Vence hoy el plazo para responder al arancel adicional del 12,5% que Washington propone por trabajo forzoso, arrancan las vacaciones colectivas del sector público y la crisis de magistrados suplentes de la Sala Constitucional supera los seis meses sin solución.
El plazo para presentar comentarios escritos ante la propuesta arancelaria del 12,5% vence este 6 de julio, un día antes de la audiencia pública en Washington.
El Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) fijó para este 6 de julio el cierre del período de comentarios escritos sobre su propuesta de imponer un arancel adicional del 12,5% a las exportaciones costarricenses, después de incluir al país en una lista de 60 economías que, según Washington, no prohíben ni hacen cumplir de forma efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzado. La audiencia pública sobre el caso está programada para mañana, 7 de julio, en Washington, según confirmó el Ministerio de Comercio Exterior (Comex). El Financiero reportó que, de aplicarse, el nuevo gravamen elevaría a 22,5% el arancel acumulado sobre los productos ticos, tras el 10% general que Estados Unidos impuso en febrero pasado. Comex, sin embargo, aclaró que la eventual tasa del 12,5% sustituiría —no se sumaría— al arancel vigente. La investigación, abierta en marzo bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, recibió cerca de 500 comentarios escritos y testimonios de casi 60 personas en audiencias previas realizadas el 28 y 29 de abril. Café, piña, banano y jugo de naranja quedarían exentos de la medida según la propuesta del USTR, pero el resto de la canasta exportadora —incluidos los dispositivos médicos— no cuenta con esa protección. Comex indicó que dará 'seguimiento cercano' al proceso y que coordinará las acciones necesarias para participar en la consulta pública, en momentos en que Estados Unidos concentra cerca de la mitad de las exportaciones costarricenses. La cámara exportadora Crecex llamó al diálogo con Washington ante la posible sanción comercial, mientras el gobierno costarricense no ha detallado qué medidas legales tomaría para reforzar la prohibición de bienes producidos con trabajo forzado si el arancel se confirma.
Boris Marchegiani Carrero asumió funciones el 1 de julio como embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas, pese a que Grupo Mercantil Lapis Lazuli S.A. —sociedad de la cual es apoderado general— arrastra desde 2014 una deuda de 8,3 millones de dólares con el Banco Nacional, según reveló La Nación. El crédito original, de 2,6 millones de dólares suscrito en 2006 para construir el hotel Gaia en Manuel Antonio, Quepos, se reestructuró en 2011 hasta superar los 3,5 millones y desde entonces permanece bajo un convenio preventivo de acreedores que protege a la empresa de la cobranza judicial; la sociedad propuso pagar la deuda en un plazo de 41 años. La diputada oficialista Pilar Cisneros defendió el nombramiento el 1 de julio con la frase 'tener deudas no es un delito', mientras el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, sostuvo que la deuda 'no lo inhabilita' para el cargo. El diputado Salvador Padilla, del Partido Liberación Nacional, presentó una moción para que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público investigue si el Banco Nacional trató a Marchegiani distinto que a otros deudores: 'Podríamos estar ante un tico con corona', dijo el legislador, según recogió La Nación. La sesión de la comisión, prevista para el 2 de julio, se había pospuesto la semana anterior. La presidenta Laura Fernández ha defendido la designación argumentando que responde a la necesidad de que Costa Rica impulse una agenda distinta en foros internacionales, sin pronunciarse directamente sobre la deuda. Un editorial de La Nación advirtió que el caso deja 'la imagen del país en segundo plano' en momentos en que el embajador representa a Costa Rica ante la ONU.
— Una sociedad de Boris Marchegiani no ha pagado el crédito desde 2014, protegida por un convenio preventivo de acreedores, mientras el gobierno defiende su nombramiento diplomático.
Nueve plazas de jueces suplentes siguen vacantes desde mediados de diciembre porque la fracción oficialista de Pueblo Soberano ha votado en blanco en once rondas consecutivas.
