La presidenta electa nombra a 38 funcionarios para el periodo 2026-2030 con Chaves en Presidencia y Hacienda; combustibles suben desde mañana y el BCCR recorta la proyección de crecimiento al 3,5%.
La presidenta electa anunció el martes 5 de mayo en el Teatro Melico Salazar los 38 funcionarios que integrarán su gobierno a partir del traspaso del jueves 8 de mayo.
Laura Fernández Delgado presentó el 5 de mayo en el Teatro Popular Melico Salazar en San José los nombres de su gabinete completo para el periodo 2026-2030. La decisión más comentada es la de Rodrigo Chaves, quien dejará la Presidencia de la República para asumir como ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda en la nueva administración —los dos puestos de mayor influencia en el aparato ejecutivo costarricense. Manuel Tovar Rivera, actualmente ministro de Comercio Exterior, asumirá la cancillería; Gerald Campos Valverde, actualmente en Justicia, tomará la cartera de Seguridad Pública. Entre los nuevos nombres destacan Roy Thompson Chacón en Trabajo y Seguridad Social, y Milagro Solórzano León en Economía, Industria y Comercio. En instituciones autónomas, se confirmó continuidad en Recope con Karla Montero Víquez, en la CCSS y en el ICE. Según La Nación, el gabinete tiene un 60% de funcionarios que permanecen del gobierno de Chaves, lo que refleja la alianza política que permitió a Fernández ganar con 48.5% en primera vuelta. El ángulo de disenso: varios analistas consultados por El Observador CR señalan que designar a Chaves como ministro de dos carteras simultáneamente concentra poder de manera inusual y crea dudas sobre el proceso de toma de decisiones en el Ejecutivo. El traspaso de poderes ocurre el 8 de mayo en el Estadio Nacional. El Partido Pueblo Soberano obtiene 31 diputados en la Asamblea Legislativa, la primera mayoría legislativa de un partido en la Asamblea desde 1990.
RECOPE aplica desde el 7 de mayo la actualización de precios más alta del año, ligada al alza sostenida del petróleo en el mercado internacional por el bloqueo del Estrecho de Ormuz.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) autorizó a RECOPE el ajuste de precios de combustibles que rige a partir del 7 de mayo: la gasolina regular sube ₡122 por litro, la gasolina súper sube ₡82 y el diésel sube ₡134 por litro. El ajuste es el más alto de lo que va de 2026 y refleja la presión del precio internacional del petróleo, que ha subido de manera sostenida desde el inicio del conflicto en Medio Oriente. Con los nuevos precios, el litro de gasolina regular superará los ₡1.000 por primera vez en la historia del país. El efecto dominó sobre la economía es inmediato: el transporte público fijará su solicitud de aumento de tarifa ante el ARESEP en los próximos días, y los productores agrícolas de la Gran Área Metropolitana anticipan presión sobre los costos de distribución. La inflación, que el BCCR tenía proyectada en terreno negativo para el primer semestre, podría cambiar de dirección antes de lo esperado según el economista Ronulfo Jiménez del IICE-UCR, consultado por El Financiero CR. El ángulo contrario: la apreciación del colón en los últimos meses ha amortiguado parte del impacto del petróleo en dólares; sin esa apreciación, el ajuste habría sido aún mayor.
El Banco Central revisó a la baja su estimación de crecimiento para el bienio 2026-2027, citando el deterioro de las condiciones externas como el principal factor de riesgo para la economía costarricense.
