La cumbre del lunes con el Poder Judicial se perfila como el primer gran test político del gobierno; la CCSS choca con la Defensoría por las reformas al IVM.
La reunión del 18 de mayo en Casa Presidencial es la primera cita formal entre el Ejecutivo y los jerarcas judiciales desde la toma de posesión, y llega marcada por el asesinato del oficial Rosales.
El gobierno de Laura Fernández tiene previsto presentar mañana, 18 de mayo, un paquete de reformas al Poder Judicial que incluye la creación de un tribunal especializado en narcoactividad, la reducción de plazos procesales para delitos de crimen organizado y la revisión del régimen de excarcelación para imputados reincidentes. La reunión en Casa Presidencial contará con el fiscal general Carlo Díaz, el presidente de la Corte Suprema Orlando Aguirre, la presidenta de la Sala Tercera Patricia Solano y el director interino del OIJ, Michael Soto. Díaz revirtió su negativa de días anteriores y confirmó asistencia el viernes 16, luego de reorganizar su agenda de viaje al exterior. El presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, sentó su posición antes de la reunión: «Costa Rica no necesita un Poder Judicial sometido», declaró a La Nación, subrayando que cualquier reforma procesal que proponga el Ejecutivo debe tramitarse en la Asamblea Legislativa y con el aval de la Corte. Es el principal ángulo de tensión: el Frente Amplio también presentó en la Asamblea una propuesta de comisión mixta con expertos y sociedad civil para atacar la mora judicial —más de 400,000 consultas especializadas en espera—, lo que añade un frente legislativo autónomo al debate. El contexto de la cita es más urgente que hace siete días: el asesinato del oficial Gerson Rosales en Batán de Matina convirtió la reunión en el primer gran test de la política de seguridad del gobierno Fernández. El sindicato policial ANEP pidió que el lunes se incluya también el tema de equipamiento y blindaje vehicular, señalando que «ninguna administración ha resuelto la exposición estructural de los agentes en zonas de alta peligrosidad».
Las 20 propuestas de reforma al IVM de la Caja incluyen cinco años más de cotización obligatoria y una tasa de reemplazo que la Defensoría califica de insuficiente para garantizar pensiones dignas.
La Caja Costarricense de Seguro Social presentó 20 propuestas para reformar el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), entre ellas elevar de 300 a 360 el número de cuotas requeridas para pensionarse —equivalente a unos cinco años más de cotización— y reducir la tasa de reemplazo a un rango de entre 40% y 43% del salario de referencia. Las propuestas responden a la presión actuarial que enfrenta el fondo: según las proyecciones de la CCSS, sin cambios el IVM podría entrar en zona de insolvencia técnica antes de 2040. La Defensoría de los Habitantes rechazó las propuestas que reducen el monto neto de las pensiones, argumentando que la tasa de reemplazo no debe bajar del 60% para garantizar un retiro digno. La defensora señaló que la carga del ajuste recaería sobre los trabajadores de menor ingreso, que cotizan menos por ingreso variable o informalidad parcial, y propuso en cambio una ruta alternativa basada en ajustes paramétricos graduales y mayor formalización del empleo. La Asamblea Legislativa deberá decidir sobre cualquier reforma; el nuevo Directorio, presidido por la diputada Yara Jiménez, aún no ha abierto la agenda legislativa de seguridad social.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó el 17 de mayo los datos de la balanza comercial del primer trimestre de 2026: las exportaciones totalizaron $6,102 millones —una caída de 0.89%— y las importaciones $6,550 millones —una reducción de 5.95%— frente al mismo período de 2025. El déficit resultante es de $447 millones. Estados Unidos absorbió el 42.9% de las exportaciones costarricenses, y los sectores de dispositivos médicos y agropecuario lideraron las ventas al exterior. La caída en importaciones refleja en parte la moderación del precio del crudo antes del inicio del conflicto en el Golfo Pérsico; los analistas del BCCR advierten que el alza de petróleo registrada desde febrero —con el WTI superando los $104 por barril en mayo— podría revertir esa tendencia en el segundo trimestre. Para los exportadores, el diferendo con Panamá sigue siendo una variable de riesgo: la PROCOMER estima que una resolución favorable en la OMC podría sumar entre $18 y $24 millones anuales al intercambio bilateral.
