El Congreso 2026-2030 se instala este mediodía con la primera mayoría femenina de la historia; los sindicatos marchan desde la Merced y el tipo de cambio sigue comprimiendo a las exportadoras.
Pueblo Soberano llega con 31 de 57 escaños y tomará todos los puestos del directorio desde mañana; el período que comienza hoy durará hasta el 30 de abril de 2030.
El 1° de mayo de 2026, la Asamblea Legislativa de Costa Rica instala formalmente el período constitucional 2026-2030. La composición histórica del Congreso incluye 30 diputadas y 27 diputados —la primera vez en la historia costarricense que el Parlamento tiene mayoría de mujeres. El Partido Pueblo Soberano llega con 31 de los 57 escaños, lo que le da mayoría simple para controlar los cargos del directorio y aprobar legislación ordinaria, pero le falta margen para las 38 firmas que exige el Reglamento Legislativo para reformas constitucionales. Según CRC 891, el Partido Liberación Nacional encabezará el directorio legislativo temporal que abrirá la sesión inaugural hoy; a partir del 2 de mayo, Pueblo Soberano tomará la presidencia legislativa y los demás cargos. Las otras fracciones son Frente Amplio con 7 escaños, Coalición Democrática con 1 y Partido Social Cristiano con 1. La agenda legislativa que Pueblo Soberano ha priorizado incluye proyectos de reducción del aparato estatal, fortalecimiento de la Ley de Competencia, ajustes fiscales orientados a consolidar el superávit primario alcanzado en 2025 y reformas al sistema de pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS. El Banco Central proyecta que el crecimiento económico pasará del 4,2% de 2025 al 3,5% en 2026, en parte por el ajuste fiscal previsto.
Con 31 diputados, la fracción mayoritaria puede aprobar leyes ordinarias y bloquear mociones de no confianza, pero no puede actuar sola en reformas a la Carta Magna ni en nombramientos que requieren mayoría calificada.
La aritmética de la nueva Asamblea es clara: Pueblo Soberano tiene 31 de 57 escaños, suficiente para ganar cualquier votación de mayoría simple, nombrar al directorio legislativo en pleno y definir la agenda del plenario. Pero el sistema costarricense establece requisitos de mayoría calificada —38, 45 o incluso 57 votos— para decisiones de mayor peso constitucional. Para reformas constitucionales se requieren 38 votos en dos legislaturas consecutivas. Para nombrar magistrados de la Sala Constitucional o del Tribunal Supremo Electoral se necesitan dos tercios (38 votos). Para declarar un estado de emergencia se requieren también dos tercios. Pueblo Soberano deberá negociar con Liberación Nacional (17 escaños) o Frente Amplio (7 escaños) para alcanzar esos umbrales, lo que implica ceder en al menos algunas condiciones programáticas. El ángulo contrario lo plantean constitucionalistas de la UCR: la ausencia de mayoría calificada para Pueblo Soberano no es una debilidad sino un diseño deliberado del sistema parlamentario costarricense para forzar la negociación y limitar la concentración de poder. Varios de los proyectos más controversiales que Fernández prometió —como la reforma al empleo público y los ajustes al Código de Trabajo— no requieren mayoría calificada pero sí generarán resistencia sindical y de las universidades públicas desde el primer día.
La Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC) y otras organizaciones sindicales convocaron para este 1° de mayo una marcha del Parque La Merced hacia la Plaza de la Democracia en San José. La movilización —que coincide con la instalación de la nueva Asamblea Legislativa— concentra sus demandas en la defensa de la jornada laboral de ocho horas, el rechazo a cualquier modificación del régimen de seguridad social de la CCSS y la oposición a las reformas de reducción del aparato estatal que Pueblo Soberano tiene en su agenda legislativa. La marcha del 1° de mayo es una tradición en Costa Rica desde la segunda mitad del siglo XX y forma parte del ciclo político de cada inicio de gobierno. En 2022, la marcha inaugural coincidió con el comienzo del gobierno de Rodrigo Chaves y sirvió de primera prueba del pulso entre el ejecutivo y los sindicatos. El patrón se repite: el nuevo gobierno de Fernández enfrentará desde su primer día de gestión una oposición sindical organizada que ya tiene claros sus reclamos. El ángulo contrario que señalan analistas laborales como el economista Ronulfo Jiménez: Costa Rica tiene una de las tasas de sindicalización más bajas de América Latina —menos del 12% de los trabajadores según datos de la OIT 2025—, lo que limita el poder de convocatoria efectivo de los sindicatos más allá de sus propias bases en el sector público. La marcha del 1° de mayo es políticamente simbólica, pero su capacidad de presión real sobre la agenda Fernández depende de qué tan masiva sea la participación.
