El Congreso 2022-2026 cerró su período con bochorno institucional al no reunir los 38 diputados exigidos; mañana se instala la nueva Asamblea con mayoría histórica de mujeres y Pueblo Soberano al mando.
Solo 35 de los 57 diputados se presentaron al plenario en la última jornada; el reglamento exige 38 para abrir sesión formalmente y el período expiró sin resolver varios pendientes.
La Asamblea Legislativa de Costa Rica concluyó el período 2022-2026 sin poder celebrar su última sesión por falta de quórum, según reportaron Infobae Costa Rica, El Financiero y delfino.cr. Solo 35 de los 57 legisladores asistieron a la convocatoria del 29 de abril, cuando el reglamento parlamentario exige un mínimo de 38 para abrir el plenario formalmente. Fue el segundo día consecutivo sin quórum, algo que varios comentaristas calificaron como «bochorno institucional». Entre los asuntos que quedaron pendientes por la falta de sesión está la votación de una amonestación ética contra el diputado Fabricio Alvarado, quien enfrenta una denuncia de hostigamiento sexual en el recinto legislativo. La Comisión de Ética había recomendado la sanción, pero el pleno nunca la votó. Con el cierre del período, el proceso queda extinguido institucionalmente, aunque el caso penal sigue su curso en el Poder Judicial. El ángulo contrario lo plantean algunos diputados que justificaron su ausencia argumentando que los compromisos de traspaso de mando —reuniones de transición con sus sucesores— son legalmente prioritarios. Críticos como la organización Acción Ciudadana señalan que esta interpretación no resiste análisis legal y que la conducta muestra el déficit de compromiso que caracterizó toda la legislatura 2022-2026.
Por primera vez desde 1948, el Congreso costarricense tendrá más mujeres que hombres en su composición; Pueblo Soberano controla 31 de los 57 escaños y planea tomar todas las posiciones del directorio.
El 1 de mayo de 2026 se instala la Asamblea Legislativa del período 2026-2030, el vigésimo desde la fundación de la Segunda República. La composición histórica del nuevo Congreso incluye 30 diputadas y 27 diputados —la primera mayoría femenina en cualquier legislatura costarricense. El Partido Pueblo Soberano, que ganó la presidencia con Laura Fernández Delgado el 1 de febrero, llega al Congreso con 31 de los 57 escaños: suficiente para controlar los cargos del directorio legislativo y aprobar legislación ordinaria, pero sin los 38 votos requeridos para reformas constitucionales. El Partido Liberación Nacional encabezará el directorio legislativo temporal que abrirá la nueva sesión inaugural mañana, según CRC 891. A partir del 2 de mayo, Pueblo Soberano tomará la presidencia legislativa y los demás cargos del directorio, configurando por primera vez en más de dos décadas una legislatura donde una sola fracción controla todos los puestos de conducción. La agenda legislativa que Fernández y su bancada priorizan incluye proyectos de reducción del aparato estatal, fortalecimiento de la Ley de Competencia, ajustes fiscales para consolidar el superávit primario alcanzado en 2025 y reformas al sistema de pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS. La UCR y la UNA proyectan que el crecimiento económico de Costa Rica bajará de 4,2% en 2025 a 3,5% en 2026 en parte por el ajuste fiscal previsto.
La presidenta electa prometió reformar el Estado, combatir la corrupción y expandir el libre comercio. Con mayoría legislativa propia y un mandato sin precedente en fuerza política, llega al Ejecutivo con margen real para actuar.
