El ministro Rodrigo Chaves llama "güichos" a quienes asistan hoy al plantón judicial, Pueblo Soberano presenta ocho reformas que tocan la elección de magistrados, la bancada oficialista denuncia al diputado Edgardo Araya por presunta violencia política contra Laura Fernández, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez confirma su presencia en la Plaza de la Democracia, y el BCCR fija el tipo de cambio de referencia en ¢455,01.
El ministro de la Presidencia y Hacienda cuestionó este miércoles a quienes participarán en la movilización de este jueves en defensa del Poder Judicial, mientras una encuesta de marzo mostró apoyo dividido a sus críticas.
El ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, calificó este miércoles 5 de agosto de "güichos", "masoquistas", "ingenuos" o "aprovechados" a quienes asistan al plantón nacional convocado para este jueves en defensa de la independencia del Poder Judicial, según reportó Semanario Universidad. Chaves argumentó que el sistema judicial arrastra "problemas estructurales" y puso como ejemplo el caso Aldesa, vinculado a Javier Chávez Bolaños, para cuestionar por qué el expediente sigue sin resolverse siete años después de abierto, de acuerdo con el mismo medio. Las declaraciones llegan un día antes de que ocho sindicatos judiciales, la Universidad de Costa Rica, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez y organizaciones sociales se concentren en la Plaza de la Democracia, como reporta esta edición. Chaves insistió además en que el Poder Judicial no debe "prestarse a intereses canallas", según consignó La Nación, en la misma línea con la que el Ejecutivo calificó de "golpe de Estado" el fallo de la Sala Constitucional que prorrogó el nombramiento de los magistrados suplentes y presentó, la semana pasada, una querella por prevaricato contra cuatro magistrados, como ha reportado esta edición. Ni Chaves ni Casa Presidencial han precisado si el Gobierno hará señalamientos adicionales antes del plantón de esta tarde. El respaldo a esa línea del Ejecutivo no es unánime entre la ciudadanía: una encuesta de la Universidad Nacional realizada en marzo -antes de la querella y del plantón- ya mostraba que el 52,9% de los consultados validaba las críticas presidenciales al Poder Judicial, frente a un 46,1% que aprobaba los cuestionamientos a la Asamblea Legislativa, según La República. No hay una medición más reciente que confirme si esa proporción se mantiene tras la escalada de las últimas dos semanas.
Las diputadas Marta Esquivel, Kattya Mora y Mayuli Ortega, de la bancada oficialista de Pueblo Soberano, presentaron un paquete de ocho reformas constitucionales y proyectos de ley orientados a la seguridad, la fiscalización de fondos públicos y la administración de justicia, según reportaron Acontecer Matutino e Infobae. Entre las propuestas de Esquivel figura una reforma constitucional para trasladar por completo a la Asamblea Legislativa el proceso de elección de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, hoy compartido con la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con La Nación. La iniciativa llega días después de que el Ejecutivo calificara de "golpe de Estado" la decisión de la Sala IV de prorrogar esos mismos nombramientos y presentara una querella por prevaricato contra cuatro de sus magistrados, como ha reportado esta edición. Especialistas consultados por La Nación consideran que la reforma es jurídicamente viable, pero advierten que persisten dudas sobre el procedimiento requerido para aprobarla y sobre si concentra un poder excesivo en manos de los diputados. Una reforma constitucional necesita 38 votos -la mayoría calificada de dos tercios- y Pueblo Soberano cuenta con 31 escaños, por lo que dependerá de sumar apoyo de la oposición, según el mismo medio. Ni Esquivel ni el resto de la bancada han fijado un calendario para que las comisiones legislativas dictaminen las ocho iniciativas, y no está claro si algún partido de oposición respaldará el traslado completo de la elección de magistrados suplentes al Congreso.
La bancada de Pueblo Soberano anunció este miércoles 5 de agosto que presentará una denuncia por violencia política contra el diputado del Frente Amplio Edgardo Araya, después de que este cuestionara en el plenario legislativo la pensión que recibirá la presidenta Laura Fernández al concluir su mandato, según reportaron El Mundo CR y Diario Extra. La diputada oficialista Kattia Calvo afirmó en la sesión que "no podemos seguir permitiendo que aquí cualquier macho venga y se porte de esta forma", de acuerdo con Acontecer.co.cr. Araya inicialmente aclaró que no había llamado directamente "boba" a la mandataria, sino que cuestionaba que la presidenta dijera desconocer el monto de su pensión, aunque después reconoció haber usado un término inapropiado y ofreció disculpas, según La Nación. La diputada Marta Esquivel pidió a su fracción sumarse a la denuncia contra Araya y contra la diputada Claudia Dobles, de acuerdo con Diario Extra, en un episodio que se suma a la tensión que domina las sesiones del plenario desde que el oficialismo presentó la querella contra los cuatro magistrados de la Sala IV, como ha reportado esta edición. Ni la Asamblea Legislativa ni el Frente Amplio han confirmado si la denuncia contra Araya y Dobles fue formalizada, y no está claro si el episodio afectará la discusión de las ocho reformas judiciales que la propia bancada oficialista presentó esta semana, como reporta esta edición.
