Fernández evalúa una consulta popular para destrabar su agenda, el Gobierno pide recortar ¢27.000 millones al Poder Judicial y Washington abre hoy la audiencia por el arancel del 12,5% a las exportaciones ticas.
La presidenta admite que aún no elige qué proyecto llevará a consulta popular, entre el mercado eléctrico, las jornadas 4x3, la seguridad o la mina de Crucitas.
La presidenta Laura Fernández confirmó el 7 de julio que evalúa convocar un referéndum para destrabar proyectos de ley que no avanzan en la Asamblea Legislativa, según reportó Infobae Costa Rica. 'No me temblaría el pulso para convocar un referéndum', declaró la mandataria, citada por Periódico La República, aunque aclaró que todavía no ha decidido cuál iniciativa sometería a consulta popular entre las que menciona: la armonización del mercado eléctrico, las jornadas laborales de 12 horas por cuatro días (4x3), reformas de seguridad o la explotación de oro en Crucitas. La legislación costarricense contempla tres vías para activar un referéndum, según detalló Periódico Digital Centroamericano y del Caribe: una iniciativa ciudadana con el respaldo del 5% del padrón electoral, una iniciativa legislativa con 38 votos, o una fórmula conjunta del Poder Ejecutivo con al menos 29 diputados. El excandidato presidencial Otto Guevara recomendó a Fernández usar ese mecanismo para la venta del Banco de Costa Rica (BCR), la mina de Crucitas y las jornadas 4x3, proyectos que, según él, no lograrán los votos de Liberación Nacional ni del Frente Amplio por la vía ordinaria, de acuerdo con La República. Fernández no ha fijado fecha para anunciar el tema del referéndum ni ha iniciado la recolección de firmas o la negociación de los 29 votos legislativos que necesitaría para la fórmula conjunta. Pueblo Soberano cuenta con 31 de los 57 escaños de la Asamblea, insuficientes para la mayoría calificada que exigen varios de los proyectos mencionados.
El artículo 167 de la Constitución obliga a consultar a la Corte Suprema cualquier recorte que afecte la organización judicial, y el oficialismo solo controla 31 de los 38 votos que necesita.
El Ministerio de la Presidencia y Hacienda, a cargo de Rodrigo Chaves, propuso recortar ¢27.000 millones del presupuesto 2026 del Poder Judicial, informó El Observador CR. La Corte Suprema de Justicia decidió apartarse parcialmente de esa solicitud y aprobó una reducción menor, de ¢13.242 millones, para lo que resta del año, según consignó Monumental el 6 de julio. El director jurídico del Poder Judicial invocó el artículo 167 de la Constitución Política, que obliga a la Asamblea Legislativa a aprobar con dos terceras partes de sus votos —38 de 57— cualquier modificación presupuestaria que la Corte considere lesiva para la organización o el funcionamiento judicial, reportó La Nación. Pueblo Soberano dispone de 31 escaños, mientras las 26 curules restantes se agrupan en el autodenominado 'bloque democrático', integrado por Liberación Nacional, Frente Amplio, Unidad Social Cristiana y la Coalición Agenda Ciudadana. Semanario Universidad adelantó que Hacienda ya prepara un recorte adicional de más de ¢11.000 millones al presupuesto judicial de 2027. El plenario legislativo todavía no vota el recorte de este año, y el resultado depende de si al menos parte de la oposición respalda una medida que las entidades técnicas del Poder Judicial consideran riesgosa para la lucha contra el crimen organizado.
La audiencia pública en Washington llega un día después del cierre del plazo de comentarios escritos, mientras Comex coordina la defensa de los exportadores ante el Representante Comercial de Estados Unidos.
El Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) abre este 7 de julio en Washington las audiencias públicas sobre la propuesta de arancel adicional del 12,5% a las exportaciones costarricenses, un día después de que venciera el plazo para comentarios escritos, según confirmó El Financiero. La medida clasifica a Costa Rica entre 54 de las 60 economías investigadas por no contar con una prohibición legal efectiva contra la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso, de acuerdo con Acontecer. El mercado estadounidense concentra cerca de la mitad de las exportaciones costarricenses. Café, piña, banano y jugo de naranja quedarían exentos de la medida, pero el resto de la canasta exportadora —incluidos los dispositivos médicos— no cuenta con esa protección, según había detallado La Nación. El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) indicó a El Observador CR que da seguimiento cercano al proceso y mantiene comunicación con la oficina del USTR. El USTR no ha anunciado una fecha para su dictamen final, y el resultado de la audiencia de este martes no se conocía al cierre de esta edición. El arancel del 12,5% sustituiría —según Comex— al 10% general que Estados Unidos aplica a Costa Rica desde febrero, vigente bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio hasta el 24 de julio.
