La nueva composición del parlamento —30 diputadas y 27 diputados— obliga a Fernández a construir mayorías distintas en un cuerpo legislativo inédito, mientras los incendios forestales superan los 200 focos en 2026.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) declaró oficialmente la composición de la Asamblea Legislativa para el período 2026-2030: por primera vez en los 72 años de la Segunda República, 30 diputadas superan a 27 diputados. Pueblo Soberano se consolida como la principal fuerza con 31 curules, seguido por el Partido Liberación Nacional con 17 y el Frente Amplio con 7. La nueva Asamblea toma posesión en un contexto en que el Ejecutivo tiene 62 proyectos de ley convocados como prioridad, según el TSE e Infobae. El dato histórico de la composición de género no implica automáticamente una agenda feminista: Pueblo Soberano —el partido de Laura Fernández— tiene posiciones diversas sobre políticas de género, y la mayoría de los 31 curules corresponde a ese bloque. Aun así, el dato fáctico de 30 mujeres legisladoras sobre 57 escaños representa un umbral simbólico y práctico: la presencia en comisiones, los turnos de debate y la presidencia de comisiones claves estarán por primera vez dominadas por voces femeninas. Fernández deberá negociar proyecto por proyecto con PLN y FA para alcanzar las mayorías calificadas que demandan nombramientos como los magistrados suplentes de la Sala IV, que según el presidente de ese tribunal Fernando Castillo son urgentes para evitar el cierre técnico del despacho.
El gobierno publicó las cifras más duras hasta la fecha sobre el costo de la minería ilegal en la zona norte: pérdidas anuales de $252 millones en extracción no autorizada mientras el Estado gasta $1 millón mensual en contención sin resolver el problema de raíz.
La Presidencia de la República actualizó las cifras sobre el impacto de la minería ilegal de oro en Crucitas: el Estado pierde aproximadamente $252 millones anuales por extracción no autorizada, mientras las operaciones de seguridad consumen $1 millón mensual sin resolución estructural, según Infobae Costa Rica. En abril, la Fuerza Pública detuvo a 19 ciudadanos nicaragüenses e incautó equipos de extracción en la zona. La presidenta Laura Fernández convocó a los 57 diputados a una visita de campo en Crucitas el 19 de junio para que conozcan la situación de primera mano. El objetivo es generar urgencia legislativa para aprobar un marco legal específico que permita al Estado actuar con más herramientas que los operativos de seguridad actuales, que los propios funcionarios describen como insostenibles. La nueva Asamblea Legislativa, con mayoría de Pueblo Soberano, es el primer contexto favorable para Fernández en términos parlamentarios. El ángulo disidente lo plantean diputados de la oposición que señalan que el problema de Crucitas no tiene solución puramente legislativa sin un arreglo diplomático con Nicaragua: la mayoría de los detenidos son nicaragüenses, el territorio fronterizo presenta vacíos de gobernanza que el marco legal interno no puede cubrir sin coordinación bilateral. El gobierno no ha revelado si existe una negociación diplomática paralela.
Costa Rica superó los 200 incendios forestales en 2026, confirmando el peor año en la historia de la gestión de incendios del país. El foco más destructivo fue el que afectó el Parque Nacional Palo Verde, en Bagaces, Guanacaste: un solo incendio devastó 4.000 hectáreas —equivalentes al 20% de la extensión del parque— en menos de tres días, según La Nación. El SINAC reportó el inicio por rayo en una zona de manglar de alto valor ecológico. Los 26 bomberos forestales que Cruz Roja evaluó por inhalación de humo el 2 de junio volvieron a sus puestos tras la valoración médica en sitio. El foco en Palo Verde sigue activo al cierre de esta edición, aunque con menor intensidad que en los días previos. La restricción de técnicas de control de fuego en humedales protegidos complica la extinción definitiva del foco. El SINAC y la CNE coordinan el operativo y no han emitido nuevas alertas de emergencia en las últimas horas. La temporada lluviosa prevista por el IMN para el resto de la semana podría ayudar a la contención natural, aunque la divergencia climática regional —lluvia en la GAM, sequía en Guanacaste— es la pauta que ha caracterizado 2026.
— El contador de incendios de 2026 superó en abril los 200 focos, y uno solo en Palo Verde arrasó 4.000 hectáreas —el equivalente al 20% del parque— en menos de tres días durante la temporada seca.
El presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, confía en que la nueva Asamblea Legislativa —que arranca operaciones esta semana con su composición de 30 diputadas y 27 diputados— pueda resolver el nombramiento de magistrados suplentes que tiene pendiente el tribunal. Castillo advirtió en días recientes que la falta de quórum por plazas vacantes pone en riesgo la capacidad del tribunal para resolver los decenas de miles de recursos de amparo que tramita anualmente, según La Nación. El proceso de nombramiento requiere mayoría calificada en la Asamblea: mínimo 38 de 57 votos. Con 31 diputados, Pueblo Soberano de Fernández necesita al menos 7 votos adicionales, que deberá buscar en PLN (17) o FA (7). El PLN históricamente ha tenido posiciones propias sobre los perfiles de magistrados. El FA, con agenda de fiscalización, podría negociar condiciones. La Sala IV es el eje institucional que protege los derechos ciudadanos frente al Ejecutivo. Un cierre técnico, aunque sea temporal, dejaría en suspenso recursos de amparo que incluyen impugnaciones de actos administrativos, acciones de salud pública y disputas laborales con el Estado.
Las proyecciones del Ministerio de Hacienda para el período 2026-2031 muestran una reducción gradual de la presión fiscal que el gobierno de Fernández deberá manejar con una agenda de gasto amplia y compromisos de deuda soberana.
El Ministerio de Hacienda prevé una reducción en la recaudación fiscal para 2026 y proyecta que la carga tributaria alcanzará en 2031 su nivel más bajo en más de dos décadas, según datos publicados en La República. El escenario contrasta con la lista de prioridades de gasto del Ejecutivo: proyectos de infraestructura, el tren eléctrico Tibby firmado en mayo, el gasto en seguridad en Crucitas y el financiamiento de la CCSS. El déficit estructural del sistema de pensiones de la CCSS y las presiones sobre el sistema de salud público —que ya opera con ¢393.000 millones menos de lo que necesita según el gobierno anterior— añaden tensión al escenario fiscal. La nueva Asamblea Legislativa tendrá que decidir si aprueba ajustes tributarios o recortes de gasto en las próximas semanas. El PwC reportó que el 86% de las empresas consultadas realizó ajustes salariales en 2026, lo que refleja un mercado laboral con presiones inflacionarias en el sector privado que contrastan con el estrecho margen fiscal del sector público.
La primera semana de la nueva Asamblea Legislativa 2026-2030 pone sobre la mesa tres decisiones urgentes que el parlamento anterior dejó pendientes: el nombramiento de magistrados suplentes para la Sala IV (urgente por riesgo de cierre técnico), el marco legal para Crucitas (que consume $1M mensual en seguridad sin resultado estructural) y la gestión fiscal en un contexto de proyección decreciente de la carga tributaria hasta 2031. La composición histórica —30 mujeres, 27 hombres— es el hecho simbólico del día; los tres temas de fondo son el termómetro de si esa Asamblea inédita puede también ser más eficaz.