La muerte de Gerson Rosales acelera la respuesta anticrimen; Panamá rechaza el ultimátum comercial de Casa Presidencial; y la UE detecta campaña de desinformación pro-gobierno en las elecciones.
El homicidio de un policía activo en Batán de Matina, con nueve años de servicio, eleva la tensión entre el Ejecutivo y las estructuras narco antes de la cumbre judicial del 18 de mayo.
Cuatro hombres en motocicletas interceptaron a agentes de la Fuerza Pública en la vía pública de Batán de Matina, Limón, y abrieron fuego el 15 de mayo. El oficial Gerson Rosales Cascante, de 28 años, murió en el lugar. El director interino del OIJ, Michael Soto, confirmó a Infobae Costa Rica que el ataque fue una represalia directa por los operativos contra la estructura delictiva vinculada al alias «Tan», uno de los objetivos más activos del crimen organizado en la zona Caribe. El gobierno de Laura Fernández emitió un comunicado de «mano dura» y activó refuerzos policiales en la región atlántica. Fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron que al menos dos personas vinculadas al hecho fueron capturadas en las horas siguientes, sin que se hayan divulgado sus identidades. La presidenta había convocado para el 18 de mayo a los jerarcas del Poder Judicial, precisamente para coordinar la respuesta al crimen organizado —una cita que ahora llega con mayor urgencia. La muerte de Rosales es el segundo homicidio de un uniformado en lo que va del gobierno Fernández, iniciado el 8 de mayo. Organizaciones policiales señalaron que la exposición de los agentes del orden sin blindaje vehicular adecuado en zonas de alta peligrosidad es una vulnerabilidad estructural que ninguna administración ha resuelto. El sindicato policial ANEP pidió al Ejecutivo que el debate del 18 de mayo incluya condiciones laborales y equipamiento, no solo reformas procesales.
La presidenta instruyó al canciller Tovar a internacionalizar el diferendo; Panamá respondió el mismo día con un comunicado que rechaza la narrativa de 'bloqueo'.
La presidenta Laura Fernández instruyó al canciller Manuel Tovar para escalar al plano internacional el diferendo comercial con Panamá, activo desde 2019. Costa Rica acusa a ese país de imponer restricciones arbitrarias a productos costarricenses como lácteos, carnes, banano, piña y fresa, que afectan exportaciones estimadas en decenas de millones de dólares anuales. El canciller Tovar notificó a su contraparte panameña que el expediente se presentará ante la Organización Mundial del Comercio como un segundo frente, después del fallo preliminar que Costa Rica obtuvo en 2024 —apelado por Panamá en enero de 2025. El gobierno panameño rechazó «categóricamente» la narrativa de bloqueo el mismo 16 de mayo y anunció que se defenderá «con serenidad y firmeza» en el proceso ante la OMC. La declaración panameña acusó a Costa Rica de «distorsionar los hechos» para justificar medidas de presión que, según Panamá, violan el principio de buena fe en las negociaciones bilaterales. Para los exportadores costarricenses, el diferendo tiene consecuencias concretas: el Consejo Nacional de Producción estima que las restricciones afectan a más de 200 empresas del sector agropecuario, con Cartago y la zona norte como las regiones más perjudicadas. La PROCOMER proyecta que una resolución favorable en la OMC podría sumar entre $18 y $24 millones anuales a las exportaciones hacia Panamá, aunque los plazos del proceso multilateral se miden en años, no en meses.
El cambio de última hora convierte el encuentro del lunes en el primer cara a cara real entre el Ejecutivo y el Ministerio Público desde la toma de posesión del 8 de mayo.
El fiscal general Carlo Díaz comunicó el 16 de mayo que sí asistirá a la reunión de seguridad convocada por la presidenta Laura Fernández para el 18 de mayo en Casa Presidencial, revirtiendo la negativa que había anunciado días antes. La Fiscalía explicó que Díaz, quien estaba fuera del país por compromisos de cooperación internacional para combatir el crimen organizado transnacional, pudo reorganizar su agenda para regresar a tiempo. El lunes participarán el presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre; la presidenta de la Sala de Casación, Patricia Solano; el director interino del OIJ, Michael Soto; y ahora también Díaz. La presidenta Fernández tiene previsto presentar los ejes de «reformas profundas» que incluyen un tribunal especializado en narcoactividad, reducción de plazos procesales en crimen organizado y revisión del régimen de excarcelación para imputados reincidentes. El giro de Díaz cierra el episodio de tensión institucional de la semana, aunque los constitucionalistas advierten que la tensión estructural se resolvió en la forma pero no en el fondo: cualquier reforma procesal que el gobierno proponga debe tramitarse por vía legislativa y con el aval de la Corte. La cita del 18 de mayo es un foro de coordinación, no un mecanismo de mando.
La Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea —la primera en observar elecciones costarricenses— publicó su informe final el 16 de mayo, con una evaluación positiva del proceso técnico pero con una alerta política: documentó «una campaña sostenida de mensajes» para socavar la confianza en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), proveniente de «páginas y grupos afines al gobierno» que utilizaron hashtags como #NoConfíoEnElTSE. La misión no atribuyó coordinación directa al partido Pueblo Soberano, pero señaló el patrón como un riesgo para la legitimidad institucional. El informe destacó como hito positivo la elección de la segunda presidenta del país y la conformación de la primera Asamblea Legislativa con mayoría de mujeres en la historia costarricense. Entre las recomendaciones: reforzar la comunicación institucional del TSE, simplificar la selección del personal electoral y establecer marcos jurídicos más claros sobre publicidad estatal en campaña. El TSE recibió el informe sin declaraciones públicas inmediatas. Diputados del PUSC y el PLN citaron el documento para pedir que la Asamblea convoque al ministro de la Presidencia a explicar el alcance de la campaña en redes. El gobierno de Fernández no había emitido reacción oficial al cierre de esta edición.
— El informe de la primera misión de expertos electorales de la UE en Costa Rica califica el proceso como transparente, pero identifica redes sistemáticas que buscaron socavar la confianza en el TSE.
El expresidente Rodrigo Chaves ejerce desde el 8 de mayo como ministro de la Presidencia y de Hacienda del gobierno de Laura Fernández —las dos carteras simultáneamente—, un arreglo sin precedentes en el historial institucional costarricense. Su salario pasó de ₡2,9 millones como presidente a ₡4,1 millones como ministro (un aumento del 43,7%). El análisis legal confirmó que mientras su remuneración ministerial sea igual o superior a la pensión de expresidente (aproximadamente ₡4 millones), el Estado no pagará la pensión en paralelo, por lo que no hay doble pago. Un sector del PUSC y legisladores del PLN plantearon que la doble condición de Chaves como coordinador del Gabinete y jefe de facto de la fracción legislativa más numerosa (24 diputados) borra la frontera entre los poderes. El constitucionalista Rubén Hernández Valle describió el arreglo como legal pero generador de «una tensión institucional sin precedente reciente», según El Financiero CR. La Contraloría General de la República no ha emitido criterio formal sobre el ejercicio simultáneo de ambas carteras.
La Caja Costarricense de Seguro Social presentó un paquete de 20 propuestas para reformar el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), cuya sostenibilidad financiera está comprometida por el envejecimiento poblacional y los costos operativos crecientes. El FMI había hecho el mismo diagnóstico en su visita de marzo. Las medidas más relevantes son: elevar el número de cuotas mínimas para jubilarse de 300 a 360 (equivalente a cinco años adicionales de aportes), y la afiliación automática de trabajadores independientes al Régimen Obligatorio de Pensiones. Más de 32.000 adultos mayores en condición de pobreza aún esperan acceder al Régimen No Contributivo, según datos de la propia CCSS.
El partido Frente Amplio presentó en la Asamblea Legislativa una iniciativa para crear una comisión especial que estudie reformas al Poder Judicial con foco en la mora acumulada y la eficiencia del sistema. La propuesta coincide en el diagnóstico con la agenda de Fernández —que convocó 62 proyectos a sesiones extraordinarias, incluyendo una reforma constitucional para limitar la reelección de magistrados de la Sala Suprema a un segundo período de seis años— pero difiere en el énfasis: donde el Ejecutivo prioriza el eje anticrimen, el Frente Amplio apunta a los casos civiles y laborales represados durante años. Según datos del Poder Judicial, la mora activa supera los 180.000 expedientes en materia civil, con tiempos promedio de resolución de 42 meses en primera instancia. El presidente de la Corte, Orlando Aguirre, reconoció ante la prensa que el sistema «no tiene hoy la capacidad para responder a la velocidad que la ciudadanía demanda». La discusión de la comisión especial deberá coordinarse con la agenda de las 62 convocatorias, lo que implica competencia por tiempo legislativo en el siguiente trimestre.
La segunda semana del gobierno de Laura Fernández cierra con tres tensiones activas y ninguna resuelta. La primera: el diferendo con Panamá escala al plano multilateral mientras Panamá se niega a ceder, un enfrentamiento que tardará años en resolverse por la vía de la OMC. La segunda: el asesinato del oficial Rosales en Limón convierte la reunión del 18 de mayo de un acto simbólico en una cita con urgencia real. La tercera: el informe de la UE introduce un actor incómodo en la narrativa del gobierno —la documentación de una campaña de desinformación que apuntó contra el TSE desde redes afines al oficialismo. Rodrigo Chaves sigue siendo el centro de gravedad del Ejecutivo: negocia con la Asamblea, coordina ministerios y ahora deberá gestionar la respuesta al diferendo panameño y al escalamiento de seguridad en el Caribe. Su doble rol ministerial, legal pero sin precedente, tendrá su primera prueba real en las semanas siguientes cuando los proyectos fiscales entren a primera comisión y la oposición busque puntos de quiebre.