La presidenta se reunió esta mañana con la cúpula del Poder Judicial para exponer su paquete anticorrupción y antidroga; el CPTPP abre mercados a exportadores nacionales.
La reunión en Casa Presidencial reunió al fiscal Carlo Díaz, al presidente de la Corte Orlando Aguirre, a la presidenta de la Sala Tercera Patricia Solano y al director interino del OIJ Michael Soto.
La presidenta Laura Fernández sostuvo este lunes 18 de mayo una reunión en Casa Presidencial con los principales jerarcas del Poder Judicial, donde presentó su agenda de reformas urgentes: creación de un tribunal especializado en narcoactividad, reducción de plazos procesales para delitos de crimen organizado, y revisión del régimen de excarcelación para imputados reincidentes. La cita, convocada públicamente la semana anterior, terminó reuniendo a los cuatro altos funcionarios luego de que el fiscal general Carlo Díaz revirtiera su negativa inicial de asistir. Aguirre llegó al encuentro con su postura ya fijada: «Costa Rica no necesita un Poder Judicial sometido», había declarado a La Nación el viernes 16, subrayando que cualquier reforma procesal debe tramitarse en la Asamblea Legislativa con el aval de la Corte. El presidente de la Corte Suprema agregó que el sistema judicial tiene una mora que supera 400.000 consultas especializadas en espera, pero que la solución pasa por recursos y no por rediseño institucional desde el Ejecutivo. El sindicato policial ANEP aprovechó la coyuntura para exigir que la reunión incluyera equipamiento y blindaje vehicular para agentes en zonas de alta peligrosidad. Al cierre de esta edición, los detalles del acuerdo o los puntos de disenso concretos no habían sido publicados oficialmente; la presidencia y el Poder Judicial tenían previsto emitir sendas declaraciones a las 2 p. m.
La adhesión al CPTPP es el mayor acuerdo comercial que firma el país en más de una década; empresarios celebran pero advierten que la agenda interna de competitividad sigue pendiente.
Costa Rica formalizó su aceptación al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), el bloque comercial que integra a once economías del Pacífico —entre ellas Japón, Australia, Canadá, Chile y Vietnam— y que representa el 13,5% del PIB mundial. El proceso de adhesión, que tomó más de tres años de negociación, abre acceso preferencial a mercados de Asia-Pacífico para exportaciones costarricenses de dispositivos médicos, productos agropecuarios y software. La PROCOMER estima que el acuerdo podría sumar entre $200 y $350 millones en exportaciones adicionales anuales en un plazo de cinco años. La Cámara de Exportadores (CADEXCO) celebró el acuerdo como «una señal de apertura irrenunciable», pero advirtió que sin mejoras en logística portuaria y reducción de trámites aduaneros, las empresas no aprovecharán las nuevas cuotas. El contrapunto provino de organizaciones agrícolas pequeñas, que señalaron que el CPTPP obliga a Costa Rica a abrir su mercado lechero a proveedores de Nueva Zelanda y Australia, compitiendo directamente con productores locales que operan con costos 40% más altos que sus pares del Pacífico Sur. El texto del acuerdo deberá ratificarse en la Asamblea Legislativa antes de entrar en vigor.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó el 17 de mayo los datos de la balanza comercial del primer trimestre de 2026: exportaciones por $6.102 millones (−0,89% interanual) e importaciones por $6.550 millones (−5,95%), con un déficit resultante de $447 millones. Estados Unidos absorbió el 42,9% de las ventas externas; dispositivos médicos y agropecuario lideraron los envíos. La caída en importaciones refleja en parte la moderación del precio del crudo entre enero y febrero, antes del cierre del Estrecho de Ormuz. Los analistas del BCCR advierten que el WTI por encima de $106 por barril en mayo podría revertir esa tendencia en el segundo trimestre. Para los exportadores, el ingreso al CPTPP —anunciado este mismo día— podría contrarrestar la presión del tipo de cambio: el dólar cerró el 16 de mayo a ¢455,61 en venta, cerca de máximos del año.
El choque entre la Caja y la Defensoría sobre el monto mínimo de las pensiones anticipa un debate legislativo que podría durar todo el año.
