuda pública al 58,3% del PIB, pero al mismo tiempo financiar compromisos de seguridad que el programa de gobierno estima en ₡450.000 millones adicionales en los próximos cuatro años, según El Financiero. El margen es estrecho: la regla fiscal constitucional limita el crecimiento del gasto corriente cuando la deuda supera el 60% del PIB —un umbral que el país cruzó en 2020 y del que salió apenas en 2025. El BCCR proyecta un crecimiento del PIB del 3,5% para 2026, pero la incertidumbre en los mercados de petróleo por el conflicto en Oriente Medio —el barril WTI roza los $97 este lunes— podría presionar la inflación y retrasar la baja de la Tasa de Política Monetaria.
El tipo de cambio de referencia del BCCR cerró el 10 de mayo con un precio de venta del dólar de ₡460,51, la marca más alta desde febrero de 2026, según los datos del Mercado de Monedas Extranjeras (MONEX). La presión viene del exterior: el petróleo Brent superó los $103 por barril este lunes tras el rechazo de Trump a la propuesta iraní de alto al fuego, lo que incrementa la demanda de dólares para importar combustibles. Costa Rica importa el 100% del crudo que consume, por lo que la conexión entre el precio internacional del petróleo y el tipo de cambio local es directa e inmediata. La apreciación sostenida del colón en los primeros meses de 2026 —que llegó a rozar los ₡452 por dólar en marzo— había beneficiado a importadores y consumidores, pero erosionó la competitividad de exportadores agrícolas como productores de banano y piña. CRHoy reportó que el sector bananero perdió alrededor de $130 millones en ingresos de exportación en los últimos dos años, en parte por ese efecto de tipo de cambio. La reversión reciente puede aliviar ese frente, pero a costa de encarecer las importaciones y presionar la inflación doméstica.
El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) confirmó la semana del 11 de mayo que el proceso de adhesión de Costa Rica al Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica (CPTPP) retomó velocidad en los primeros días del gobierno Fernández. La aceptación formal como candidato a la adhesión, gestionada durante el gobierno anterior, abre ahora una etapa de negociación bilateral con cada uno de los once miembros del bloque —incluidos Japón, Canadá, Australia y México— para acordar las concesiones arancelarias y los compromisos regulatorios, según confirmó CRECEX. Los empresarios que participaron en la presentación del gobierno Fernández valoraron la señal como positiva: el CPTPP daría acceso preferencial a mercados de Asia-Pacífico donde Costa Rica hoy compite en condiciones desventajosas frente a México y Chile, que ya son miembros. Sin embargo, los sectores lácteo y arrocero advierten que las concesiones requeridas podrían afectar su competitividad interna. El gobierno prometió una mesa de diálogo sectorial antes de firmar cualquier compromiso arancelario. El plazo estimado para la adhesión completa es 2028, condicionado a que la Asamblea Legislativa ratifique el tratado —un proceso que históricamente ha tomado entre uno y tres años en el país.
— Empresarios y el nuevo gobierno coinciden en que la adhesión al CPTPP es la prioridad comercial del cuatrienio, aunque la lista de condicionamientos técnicos pendientes sigue siendo larga.
Las exportaciones de banano de Costa Rica cayeron en términos de ingreso de divisas cerca de $130 millones acumulados entre 2024 y 2025, según datos reportados por CRHoy. La doble presión de la apreciación del colón —que reduce el valor en colones del ingreso en dólares— y la caída de la demanda europea, principal destino del banano tico, explican la mayor parte de esa pérdida. Costa Rica es el cuarto exportador mundial de banano y el sector emplea directamente a unas 45.000 personas en las zonas del Caribe y del Pacífico Sur. El nuevo gobierno Fernández recibió solicitudes urgentes de la Corporación Bananera Nacional (CORBANA) para activar un mecanismo de compensación temporal mientras el tipo de cambio corrige. La respuesta del Ministerio de Agricultura está pendiente al cierre de esta edición. El sector piñero, en cambio, enfrenta un problema diferente: presiones ambientales en Europa sobre el uso de plaguicidas, que podrían derivar en restricciones de importación antes de fin de año.
El bloque opositor de 26 diputados —integrado por el PLN, el Frente Amplio, el PUSC y la Coalición Amplia Costarricense (CAC)— publicó el 9 de mayo un documento de 12 puntos que establece las condiciones mínimas para participar en el debate de los proyectos de ley de seguridad que el Ejecutivo tiene previsto enviar a sesiones extraordinarias. Entre las exigencias figuran: consulta previa de al menos tres semanas por proyecto, audiencias con la Sala Constitucional y el Poder Judicial antes de cualquier votación en segundo debate, y la presentación de estudios de impacto presupuestario independientes para cada iniciativa. El bloque no descarta bloquear en primera lectura los proyectos que no cumplan los requisitos procedimentales mínimos. El gobierno Fernández cuenta con los 30 diputados del Partido Pueblo Soberano —su agrupación política— más algunos votos independientes para alcanzar el quórum de 29 que se necesita para sesionar, pero no los 38 votos de mayoría calificada que requieren varios de los proyectos de ley en debate.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) confirmó el 9 de mayo el mantenimiento y la ampliación de su portafolio de proyectos con Costa Rica bajo el gobierno Fernández, incluyendo líneas de crédito para infraestructura vial, proyectos habitacionales y el programa de seguridad pública, según Infobae. El BCIE es uno de los principales acreedores multilaterales de Costa Rica, con un portafolio activo que supera los $2.000 millones. La confirmación llegó dos días después del traspaso de poderes y antes de que el gobierno terminara de instalar su equipo económico completo, lo que algunos analistas interpretaron como una señal de confianza en la continuidad de la política fiscal. El ángulo contrario viene del sector académico: economistas de la UCR advirtieron que depender de crédito externo para financiar gasto de seguridad —como la megacárcel o el sistema de inteligencia policial C5— crea pasivos contingentes que no aparecen en el presupuesto ordinario hasta que se ejecuta el desembolso.
El gobierno Fernández enfrenta una agenda apretada para cerrar su primera semana completa. El viernes 15 de mayo es el plazo para que cada ministerio entregue su Plan de Acción de los Primeros 100 Días, un requisito que la presidenta fijó en el primer Consejo de Gobierno. El miércoles 13 está prevista la primera comparecencia pública del ministro Chaves ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea, donde los diputados anticipan preguntas sobre el borrador del presupuesto 2027. Y en algún momento de la semana, el Ejecutivo debe publicar el decreto que convoca las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, sin el cual los proyectos de ley de seguridad no pueden entrar en agenda formal.