Pueblo Soberano admite una base de datos de simpatizantes del Frente Amplio, el PLN exige respuestas sobre posibles listas de militantes, la Sala Constitucional amplía a cuatro sus gestiones contra el secreto de Estado de Fernández y las exportaciones crecen 7% pese a la desaceleración de las zonas francas.
Freddy González, secretario general de Pueblo Soberano, admitió la existencia de una base de datos del traspaso de poderes, pero negó ante La Nación que la usara contra el Frente Amplio.
Freddy González, secretario general del Partido Pueblo Soberano (PPSO), afirmó el 12 de agosto en el programa Tertulia de Noche, de TVN Canal 14, que su partido logró identificar a simpatizantes del Frente Amplio que habrían buscado entradas gratuitas para dejar vacías las gradas del Estadio Nacional durante el traspaso de poderes del 8 de mayo, y dijo contar con información sobre quiénes son, dónde están y qué hacen esas personas, según recogió La Nación. Seis días después, en una llamada telefónica con un periodista de ese medio el 18 de agosto, González admitió que existe una base de datos de quienes se inscribieron en la plataforma Kuikpei para solicitar boletos del acto, pero negó que el PPSO la haya usado para identificar simpatizantes de otros partidos. La declaración inicial de González generó una respuesta de la diputada del Frente Amplio Sigrid Segura, quien pidió a la presidenta Laura Fernández aclarar qué datos personales se recopilaron en el registro de Kuikpei, quién tuvo acceso a ellos, cómo se almacenaron y qué papel jugó Juan Marcos Vargas, presidente de la Comisión de Traspaso de Poderes, en su manejo, según reportaron Delfino.cr y El Mundo CR. La controversia alimenta la desconfianza hacia el manejo de información personal por parte del Gobierno, en momentos en que la Sala Constitucional analiza también el decreto de secreto de Estado que firmó la presidenta Fernández para reservar información de seguridad, como reportó esta edición. Casa Presidencial no ha respondido públicamente a la solicitud de la diputada Segura, y el PPSO tampoco ha confirmado si entregará el detalle de cómo administra la base de datos del traspaso de poderes. La contradicción entre la advertencia inicial de González y su versión posterior ante La Nación queda, por ahora, sin resolver.
El secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, exigió el 18 de agosto al Partido Pueblo Soberano (PPSO) y a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) aclarar si han elaborado, poseen o han tenido acceso a listas, perfiles o bases de datos de activistas, dirigentes, simpatizantes o personas vinculadas al PLN, según recogieron El Mundo CR y Acontecer. Guillén advirtió que la afiliación a un partido político no puede convertirse en un objeto de vigilancia o clasificación por parte del Estado, y pidió precisar quién ordenó esa eventual recopilación, quién la administra, qué información contiene, de dónde proviene y para qué se está utilizando. El reclamo del PLN llega el mismo día en que el secretario general del PPSO, Freddy González, admitió ante La Nación la existencia de una base de datos de personas que asistieron al traspaso de poderes del 8 de mayo, después de haber dicho en agosto que su partido identificó a simpatizantes del Frente Amplio, como reportó esta edición. El señalamiento de Guillén amplía a un segundo partido de oposición la controversia sobre el manejo de datos personales por parte del oficialismo, y se suma a las gestiones legales que la Sala Constitucional revisa contra el decreto de secreto de Estado que la presidenta Fernández firmó para reservar información de seguridad nacional, como reportó también esta edición. Ni el PPSO ni la DIS han respondido públicamente al cuestionamiento del PLN, y no hay plazo público para que alguna de las dos instancias aclare si existen o no esas listas, según Acontecer y El Mundo CR.