La Sala Constitucional (Sala IV) tiene 87 expedientes con inhibitorias pendientes de resolución porque el tribunal no logra integrarse cuando alguno de sus siete magistrados titulares se excusa, se incapacita o sale de vacaciones, según un comunicado citado por El Mundo CR. Las nueve plazas de magistrados suplentes están vacantes desde mediados de diciembre de 2025, después de que la Asamblea Legislativa fracasara en once rondas de votación consecutivas —ninguno de los 18 candidatos de la nómina enviada por la Corte Suprema alcanzó los 38 votos requeridos— y terminara devolviendo la lista a la Corte Plena. El diputado del Partido Liberación Nacional Salvador Padilla acusó el 3 de julio a la fracción oficialista de Pueblo Soberano de mantener bloqueado el nombramiento pese a que los 18 aspirantes cuentan con 'credenciales, preparación y condiciones técnicas y éticas', según reportó El Mundo CR. La Defensoría de los Habitantes alertó que la parálisis vulnera 'el principio de supremacía constitucional' y afecta el acceso a la justicia de miles de personas que acuden a la Sala IV por recursos de amparo y hábeas corpus. Al menos 1.838 personas presentaron un recurso de amparo contra la Asamblea por esta omisión, según La Nación, en un expediente que la propia Sala Constitucional mantiene bajo estudio de admisibilidad. Nogui Acosta, jefe de la fracción de Pueblo Soberano, respondió que la causa real del entrampe es la 'necedad de la Corte de mandar a las mismas personas' y no una estrategia de captura judicial, según recogió El Observador CR; el jerarca oficialista pidió además que la discusión se resuelva 'en el plenario' y no ante la Defensoría de los Habitantes, después de que jefes de fracción de oposición plantearan el tema en una sesión con la defensora. La Corte Suprema deberá decidir ahora si insiste con la misma nómina o abre un nuevo concurso, proceso que —según cálculos legislativos citados por La Nación— podría tomar hasta ocho meses adicionales.
La directriz firmada por Laura Fernández obliga a cerrar oficinas del Ejecutivo del 6 al 10 de julio para reducir vacaciones acumuladas, pero el Poder Judicial decidió mantener operación normal para no afectar juicios programados.
La directriz 001-MIDEPLAN-MTSS, firmada por la presidenta Laura Fernández junto con la ministra de Planificación, Carla Morales Rojas, y el entonces ministro de Trabajo, Roy Thompson, entró en vigencia este 6 de julio y ordena vacaciones colectivas para todo el sector público hasta el 10 de julio. El gobierno justificó la medida en la necesidad de reducir 'miles de días' de vacaciones acumuladas por funcionarios que superan el límite legal de 70 días sin disfrutar, y la hizo coincidir con las vacaciones escolares de Medio Año, que van del 6 al 17 de julio, con el argumento adicional de estimular el turismo interno. El Consejo Superior del Poder Judicial resolvió desde el 18 de junio que la directriz 'por su naturaleza no es vinculante' para esa institución y decidió mantener el Plan de Vacaciones aprobado para 2026, que reserva el cierre colectivo únicamente para el cambio de año, según reportó Semanario Universidad. La institución argumentó que debe 'garantizar la realización de los juicios y audiencias' que ya tenían programación previa para julio, en momentos en que la Sala Constitucional arrastra 87 expedientes sin resolver por falta de magistrados suplentes. El desacople entre el Ejecutivo y el Poder Judicial se suma a la tensión abierta semanas atrás por el recorte presupuestario que Hacienda exigió a la Corte, la Asamblea, el TSE, la Contraloría y la Defensoría, y que la propia presidenta calificó como no negociable. La Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones sí se acogieron a la directriz de vacaciones colectivas, según confirmó La Nación, mientras el Poder Judicial queda como la única institución de peso que opera con normalidad esta semana.
La Dirección General de Tributación sancionó el viernes 5 de julio a 279 contribuyentes por no emitir comprobantes electrónicos y por no aceptar medios de pago alternativos, según confirmó el Ministerio de Hacienda. La medida se produce mientras la cartera avanza en un decreto que obligará a comerciantes y profesionales a registrar ante Tributación los números de teléfono con los que reciben pagos por Sinpe Móvil, con el fin de cruzar esa información contra los ingresos declarados. Hacienda argumentó que es necesario 'robustecer los controles' ante el 'uso masivo, extendido y creciente' de plataformas de pago electrónico como mecanismo habitual para transacciones económicas. Un viceministro de Hacienda reconoció, según consignó La Nación en su blog Corrillos Políticos, que la evasión fiscal está creciendo en el país, y la cartera señaló el uso no reportado de Sinpe Móvil como una de las causas detrás de ese repunte: contribuyentes que reciben pagos por ese medio sin declararlos a Tributación para evitar el pago de impuestos. La medida llega mientras el gobierno de Laura Fernández enfrenta presión fiscal por el recorte de gasto que exigió a otras instituciones del Estado; fortalecer la recaudación por la vía del control cruzado de pagos digitales es, según Hacienda, una fuente adicional de ingresos que no requiere aprobar nuevos impuestos ni reformas legislativas.