— El diputado del Frente Amplio Edgardo Araya cuestionó en el plenario la pensión de la presidenta Laura Fernández, lo que llevó a la bancada oficialista a anunciar una denuncia formal en su contra.
El expresidente Miguel Ángel Rodríguez confirmó que asistirá este jueves 6 de agosto al plantón nacional en defensa del Poder Judicial, convocado desde las 4:00 p. m. en la Plaza de la Democracia, en San José. "Asistiré este jueves 6 de agosto a la manifestación en favor de nuestro Estado de derecho. Saldremos a las 3:30 p. m.", escribió Rodríguez, según reportó La Teja. El excandidato presidencial del Frente Amplio Ariel Robles también llamó a los costarricenses a concentrarse en la misma plaza, con un mensaje en el que afirmó estar cansado "de tanto desastre" y cuestionó la tolerancia hacia el oficialismo, de acuerdo con Acontecer.co.cr. La movilización, convocada originalmente por ocho sindicatos judiciales y respaldada por la rectoría de la Universidad de Costa Rica, como ha reportado esta edición, sumará también concentraciones en Puntarenas, Liberia y Nicoya, según El Mundo CR. La protesta responde al conflicto entre el Ejecutivo y la Sala Constitucional, que se agudizó después de que el Gobierno presentara una querella por prevaricato contra cuatro magistrados y calificara de "golpe de Estado" el fallo que prorrogó el nombramiento de los magistrados suplentes, un vacío que existe desde diciembre de 2025. Ni los organizadores ni el Ministerio de Seguridad Pública han estimado cuántas personas se espera que participen en la Plaza de la Democracia, y el Gobierno no ha anunciado si emitirá una respuesta oficial una vez concluya la jornada de esta tarde.
Un análisis publicado por El Financiero este miércoles 5 de agosto documenta cómo la presión del Poder Ejecutivo sobre el sistema judicial pasó, en las últimas semanas, de choques puntuales a una ofensiva sostenida y con consecuencias crecientes. Como presidente, Rodrigo Chaves calificó al Ministerio Público de "institución capturada", encabezó una marcha contra el entonces fiscal general Carlo Díaz y afirmó que no respetaba a la Sala Constitucional; la presidenta Laura Fernández mantuvo la misma línea al anunciar una "cirugía mayor" al sistema judicial y calificarlo de "una carga" para el país, según el mismo medio. Semanario Universidad describe el mismo fenómeno como una ofensiva del oficialismo para "conquistar" el que llama el último bastión del Estado de derecho que no controla, en referencia al Poder Judicial. El conflicto no es nuevo -se arrastra desde el gobierno anterior de Chaves-, pero El Financiero advierte que tanto su magnitud como sus consecuencias institucionales han crecido en las últimas semanas, coincidiendo con la querella por prevaricato contra cuatro magistrados y el paquete de ocho reformas legislativas que la bancada oficialista presentó esta semana, como reporta esta edición. Ni la Presidencia ni el Ministerio de la Presidencia han respondido públicamente a la caracterización de "asedio" que utilizan ambos medios, y no está claro si el Poder Judicial emitirá un pronunciamiento adicional antes del plantón de este jueves.
El Banco Central de Costa Rica fijó este miércoles el tipo de cambio de referencia en ¢449,80 de compra y ¢455,01 de venta, mientras Hacienda revisa el financiamiento de ¢4,2 billones del Estado.
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) fijó este miércoles 5 de agosto el tipo de cambio de referencia en ¢449,80 de compra y ¢455,01 de venta, según los datos oficiales de la entidad. La cifra es la que utilizan bancos e importadores como referencia para calcular sus propias tasas y liquidar operaciones en dólares durante la jornada. El dato se conoce en la misma semana en que el Ministerio de Hacienda revisa el plan para financiar ¢4,2 billones en necesidades del Estado durante 2026, después de que el BCCR detectara una desaceleración económica "más profunda de lo previsto" en su programación macroeconómica, como ha reportado esta edición. El movimiento cambiario ocurre además tres semanas después de que el Banco Central recortara su tasa de política monetaria a 3,00% -el primer ajuste a la baja en siete meses-, en un intento por sostener el consumo interno ante una inflación que se ha mantenido en terreno negativo durante buena parte de 2026. El BCCR no ha señalado si prevé cambios adicionales en su tasa de política monetaria antes de que termine el trimestre, y Hacienda tampoco ha confirmado todavía qué instrumentos de deuda priorizará en su revisión de agosto.