La Defensoría de los Habitantes rechazó formalmente las 20 propuestas de reforma al IVM presentadas por la CCSS, centrado su cuestionamiento en la reducción de la tasa de reemplazo: la Caja plantea bajarla de hasta 60% a un rango de entre 40% y 43% del salario de referencia, además de elevar de 300 a 360 las cuotas mínimas requeridas para jubilarse —equivalente a cinco años adicionales de cotización obligatoria. La institución justifica la reforma señalando que, sin ajustes, el fondo IVM podría entrar en zona de insolvencia técnica antes de 2040. La defensora Monserrat Ballestero argumentó que la carga del ajuste recae desproporcionadamente sobre trabajadores de menores ingresos, con historial laboral fragmentado por informalidad, y propuso en cambio una ruta alternativa basada en ajustes paramétricos graduales y mayor formalización del empleo. El ángulo contrario lo plantean actuarios independientes: señalan que la reforma de 2005 ya fue insuficiente y que postergar nuevos ajustes solo trasladará el costo a generaciones futuras con condiciones aun peores. La Asamblea Legislativa, presidida por Yara Jiménez, no ha abierto aun la agenda de seguridad social para este período.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) habilitó este lunes 18 de mayo un paso regulado de un solo carril entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m. en una ruta crítica de la Gran Área Metropolitana, como parte de trabajos de refuerzo estructural en un puente. La medida afecta a miles de conductores en horas no pico y forma parte del cronograma de inversión en infraestructura que el gobierno Fernández identificó como prioridad en su primer mes de mandato. La gestión de la red vial costarricense enfrenta un déficit acumulado de mantenimiento estimado en más de $1.200 millones, según datos del Lanamme-UCR publicados a inicios de 2026. El Ministerio de Hacienda tiene previsto liberar en junio partidas del superávit primario para atender los 47 puentes en estado crítico identificados en el último inventario nacional. El ángulo contrario: la Defensoría Vial ha señalado que los cierres parciales sin señalización adecuada en horario laboral generan congestionamientos que duplican los tiempos de traslado y representan un costo económico de alrededor de $2 millones diarios para la Gran Área Metropolitana.
El tipo de cambio de venta del dólar cerró el viernes 16 de mayo en ¢455,61 y el de compra en ¢449,17, con el Banco Central de Costa Rica (BCCR) activo en el mercado MONEX para atenuar la volatilidad derivada del alza del petróleo por encima de $106 el barril. El impacto del cierre del Estrecho de Ormuz en las cuentas costarricenses es doble: encarece la factura petrolera —Costa Rica importa el 100% de sus hidrocarburos— y presiona al alza el índice de precios al consumidor, que acumula 4,2% de inflación en lo que va del año según el INEC. El BCCR mantuvo su Tasa de Política Monetaria (TPM) en 5,75% en su reunión de mayo, señalando que cualquier movimiento al alza dependería de que la inflación supere consistentemente el 4,5% por tres meses consecutivos. Analistas de Scotiabank Costa Rica proyectan que el dólar podría alcanzar ¢460 en junio si el conflicto en el Golfo Pérsico no se resuelve.
Con 31 escaños sobre 57, el partido de gobierno tiene mayoría simple pero necesita 38 votos para las reformas más ambiciosas, como el IVM y el tribunal antidroga.
La Asamblea Legislativa 2026-2030 —la primera en la historia costarricense con mayoría de mujeres— inició sus primeras semanas de trabajo con la agenda marcada por las prioridades del gobierno Fernández: IVM, reformas judiciales y ratificación del CPTPP. El Partido Pueblo Soberano controla 31 de los 57 escaños, suficiente para presidir comisiones y fijar el orden del día, pero insuficiente para las reformas que exigen 38 votos o más, como la creación de un tribunal especializado o las modificaciones constitucionales al régimen pensional. La diputada Yara Jiménez, presidenta del Directorio Legislativo 2026-2027, señaló que el bloque oficialista buscará «alianzas funcionales por tema» antes que un acuerdo permanente con ninguna bancada de oposición. La Unión Europea, cuya misión de observación fue la primera en el país para unas elecciones presidenciales, destacó la composición histórica del Parlamento como un hito para la democracia regional. Analistas del CIEP-UCR advierten, no obstante, que la paridad numérica no garantiza paridad en la agenda: las comisiones clave de Hacienda y Seguridad siguen dominadas por hombres en los puestos de mayor influencia.