La presidenta Laura Fernández propuso organizar visitas de estudiantes de comunidades que describió como 'barrios peligrosos' al Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), la nueva cárcel de máxima seguridad, según recogió AmeliaRueda.com. 'Hagamos unas visitas para que los jóvenes de Costa Rica que se estén animando a meterse en lo que ya sabemos los va a llevar a vestir ese uniforme, pongan las barbas en remojo', declaró la mandataria. El exministro del PAC Marco Feoli calificó la propuesta de 'fascismo 101': 'que alguien piense que es buena idea llevar a chiquillos de barrios conflictivos y excluidos a pasear por cárceles de máxima seguridad para que reflexionen es fascismo', dijo, según El Mundo CR. La diputada Joselyn Sáenz, del Frente Amplio, calificó a Fernández de 'cínica' por plantear llevar niños de gira al CACCO, reportó CRHoy. La organización Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) advirtió que la iniciativa 'distorsiona la realidad y las estrategias efectivas' y criminaliza a la población joven, y sostuvo que 'la visita a la cárcel no es prevención', según Semanario Universidad. El Ministerio de Justicia no ha detallado un cronograma ni un mecanismo formal para las giras, que hasta el momento existen solo como planteamiento verbal de la presidenta. Tampoco se ha precisado cuáles centros educativos participarían ni bajo qué protocolo de protección de menores se organizarían las visitas.
— La presidenta plantea giras de jóvenes de 'barrios peligrosos' a la cárcel de máxima seguridad para que 'pongan las barbas en remojo'; un exministro y una diputada del Frente Amplio califican la idea de autoritaria.
Un tribunal costarricense postergó el 6 de julio el juicio contra Jeremmy Jacobo Rivas, acusado de tentativa de homicidio contra el opositor nicaragüense Joao Maldonado y su esposa, Nadia Robleto, según reportó Diario Las Américas. La suspensión ocurrió por falta de notificación al acusado, luego de que el proceso arrancara ese mismo lunes, de acuerdo con Infobae. El caso busca esclarecer el segundo atentado sufrido por la pareja, ocurrido el 10 de enero de 2024 en San Pedro de Montes de Oca, cuando Maldonado y Robleto recibieron 13 disparos mientras vivían en Costa Rica bajo protección internacional como refugiados. Maldonado ya había sobrevivido a un primer ataque en 2021; Robleto se desplaza en silla de ruedas desde entonces, según consignó La Mesa Redonda. Las autoridades judiciales no han anunciado una nueva fecha para reanudar el juicio. Un colectivo de derechos humanos advirtió que la demora, más de dos años después del ataque, puede afectar el derecho de las víctimas a una justicia pronta y cumplida.
La tasa de participación laboral de Costa Rica bajó a 54,3% en el trimestre móvil marzo-mayo de 2026, frente al 55,6% del período anterior, según la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), reportada por Infobae. La tasa de desempleo bajó de 6,9% a 6,7%, equivalente a unas 155.000 personas sin trabajo, mientras la ocupación general descendió de 51,8% a 50,7%. El Financiero describió la cifra como 'la paradoja del empleo': el desempleo baja no porque se creen más puestos de trabajo, sino porque más personas dejan de buscar empleo activamente. Del total de quienes salieron de la fuerza laboral, alrededor del 70% son mujeres, según el INEC. El subempleo, mientras tanto, subió de 3,2% a 3,6%. La Revista E&N documentó que la participación laboral viene cayendo de forma sostenida desde inicios de 2025, tras fluctuar entre 53,2% y 61% entre 2021 y 2024. El INEC no ha detallado las causas estructurales de la tendencia; el próximo corte trimestral de la Encuesta Continua de Empleo se conocerá en los próximos meses.