El máximo tribunal rechaza por unanimidad las acusaciones presidenciales de infiltración narco en el Poder Judicial, el Gobierno oculta los nombres de siete jefes policiales destituidos por el polígrafo y vence hoy el plazo para responder al arancel del 12,5% que Washington evalúa imponer a las exportaciones ticas.
La Corte Plena aprobó el lunes 6 de julio, por unanimidad de sus 22 integrantes, un pronunciamiento que rechaza las declaraciones de la presidenta Laura Fernández, quien afirmó el miércoles 1 de julio en su conferencia de prensa semanal que el crimen organizado y el narcotráfico se infiltran 'hasta el tuétano' en el Poder Judicial. El texto, según confirmaron La Nación y Teletica, pide a la mandataria formalizar cualquier denuncia concreta ante las autoridades competentes en lugar de hacer señalamientos genéricos desde Casa Presidencial. 'En el Poder Judicial hay cero tolerancia a la corrupción y nos mantenemos vigilantes para detectar, denunciar y sancionar cualquier acto irregular', señalaron los magistrados en el comunicado, citado por El Mundo CR. La Corte recordó que, en los casos puntuales donde se han detectado irregularidades, la propia institución las ha investigado y sancionado sin necesidad de señalamientos externos. El episodio se suma a la tensión que Fernández mantiene con el Poder Judicial desde mayo, cuando planteó 'reformas profundas' a la institución, tensión que también se ha expresado en el recorte presupuestario exigido a la Corte y en el bloqueo legislativo al nombramiento de magistrados suplentes de la Sala Constitucional. Fernández no ha respondido públicamente al pronunciamiento de la Corte Plena ni ha presentado las denuncias formales que le solicitó el tribunal, según Monumental. El choque abre una nueva línea de fricción entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en momentos en que la Sala Constitucional sigue sin poder integrarse plenamente por la falta de nueve magistrados suplentes, vacantes desde diciembre pasado.
En el Poder Judicial hay cero tolerancia a la corrupción y nos mantenemos vigilantes para detectar, denunciar y sancionar cualquier acto irregular.
El plazo para presentar comentarios escritos ante el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre la propuesta de arancel adicional del 12,5% a las exportaciones costarricenses vence este lunes 6 de julio, un día antes de que Washington abra audiencias públicas sobre el caso, según confirmaron El Financiero y La Nación. La medida forma parte de una lista de 60 economías que, según el USTR, no prohíben ni hacen cumplir de forma efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzado. El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) indicó que dará seguimiento cercano al proceso, que se suma al 10% de arancel general que Estados Unidos impuso a Costa Rica en febrero; de aplicarse, la nueva tasa de 12,5% lo sustituiría, según aclaró la cartera, y no se acumularía. Café, piña, banano y jugo de naranja quedarían exentos de la medida, pero el resto de la canasta exportadora —incluidos los dispositivos médicos— no cuenta con esa protección, en un mercado que concentra cerca de la mitad de las exportaciones costarricenses. La audiencia pública está programada para mañana, 7 de julio, en Washington, donde Costa Rica tendrá oportunidad de presentar argumentos técnicos, de acuerdo con El Observador CR. Comex no ha detallado qué medidas legales tomaría el país para reforzar la prohibición de bienes producidos con trabajo forzoso si el arancel se confirma, y la decisión final del USTR todavía no tiene fecha anunciada.
La presidenta Laura Fernández confirmó la salida de siete altos mandos policiales que reprobaron la prueba, pero el Ministerio de Seguridad se niega a revelar sus nombres ni el costo del contrato.
