La presidenta electa fijó el Teatro Melico Salazar para revelar a sus ministros tres días antes de la toma de posesión; el BCCR advierte sobre deudas en dólares; y el alza del petróleo por el conflicto iraní presiona los precios internos.
La presidenta electa Laura Fernández confirmó la ceremonia de presentación de su equipo de gobierno el 5 de mayo en el Melico; el juramento formal de ministros y jerarcas será el 8 de mayo en el Estadio Nacional.
La presidenta electa Laura Fernández confirmó que el 5 de mayo revelará la composición de su gabinete en una ceremonia formal en el Teatro Melico Salazar, tres días antes de la toma de posesión el 8 de mayo en el Estadio Nacional. La transición de mando entre Rodrigo Chaves y Fernández ha avanzado en medio de la negativa de Chaves de responder la oferta de Fernández para asumir un cargo en el nuevo gobierno, según reportó Infobae Costa Rica el 22 de abril. El equipo de gobierno de Fernández combinará figuras de la administración Chaves con perfiles nuevos; varios ministros actuales han expresado interés en continuar, mientras que otros podrían asumir responsabilidades distintas dentro del Ejecutivo, según fuentes cercanas a la transición citadas por Infobae. El ángulo contrario: la decisión de anunciar el gabinete tan cerca de la toma de posesión deja poco tiempo para que los ministros designados preparen la transición con sus antecesores, lo que algunos analistas de política institucional ven como un riesgo operativo para los primeros días del nuevo gobierno. Fernández, del Partido Pueblo Soberano, ganó las elecciones del 1 de febrero con el 50,23% de los votos, el porcentaje más alto en 32 años, sin necesidad de segunda vuelta. Será la presidenta número 50 de Costa Rica y la segunda mujer en llegar al Ejecutivo.
El presidente del Banco Central de Costa Rica alertó esta semana sobre el riesgo que representan las deudas dolarizadas para hogares con ingresos en colones. El colón cerró el 22 de abril con un tipo de cambio de ₡452,95 de compra y ₡457,14 de venta según datos del MONEX publicados por la Nación, con un máximo de ₡464,65 registrado el 10 de abril. El BCCR proyecta que la inflación podría acercarse al 0,8% en 2026 —por encima de la meta del 3% que no se alcanza desde 2022— antes de retomar el camino hacia la meta en 2027. El riesgo que señala el BCCR es estructural: en el contexto de tasas de interés internacionales altas y de un colón que ha mostrado volatilidad en abril por el efecto del conflicto iraní en los mercados, los hogares que tomaron crédito hipotecario o de consumo en dólares con ingresos en colones están expuestos a un doble riesgo: inflación importada que erosiona el poder adquisitivo más el efecto del tipo de cambio en el servicio de la deuda. El BCCR no publicó cifras específicas de endeudamiento dolarizado de hogares al cierre de esta edición; la alerta proviene del presidente del Banco en declaraciones periodísticas recogidas en medios especializados sin un informe formal de respaldo.
La Cámara de Comercio de Costa Rica y otros gremios del sector privado instaron al Gobierno de transición a agilizar la reducción de barreras comerciales con Estados Unidos, tras la publicación del informe de la Representación Comercial de EE.UU. (USTR) que identifica obstáculos al acceso del mercado costarricense para productos y servicios norteamericanos. El informe del USTR, que se publica anualmente, es un insumo clave para la posición negociadora estadounidense en cualquier revisión del CAFTA-DR. Las áreas identificadas como problemáticas en ediciones previas del informe incluyen regulaciones de etiquetado de alimentos, restricciones sanitarias y fitosanitarias en algunos productos agrícolas, y burocracia en procesos de importación. El sector privado costarricense ve en el informe una señal de alerta: si las barreras que EE.UU. identifica no se atienden de forma proactiva en el arranque de la nueva administración, podrían convertirse en moneda de cambio en negociaciones más amplias. La información sobre las barreras específicas identificadas en el informe más reciente proviene de crecex.com; el informe oficial del USTR no estaba disponible en su sitio web al cierre de esta edición. El contexto del conflicto iraní añade urgencia: con el comercio internacional bajo presión por las tensiones geopolíticas, Costa Rica necesita mantener sus canales de acceso a los mercados principales en las mejores condiciones posibles.