Laura Virginia Fernández Delgado asumirá la presidencia de Costa Rica el 8 de mayo de 2026, convirtiéndose en la segunda mujer en gobernar el país después de Laura Chinchilla (2010-2014). Fernández ganó las elecciones del 1 de febrero con el Partido Pueblo Soberano, plataforma política de derecha que ella misma fundó en 2024 después de renunciar como ministra de la Presidencia del gobierno de Rodrigo Chaves. Su anuncio de construir una «Tercera República» —más pequeña en gasto público, más ágil en regulación, más abierta al comercio— fue el eje de su campaña. En su período como ministra de Planificación (2022-2025), Fernández diseñó el programa fiscal que llevó a Costa Rica a su primer superávit primario en décadas. La academia y el sector empresarial destacan ese logro; los sindicatos y las universidades públicas advierten que el ajuste fiscal adicional prometido amenaza el modelo de bienestar que distingue a Costa Rica en la región. Entre sus primeras decisiones programadas para mayo: nombrar al gabinete completo, presentar ante la nueva Asamblea los proyectos de ley prioritarios y sostener una reunión bilateral con el gobierno de EE.UU. para explorar la ampliación del CAFTA-DR en servicios digitales.
Las exportaciones de bienes de Costa Rica alcanzaron USD 3.383 millones en febrero de 2026, un crecimiento del 6% frente al mismo mes de 2025, según datos de PROCOMER. La Inversión Extranjera Directa (IED) cerró 2025 en USD 5.121,8 millones, superando por segundo año consecutivo el umbral de los USD 5.000 millones. El desempeño exportador está liderado por dispositivos médicos, farmacéuticos y servicios empresariales. El Banco Central de Costa Rica proyecta que el PIB crecerá 3,5% en 2026, desacelerándose desde el 4,2% de 2025, mientras la inflación debería rondar el 0,8% —por debajo de la meta del 3%, un reflejo del entorno de baja inflación regional. EE.UU. advirtió en meses recientes que ciertas prácticas internas del mercado costarricense generan ventajas artificiales de costos, señal de que las negociaciones comerciales bilaterales tendrán fricción en el nuevo gobierno. La nueva presidenta electa Laura Fernández asume con estos indicadores como base: economía sólida pero desacelerándose, exportaciones dinámicas y una relación comercial con EE.UU. que requiere atención.
La mayoría simple de Pueblo Soberano en la nueva Asamblea —31 de 57 diputados— es una herramienta poderosa para la agenda ordinaria pero insuficiente para las reformas estructurales más ambiciosas del programa de Fernández. Para modificar la Constitución se requieren 38 votos; para derogar leyes con mayoría calificada, también. Esto significa que proyectos como la reforma del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS —que requeriría cambios legales de alta sensibilidad política— dependen de construir alianzas con otras fracciones. Las fracciones minoritarias con las que Pueblo Soberano podría negociar incluyen al PLN (que llegó reducido), al PUSC y a algunos independientes. Pero la composición fragmentada del Congreso —cinco fracciones distintas— y la posición de Fernández como figura que rompió con el chavismo pero no con la derecha tradicional complican esos puentes. La radiosUCR señala que la mayoría tiene capacidad de aprobar presupuestos y leyes fiscales ordinarias, pero «sin votos para reformas clave». El ángulo contrario: varios analistas recuerdan que el gobierno de Rodrigo Chaves gobernó cuatro años con menos escaños que Fernández y logró varios de sus proyectos apelando directamente a la opinión pública. Fernández tiene más bancada y más experiencia legislativa que Chaves; el riesgo de parálisis existe pero no es inevitable.
El 30 de abril de 2026 marca el fin del período legislativo 2022-2026 —con bochorno incluido por la falta de quórum— y el último día antes de que el nuevo Congreso tome posesión. Mañana, 1 de mayo, la Asamblea Legislativa 2026-2030 se instalará con la primera mayoría femenina de su historia y con Pueblo Soberano al mando del directorio. El 8 de mayo, Laura Fernández Delgado asumirá la presidencia. Costa Rica enfrenta esa transición con indicadores macroeconómicos favorables: exportaciones creciendo al 6%, IED superando los USD 5.000 millones por segundo año, inflación baja y crecimiento proyectado del 3,5%. El desafío inmediato del nuevo gobierno es convertir esos números en reformas concretas con una bancada que puede gobernar en lo ordinario pero que necesita aliados para lo estructural.