El Ministerio de Seguridad Pública se negó a revelar los nombres de los siete jefes policiales que la presidenta Laura Fernández ordenó destituir tras reprobar una prueba de polígrafo aplicada a 33 altos mandos, según reportó La Nación. Los funcionarios, según confirmó El Observador CR, fueron interrogados sobre presunta cercanía con el crimen organizado, el narcotráfico y el eventual recibo de beneficios ilícitos en el ejercicio de sus cargos, dentro de la ofensiva de seguridad que el Gobierno coordina a través de la Fuerza Élite. La Presidencia tampoco respondió consultas sobre el costo del contrato con el International Polygraph Studies Center (IPSC), la empresa que aplicó las pruebas, ni entregó los resultados obtenidos por otros altos funcionarios estatales evaluados. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) advirtió que vincular el polígrafo con la permanencia en el cargo genera dudas jurídicas y constitucionales, porque la prueba no mide mentiras sino respuestas fisiológicas como el ritmo cardíaco o la sudoración, según Monumental. Un catedrático de la Universidad de Costa Rica consultado por Semanario Universidad coincidió en que los resultados del polígrafo no deberían ser el único elemento para remover a un funcionario, ni siquiera en un puesto de confianza. El Ministerio de Seguridad no ha indicado si los siete destituidos enfrentarán procesos penales ni si la evaluación al resto de los 33 mandos continuará en las próximas semanas.
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminó de forma unánime y afirmativa, el 6 de julio, el expediente 25.208, que amplía los controles del sistema financiero sobre el círculo cercano de las personas expuestas políticamente (PEP), según reportó La Nación. La iniciativa —impulsada originalmente durante el gobierno de Rodrigo Chaves y retomada con un texto sustitutivo presentado por los diputados Pilar Cisneros, Gilberth Jiménez y Horacio Alvarado— obliga a bancos y otras entidades financieras a aplicar revisiones más estrictas sobre las operaciones de familiares, socios y allegados de funcionarios de alto nivel. La definición de persona políticamente expuesta incluye a miembros de los Supremos Poderes, jerarcas de la Contraloría, la Defensoría y la Procuraduría, jueces penales y contencioso-administrativos, rectores de universidades públicas, reguladores, superintendentes, alcaldes, vicealcaldes y jefes de misiones diplomáticas, entre otros. Según la exposición de motivos citada por La Nación, el proyecto busca cerrar brechas regulatorias señaladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) antes de la visita de evaluación que ese organismo tiene prevista para noviembre de este año. La información sobre este dictamen proviene únicamente de La Nación, sin cobertura cruzada de otros medios al cierre de esta edición. El expediente pasa ahora a la corriente legislativa para su discusión en el plenario, donde todavía no se ha fijado fecha para el primer debate.
El diputado Salvador Padilla Villanueva, del Partido Liberación Nacional, presentó ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público una moción para investigar el nombramiento de Boris Marchegiani Carrero como embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas, cuya sociedad Grupo Mercantil Lapis Lazuli S.A. arrastra desde 2014 una deuda de 8,3 millones de dólares con el Banco Nacional, según reportó CR Hoy. La moción solicita la comparecencia del propio Marchegiani, así como de Gerardo Bouzid, Diego Fallas y Kenneth Fleming, de acuerdo con Semanario Universidad. Padilla busca que la comisión determine si el Banco Nacional aplicó a Marchegiani un trato distinto al de otros deudores, protegido desde 2014 por un convenio preventivo de acreedores que blinda a la empresa de la cobranza judicial. 'El banco debería aplicar las mismas condiciones a todos sus deudores', argumentó el legislador, según El Mundo CR, en un caso que la diputada oficialista Pilar Cisneros ya había defendido con la frase 'tener deudas no es un delito'. La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público no ha fijado fecha para la comparecencia de Marchegiani ni de los otros citados. El embajador asumió funciones el 1 de julio y, hasta el cierre de esta edición, no se ha pronunciado públicamente sobre la moción.
— La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público recibió la moción del diputado Salvador Padilla para llamar al embajador ante la ONU y a jerarcas del Banco Nacional por el crédito de $8,3 millones.