UNA Comunica, el medio de la Universidad Nacional, publicó esta semana un análisis que aborda la pregunta más frecuente en cualquier conversación económica costarricense: ¿por qué Costa Rica es tan cara si su PIB per cápita es relativamente alto para la región? El estudio señala tres factores estructurales: primero, cadenas de distribución altamente concentradas en sectores como carne, pollo, leche y arroz, donde unos pocos actores dominantes tienen poder de precios. Segundo, aranceles de protección agrícola que encarecen los alimentos importados para beneficiar a productores locales, un mecanismo que genera un impuesto implícito sobre los consumidores de menores ingresos. Tercero, la dolarización parcial de la economía —con servicios de salud, educación privada y bienes importados cotizados en dólares— que hace que cualquier movimiento en el tipo de cambio se transmita directamente al costo de vida. El estudio no es nuevo en sus conclusiones —las mismas cadenas de distribución concentradas se han señalado en diagnósticos de la OCDE y del Banco Mundial en años anteriores— pero su publicación en el contexto del traspaso de poderes es oportuna: la presidenta Fernández prometió durante la campaña atender el costo de vida como prioridad. El ángulo contrario: los productores agrícolas locales, que se benefician de los aranceles de protección, sostienen que sin esa protección quedarían expuestos a competencia desleal de productores subsidiados en otros países, con consecuencias para el empleo rural. El análisis completo está disponible en el sitio de UNA Comunica.
— Una investigación de UNA Comunica analiza las causas estructurales del alto costo de vida costarricense, señalando cadenas de distribución concentradas, aranceles de protección agrícola y la dolarización parcial de la economía.
La OCDE proyecta que el crecimiento del PIB de Costa Rica bajará del 4,2% en 2025 al 3,5% en 2026 y al 3,4% en 2027, en el contexto de un entorno global más adverso marcado por la guerra en el Medio Oriente, el enfriamiento del comercio internacional y el impacto del alza en el precio de los combustibles. La inflación costarricense se espera que suba gradualmente hacia la meta del 3%, alcanzando un 0,8% en 2026 y un 2,1% en 2027, después de años por debajo del rango objetivo. El dato positivo en las proyecciones: la deuda pública continuaría bajando gracias a la disciplina fiscal mantenida durante la administración Chaves, cuya regla fiscal vincula el gasto al comportamiento de la deuda como porcentaje del PIB. El ángulo contrario: la estimación del 3,5% es anterior a la profundización del conflicto iraní; si el Estrecho de Ormuz permanece cerrado o parcialmente restringido durante el segundo semestre, las proyecciones de crecimiento e inflación para Costa Rica tendrían que revisarse a la baja y al alza respectivamente. El impacto del conflicto en la economía costarricense llega primero por el precio de los combustibles —que Costa Rica importa en su totalidad— y luego por el precio de los insumos industriales importados. Intel, Amazon y otras multinacionales con operaciones en Costa Rica también experimentan presión en sus cadenas de suministro globales.
El 23 de abril de 2026 marca quince días antes de la toma de posesión de Laura Fernández. La presidenta electa fijó el 5 de mayo para revelar su gabinete —un equipo que tendrá que gestionar desde el día uno un entorno económico más difícil que el proyectado a inicios de año—. El BCCR advierte sobre deudas en dólares, el tipo de cambio se mantiene cerca de ₡458, y el estudio de la UNA sobre el costo de vida recuerda que los problemas estructurales del país son anteriores al conflicto iraní y persistirán más allá de él. El panorama que hereda el nuevo gobierno no es de crisis, pero sí de menor margen de maniobra: crecimiento a la baja, inflación al alza, petróleo caro y un entorno de comercio internacional bajo presión. La disciplina fiscal de la regla del gasto es el activo más claro que deja la administración saliente; sostenerla en un ambiente de mayor presión social será el primer desafío político de Fernández.