El cuatrienio 2022-2026 termina sin votar la sanción por hostigamiento sexual; Fernández condiciona el FEES a recortes en UCR y UNA; los tickets del Estadio ya están disponibles.
El evento gratuito en el Estadio Nacional espera a más de 40.000 personas; el acto se adelantó dos horas para prevenir lluvias de la tarde y el primer Consejo de Gobierno será público.
El Comité Organizador del Traspaso de Poderes activó las entradas gratuitas para la sesión solemne del 8 de mayo a mediodía del martes 28 de abril en el sitio kuikpei.com; cada usuario puede reservar hasta 3 entradas. La sesión solemne de juramentación de Laura Fernández Delgado como la 50ª presidenta de Costa Rica fue adelantada dos horas, al mediodía (11:00 a.m.), para evitar las lluvias típicas de la tarde en el Estadio Nacional de San José. El primer Consejo de Gobierno será abierto al público inmediatamente después de la juramentación. Entre las delegaciones confirmadas figuran el Rey Felipe VI de España —en la primera visita de un monarca español al país desde 1991— y los presidentes de Ecuador y Panamá. El nivel de representación de 71 países y 18 organismos internacionales es el más alto en una inauguración presidencial costarricense desde la de Óscar Arias en 2006. La logística operativa incluye un dispositivo de seguridad conjunto coordinado con los servicios secretos de las delegaciones visitantes. El Ministerio de Seguridad anunció el 28 de abril cortes de tránsito en las inmediaciones del Estadio Nacional desde las 6:00 a.m. del 8 de mayo.
La sesión del martes 28 tampoco alcanzó los 38 diputados necesarios; el expediente de hostigamiento sexual queda cerrado sin consecuencias formales al terminar el período legislativo.
La Asamblea Legislativa cerró el cuatrienio 2022-2026 sin haber votado la sanción contra el diputado Fabricio Alvarado (Nueva República) por hostigamiento sexual denunciado por la exdiputada Marulín Azofeifa, según informó El Financiero el 28-29 de abril. La sesión del martes 28 tampoco alcanzó el quórum de 38 legisladores necesario para sesionar, repitiendo el fracaso del lunes 27 —cuando ocho diputados del bloque de Pilar Cisneros estaban en el restaurante Limoncello. El expediente disciplinario iniciado bajo este período legislativo no puede ser retomado por la nueva Asamblea de Pueblo Soberano que asume el 1 de mayo. El ángulo contrario: el diputado Fabricio Alvarado rechazó las acusaciones en todo momento y su bancada Nueva República no forma parte de la nueva Asamblea. Desde esa perspectiva, el proceso disciplinario queda sin efecto práctico para un legislador que ya no tendrá escaño. Pero para Marulin Azofeifa y los grupos de defensa de los derechos de las mujeres, el cierre sin sanción es el último de una serie de fallos institucionales que los críticos interpretan como protección corporativista de un diputado acusado. La nueva Asamblea de Pueblo Soberano, que asume con 31 escaños, ha anunciado que el combate al hostigamiento sexual en el ámbito legislativo será parte de su agenda de reformas internas en el primer mes de sesiones.
La presidenta electa lanzó su condición pública más explícita sobre el financiamiento universitario: el 75% que llevan las dos universidades grandes debe redistribuirse antes de que ella apruebe un aumento.
En declaraciones recogidas por La República y el sitio Ticosland el 28-29 de abril, Laura Fernández condicionó explícitamente su apoyo a cualquier aumento del FEES por encima de la inflación: «El FEES, desde mi punto de vista, seguirá en cero si no hay una reducción significativa de la UNA y la UCR para la UNED, el TEC y la UTN. Esa es la posición del Gobierno hasta el 8 de mayo». La declaración confirma la postura que Fernández ya había insinuado desde la campaña: la distribución del 75% del FEES que concentran UCR y UNA es para ella un problema de equidad que debe resolverse antes de discutir el total del fondo. El trasfondo: el gobierno de Rodrigo Chaves rompió la negociación del FEES el 21 de abril proponiendo un aumento cero, trasladando la decisión a la nueva Asamblea. Fernández llega al poder sin voluntad de resolver el conflicto mediante un aumento global; su propuesta implica que UCR y UNA deben financiar la expansión de las universidades tecnológicas cediendo parte de su porción actual. El ángulo contrario: el rector Carlos Araya Leandro respondió en declaraciones del 28 de abril que la UCR no aceptará reducciones presupuestarias y que cualquier intento de legislar una redistribución del FEES sin consenso universitario viola la autonomía universitaria garantizada por la Constitución. La posición de Fernández y la del rector son, por el momento, irreconciliables.