El Servicio Nacional de Guardacostas interceptó el 3 de julio la embarcación pesquera 'Sol de Oro VI', de bandera costarricense, a 289 kilómetros de Golfito, Puntarenas, con un cargamento de 560 kilos de cocaína líquida transportada en pichingas plásticas y 95 paquetes adicionales de cocaína en polvo de aproximadamente un kilo cada uno, según confirmaron el Ministerio de Seguridad Pública y Diario Extra. Los tripulantes intentaron deshacerse de la evidencia arrojando los barriles al mar, pero los guardacostas recuperaron la totalidad del cargamento. Cuatro costarricenses de apellidos Madriz Sánchez, Solórzano Villalobos, Pérez Méndez y Herrera Acevedo fueron detenidos y enfrentan cargos por tráfico internacional de drogas, delito que en Costa Rica se castiga con hasta 20 años de cárcel. El Ministerio de Seguridad Pública y varios medios locales señalaron que es la primera vez que las autoridades costarricenses detectan esta modalidad de transporte marítimo de cocaína disuelta en el país. La intercepción fue posible gracias a inteligencia previa e intercambio de información con la Armada de Colombia, como parte de la cooperación regional contra el narcotráfico que el gobierno de Laura Fernández ha profundizado desde la creación de la Fuerza Élite en mayo. El operativo se suma a una serie de golpes recientes contra estructuras de tráfico marítimo en el Pacífico y el Caribe costarricenses.
La Corte Plena rechazó el recorte de ₡27.000 millones que el Ministerio de Hacienda exigió al Poder Judicial dentro de un ajuste del 5% al presupuesto 2026 que también alcanza a la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, y aceptó recortar la mitad de esa cifra, según reportó El Observador CR. El TSE, en cambio, decidió devolver ₡6.825 millones, el doble de lo solicitado, para evitar que el ajuste afecte su presupuesto de 2027, año en que arranca el proceso de elecciones municipales. La presidenta Laura Fernández respondió el miércoles en su conferencia semanal a los recortes distintos que anunciaron la Corte y el TSE frente a lo indicado por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves: 'Esto no es para negociar, esto es lo que vamos a ahorrar para la gente de Costa Rica y punto', dijo, según citó Teletica. El TSE precisó que, de los fondos devueltos, ₡524 millones correspondían a personal y ₡1.959 millones a bienes y servicios reservados para organizar un eventual referéndum este año, consulta que Fernández no ha descartado convocar sobre temas como la uniformidad del sistema eléctrico o la regulación de la minería en Crucitas. Sindicatos del Poder Judicial calificaron de 'sumisión' la decisión de la Corte de aceptar parte del recorte, mientras jueces advirtieron que el ajuste afectaría el acceso a la justicia para miles de usuarios, según Monumental. El episodio se suma a la tensión por la falta de magistrados suplentes en la Sala Constitucional y refuerza la lectura de que el Ejecutivo y la mayoría legislativa de Pueblo Soberano ejercen presión simultánea sobre los demás Poderes de la República.
El período de vacaciones escolares de 'Medio Año' comenzó este 6 de julio y se extiende hasta el 17 de julio, coincidiendo con la semana de vacaciones colectivas que el Poder Ejecutivo ordenó para el sector público. La Dirección General de Policía de Tránsito del MOPT suspendió durante ese lapso la restricción vehicular por placa en el centro de San José, medida que busca aprovechar la menor circulación esperada en la capital. El MOPT explicó que parte del personal de tránsito liberado por la suspensión se trasladará a rutas nacionales y destinos turísticos para reforzar la vigilancia durante el desplazamiento de veraneantes hacia playas, montañas y zonas rurales. La restricción vehicular se reanudará el lunes 20 de julio, aplicada a los vehículos con placa terminada en 1 y 2, en el horario habitual de 6 a. m. a 7 p. m.