La presidenta admitió que ningún poder del Estado ha logrado frenar a las 61 bandas en conflicto activo y prometió tres leyes antes de que termine junio.
La presidenta admitió que el Gobierno, el Poder Judicial y la Asamblea han fallado frente al crimen organizado, y ordenó polígrafos a todos los directores policiales que asistan a reuniones de inteligencia.
Laura Fernández reunió el 30 de mayo a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa y representantes del Poder Judicial para repasar la situación de seguridad nacional, exponer el mapa de 61 bandas en conflicto activo y sentar las bases de los proyectos de ley que el Gobierno busca impulsar antes de que termine junio. La presidenta declaró sin rodeos que «el Gobierno, el Poder Judicial y la Asamblea hemos fallado en desarticular el crimen organizado», según El Mundo CR. Entre las medidas concretas, Fernández comprometió la presentación en junio de un proyecto de ley que penalice la pertenencia a una banda criminal, así como una legislación que permita grabar en video y audio las visitas a reclusos de alta peligrosidad. También activó la Fuerza Élite: reuniones semanales en el Ministerio de Seguridad Pública donde la presidenta asumirá el mando directo de la coordinación policial. La inteligencia policial identifica 260 estructuras criminales en Costa Rica, de las cuales 61 están en confrontación activa con 4.300 miembros registrados. El FMI, en su revisión de mayo, advirtió que el aumento del crimen podría golpear el turismo, la inversión y el consumo si el Estado no revierte la tendencia antes de fin de año.
El Gobierno de Laura Fernández activó un régimen de polígrafos obligatorios para todos los altos funcionarios policiales que asistan a reuniones de inteligencia sobre crimen organizado. La medida, anunciada durante la sesión del 30 de mayo, también se extiende a representantes del Poder Judicial invitados a esas instancias. Fernández declaró que no tolerará «el menor tufito» de corrupción o infiltración criminal, según El Observador CR. Además de los polígrafos, la presidenta planea una visita de campo el 19 de junio con diputados para revisar operaciones de seguridad en terreno. La creación previa de la Fuerza Élite en mayo —un espacio de coordinación directa entre Casa Presidencial y las jefaturas de Fuerza Pública, OIJ y Ministerio de Seguridad— fue el primer paso de esta estrategia centralizada. Sectores de derechos humanos advierten que el uso masivo de polígrafos sin due process puede generar impugnaciones jurídicas, dado que en Costa Rica la prueba no es admisible como evidencia judicial. El Gobierno señaló que el objetivo es preventivo y de filtro institucional, no probatorio.
— La presidenta no tolerará 'el menor tufito' de infiltración criminal: todos los participantes de reuniones de inteligencia sobre crimen organizado deben someterse a detector de mentiras.
El organismo publicó once conclusiones de su misión 2026: apoya la disciplina fiscal, pero alerta sobre la sostenibilidad del IVM y el SEM ante presiones demográficas crecientes.
El Fondo Monetario Internacional publicó en mayo de 2026 las conclusiones de su misión a Costa Rica, proyectando un crecimiento del 3.8% para el año. El organismo reconoció el buen desempeño macroeconómico pero levantó tres alertas principales: la deflación sostenida que restringe el margen de maniobra del Banco Central de Costa Rica (BCCR), la fragilidad financiera de la CCSS y el avance del crimen organizado como riesgo para el crecimiento, según El Financiero. Sobre la CCSS, el FMI calculó una deuda acumulada de ¢4.4 billones y recomendó reformas paramétricas que no impliquen aumentar las tasas de contribución, dado el contexto de salarios estancados. El Instituto de Vejez y Muerte (IVM) y el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) fueron señalados como los regímenes con reservas insuficientes ante las presiones demográficas. El tipo de cambio cerró mayo a ¢460.18 por dólar (venta) y ¢452.56 (compra) conforme al BCCR, sin movimientos abruptos, lo que el FMI señala como reflejo de la estabilidad monetaria aunque también de la deflación.
Por primera vez, la Presidencia presentó ante la Asamblea Legislativa un cuadro detallado de la actividad criminal: 260 bandas identificadas, 4.300 miembros, 61 en confrontación abierta.
Los datos de inteligencia presentados por la Presidencia de la República el 30 de mayo revelan que Costa Rica tiene 260 estructuras criminales identificadas. De esas, 61 están en conflicto activo entre sí, con 4.300 miembros registrados, con concentración en el Gran Área Metropolitana y la provincia de Limón, según Infobae Costa Rica. Fernández admitió que la Fuerza Pública, el OIJ y el Ministerio de Seguridad han tenido resultados insuficientes y que la infiltración es un riesgo real. La decisión de presentar esa inteligencia ante el Poder Judicial fue cuestionada por abogados defensores, quienes señalan que la exposición pública de datos de inteligencia puede comprometer investigaciones judiciales en curso. El Gobierno respondió que el objetivo es crear urgencia legislativa, no contaminar expedientes.
El Acuerdo Integral y Progresista para la Asociación Transpacífica (CPTPP) sigue en revisión jurídica en Casa Presidencial antes de la firma del Protocolo de Incorporación. Una vez firmado, el tratado va a la Asamblea Legislativa para ratificación. Voceros del Ejecutivo mantienen que el proceso concluirá dentro del primer semestre de 2026, aunque no hay fecha confirmada. La ratificación del CPTPP abre mercados preferenciales en Japón, Australia, Canadá, México y ocho países más del Indo-Pacífico, con potencial exportador en servicios, manufactura de precisión y productos agrícolas. Las exportaciones de Costa Rica al bloque representaron aproximadamente el 18% del total en 2025, según CRECEX. Diputados de oposición advierten que la discusión legislativa puede extenderse varios meses si el debate se politiza en torno a cláusulas de propiedad intelectual farmacéutica.
El primer mes de Laura Fernández en Casa Presidencial termina con tres promesas legislativas para junio, la Fuerza Élite activa, el CPTPP en revisión previa a firma y una proyección del FMI de 3.8% de crecimiento condicionada a avances en seguridad y reforma de la CCSS. La mayoría legislativa sigue siendo el principal activo político de la administración. La siguiente cita política clave es el 19 de junio, cuando la presidenta llevará diputados al campo en la primera operación de seguridad conjunta.