La toma de la Rectoría de la UCR, que cumple ocho días el 29 de abril, sumó una nueva dimensión el 28 de abril: un grupo de estudiantes y funcionarios afines al exdiputado Fabricio Alvarado —identificados en redes sociales como «jaguares»— convocaron una marcha de respaldo al rector Carlos Araya Leandro en reacción directa a la marcha estudiantil de oposición. Ambas marchas se realizaron el martes 28 en el campus Rodrigo Facio, según Delfino.cr. La división interna en el campus complica la salida negociada del conflicto: ya no es una disputa entre estudiantes y rector, sino una polarización entre grupos con agendas distintas. Los estudiantes que mantienen la toma exigen que el rector presente una propuesta concreta de financiamiento alternativo al FEES que proteja los salarios docentes y los programas académicos. El rector mantiene que la toma viola la autonomía universitaria y que no negociará bajo presión. Para el gobierno entrante de Fernández, la UCR es el primer banco de pruebas de su postura sobre el FEES. Si la toma persiste durante su primera semana en el poder, deberá decidir si adopta una postura de mediación o de presión institucional.
La presencia del Rey Felipe VI de España en la juramentación de Laura Fernández el 8 de mayo marca la primera visita de un monarca español a Costa Rica desde 1991 y coincide con el 120 aniversario de relaciones diplomáticas formales entre ambos países. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó 71 delegaciones nacionales y 18 organismos internacionales al 27 de abril, según Infobae. El nivel diplomático del evento tiene implicaciones concretas: la presencia de 71 cancillerías y jefes de Estado posiciona la inauguración costarricense como uno de los actos multilaterales más relevantes de América Latina en lo que va de 2026. Para Costa Rica, que busca proyectar imagen de estabilidad democrática en un contexto regional complejo, el acto del 8 de mayo es una ventana de diplomacia pública difícil de igualar.
La Gerencia de Pensiones de la CCSS presentará su propuesta de reforma al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) a la nueva Asamblea Legislativa que asume el 1 de mayo. Los cambios propuestos apuntan a rebalancear las tasas de cotización entre trabajadores, patronos y Estado, y revisar las tasas de reemplazo, según El Observador CR. El contexto actuarial es urgente: si el sistema no se reforma, el fondo del IVM enfrenta problemas de sostenibilidad a partir de 2035. La mayoría de 31 escaños de Pueblo Soberano facilita la aprobación, pero el tema es políticamente sensible. Laura Fernández ha señalado que la reforma al IVM es una de sus tres prioridades legislativas del primer año, junto al FEES y la respuesta al embargo panameño.
El embargo silencioso de Panamá sobre exportaciones costarricenses de lácteos, carnes, frutas y hortalizas cumple seis meses sin respuesta desde San José, según El Financiero. Las pérdidas estimadas superan USD 100 millones acumulados; la Cámara de Productores de Leche calcula USD 40 millones anuales solo en ese sector. La OMC emitió un fallo favorable a Costa Rica en diciembre de 2024, pero Panamá apeló para ganar tiempo. El gobierno de Rodrigo Chaves manejó el conflicto con gestiones diplomáticas discretas que no produjeron resultados. El gobierno entrante de Fernández tendrá que decidir en sus primeras semanas si adopta una postura más asertiva —presentar un recurso formal ante el mecanismo de apelación de la OMC, convocar al embajador panameño, o escalar el caso a nivel presidencial— o si mantiene la vía silenciosa que demostró ser ineficaz. El presidente de Panamá José Raúl Mulino estará presente en el traspaso del 8 de mayo: la reunión bilateral que se produzca en ese marco será la primera prueba de la nueva diplomacia comercial de Costa Rica.
El cuatrienio 2022-2026 de Rodrigo Chaves llega a sus últimos nueve días con una herencia de controversias no resueltas: el FEES 2027 sin negociación, la sanción ética a Fabricio Alvarado archivada por falta de quórum, la toma de la UCR sin solución, y el embargo panameño sin respuesta. Al mismo tiempo, el gobierno dejó avanzadas la demolición del peaje de la General Cañas —primera obra de la expansión vial más cara de la historia del país— y la proyección del OIJ de cerrar 2026 con menos de 800 homicidios. Laura Fernández llega con una mayoría absoluta de 31 escaños, capital político inicial y una agenda urgente. Sus tres primeros meses serán determinantes: si resuelve el FEES sin romper con las universidades, negocia la reforma del IVM con los sectores laborales y activa la presión sobre Panamá, el arranque será sólido. Si se empantana en los conflictos heredados, el capital inicial se consumirá rápido. El país recibirá su nueva presidenta dentro de nueve días con la mayor fiesta democrática que haya organizado en décadas.