La presidenta actúa con rapidez en sus primeras horas; el reglamento carcelario de 360 días y las sesiones extraordinarias marcan el tono del nuevo gobierno.
La presidenta número 50 de Costa Rica estableció de inmediato los ejes de su gobierno con acciones concretas que reforman el sistema penitenciario, organizan el Ejecutivo y toman el control de la agenda legislativa.
Laura Fernández Delgado comenzó su mandato el 8 de mayo de 2026 con la firma de tres decretos ejecutivos en el mismo día de la investidura. El primero redefine el reglamento carcelario: establece que el año penitenciario es de 360 días, eliminando el sistema anterior en el que se computaba en ocho meses, según Infobae y Republica.com. El cambio implica que los privados de libertad cumplirán sus condenas en plazos más largos, un componente central de la agenda de seguridad que la presidenta prometió durante la campaña. El segundo decreto establece la nueva estructura del Poder Ejecutivo, distribuyendo competencias entre ministros, viceministros y presidentes ejecutivos desde Ambiente y Educación hasta Seguridad Pública, según La Nación. El tercero convoca sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, mediante las cuales el Ejecutivo toma el control de la agenda parlamentaria durante tres meses y puede priorizar los proyectos de su plan de gobierno. El bloque opositor —los 26 diputados del pacto entre PLN, Frente Amplio, PUSC y CAC— no tiene mecanismo inmediato para bloquear la convocatoria extraordinaria, que es una facultad constitucional exclusiva del Ejecutivo. La primera semana legislativa bajo el nuevo gobierno definirá qué proyectos de ley entran en la agenda prioritaria.
El primer decreto penitenciario de Fernández elimina el antiguo modelo de cómputo en el que un año carcelario equivalía a ocho meses efectivos. Con el nuevo reglamento, 360 días son 360 días: los internos cumplen su sentencia sin el beneficio de ese recalculo, según Infobae y Monumental. El gobierno lo presenta como una reforma de fondo para que la pena efectivamente refleje la sentencia judicial, y no el resultado de un cómputo administrativo que reduce los años de privación de libertad. Sin embargo, organizaciones como el ILANUD (Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito) han advertido que el hacinamiento carcelario costarricense ya supera el 20% de la capacidad instalada según datos del Ministerio de Justicia de 2025. Alargar el tiempo efectivo de reclusión sin ampliar infraestructura podría empeorar las condiciones de los penales, un contraargumento que el nuevo gobierno no ha respondido al cierre de esta edición.
Rodrigo Chaves Robles asumió el 8 de mayo como ministro de la Presidencia y de Hacienda y coordinador del gabinete económico del gobierno Fernández. Sus primeras acciones en la cartera fueron revisar el borrador presupuestario 2027 y convocar a los superintendentes del sistema financiero para una sesión ordinaria la semana del 11 de mayo, según CNN en Español. Chaves se convierte en el primer expresidente en ejercer como ministro en el gobierno inmediatamente posterior al suyo —un hecho sin precedentes en la historia republicana de Costa Rica desde 1948. Analistas del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica señalaron el 8 de mayo que el nombramiento presenta una asimetría de rendición de cuentas: como ministro, Chaves responde ante Fernández; pero como arquitecto de las políticas económicas anteriores, también será evaluado por los resultados del período 2022-2026 que él mismo dejó. El BCCR proyecta un crecimiento del PIB de 3,5% para 2026, ajustado a la baja desde 3,8% por el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios del petróleo. La concentración de dos ministerios clave más la coordinación del gabinete económico en una sola figura política es inédita en Costa Rica y no tiene equivalente en ningún otro país de Centroamérica según el análisis de Delfino.cr.
El tercer decreto de Laura Fernández convocó de inmediato sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, lo que permite al Poder Ejecutivo definir qué proyectos de ley se debaten durante tres meses. La facultad es constitucional —el artículo 148 de la Constitución la concede al Ejecutivo— pero su uso en el primer día de gobierno, junto al control del Directorio Legislativo 100% en manos de Pueblo Soberano, configura una concentración de agenda sin precedente reciente, según La Nación y El Observador. Los 26 diputados opositores del pacto legislativo (PLN, FA, PUSC, CAC) advirtieron el 8 de mayo que utilizarán todos los mecanismos parlamentarios disponibles para exigir tiempos de debate suficientes en los proyectos con mayor impacto institucional, en particular cualquier reforma constitucional o cambio a la Ley Orgánica del Poder Judicial. El gobierno Fernández no ha publicado aún la lista de proyectos que priorizará en las sesiones extraordinarias al cierre de esta edición.
Las primeras 24 horas del gobierno de Laura Fernández emitieron tres señales distintas a actores distintos. Al sector financiero, el mensaje fue de continuidad macroeconómica: Chaves en Hacienda garantiza la misma política fiscal que llevó la deuda del 67% al 58,3% del PIB entre 2022 y 2025. Al crimen organizado, el decreto penitenciario de 360 días y la promesa de una cárcel de máxima seguridad señalan una postura más dura que cualquier gobierno de los últimos 15 años. A la oposición, la convocatoria inmediata de sesiones extraordinarias indica que el gobierno no negociará la agenda parlamentaria —la usará. Lo que no ha dicho el gobierno en sus primeras horas es igual de revelador: no ha respondido a las preguntas sobre la revocación de visas estadounidenses a magistrados y al expresidente Óscar Arias; no ha nombrado posición sobre el diferendo comercial con el régimen tarifarista de Trump; y no ha precisado el mecanismo de control judicial para las posibles 'zonas de excepción' de seguridad. Euronews señaló que la promesa de 'no atentar contra la división de poderes' fue el único enunciado de la presidenta sobre la separación de poderes en su discurso inaugural.
El gobierno de Laura Fernández no emitió ninguna posición oficial sobre las revocaciones de visas estadounidenses a magistrados, al Nobel Óscar Arias y a directivos de La Nación durante su primer día en funciones. La nueva Cancillería tampoco se ha pronunciado al cierre de esta edición, según La Nación. El Departamento de Estado de EE.UU. mantiene que la cancelación de visados es una herramienta discrecional y se niega a comentar casos individuales. La Sociedad Interamericana de Prensa calificó las revocaciones como 'sin precedentes' para directivos de medios de comunicación en América Latina.
El primer día del gobierno de Laura Fernández dibujó con claridad las prioridades y también las preguntas sin responder. Tres decretos firmados el mismo día: reforma penitenciaria, estructura ejecutiva y sesiones extraordinarias. Rodrigo Chaves activo como ministro de Hacienda y Presidencia. La agenda legislativa bajo control del Ejecutivo por tres meses. Sin pronunciamiento sobre las visas revocadas por Washington ni sobre la política de fronteras anunciada por Kristi Noem. Costa Rica inicia el período 2026-2030 con un gobierno con más poder concentrado que cualquiera de los últimos 20 años, y con una oposición que ya firmó un pacto de defensa institucional.