Al 20 de febrero de 2026, el tipo de cambio del dólar se ubicó en ¢474,56 según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), lo que representa una apreciación del colón de ¢22,51 por dólar o un 4,74% desde el inicio del año. El gerente general de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), citado por El Observador CR, reconoció que el tipo de cambio es «una de las principales preocupaciones de las empresas que operan en Costa Rica» y que el país atraviesa «un proceso silencioso de pérdida de competitividad». Las empresas de manufactura de exportación en la Zona Franca de la Coyol y de servicios empresariales en los parques tecnológicos del GAM enfrentan el problema de que sus costos operativos en colones —salarios, electricidad, agua, alquileres— suben mientras sus ingresos en dólares bajan en términos de poder adquisitivo local. El fenómeno es el reverso de la devaluación: beneficia a los importadores y a los consumidores de bienes importados, pero castiga a los exportadores netos. El BCCR proyectó para 2026 un crecimiento del PIB de 3,5%, frente al 4,2% de 2025, y reconoció que la creación de empleo en el sector de servicios de alto valor agregado —call centers, servicios financieros, desarrollo de software— ha mostrado signos de estancamiento. La agenda Fernández incluye un análisis del régimen de zonas francas para identificar si los incentivos actuales son suficientes para retener inversión en el contexto del colón fortalecido.
Laura Fernández Delgado asume la presidencia el 8 de mayo de 2026 con tres prioridades programadas para sus primeras semanas. La primera es el nombramiento del gabinete completo: su partido Pueblo Soberano ha confirmado que el proceso de selección está avanzado y que varios nombres ya cuentan con análisis de perfil y reuniones previas, aunque ningún nombramiento será oficial hasta el día de la inauguración. La segunda prioridad es la presentación ante la nueva Asamblea de los proyectos de ley prioritarios: reducción del techo salarial del sector público, reforma a la Ley de Empleo Público (aprobada en 2022 pero pendiente de reglamentación completa), fortalecimiento de la Ley de Defensa de la Competencia y ajustes al régimen de pensiones del IVM. La tercera prioridad es una reunión bilateral con representantes del gobierno de EE.UU. para explorar la extensión del CAFTA-DR a servicios digitales —un tema que la industria tecnológica costarricense ha empujado desde 2022. La advertencia que plantean economistas de la CEPAL: asumir con un programa fiscal contractivo (reducción del gasto público) en el mismo momento en que la economía se desacelera del 4,2% al 3,5% puede profundizar la desaceleración si no va acompañado de medidas de estímulo a la inversión privada. La experiencia de ajuste fiscal sin ancla de crecimiento en otros países de la región —Ecuador y El Salvador en particular— es un referente que Fernández deberá tener en cuenta.
El 1° de mayo de 2026 concentra en un solo día tres eventos que marcan el inicio de la nueva era política costarricense: la instalación del Congreso 2026-2030 con su primera mayoría femenina, la marcha sindical que anticipa la resistencia a la agenda de ajuste de Fernández, y el inicio formal de la cuenta regresiva de ocho días hasta la inauguración presidencial del 8 de mayo. La semana que viene definirá el tono del primer año de gobierno: los nombramientos del gabinete dirán mucho sobre el perfil técnico o político que Fernández quiere dar a su administración. La nueva fracción de Pueblo Soberano en la Asamblea deberá demostrar que puede gestionar 31 legisladores con disciplina de voto sin que la mayoría simple se disuelva en las primeras semanas por fricciones internas.