La Sala Constitucional confirmó que estudia cuatro gestiones contra el decreto ejecutivo 45870-MSP, que la presidenta Laura Fernández y el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, firmaron el 27 de julio y publicaron en La Gaceta el 10 de agosto para declarar secreto de Estado la información del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y el grupo de trabajo Fuerza Élite, según reportó Teletica. Los expedientes 26-29318-0007-CO, 26-28940-0007-CO y 26-029527-0007-CO corresponden a dos recursos de amparo y una acción de inconstitucionalidad; un cuarto expediente, el 26-29106-0007-CO, se sumó después como una segunda acción de inconstitucionalidad, según Semanario Universidad. El decreto declara reservados los presupuestos, contrataciones, adjudicaciones y la ejecución de compras públicas de esas dependencias de seguridad, lo que los recurrentes argumentan que restringe el acceso a información de interés público y el control del uso de fondos estatales. Semanario Universidad reportó que el texto de Fernández replica, con un alcance mayor, el primer decreto que el presidente salvadoreño Nayib Bukele firmó al asumir el poder en junio de 2019. Cuatro de cinco juristas consultados por La Nación -Marvin Carvajal, Manrique Jiménez, Rubén Hernández y David Delgado- consideraron que el decreto es inconstitucional; un quinto jurista consultado por el mismo diario discrepó y lo defendió como ajustado a la Constitución. La Sala Constitucional no ha fijado fecha para resolver sobre la admisibilidad de las cuatro gestiones ni sobre la solicitud de suspender provisionalmente los efectos del decreto, y ni la Presidencia ni el Ministerio de Seguridad Pública han respondido públicamente a las críticas de los juristas consultados, según los medios citados.
Las exportaciones de bienes de Costa Rica sumaron USD 11.722 millones durante el primer semestre de 2026, un 7% más que en el mismo período de 2025, según datos difundidos por El Financiero. De ese monto, las zonas francas aportaron USD 7.855 millones -un 6% más-, mientras que las empresas del régimen definitivo exportaron USD 3.746 millones, con un crecimiento del 8% que superó por primera vez el ritmo de los regímenes especiales, de acuerdo con cifras del Banco Central de Costa Rica (BCCR) citadas por Infobae. El dato complementa el diagnóstico que el propio BCCR había hecho en agosto sobre una desaceleración de las zonas francas: los dispositivos médicos, el principal rubro de exportación de ese régimen, crecieron apenas 2,4% interanual en junio de 2026, frente al 40% registrado en junio de 2025, según Infobae. La brecha entre el crecimiento agregado de las exportaciones y la desaceleración puntual del sector médico complica la lectura sobre el estado de la economía que administra el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, en momentos en que especialistas advierten pérdida de competitividad, como ha reportado esta edición. El Banco Central no ha publicado todavía una revisión formal de su proyección de crecimiento para 2026 -entre 3,3% y 3,9%, según estimaciones de la UCR y la UNA citadas por La República-, y no está claro si la desaceleración de las zonas francas se profundizará en el segundo semestre.
La disputa por el manejo de datos personales entre Pueblo Soberano, el PLN y el Frente Amplio, y la ampliación de las gestiones legales contra el secreto de Estado marcaron la jornada.
Costa Rica cerró este miércoles 19 de agosto con dos frentes sobre el manejo de información personal y de seguridad por parte del Gobierno. El secretario general de Pueblo Soberano, Freddy González, admitió ante La Nación la existencia de una base de datos de asistentes al traspaso de poderes, después de haber dicho en agosto que su partido identificó a simpatizantes del Frente Amplio, y el secretario general del PLN, Miguel Guillén, exigió al PPSO y a la DIS aclarar si existen listas de militantes liberacionistas, como reportó esta edición. En paralelo, la Sala Constitucional confirmó que estudia cuatro gestiones legales contra el decreto de secreto de Estado que la presidenta Laura Fernández firmó para reservar información del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la DIS y Fuerza Élite, mientras el Banco Central reportó que las exportaciones de bienes crecieron 7% en el primer semestre pese a la desaceleración de las zonas francas, según informó esta edición. Ninguno de los frentes -la disputa por los datos del traspaso de poderes, las gestiones contra el secreto de Estado o la desaceleración de las zonas francas- tiene resolución al cierre de esta edición; la atención de los próximos días se concentrará en si la Sala Constitucional se pronuncia sobre la admisibilidad de las gestiones y en si el PPSO y la DIS responden al cuestionamiento del PLN.