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) publicó el 1 de mayo una revisión a la baja de su proyección de crecimiento económico para 2026: de 3,9% a 3,5%, según reportó Infobae CR. El ajuste responde principalmente al impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los mercados internacionales —el alza del petróleo, la volatilidad de los tipos de cambio y la desaceleración del comercio global. Para 2027, la proyección también baja levemente, aunque el BCCR mantiene su expectativa de que la economía continuará creciendo por encima del promedio latinoamericano. La política monetaria se mantiene estable: la tasa de referencia del BCCR permanece en 3,25%, considerada una postura neutral dada la liquidez del sistema y la apreciación del colón. La inflación sigue en terreno negativo en el primer cuatrimestre de 2026 y el BCCR proyecta que no regresará al rango meta de 2%-4% hasta el último trimestre del año. El economista Rodrigo Cubero, ex presidente del BCCR, advirtió que Fernández asumirá la presidencia 'en un entorno económico exigente y marcado por factores adversos' que reducen el margen de maniobra fiscal para los primeros meses de gobierno. El ángulo que complica el optimismo oficial: el crecimiento de 3,5% proyectado todavía descansa en un escenario en que el bloqueo del Estrecho de Ormuz se levanta antes del tercer trimestre. Si las negociaciones se prolongan, el BCCR tendría que revisar nuevamente el pronóstico a la baja.
El Ministerio de Hacienda anunció el cierre del primer cuatrimestre de 2026 con una colocación histórica de ₡652.665 millones en el mercado interno, equivalente al 73% de la meta de financiamiento interno para el año completo. La colocación se realizó principalmente en bonos de mediano plazo a tasas de interés que se mantienen bajas gracias a la política monetaria del BCCR y a la apreciación del colón, que reduce el costo del financiamiento en moneda local. El ministro saliente de Hacienda, Nogui Acosta, calificó la colocación como 'un blindaje fiscal ante las turbulencias globales': al asegurar buena parte del financiamiento antes de que las condiciones del mercado pudieran deteriorarse, el Estado evita tener que salir a colocar deuda en momentos de alta volatilidad cuando los inversores exigen tasas más altas. La colocación incluye instrumentos en colones y en dólares; la proporción exacta no fue divulgada al cierre de esta edición. El ángulo crítico: analistas del IICE-UCR señalan que la colocación récord en el primer cuatrimestre implica que el gobierno entrante tendrá menor necesidad de financiamiento en el segundo semestre, lo que le da a Fernández margen de maniobra fiscal pero también significa que buena parte de la deuda pública ya está comprometida a tasas del período anterior. Costa Rica mantiene el perfil de crédito BB+ con perspectiva estable según Fitch Ratings, revisado en abril de 2026.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó que el Partido Pueblo Soberano (PPSO) obtendrá 31 de los 57 escaños de la Asamblea Legislativa, según los resultados definitivos de las elecciones del 1 de febrero. Esa cifra supone una mayoría absoluta que facilita la aprobación de legislación ordinaria sin necesitar alianzas, y simplifica el trámite de nombramientos que requieren ratificación legislativa como la Contralora de la República, el Fiscal General y los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. La última vez que un partido costarricense obtuvo una mayoría tan amplia fue el Partido Liberación Nacional en 1990. El ángulo que complica la lectura triunfalista: el constitucionalista Carlos Arguedas, consultado por Delfino.cr, señala que una mayoría legislativa de un solo partido reduce la capacidad de fiscalización del Ejecutivo, uno de los pilares del sistema democrático costarricense. Arguedas no cuestiona la legitimidad del resultado —que refleja la voluntad del electorado con plena claridad— sino las implicaciones institucionales de tener un poder legislativo alineado casi totalmente con el Ejecutivo. Laura Fernández, por su parte, ha subrayado que buscará el diálogo con las fracciones minoritarias en temas de alto impacto social.
— El Partido Pueblo Soberano de Laura Fernández llega al poder con una mayoría que ningún partido había logrado en más de tres décadas, lo que le da al Ejecutivo un margen legislativo sin precedentes recientes.
La edición del 6 de mayo cierra la víspera de la investidura de Laura Fernández como presidenta número 50 de Costa Rica. El gabinete está listo —con la apuesta política de mantener a Rodrigo Chaves como el peso pesado económico del Ejecutivo—, los combustibles subirán mañana, y el BCCR proyecta un crecimiento más lento de lo esperado. La mayoría legislativa del PPSO le da a Fernández un margen de maniobra que sus predecesores no tuvieron, pero también más responsabilidad frente al electorado: cuando se tiene el control del Ejecutivo y el Legislativo, las excusas escasean.