El diputado Gilberth Jiménez Siles presentó en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para reformar la junta directiva de la CCSS: exige al menos un grado de licenciatura y diez años de experiencia demostrable en salud pública, finanzas, derecho o ciencias actuariales, además de prohibir nombramientos con conflictos de interés o vinculaciones políticas recientes. La iniciativa surge en el contexto de una Caja que acumula más de 200,000 personas en espera de cirugía y más de 400,000 en lista de espera para consulta especializada. Entre los cambios más sustantivos: creación de cuatro comités técnicos permanentes —Auditoría y Riesgo, Inversiones, Salud y Ética—, responsabilidad patrimonial de los directores en casos de negligencia grave o conducta dolosa, evaluaciones externas anuales con posibilidad de remoción, y equiparación de dietas a las del Banco Central con un tope de ocho sesiones mensuales remuneradas. Los constitucionalistas señalan que la reforma requeriría modificar la Ley Constitutiva de la CCSS, lo que eleva el umbral de votos necesarios en la Asamblea. El ángulo contrario proviene de los representantes de trabajadores en la junta: argumentan que la propuesta concentra el control en perfiles tecnócratas y reduce la representación de los beneficiarios directos del sistema, que son quienes más conocen las necesidades reales de la institución.
La Policía de Costa Rica incautó 560 kilogramos de cocaína en la terminal portuaria de Moín, Limón, escondidos en un contenedor de yuca con destino a Europa. La operación fue el resultado de trabajo de inteligencia coordinado entre el OIJ y autoridades aduaneras. En el mismo período —fin de semana del 10 al 11 de mayo— las autoridades habían decomisado casi cinco toneladas de sustancias ilícitas en el Pacífico, con nueve detenidos de nacionalidades costarricense, colombiana y nicaragüense. El director interino del OIJ, Michael Soto, calificó a Costa Rica como «un centro logístico consolidado para el narcotráfico entre Sudamérica y Europa», lo que ubica al país en una posición estructural distinta a la de simple zona de tránsito. Para Costa Rica, la convergencia de rutas del Pacífico y el Caribe hace que los puertos de Caldera y Moín sean puntos críticos del circuito internacional de la cocaína. El gobierno Fernández tiene previsto incluir la problemática portuaria en la agenda de la cumbre judicial del 18 de mayo.
El volcán Rincón de la Vieja registró su erupción más energética del año en la madrugada del 7 de mayo, detectada a las 12:52 a.m. por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional (Ovsicori-UNA). El evento fue precedido por un aumento en sismos de largo período y tremor de baja frecuencia —señales típicas de movimiento de fluidos magmáticos o hidrotermales dentro del edificio volcánico— que los científicos monitoreaban desde días antes. No se produjeron lahares ni se reportaron daños a poblaciones aledañas. El volcán permaneció en estado de alerta elevada desde entonces. El Ovsicori señaló que la intensidad de la actividad la semana del 7 de mayo supera el promedio histórico para este período del año. Las comunidades de Guanacaste cercanas al Parque Nacional Rincón de la Vieja han recibido los protocolos de evacuación preventiva actualizados. El sistema de aguas termales que alimenta el ecosistema de la región también experimentó variaciones en temperatura y composición química, que los investigadores de la UNA documentarán en un informe técnico previsto para junio.
Con 31 escaños de Pueblo Soberano y una nueva presidencia del Directorio, el Parlamento 2026-2030 arranca con la representación más paritaria en 170 años de vida institucional.
El Tribunal Supremo de Elecciones oficializó en mayo la conformación de la Asamblea Legislativa 2026-2030: por primera vez en la historia costarricense, el Parlamento tiene mayoría femenina. La diputada Yara Jiménez fue electa presidenta del Directorio Legislativo 2026-2027 en la primera sesión plenaria del 1 de mayo. El Partido Pueblo Soberano controla 31 de los 57 escaños, una mayoría simple que le permite presidir comisiones y establecer el orden del día, pero que requiere alianzas para las reformas que exigen mayorías calificadas como el IVM o las reformas judiciales. La Unión Europea —cuya misión de observación electoral fue la primera en el país— destacó la composición histórica del Legislativo como uno de los hitos del ciclo electoral 2026. El Semanario Universidad señala que es la primera vez en más de cuatro décadas que un partido controla la Asamblea con una ventaja tan amplia. Analistas advierten, no obstante, que la mayoría de Pueblo Soberano no es suficiente para las reformas de mayor peso —como la constitucional al IVM o la creación de un tribunal antidrogas— que requieren 38 votos mínimos.