La fracción oficialista de Pueblo Soberano reconoció que los objetivos del Poder Ejecutivo para el actual período de sesiones extraordinarias, que se extiende hasta el 31 de julio, se han cumplido 'medianamente', según publicó El Observador CR. El vicepresidente de la Presidencia, Alejandro Barrantes, señaló que la prioridad de julio será la calidad de las iniciativas aprobadas sobre la cantidad, con el objetivo de que 'realmente cambien la vida de la gente'. El balance legislativo muestra una desaceleración: en mayo se aprobaron nueve proyectos en segundo debate y se convirtieron en ley, mientras que en junio esa cifra bajó a cuatro, entre ellos la reforma al Código de Comercio que elimina el cobro por inscripción de correo electrónico a las sociedades anónimas y la creación de la zona protegida Espejo de Agua Arenal. Iniciativas como el proyecto de alianzas público-privadas y el de fortalecimiento del deporte avanzaron en primer debate, pero quedaron pendientes de consulta ante la Sala Constitucional antes de su aprobación definitiva. La información sobre este balance proviene únicamente de El Observador CR, sin confirmación independiente de otros medios al cierre de esta edición. Con 31 de los 57 escaños de la Asamblea, Pueblo Soberano puede aprobar legislación ordinaria sin negociar con la oposición, salvo en los proyectos que requieren mayoría calificada de 38 votos, como el nombramiento de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, que sigue sin resolverse.
El jefe de fracción de Pueblo Soberano acusa a la oposición de incumplir el acuerdo para retirar mociones al proyecto de minería a cielo abierto en Crucitas, justo antes del receso legislativo de medio año.
El jefe de la fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, acusó el 1 de julio a los partidos de oposición de no cumplir el acuerdo alcanzado la semana previa para retirar mociones de fondo al proyecto que permitiría la explotación de oro a cielo abierto en Crucitas, de Cutris, San Carlos, según reportó La Nación. La comisión especial de Ambiente enfrenta cerca de 600 mociones presentadas por los cuatro bloques opositores, un volumen que, según cálculos legislativos, tomaría casi tres años y ocho meses en resolverse si se tramita una por una. Sigrid Segura, del Frente Amplio, reconoció ante El Observador CR que se había comprometido a presentar una propuesta de mociones el martes siguiente, mientras que Álvaro Ramírez, del Partido Liberación Nacional, explicó que un asesor de su fracción sufrió un accidente y no pudo entregar el listado de retiro del 20% de sus mociones el lunes como estaba previsto. Los cuatro bloques de oposición, que suman 26 votos frente a los 31 del oficialismo, reafirmaron su compromiso de mantener vigente la prohibición de minería metálica a cielo abierto vigente desde 2010. La Asamblea Legislativa entró en receso por las vacaciones de medio año y retomará la discusión del expediente hasta el 13 de julio, según Delfino.cr. Pueblo Soberano tiene votos suficientes para la mayoría simple, pero no alcanza los 38 necesarios para una eventual mayoría calificada, por lo que la negociación con al menos parte de la oposición sigue siendo la única vía para destrabar el proyecto.
La directriz que ordena vacaciones colectivas para todo el sector público del 6 al 10 de julio, firmada por la presidenta Laura Fernández, coincide esta semana con el receso escolar de Medio Año, que se extiende hasta el 17 de julio, según confirmó Casa Presidencial a Infobae. El Gobierno justificó la medida en la necesidad de reducir miles de días de vacaciones acumuladas por funcionarios que superan el límite legal de 70 días sin disfrutar. Casa Presidencial señaló que la coincidencia con el receso escolar puede beneficiar al turismo interno y al comercio, en momentos en que el Instituto Costarricense de Turismo reportó un primer trimestre de 2026 con 959.738 turistas llegados por vía aérea, un 8,5% más que en igual período de 2024. La Dirección General de Policía de Tránsito del MOPT suspendió, además, la restricción vehicular por placa en el centro de San José durante todo el período, para aprovechar la menor circulación esperada en la capital, según La Nación.